Malasia está dando un importante paso adelante en materia de derechos humanos. El 11 de abril, la Cámara Alta del Parlamento aprobó dos proyectos de ley para abolir la pena de muerte obligatoria. Tras haber sido aprobados por la Cámara Baja la semana anterior, los proyectos de ley esperan ahora la firma del rey.

Avances en Malasia

Hasta ahora, 33 delitos llevaban aparejada la pena de muerte, que para 12 de ellos era obligatoria. Las nuevas leyes eliminan la pena de muerte obligatoria para esos 12 delitos, entre los que se cuentan el asesinato, la traición y el terrorismo. Además, ponen fin a toda posibilidad de aplicar la pena de muerte para otros siete delitos. También sustituyen la cadena perpetua por penas de prisión de 30 a 40 años.

Esta medida era desde hace tiempo una demanda clave de la sociedad civil malasia. La ha tomado el nuevo gobierno que llegó al poder tras las elecciones de noviembre de 2022, que convirtieron en primer ministro a Anwar Ibrahim, un político con reputación de reformista.

Desde 2018 estaba en vigor una moratoria de las ejecuciones, pero se habían seguido dictando condenas a muerte. Como resultado, actualmente hay más de 1.300 personas a la espera de ser ejecutadas, la mayoría de las cuales han agotado todos los recursos legales. Una vez que la ley entre en vigor, estos presos tendrán 90 días para solicitar una nueva condena.

Malasia mantiene la posibilidad de imponer la pena de muerte por algunos delitos, incluido el narcotráfico. Es uno de los pocos países donde aún puede aplicarse la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas. Sin embargo, para la mayoría de las sentencias en las que es posible la pena de muerte, los jueces tendrán ahora la facultad discrecional de imponer en su lugar una pena de cárcel, además de castigos corporales. La sociedad civil seguirá haciendo campaña por la abolición total de la pena de muerte y por el fin de la flagelación como castigo.

Aunque el cambio es importante, la sociedad civil espera más avances bajo el nuevo gobierno. El Estado sigue utilizando leyes restrictivas para reprimir el disenso y acosar a manifestantes pacíficos. La mayoría de las formas de protesta son objeto de restricciones, incluidas las protestas del año pasado contra el uso de la pena de muerte en la vecina Singapur. El nuevo gobierno ha continuado con los ataques de la anterior administración contra los derechos de las personas LGBTQI+, prohibiendo recientemente tres libros por su contenido LGBTQI+. El gobierno ha sido criticado por incumplir compromisos expresos de derogar leyes que limitan gravemente la libertad de expresión.

Para la sociedad civil, la limitación de la pena de muerte es un motivo de optimismo. Demuestra que, si así lo desea, el gobierno puede introducir cambios que promuevan el respeto de los derechos humanos. Ahora esperará mayores avances en relación con la derogación de otras leyes regresivas.

Avances globales y reticencias nacionales

La sociedad civil tiene numerosas objeciones contra la pena de muerte. Está, por supuesto, el hecho de que los errores judiciales son inevitables, y tanto más probables en regímenes con sistemas de justicia penal defectuosos y donde los juicios no son imparciales. No hay pruebas de que tenga efectos disuasivos, es decir, que la existencia de la pena de muerte haga menos probable la comisión de delitos.

Más fundamentalmente, la pena de muerte es una clara negación de derechos fundamentales: los derechos a la vida y a no sufrir penas crueles, inhumanas o degradantes están consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. El derecho internacional ha desarrollado normas sobre la no aplicación de la pena de muerte, como el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por 90 Estados, y protocolos similares de acuerdos regionales de derechos humanos en las Américas y en Europa.

La tendencia global general es de cambio positivo, e incluye la abolición total, moratorias y limitaciones respecto de los delitos a los que la pena se puede aplicar. En 2021, un número inéditamente bajo de Estados -18- llevaron a cabo ejecuciones. Cada vez más Estados apoyan las peticiones de moratoria en las Naciones Unidas.

Pero hay algunos países que se resisten, entre los cuales se destacan numerosos Estados autoritarios donde las ejecuciones no solamente continúan, sino que aumentan en cantidad. El país con el mayor número de ejecuciones -aunque es imposible dar una cifra exacta debido a su grado de secretismo- es China, donde se calcula que se lleva a cabo el 90% de las ejecuciones que tienen lugar en todo el mundo.

Los otros países con los niveles más altos de ejecuciones son Irán, Egipto, Arabia Saudita y Siria. En estos países, todos los cuales tienen espacio cívico cerrado, el Estado reprime todas las expresiones de disenso. En tales condiciones, la pena de muerte representa el arma más poderosa que tiene el Estado para silenciar a sus críticos.

Esto puede verse en Irán, donde la pena de muerte, y la amenaza de su uso, se han desplegado como una de las respuestas represivas del Estado teocrático ante las protestas masivas desatadas tras la muerte de Mahsa Amini el pasado septiembre. En noviembre, el gobierno comenzó a acusar a los manifestantes de delitos que pueden acarrear la pena de muerte. Al mes siguiente, ejecutó a dos hombres en relación con las protestas, uno de ellos públicamente, y dictó por lo menos otras 11 condenas a muerte. A principios de año ejecutó a otros dos. En total, a la par del ascenso de las protestas, las ejecuciones aumentaron un 75% en Irán en 2022, y el Estado ejecutó a por lo menos 582 personas. Se estima que, desde su llegada al poder en 1979, el régimen ha ejecutado a decenas de miles de personas.

Al otro lado del Golfo Pérsico, en Arabia Saudita, al príncipe heredero Mohammed bin Salman, gobernante de facto del país, gusta presentarse como un modernizador: construye ciudades de ensueño de alta tecnología en el desierto y organiza fastuosos eventos deportivos internacionales. Pero esta imagen es traicionada por el hecho de que manda decapitar a quienes osan contradecirlo. Las ejecuciones casi se han duplicado bajo su mandato, alcanzando un promedio de 129 al año. Muchas personas son ejecutadas no por delitos violentos, sino por protestar y alzar la voz para exigir cambios políticos y respeto de los derechos humanos. Estas personas suelen pertenecer a la reprimida minoría chiíta del país. Incluso hay personas que fueron ejecutadas por delitos cometidos cuando eran niños. A menudo las familias no son informadas con antelación.

En un solo día, el 12 de marzo de 2022, Arabia Saudita ejecutó a 81 personas. Cínicamente, el país suspendió temporariamente las ejecuciones cuando acogió la cumbre del G20 en 2020, para después intensificar los asesinatos. Este mes, incluso ha llevado a cabo una ejecución durante el Ramadán, una época en la que solía exhibir moderación. Bin Salman había prometido eliminar la pena de muerte para la mayoría de los delitos, pero por lo que parece no está en condiciones de renunciar a ella. Ha de ser una herramienta represiva demasiado útil.

En Arabia Saudita, al igual que en Irán, la pena de muerte se impone tras juicios viciados y el uso generalizado de tortura para obtener confesiones. Es, por tanto, (la peor) parte de un sistema de justicia penal sesgado y diseñado para reprimir en vez de respetar derechos. Como lo demuestran Irán y Arabia Saudita, está prácticamente garantizado que los Estados autoritarios que usan la pena de muerte la aplicarán para silenciar críticos y amortiguar las demandas de derechos de los grupos más privados de ellos.

También en Afganistán la pena de muerte va de la mano de la represión. A medida que los talibanes han regresado, también lo han hecho las ejecuciones, incluido el espeluznante espectáculo de las ejecuciones públicas, un método para comunicar el poder del régimen sobre la vida y mantener a la gente sometida.

En Bahréin, la pena de muerte ha sido un arma crucial en manos de la monarquía para la represión en curso, desatada en respuesta a las protestas prodemocracia que se movilizaron en 2011. Desde entonces, 51 personas han sido condenadas a muerte y seis de ellas han sido ejecutadas.

En Bielorrusia, como parte de la intensificación de la represión que siguió a las elecciones fraudulentas de 2020, la aplicación de la pena de muerte se ha extendido: ahora se usa contra militares y funcionarios del Estado juzgados por perjudicar la seguridad nacional.

En Myanmar, gobernado por una junta militar desde hace más de dos años, el gobierno ha intentado reprimir el movimiento democrático poniendo fin a una moratoria sobre la pena de muerte que regía desde hacía tres décadas. El pasado julio ejecutó a cuatro personas, entre ellas un activista por la democracia y un político del derrocado partido gobernante. Otras 140 personas han sido condenadas a muerte, entre ellas estudiantes y jóvenes activistas.

Ni siquiera es necesario aplicar la pena de muerte para que ésta tenga un efecto amedrentador. La nueva ley anti-LGBTQI+ de Uganda introduce la pena de muerte para un delito denominado “homosexualidad agravada”. Es un ejemplo repugnante de cómo puede utilizarse la pena de muerte para comunicar la hostilidad del Estado hacia un grupo concreto de personas. Puede que la pena nunca llegue a aplicarse, pero su posibilidad deja en claro que el Estado no reconoce a las personas LGBTQI+ los mismos derechos que a los demás ugandeses y, en ese acto, autoriza la discriminación y la violencia contra ellas.

Progreso en Zambia

Zambia ofrece un ejemplo africano más positivo. Al igual que en Malasia, el cambio democrático ha traído consigo una evolución progresista en relación con la pena de muerte. El pasado diciembre, el presidente Hakainde Hichilema promulgó una enmienda al Código Penal que abolió la pena de muerte. Zambia se convirtió así en el 25^o país del África subsahariana en eliminar por completo la pena de muerte, siguiendo los pasos de países como Angola, Mozambique y Sudáfrica.

En Zambia la pena de muerte no estaba siendo utilizada. La última ejecución había sido en 1997, y desde entonces sucesivos presidentes se comprometieron a no firmar órdenes de ejecución. Pero, al igual que en Malasia, esto supuso la acumulación de casos de personas a la espera de su ejecución: se calcula que actualmente hay 380 personas sobre las que pende una sentencia de muerte. Hichilema afirma que él podría haber sido uno de ellos cuando, en la oposición, fue detenido y encarcelado bajo acusaciones de traición.

Hichilema llegó al poder en las elecciones de agosto de 2021 prometiendo respetar las libertades fundamentales, cada vez más atacadas por el gobierno saliente. Al mismo tiempo que su gobierno abolía la pena de muerte, también daba un paso adelante en materia de respeto a la libertad de expresión al poner fin al delito de difamación criminal del presidente. Hasta entonces, se trataba de un delito que podía acarrear una condena de tres años.

Pero, al igual que ocurre en Malasia, Hichilema es criticado por su lentitud a la hora de tomar medidas contra otras leyes represivas, como las que permiten criminalizar fácilmente a quienes participan en protestas y se expresan en internet. También existe la preocupación de que, al no haberse reformado la Constitución -lo cual habría requerido un referéndum-, un eventual presidente con mayoría parlamentaria podría simplemente revertir los cambios introducidos en el Código Penal.

Escrutinio internacional

Como se observa en el caso de Zambia, el escrutinio internacional puede desempeñar un papel importante a la hora de lograr cambios positivos. En el proceso del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, los historiales de derechos humanos de los Estados son evaluados por otros Estados, con aportaciones de la sociedad civil, y se formulan recomendaciones. La cuestión de la pena de muerte se había planteado en sucesivas rondas de examen, y numerosos Estados habían instado al gobierno de Zambia a abolirla. El hecho de que siguiera en pie amenazaba con convertirse en una vergüenza internacional, mientras que su abolición ofrecía la oportunidad de presentar al país como progresista y buen socio internacional.

Pero tanto en Malasia como en Zambia no basta con que el progreso realizado en dirección de la eliminación de la pena de muerte. Se dieron pasos importantes, pero desde la perspectiva de la sociedad civil deberían simbolizar y presagiar una mayor ola de cambio en la que los Estados amplíen significativamente su protección de los derechos humanos. Estas medidas deben ir acompañadas del compromiso de respetar y abrir el espacio cívico, tanto porque las libertades cívicas son derechos fundamentales, como porque el espacio cívico permite a las personas abogar por ulteriores reformas del sistema de justicia penal.

A escala global, la sociedad civil debe seguir haciendo campaña para que más Estados se sumen a la tendencia a la abolición de la pena de muerte, en particular democracias de larga data como los Estados Unidos y Japón, que cada vez más se destacan como casos desviados de la tendencia global. Para ello, la sociedad civil debe trabajar con y persuadir a los segmentos de la opinión pública que apoyan la pena de muerte. En virtud de tales acciones, el mantenimiento de la pena de muerte debería convertirse en una vergüenza internacional.