Irán, Israel y Estados Unidos, los tres protagonistas del conflicto en curso, tienen poco en común, pero comparten un entusiasmo creciente por la pena de muerte. Irán intensificó las ejecuciones de activistas durante la guerra. Israel aprobó recientemente una ley que establece la horca como condena estándar para los palestinos declarados culpables de cometer atentados mortales. En Estados Unidos, varios estados que ya utilizan la inyección letal están reintroduciendo un método aún más brutal: el fusilamiento. El número de países que aplican la pena de muerte cayó a un mínimo histórico, pero los que la mantienen en vigor están ejecutando a más personas. La sociedad civil sigue haciendo campaña a favor de la abolición y, en su defecto, de imponer una moratoria.

La represión letal de Irán

El régimen teocrático de Irán ha intensificado su violenta represión en respuesta a las recientes oleadas de protestas masivas y a los dos últimos episodios bélicos iniciados por Israel y Estados Unidos. Las ejecuciones ocupan un lugar central en esta ofensiva. Las autoridades torturan a las personas hasta obligarlas a confesar delitos que no han cometido, imponen penas de muerte por delitos vagamente definidos y llevan a cabo ahorcamientos secretos. Un sistema judicial politizado ignora a quienes se retractan de estas confesiones y, una vez dictada la sentencia, la ejecución puede producirse en cualquier momento, sin previo aviso a las familias. El Estado también ha condenado a muerte a menores de edad.

Irán ha ejecutado a 424 personas en lo que va del año, lo que supone una media de dos al día. La injusticia actúa con rapidez: entre las personas ejecutadas en las últimas semanas se encuentran personas detenidas durante las protestas de enero. Para las familias, el castigo continúa después de la muerte. Las autoridades pueden negarse a entregar los cuerpos y solo los liberan cuando los familiares prometen guardar silencio. La pena de muerte forma parte de una estrategia de coerción más amplia, diseñada para someter a cualquiera que pueda amenazar la supervivencia del régimen.

En el bando opuesto del conflicto, Bahréin siguió los pasos de Irán y endureció su ofensiva contra el disenso, imponiendo condenas a muerte. Su gobierno también obtiene confesiones bajo tortura e impone la pena de muerte por espionaje, traición y terrorismo, cargos que suele imputar a los presos políticos. Las 12 personas que se encuentran actualmente en el corredor de la muerte son presos políticos. Al igual que en Irán, las condenas transmiten el mensaje de que el disenso no será tolerado.

La pena de muerte en Israel

Israel tiene dos sistemas judiciales, uno para israelíes y otro para palestinos, con normas y criterios distintos. Esta desigualdad alcanzó su punto álgido en marzo, cuando el Parlamento aprobó una ley que establece la horca como condena estándar para los palestinos declarados culpables de atentados terroristas. Su artífice es el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, condenado en el pasado por delitos que incluyen apoyar a una organización terrorista e incitar al racismo. Ben-Gvir fue uno de los políticos que lucieron insignias con forma de soga el día en que se votó la ley.

La redacción de la ley hace prácticamente imposible ejecutar a un israelí. Establece la pena de muerte como pena por defecto para las condenas por asesinatos terroristas dictadas en tribunales militares, que solo juzgan a palestinos de Cisjordania, un territorio ocupado ilegalmente. Los tribunales civiles israelíes también pueden imponerla por decisión mayoritaria, sin necesidad de unanimidad, incluso cuando el fiscal no la haya solicitado.

La ley es deliberadamente cruel. Quienes reciban esa condena quedarán recluidos en un centro especial, sin visitas de familiares ni de sus abogados, con quienes solo podrán hablar por videollamada. Serán ahorcados en un plazo de 90 días desde la sentencia. La ley no prevé ninguna posibilidad de indulto.

Organizaciones israelíes y palestinas de derechos humanos han condenado la norma. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió de que aplicarla en territorios ocupados ilegalmente constituiría un crimen de guerra, y el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial concluyó tiene un carácter racialmente discriminatorio. Organizaciones de la sociedad civil han presentado recursos judiciales y esperan que los tribunales le pongan freno al gobierno.

La ley extiende el apartheid ya vigente y nace del mismo impulso que el genocidio en Gaza. Forma parte de una campaña más amplia destinada a deshumanizar a los palestinos y negarles los derechos más básicos, incluido el derecho a la vida. Esta ley se encuentra en la cúspide de un sistema en el que Israel mantiene detenidos a cerca de 10.000 palestinos, a quienes somete a agresiones sexuales, tortura, violencia y otras violaciones de derechos humanos.

Crueldad en Estados Unidos

En Estados Unidos la crueldad también es deliberada. Este mes, Idaho adoptó al fusilamiento como principal método de ejecución, convirtiéndose en el séptimo estado que lo autoriza. En abril, el gobierno federal anunció que planea volver a usarlo en los casos de su competencia.

Quienes lo defienden argumentan que la inyección letal puede fallar: los proveedores internacionales se niegan a vender los fármacos más eficaces para el procedimiento y los sustitutos de fabricación nacional han aumentado los riesgos. Este grupo sostiene que la muerte por fusilamiento es más humana, ya que un disparo certero mata en segundos. Sin embargo, ha habido muchos casos en los que este método ha provocado muertes lentas y agónicas, violando así la prohibición de la Constitución de Estados Unidos sobre los castigos crueles e inusuales. También hay antecedentes de pelotones de fusilamiento que han fallado deliberadamente para prolongar el sufrimiento.

El regreso del pelotón de fusilamiento forma parte de la crueldad performativa que habitualmente despliega el gobierno de Trump, visible también en sus redadas militarizadas contra migrantes, en los asesinatos de personas a bordo de supuestos “barcos de la droga” en el Caribe y en la destrucción de su programa de ayuda internacional, que ya ha causado cientos de miles de muertes evitables. Las decisiones sobre la pena de muerte son profundamente políticas: el lugar donde más rápido ha aumentado el número de ejecuciones es Florida, probablemente el estado más alineado con Donald Trump.

A diferencia de Irán, Estados Unidos no ejecuta a manifestantes ni a otras voces críticas, y, a diferencia de Israel, su política en la materia no forma parte de una estructura de apartheid más amplia. No obstante, estas ejecuciones se producen dentro de un sistema judicial viciado por prejuicios de clase y raciales. El país está polarizado y los políticos extremistas compiten por mostrarse más duros con el delito, una competencia que ahora alcanza también a las protestas y a otras formas de disenso. Las personas negras son las que corren mayor riesgo de ser víctimas de errores judiciales. En un sistema sesgado, es imposible aplicar la pena máxima de manera justa.

Un giro para peor

En 2025, solo 17 países llevaron a cabo ejecuciones, pero el número de víctimas aumentó. Amnistía Internacional registró un mínimo 483 ejecuciones verificadas en 2020, pero para 2025 la cifra había ascendido a por lo menos 2.707.

Este aumento se explica por la retórica del combate contra la insurgencia, la delincuencia y la inseguridad. Cuando se produce un crimen especialmente atroz que despierta la indignación pública, los líderes populistas de mano dura lo aprovechan y utilizan las condenas a muerte como demostración de fuerza. El aumento de las cifras indica una erosión más amplia del respeto por los derechos humanos.

La sociedad civil hace campaña a favor de la abolición, ya que la pena de muerte es una afrenta a derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida y el derecho a no sufrir penas crueles, inhumanas o degradantes, tal como lo establece la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tampoco hay pruebas de que disuada de cometer delitos y siempre existe el riesgo de condenar a un inocente, riesgo que aumenta donde el Estado de derecho es débil. Las personas pertenecientes a grupos excluidos pueden correr especial peligro, como ocurre en Estados Unidos. Israel lo hizo explícito, igual que Uganda, cuando su ley anti-LGBTQI+ de 2023 introdujo la pena de muerte para lo que llama “homosexualidad agravada”.

Irán no es el único país que manipula el sistema judicial con fines políticos. De los diez países que más ejecuciones llevan a cabo, ocho tienen el espacio cívico cerrado: Arabia Saudita, China, Corea del Norte, Egipto, Irak, Irán, Vietnam y Yemen. Los otros dos son Somalia, donde las condiciones son apenas un poco mejores, y Estados Unidos, que durante mucho tiempo ha sido una excepción, pero donde el respeto por las libertades cívicas se ha deteriorado rápidamente durante el mandato de Trump.

Retrocesos en África y Asia

El retroceso no se limita a Irán, Israel y Estados Unidos. En 2025, las autoridades de Japón, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos reanudaron las ejecuciones tras haberlas suspendido durante varios años. Maldivas presentó un proyecto de ley para poner fin a la moratoria que mantiene desde 1954 y, el año pasado, modificó su Ley de Estupefacientes para castigar con la muerte a los culpables de narcotráfico. Argelia hizo lo mismo con otros delitos relacionados con drogas y Kuwait amplió su ámbito de aplicación. La junta militar de Myanmar ya ha ejecutado a activistas por la democracia y, antes de las recientes elecciones fraudulentas, amplió la lista de delitos que puede castigar con la pena de muerte.

El año pasado, la República Democrática del Congo suspendió la moratoria que mantenía desde 2003, usando como excusa la insurgencia en el este del país. Su definición amplia de traición y las deficiencias de su sistema judicial hacen muy probable la ejecución de personas inocentes. A los pocos meses del cambio, las autoridades dictaron más de 130 condenas a muerte, entre ellas las de 25 soldados declarados culpables de “huir ante el enemigo” tras un juicio que duró apenas un día.

Otros países africanos parecen dispuestos a seguir su ejemplo. El año pasado, Chad creó una comisión para estudiar la posible reinstauración de la pena de muerte, abolida en 2020. Según trascendió, Níger, gobernado por los militares, está revisando su moratoria. Y la junta militar de la vecina Burkina Faso anunció en diciembre pasado que reintroduciría la pena de muerte, abolida en 2018, para los delitos de espionaje, alta traición y terrorismo. Dado que ya ha reprimido sistemáticamente el disenso mediante desapariciones forzadas, reclutamiento forzoso y disolución de partidos políticos, es probable que la use contra sus opositores.

El activismo de la sociedad civil

La labor sostenida de incidencia de la sociedad civil ha dado resultados. Ya son 113 los países que han abolido la pena de muerte, por lo que solo una minoría la conserva, y otros han dictado moratorias o han acortado la lista de delitos a los que se aplica. Zambia la abolió en 2022. Malasia eliminó al año siguiente las condenas a muerte obligatorias para varios delitos y en 2025 creó un comité para estudiar su abolición total. Pakistán dejó de aplicarla por delitos relacionados con drogas en 2023 y Gambia la abolió para algunos delitos en 2025. Hubo avances incluso en Vietnam, un país autoritario, donde el Parlamento votó a favor de derogar la pena de muerte para ocho delitos en 2025.

En países con regímenes represivos, hacer campaña contra la pena de muerte tiene un costo. Las autoridades de Singapur han acosado e intimidado a abogados de derechos humanos que representan a personas condenadas a muerte, multado a activistas por organizar vigilias y difamado al Colectivo de Justicia Transformativa, que reclama la abolición, hasta obligarlo a dar de baja su sitio web y sus redes sociales. Los dirigentes políticos acusan de abuso procesal a los abogados que respaldan las apelaciones contra las condenas a muerte y presentan a quienes se oponen a la pena capital como indulgentes con el narcotráfico. Como consecuencia, algunos abogados ya no aceptan estos casos.

El IX Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, celebrado recientemente en París, reconoció esta labor: el colectivo recibió allí el Premio a la Documentación, que compartió con Iran Human Rights. Reconocer la labor de la sociedad civil en condiciones adversas dejó en claro que para terminar con la pena de muerte es necesario romper el silencio, exponer su brutalidad y contar las historias de injusticia. Ese es el trabajo que la sociedad civil seguirá haciendo en los países que aún aplican la pena de muerte, al tiempo que continúa frenando el retroceso en aquellos que evalúan dar un paso atrás.

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