Han pasado cinco años desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al COVID-19 como pandemia mundial. El virus se cobró más de siete millones de vidas, contribuyó indirectamente a por lo menos el doble de muertes y provocó estragos económicos, políticos y sociales de los que las sociedades aún no se han recuperado del todo. A pesar de esta devastadora experiencia, la comunidad internacional no ha logrado hasta ahora establecer un marco eficaz de prevención y respuesta a las pandemias.

Las negociaciones del tratado sobre pandemias propuesto por la OMS, que debería aprobarse este año, permanecen estancadas. Esta parálisis ocurre en un momento crítico en que los expertos advierten que la ocurrencia de una próxima crisis sanitaria mundial puede darse por descontada. Se estima que existe un 25% de probabilidades de que un brote de magnitud similar al COVID-19 se produzca en los próximos 10 años, y un 50% de probabilidades de que ocurra en un plazo de 25 años.

Los riesgos se intensifican día a día. Las enfermedades se propagan ahora con mayor facilidad debido a la creciente circulación de bienes y personas, mientras que los peligros de transmisión entre animales y humanos aumentan significativamente a causa del cambio climático, la destrucción ambiental y el crecimiento demográfico. Sin embargo, la cooperación internacional sigue siendo insuficiente. Ante esta situación, la sociedad civil insta a los Estados a ponerse a la altura del desafía e intensificar sus esfuerzos para concluir las negociaciones.

Los argumentos a favor de un tratado mundial

La ausencia de marcos internacionales para una cooperación efectiva condujo a una respuesta mundial fragmentada frente al COVID-19, caracterizada por el nacionalismo de las vacunas, el acaparamiento de suministros médicos y la imposición de restricciones de viaje descoordinadas. La pandemia expuso brutalmente las debilidades de la actual arquitectura sanitaria mundial y no solamente evidenció, sino que también profundizó las desigualdades globales. Mientras las naciones más ricas se aseguraron un acceso rápido a vacunas y tratamientos, las poblaciones de la mayoría de los países del sur global quedaron relegadas a una larga espera, en algunos casos por años. En el punto álgido de la crisis, el 75% de las vacunas disponibles en todo el mundo se había distribuido en apenas 10 países. Esta desigualdad es no solo moralmente indefendible sino también epidemiológicamente contraproducente: en las regiones insuficientemente inmunizadas surgieron nuevas variantes que amenazaron a todo el planeta, demostrando que en una pandemia nadie está a salvo hasta que todos lo estén.

Si se hubiera producido una sólida cooperación internacional y los gobiernos hubieran estado adecuadamente preparados, la pandemia podría haberse controlado mucho antes, y sus consecuencias más devastadoras podrían haber sido evitadas. Se habrían salvado incontables vidas y mitigado las profundas repercusiones económicas causadas por los prolongados confinamientos, que aún hoy siguen teniendo consecuencias políticas, en tanto que uno de los factores que en numerosos países continúan alimentando el apoyo a políticos populistas y autoritarios.

Progresos y divisiones

En respuesta a estos fallos sistémicos, la Asamblea Mundial de la Salud, órgano rector de la OMS, tomó medidas decisivas en una sesión extraordinaria celebrada en diciembre de 2021. Por consenso unánime, los Estados miembros establecieron un Órgano de Negociación Intergubernamental (INB, por sus siglas en inglés) con un mandato ambicioso pero claro: desarrollar un marco para, en la medida de lo posible, prevenir futuras pandemias y garantizar una respuesta coordinada y equitativa cuando la prevención resulte insuficiente.

El INB comenzó su labor en febrero de 2022, reuniendo a negociadores de más de 190 Estados. Para marzo de 2023, los negociadores habían elaborado un borrador inicial que esbozaba los principios y disposiciones fundamentales, centrándose en sistemas de detección y alerta temprana, acceso equitativo a suministros médicos y mecanismos de financiación sostenibles para la preparación ante pandemias.

Sin embargo, tras este impulso inicial, las negociaciones se estancaron. Lo que comenzó como una respuesta unificada ante un trauma compartido pronto se fracturó a lo largo de las conocidas líneas de división geopolíticas entre el norte y del sur global.

Los países del norte, entre ellos Estados Unidos, el Reino Unido y varios miembros de la Unión Europea, se han opuesto firmemente a disposiciones que consideran vulneran su soberanía nacional. Estas incluyen la autoridad de la OMS para declarar emergencias de salud pública internacionales y el carácter vinculante de las obligaciones de respuesta. La delegación estadounidense, en particular, ha rechazado toda formulación que pudiese comprometer a los Estados a destinar porcentajes específicos de sus suministros para enfrentar la pandemia a la distribución internacional.

Mientras tanto, los Estados del sur global, bajo el liderazgo de la Unión Africana, han insistido enérgicamente en el fortalecimiento de garantías para la transferencia de tecnología y el acceso equitativo a suministros médicos. Argumentan que todo acuerdo que les obligue a compartir muestras de patógenos y datos genéticos debería garantizarles a cambio el acceso a vacunas y tratamientos desarrollados a partir de esos materiales. El bloque africano también presiona por la flexibilización de las protecciones de propiedad intelectual sobre medicamentos y vacunas durante emergencias sanitarias, abogando por la renuncia automática a ciertos derechos de patente.

Estas divisiones reflejan tensiones estructurales más profundas. Los gigantes farmacéuticos ejercen un inmenso poder de presión política y los Estados del norte global, donde estas corporaciones tienen sus casas matrices, tienden a proteger sus intereses comerciales, priorizando los incentivos para desarrollar nuevos medicamentos mediante una fuerte protección de la propiedad intelectual y el aseguramiento de las cadenas de suministro. En contraste, los Estados del sur global abogan por un mayor intercambio de conocimientos y la capacidad de fabricar medicamentos genéricos localmente a precios asequibles.

Evolución reciente

A pesar de estas tensiones persistentes, los negociadores han logrado avances en algunos frentes cruciales. Tras intensas negociaciones a fines de 2024, se alcanzó un consenso en tres temas fundamentales: investigación y desarrollo, producción local sostenible y diversificada, y financiación sostenible.

Si se la adopta en su forma actual, la disposición sobre investigación y desarrollo hacer marcar una diferencia sustancial. Exigiría que toda investigación financiada con fondos públicos incluya disposiciones obligatorias para la transferencia de tecnología y la concesión de licencias no exclusivas a productores de países de menores ingresos. Si la capacidad de manufactura se distribuye globalmente en forma más amplia, en futuras emergencias sanitarias los tratamientos y vacunas serían más accesibles para las poblaciones de los países del sur global.

De manera similar, la disposición sobre producción local comprometería a los Estados a apoyar activamente el desarrollo de capacidades de fabricación en las regiones donde más se las necesita, especialmente en África y ciertos países del sudeste asiático. Por su parte, la disposición sobre financiación sostenible establecería un nuevo fondo específico de preparación ante pandemias con contribuciones obligatorias calculadas según la capacidad económica de cada país.

Una ventana crítica

En junio de 2024, los Estados se comprometieron formalmente a finalizar las negociaciones en el plazo máximo de un año.

El INB ha programado una última sesión de negociación intensiva de cinco días en abril, tras la cual el acuerdo debería presentarse a la 78ª Asamblea Mundial de la Salud en mayo. Aunque no está claro si las diferencias fundamentales podrán resolverse para entonces, los negociadores mantienen un cauto optimismo. El Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha calificado este momento como de “ahora o nunca” para el tratado sobre pandemias, subrayando que más retrasos podrían hacer descarrilar definitivamente todo el proceso.

Pero ahora hay una nueva gran amenaza. Poco después de volver a la presidencia, Donald Trump firmó una orden ejecutiva anunciando la retirada de Estados Unidos de la OMS, efectiva a partir de enero de 2026, y suspendió inmediatamente su participación en las negociaciones del tratado. Esto representa un fuerte golpe para el proceso, dado que Estados Unidos es el mayor aportante financiero de la OMS y, en tanto que superpotencia global y sede de numerosos gigantes farmacéuticos, sus acciones y omisiones tienen repercusiones mundiales de gran alcance.

El proceso del INB ya ha costado aproximadamente 201 millones de dólares. Si el tratado fracasa después de semejante inversión, sería una lamentable pérdida de recursos que podrían haberse destinado a fortalecer la preparación frente a pandemias de los países más vulnerables. La confianza en las instituciones multilaterales, ya de por sí frágil, podría erosionarse aún más.

En estas difíciles circunstancias, los defensores del tratado sostienen que aún es posible alcanzar un acuerdo sólido. Pero esto requerirá una genuina voluntad de compromiso. Países como Australia, Canadá y Japón deben intensificar su liderazgo diplomático para tender puentes entre las posiciones del sur y del norte global. Paralelamente, las organizaciones filantrópicas y los bancos de desarrollo deben elaborar planes de financiación concretos y viables para apoyar la implementación efectiva del tratado.

La sociedad civil tiene un papel crucial que desempeñar, tanto para movilizar el apoyo de la opinión pública como para presionar a los Estados para que respalden el tratado. Los gobiernos deben reconocer a la sociedad civil como socio indispensable en este proceso. La sociedad civil puede contribuir a revisar y mejorar los planes de preparación ante pandemias y, cuando estas ocurran, puede llegar eficazmente a comunidades vulnerables a las que los gobiernos frecuentemente no logran acceder. La sociedad civil estuvo en primera línea de la respuesta al COVID-19, prestando servicios esenciales que salvaron innumerables vidas cuando los gobiernos no actuaron con la rapidez o eficacia suficiente, defendiendo los derechos humanos frente a restricciones desproporcionadas y exigiendo que los gobiernos rindieran cuentas por sus decisiones. Su papel será determinante para mantener la presión necesaria para que el tratado sea acordado, adoptado y ratificado, así como asegurar que sea efectivamente implementado y cuente con la financiación necesaria.

Es mucho lo que está en juego. La próxima pandemia puede desencadenarse en cualquier momento y, en ausencia de una coordinación internacional efectiva, corremos el grave riesgo de repetir los errores fatales que caracterizaron la respuesta global al COVID-19. Un tratado sobre pandemias equitativo y con mecanismos de implementación efectivos podría ayudar a prevenir millones de muertes evitables cuando se produzca la próxima crisis sanitaria global. Los próximos meses revelarán si los Estados del norte global son capaces de poner a un lado sus estrechos intereses nacionales para priorizar la seguridad colectiva.

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