En septiembre de 2021, una vez más el circo llegó a la ciudad de Nueva York para la apertura oficial de la Asamblea General de la ONU. Esta asamblea es el cierre de alto perfil del ciclo anual de la ONU, el lugar donde, uno tras otro, presidentes y primeros ministros pasan a dar sus discursos. A diferencia de 2020, cuando gran parte del evento tuvo que realizarse en línea a causa de la pandemia, en 2021 los líderes de estados democráticos y autoritarios por igual se montaron en avión para disfrutar de su momento de fama bajo las candilejas internacionales. Aunque la pandemia obligó a muchos de ellos a mantenerse alejados, se esperaba que al menos 83 países representados en persona. Había mucho para debatir: la desigualdad en el acceso a las vacunas y la recuperación de la pandemia, el cambio climático y las crisis de Afganistán y Myanmar, por nombrar apenas algunos de los temas urgentes que los Estados no pueden abordar si trabajan de forma aislada.

Desde ya que los discursos formales, junto con las reuniones diplomáticas de alto nivel que tienen lugar entre bastidores, son apenas la punta del iceberg de la ONU. Durante todo el año, la ONU trabaja silenciosamente para elaborar acuerdos internacionales, afirmar las normas de derechos humanos y reclamar que los Estados rindan cuentas del cumplimiento de sus compromisos, además de esforzarse en prevenir y dar respuesta a conflictos y las catástrofes. Y en este trabajo continuo, la sociedad civil intenta ser un socio fundamental y ofrece una fuente insustituible de ideas, propuestas y escrutinio.

El sesgo estatalista

Sin embargo, las relaciones de la sociedad civil con las instituciones de la ONU siguen siendo desparejas y desiguales. A pesar de que la Carta de la ONU comienza con las palabras “Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas”, la ONU sigue estando construida en torno de los Estados en tanto que entidades básicas y actores principales. Los Estados poderosos utilizan las instituciones de la ONU para promover sus propios intereses: el Consejo de Seguridad, estancado por efecto de los roles que desempeñan China, Rusia y Estados Unidos, no hizo nada bueno por el pueblo de Siria; el Consejo de Derechos Humanos aprobó este agosto una débil resolución sobre Afganistán que ni siquiera mencionaba a los talibanes; y el año pasado la Organización Mundial de la Salud fue acusada de no lograr hacer frente a la pandemia a causa de su reticencia a criticar a China.

La sociedad civil considera que la participación de la ciudadanía es un correctivo necesario del sesgo estatalista y el predominio de los Estados más fuertes. Sin embargo, las diversas instituciones de la ONU ofrecen niveles ampliamente variables de apertura hacia la sociedad civil. Además, los espacios disponibles tienden a privilegiar a los grupos de élite de la sociedad civil. Y en todos los casos la sociedad civil se queja de que sus posibilidades de acceder a ellos se encuentran muy por detrás no solamente de las de los Estados, sino también de las del sector privado. No se trata una cuestión trivial. Cuando excluyen a la sociedad civil, las instituciones de la ONU corren el riesgo de perder toda conexión con las personas colocadas en el centro de los principales problemas que la ONU debería resolver.

La falta de prioridad concedida a la sociedad civil en el sistema de la ONU quedó claramente en evidencia en la convocatoria a la Asamblea General. Como desde hace más de 18 meses, las organizaciones de la sociedad civil se quedaron fuera de la sede de la ONU. Aunque la pandemia sigue siendo un problema para todos, se permitió la asistencia de delegaciones gubernamentales y periodistas, pero no de representantes de la sociedad civil. Una vez más, la sociedad civil se quedó al final de la cola.

En respuesta a estos déficits, la sociedad civil ha puesto mucho empeño en desarrollar una agenda de reforma para la ONU. Esta agenda ofrece una serie de propuestas prácticas para que la ONU se vuelva más democrática y abierta a las voces de la gente. Estas ideas no se limitan a reclamar que la sociedad civil tenga un asiento en la mesa. Si se logra incluir más voces en los círculos de la ONU, las opiniones de los Estados más poderosos contarán menos, y los Estados deberán verse frente a frente con las personas que se ven afectadas por sus decisiones y sus incumplimientos. La apertura de la ONU ofrece la posibilidad de conectar lo local con lo global y permitir que las personas comunes le digan la verdad en la cara al poder, en vez de que prevalezcan las perspectivas de las élites.

El año pasado, cuando la ONU cumplió 75 años, la sociedad civil aprovechó la oportunidad para presentar propuestas de cambio radical. Y hubo indicios de que al menos algunos Estados hicieron suyas las ideas de la sociedad civil. En una rara muestra de unidad, todos los Estados apoyaron una histórica declaración en conmemoración del 75º aniversario de la ONU. En ella afirmaron que los desafíos actuales requieren de la cooperación mundial. Se comprometieron a mejorar la ONU y encargaron al secretario general de la organización, António Guterres, que elaborara un informe sobre cómo responder a los desafíos actuales y futuros. Poco antes del comienzo de la reunión de la Asamblea General de la ONU en septiembre, el resultado fue Nuestra Agenda Común.

Algunos aspectos positivos de la participación de la sociedad civil

En los procesos de consulta para el informe Nuestra Agenda Común participaron miles de personas de la sociedad civil. Y hasta cierto punto el informe lleva sus huellas, aunque falla a la hora de proponer ideas grandes y audaces.

El informe reclama un nuevo contrato social entre los gobiernos y los pueblos y un énfasis renovado en las alianzas y la solidaridad global. Insta a una mayor participación política de los numerosos jóvenes del mundo, que se llevan la peor parte del desempleo y la desigualdad económica, pero que están a la vanguardia de las demandas de cambio respecto de problemas globales tales como la crisis climática y la injusticia racial. En la práctica, propone la creación de una Oficina de la ONU para la Juventud.

Entre los muchos problemas que enfrenta el mundo actual, el informe identifica la naturaleza disfuncional del multilateralismo realmente existente. Con el fin de volver a la ONU más innovadora y ayudarla a evolucionar, el informe tiene el buen tino de proponer la creación de la posición de un Enviado para las Generaciones Futuras. En la misma línea, sugiere que dentro de dos años se celebre una “Cumbre para el Futuro”.

El informe reconoce el rol integral de la sociedad civil en las instituciones y procesos de la ONU. Su llamamiento a un “multilateralismo en red, inclusivo y eficaz” requiere una coordinación efectiva, rendición de cuentas sobre todos los compromisos y espacio para que se escuchen todas las voces, incluidas las de la sociedad civil. En este sentido, insta a todos los organismos de la ONU a establecer puntos focales de sociedad civil, si es que no los tienen ya. Esto corregiría una omisión escandalosa en los casos en que todavía no los tienen.

Espacio para una ambición mucho mayor

Si bien este reconocimiento es un comienzo, la sociedad civil que se vincula con el sistema de la ONU se siente decepcionada por el hecho de que las ideas más progresistas parecieron quedar fuera de la agenda. Es difícil evitar la sospecha de que el informe refleja y reproduce un orden jerárquico en el cual es importante apaciguar a quienes tienen más peso -los Estados poderosos que controlan los hilos de la ONU- amenazándolos con un cambio menor; como la sociedad civil ya tiene poco peso, no es necesario tomarla en serio.

Para que la sociedad civil tenga una voz más fuerte, al menos parte de la solución puede venir de una de las principales demandas de la sociedad civil: que la ONU nombre a un enviado de la sociedad civil para todo el sistema o a un defensor del pueblo. Esta propuesta, presentada por una serie de organizaciones de la sociedad civil en colaboración con los representantes ante la ONU de Costa Rica y Dinamarca, obtuvo el respaldo de más de 50 Estados y de numerosos grupos de la sociedad civil. Más recientemente, recibió el apoyo del Experto Independiente de la ONU para la promoción de un orden internacional democrático y equitativo. La creación de un cargo de este tipo ayudaría a suavizar las grandes inconsistencias en las formas en que las diferentes partes de la ONU se vinculan con la sociedad civil y a conectar los diversos puntos focales de la sociedad civil distribuidos en toda la ONU. Defendería a la sociedad civil y la ayudaría a atravesar las desconcertantes y opacas capas burocráticas de la organización. Pero la respuesta fue decepcionante: la demanda fue simplemente reconocida como un punto a considerar en el futuro. Otra oportunidad perdida.

Del mismo modo, aunque el Enviado para las Generaciones Futuras y la Cumbre para el Futuro representan cierto reconocimiento de que la ONU deberá regenerarse a medida que surjan nuevos desafíos, el potencial de cambio amenaza con permanecer irrealizado si estos continúan siendo mecanismos elitistas: si, como lo indica la experiencia pasada, los funcionarios de alto nivel determinan el contenido y los procesos de todas las cumbres, predominan los representantes de los Estados y se espera que toda innovación provenga de ricos líderes empresariales. Si la ONU quiere realmente abrirse a la innovación, debería explorar la idea de la sociedad civil de poner en marcha una Iniciativa Ciudadana Mundial.

Inspirada en el precedente sentado por la Unión Europea, esta Iniciativa Ciudadana Mundial permitiría hacer llegar una petición a la Asamblea General o al Consejo de Seguridad de la ONU si logra reunir suficientes apoyos de suficientes personas de varios países. De este modo, la ciudadanía podría llamar la atención de la ONU sobre un asunto que requiera una acción urgente, ofreciendo una conexión vital entre las comunidades y la esfera internacional e impidiendo que instituciones como el Consejo de Seguridad les den la espalda a los problemas del mundo.

Necesidad de seguimiento

El temor de la sociedad civil que participó tan activamente en este último proceso seguirá siendo el mismo de siempre: que ni siquiera la limitada ambición expresada en el informe se traduzca en acciones y que el informe se convierta en uno más acumulando polvo en una estantería. La historia de la ONU está repleta de informes bienintencionados nunca implementados.

La forma de combatir esta tendencia parece obvia: poner más presión para que las instituciones de la ONU rindan cuentas. Una vez más, la sociedad civil tiene ideas innovadoras en este sentido, tales como la institución de una asamblea parlamentaria de la ONU que lleve más voces a los pasillos de la ONU y actúe como fuente de escrutinio. Lamentablemente, esta es otra sugerencia que continúa siendo desestimada por excesivamente ambiciosa.

Incluso si se siguen todas las recomendaciones del informe, éste seguirá estando muy por detrás del ritmo de la agenda de reforma de la sociedad civil. No hay aliado más firme para el multilateralismo que la sociedad civil, comprometida como está con los derechos humanos universales, motivada por los valores humanitarios y segura de que las soluciones multilaterales son necesarias para los problemas globales. Pero este socio natural sigue siendo desprovisto de poder. Desde la sociedad civil continuaremos insistiendo en que nuestro compromiso con el multilateralismo y con la ONU debe ir acompañado de acciones que nos reconozcan como socios vitales y de pleno derecho.