La sociedad civil insiste cada vez con mayor intensidad en la necesidad de un tratado sobre pandemias para garantizar que se incorporen las lecciones aprendidas durante la pandemia de COVID-19 y que no se repitan los errores cometidos.

Junto con la emergencia climática y una larga serie de crisis humanitarias, la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto las trágicas limitaciones del actual sistema internacional a la hora de abordar los grandes problemas globales. Cuando el virus cruzó las fronteras, escasearon las respuestas coordinadas. Cuando avanzó el desarrollo de las vacunas, quienes lideraban los avances priorizaron su autointerés concebido de forma estrecha y adoptaron políticas de nacionalismo de vacunas. Esto profundizó las desigualdades globales y perjudicó a los países del sur. También les salió el tiro por la culata a los Estados poderosos, ya que permitió que el virus perdurara y mutara, desatando nuevas oleadas de infecciones.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue en gran medida ignorada. La Organización Mundial de la Salud (OMS) fue objeto de críticas por parte de la sociedad civil, acusada de actuar con demasiada lentitud al principio de la pandemia y de manifestar deferencia hacia China en vez de exigirle transparencia y rendición de cuentas. La iniciativa COVAX, que lanzó en colaboración con otras organizaciones, no alcanzó sus objetivos iniciales de distribución de vacunas en los países del sur global, ya que los países donantes y los fabricantes de vacunas le dieron largas al asunto.

La clave: estar preparados

Durante años la comunidad científica ha advertido que en nuestro mundo crecientemente hiperconectado era inevitable que ocurriera una pandemia. Pero se hicieron escasos esfuerzos de preparación para la eventualidad de una pandemia, incluso entre los países ricos, y hubo poca ayuda disponible para que los países del sur global pudieran prepararse. Como los gobiernos no estaban preparados, tampoco lo estaba la población, y cuando el virus se extendió rápidamente por todo el mundo a principios de 2020 se perdió un tiempo precioso. El precio de la falta de preparación fue muy alto y se perdieron muchas vidas humanas que podrían haberse salvado.

Los científicos y la sociedad civil que trabajan en el ámbito de la salud habían abogado por la preparación para una pandemia desde mucho antes de que se extendiera el COVID-19. Pero desde entonces han intensificado sus esfuerzos, centrando sus esfuerzos de incidencia en la demanda de un tratado que refuerce la prevención, la preparación y la respuesta ante pandemias. En la medida en que los efectos de la pandemia han afectado mucho más que la salud de las personas, ya que han incluido fuertes shocks económicos y la imposición por parte de los gobiernos de restricciones violatorias de los derechos humanos, un círculo más amplio de actores de sociedad civil se ha unido a este llamado.

En respuesta, la OMS acordó el pasado mes de diciembre poner en marcha un proceso para elaborar un tratado sobre pandemias. En la primera reunión, celebrada en marzo, se estableció un equipo encargado de preparar un primer borrador, previsto para agosto. El objetivo es tener un tratado listo para ser adoptado en 2024. Probablemente este tratado tome la forma de una convención marco, un formato que permite a los Estados acordar compromisos de alto nivel y negociar posteriormente los mecanismos y organismos para implementarlos.

Un rol central para la sociedad civil

La pandemia de COVID-19 ha dejado muy claras las limitaciones de los enfoques verticalistas, que incluso cuando tienen cierto éxito en mantener el virus a raya suelen tener costos enormes en materia de derechos humanos. Allí donde los gobiernos no respondieron adecuadamente, o actuaron sin consultar a las comunidades ni tener en cuenta sus necesidades, los esfuerzos de la sociedad civil en todos los frentes, desde la prestación de servicios hasta la defensa de los derechos humanos, marcaron una inmensa diferencia en la forma en que la gente experimentó la pandemia.

En consecuencia, un eventual tratado debe conectar lo global con lo local, reconociendo el valor de la sociedad civil y dándole cabida. La historia demuestra que la mejor manera de garantizar un rol adecuado para la sociedad civil en la implementación de los tratados es involucrarla ampliamente desde el proceso mismo de su elaboración, garantizando la participación de actores de sociedad civil lo más diversos posible.

La experiencia de la sociedad civil también advierte que la adopción de un tratado no es una solución mágica. Un tratado mundial es apenas el comienzo, porque luego hay que implementarlo y hacerlo cumplir, y la sociedad civil debe desempeñar un rol clave en el control de su cumplimiento por parte de los Estados y en la exigencia de rendición de cuentas. Las voces del sur global deben ser especialmente escuchadas: los fracasos frente a la pandemia de COVID-19 se debieron en gran medida a que los Estados del norte global no actuaron en función del interés global. Esto tiene que cambiar. Los Estados del norte global deben comprometerse seriamente a financiar la preparación y la respuesta del sur global; sin embargo, si la inadecuación de la respuesta en relación con la financiación de la adaptación y la mitigación del cambio climático es un indicio en ese sentido, es de esperar que esta sea una cuestión espinosa.

Una propuesta práctica de la sociedad civil consiste en desarrollar un mecanismo para evaluar la preparación, mediante el fortalecimiento y la ampliación de los sistemas de revisión por pares existentes, en los cuales la preparación de cada Estado es evaluada periódicamente por otros Estados, junto con el establecimiento de un organismo independiente para llevar a cabo revisiones externas.

Cabe imaginar el funcionamiento de este sistema en forma similar al proceso del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde se evalúa el desempeño en materia de derechos humanos y se hacen recomendaciones para mejorarlo. El proceso del Examen Periódico Universal da cabida a los aportes de la sociedad civil, y uno de los ejes para la incidencia de la sociedad civil podría ser la inclusión de una disposición similar para la participación de la sociedad civil en las revisiones de la preparación frente a pandemias, lo cual le permitiría plantear cuestiones de derechos humanos.

Aunque queda mucho por debatir y negociar, el proceso del tratado sobre pandemias ofrece algunas esperanzas de que el mundo pueda afrontar la próxima pandemia mejor equipado para salvar vidas y defender derechos. La sociedad civil seguirá trabajando para intentar conseguir un tratado a la altura de las circunstancias.