El Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos se sitúa en la cúspide del sistema universal de derechos humanos. Desempeña un rol crucial para las víctimas de violaciones de derechos humanos y para los numerosos activistas de la sociedad civil que esperan que el sistema de la ONU establezca y aplique normas de derechos humanos, monitoree la actuación de los Estados en materia de derechos humanos y exija que los violadores rindan cuentas de sus actos.

El cargo está a punto de quedar vacante. En junio, la actual Alta Comisionada, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, anunció que no se presentará para un segundo mandato cuando el actual llegue a su fin en agosto.

Su anuncio quizá no sea sorprendente: nadie ha cumplido dos mandatos completos en este cargo. Su ocupante se encuentra a menudo en el ojo de la tormenta, tratando de alcanzar un punto de equilibrio entre la defensa de los derechos humanos, el mantenimiento del apoyo de Estados poderosos con enorme influencia y el respeto de la cautelosa cultura institucional de la ONU. Es posible que acabe por no complacer a nadie: demasiado tímido y cauteloso para la sociedad civil, demasiado crítico para los Estados que esperan poder seguir violando derechos y salirse con la suya.

Bachelet no ha sido ajena a la acusación de minimizar sus críticas a la situación de derechos humanos de ciertos Estados. Recientemente, su visita a China suscitó grandes polémicas. Bachelet llevaba bastante tiempo queriendo visitar China, y cuando su viaje finalmente se concretó, en mayo, fue en el marco de una cuidadosa puesta en escena del Estado chino.

Aunque Bachelet pudo visitar Xinjiang, escenario de una campaña de violaciones de los derechos humanos a escala industrial, no pudo hablar con ninguno de los aproximadamente un millón de detenidos de la región, ni tampoco con sus familias. Las críticas oficiales a los abusos de China fueron limitadas, y el principal resultado del viaje fue un acuerdo para celebrar una reunión anual sobre derechos humanos con el gobierno de China, cuyos detalles prácticos quedaron por definirse. Mientras tanto, el gobierno de China se apresuró a instrumentalizar la visita con fines de relaciones públicas y desinformación.

Las organizaciones de derechos humanos denunciaron el viaje como un lavado de cara que noi hizo más que permitir que el gobierno chino se presentara como un buen ciudadano internacional. Muchos dudaron de la idea de que esto demostraba que el sistema de derechos humanos de la ONU es capaz de negociar y obtener concesiones de un régimen implacablemente autoritario. Bachelet también ha sido acusada de retrasar repetidamente el informe de su oficina sobre las violaciones de los derechos humanos en Xinjiang.

Los requisitos del puesto

De cara al futuro, hay que pensar en quién podría reemplazarla en el cargo. El sistema de la ONU no cuenta con demasiado tiempo para identificar y nombrar al sucesor de Bachelet, lo cual es motivo de preocupación. El proceso debería ser rápido y eficiente, sin por ello dejar de ser inclusivo.

El peligro es claro: el proceso de selección podría resultar en el nombramiento apresurado de un candidato que sea aceptable para los Estados porque no los desafía.

Para evitar que esto ocurra, la sociedad civil debe tener plena participación en el proceso. Los candidatos deben responder a las preguntas de la sociedad civil. Los criterios en que se basa la designación deben ser públicos y abiertos a la crítica.

La sociedad civil tiene algunas ideas sobre las cualidades del candidato ideal. Por encima de todo, el titular del cargo debería ser un intrépido defensor de los derechos humanos que se comprometa a mantener su independencia respecto de los Estados y no tenga miedo de perturbar a los Estados que violan derechos ni de ofender las delicadezas burocráticas de la ONU. Debe ser una figura pública y un líder preparado para sacudir el avispero de ser necesario.

Esto significa que debe tener una sólida formación en derecho internacional de derechos humanos, algo crucial en un momento en que muchos Estados están reafirmando visiones estrechas de la soberanía nacional que socavan normas internacionales establecidas desde largo tiempo atrás. El sistema de la ONU tiene que mejorar su capacidad para defender el derecho internacional contra esta erosión creciente.

El o la candidata seleccionada también debe tener probada experiencia en defensa de los derechos humanos y en el trabajo con víctimas de violaciones de derechos humanos. Debe estar plenamente comprometida con la justicia social y con la defensa y promoción de los derechos de los grupos excluidos más vulnerables, como las mujeres, las personas LGBTQI+, las personas negras e indígenas, las personas migrantes y refugiadas, y las personas defensoras de derechos ambientales. Debe estar siempre del lado de quienes sufren violaciones de derechos, actuando como una suerte de representante global de las víctimas.

Quien ocupe el cargo debería adoptar un estilo de apertura y honestidad. Debería estar dispuesto a trabajar con la sociedad civil y a escuchar las críticas.

Debe trabajar para integrar los derechos humanos en toda la labor de la ONU, incluida su labor en materia de paz y seguridad, desarrollo sostenible y cambio climático. Debe desarrollar el mandato de la oficina, actualmente infrautilizado, de actuar sobre la base de las señales tempranas que alertan sobre emergencias de derechos humanos en ciernes y llamar la atención de otras partes de la ONU para ayudar a prevenir las crisis, en particular porque el Consejo de Seguridad de la ONU se encuentra tan a menudo bloqueado. Debe defender a los distintos titulares de mandatos de derechos humanos de la ONU y a las personas expertas y titulares de mandatos especiales, y presionar para que puedan realizar visitas a los países sin obstáculos para examinar en el terreno los ataques contra los derechos humanos.

Si bien las habilidades diplomáticas son importantes, debe evitarse el énfasis en las negociaciones entre bambalinas y los intercambios, es decir, el estilo propio de muchos políticos y diplomáticos de carrera. Este no es un rol tecnocrático. De lo que se trata es de ejercer liderazgo moral y de tomar posición. El o la próxima Alta Comisionada no debería intentar negociar con Estados como China, sino que debería liderar su condena.

Un momento crucial

La sociedad civil también pide que el cargo se limite a un solo mandato. En principio, esto no debería ser un gran problema, dado que la mayoría de los titulares del cargo lo han dejado tras un único período. Pero si se formaliza, el límite de un solo mandato ayudaría a evitar que los titulares del cargo se vean presionados por Estados poderosos y hagan concesiones con la esperanza de disfrutar de un segundo mandato.

Este es un momento potencialmente crucial, ya que la importancia de este cargo nunca ha sido mayor. Los derechos humanos están siendo atacados en una escala sin precedentes en la historia de la ONU. En materia de derechos cívicos –los derechos a las libertades de asociación, de reunión pacífica y de expresión– la situación global se deteriora cada año. Según el CIVICUS Monitor, 117 de los 197 países y territorios relevados experimentan graves violaciones de estos derechos, y sólo una pequeña proporción de la población mundial –poco más del 3%– vive en países donde los derechos cívicos son habitualmente respetados.

Si no se atienden los llamamientos de la sociedad civil, el peligro parece claro: el cargo puede terminar volviéndose irrelevante, quedando irremediablemente comprometido y desvinculado de la apelación moral que debería ser su eje.

El nombramiento tendrá lugar en un momento en que la baja prioridad que la ONU otorga a los derechos humanos es cuestionada. El secretario general de la ONU entusiasmó a la sociedad civil cuando en 2020 publicó su Llamamiento a la acción por los derechos humanos, que prometía situar a los derechos humanos en el centro de su trabajo y del de la ONU. Esta iniciativa fue acompañada de una guía sobre el espacio cívico para toda la ONU. Pero no está claro el impacto que ha tenido, y es posible que las buenas intenciones hayan sido opacadas por los acontecimientos, ya que primero la pandemia del COVID-19, y luego la guerra de Rusia contra Ucrania y la creciente crisis alimentaria global, han concentrado toda la atención.

El informe Nuestra Agenda Común, sobre la reforma de la ONU, publicado el año pasado, decepcionó a muchos actores de la sociedad civil por no ir lo suficientemente lejos, ignorando en gran medida los llamamientos de la sociedad civil para abrir la ONU y hacerla más democrática. Al aumentar la participación de la sociedad civil, este cambio instantáneamente empujaría a la ONU a ir más lejos en materia de derechos humanos.

Es hora de que la ONU demuestre que se toma en serio los derechos humanos y los coloque en el centro de su labor. Esto también significa que debe revisar las formas de financiamiento: puede que el sistema de derechos humanos de la ONU tenga mecanismos bien desarrollados, pero su financiación es crónicamente insuficiente. A pesar de que, junto con el desarrollo y la paz y la seguridad, son uno de los tres pilares de la ONU, los derechos humanos reciben poco más del 4% del presupuesto ordinario de la organización. Eso hace que el trabajo dependa en gran medida de contribuciones voluntarias, las cuales nunca son suficientes.

El próximo Alto Comisionado deberá realizar avances en materia de financiamiento y en dirección de la concreción del Llamamiento a la acción por los derechos humanos. Para contribuir a que esto ocurra, el compromiso de la ONU con los derechos humanos debe ser apuntalado, en primer lugar, mediante el nombramiento de un intrépido defensor de los derechos humanos en este rol estelar.