Más de dos semanas después de que los peruanos acudieran a las urnas, continúa el recuento oficial de los votos de la segunda vuelta presidencial. Jurados electorales especiales están revisando, página por página, unas 1.500 actas observadas por irregularidades. Sin embargo, con el 99,86% de los votos ya verificados, la ventaja de la candidata de derecha Keiko Fujimori es irreversible.

Esta fue la cuarta segunda vuelta consecutiva para Fujimori, tras sucesivas derrotas en 2011, 2016 y 2021; en cambio, fue la primera vez para el candidato derrotado, Roberto Sánchez. Fujimori es hija del expresidente autoritario Alberto Fujimori, mientras que Sánchez es un aliado cercano del expresidente de izquierda Pedro Castillo, actualmente en prisión por haber intentado disolver ilegalmente el Congreso. Sánchez inicialmente tomó la delantera en el recuento de votos, pero Fujimori lo superó cuando comenzaron a contabilizarse los votos de peruanos en el exterior, históricamente más inclinados hacia la derecha.

Ambas campañas denunciaron irregularidades y presentaron recursos de nulidad, que las autoridades electorales mayormente rechazaron. Fuerza Popular, el partido de Fujimori, solicitó la anulación de miles de votos rurales en Puno, un bastión de Sánchez en el sureste andino. Juntos por el Perú, la fuerza política de Sánchez, exigió primero la anulación de todo el voto del extranjero; luego, la anulación de los resultados de 1.751 mesas electorales de la capital, Lima; y, finalmente, cuando apenas faltaba contar el 0,4% de los votos, la anulación de todo el proceso electoral. Miles de seguidores de Sánchez se movilizaron en Lima en respaldo de sus reclamos.

Se necesitaron varias semanas para determinar el resultado, que se zanjó por aproximadamente un cuarto de punto porcentual entre dos candidatos que, en conjunto, obtuvieron menos del 30% de los votos en primera vuelta. La impugnación del resultado por parte del perdedor es ya una constante que ha caracterizado a la política peruana durante cerca de una década. La inestabilidad se ha adueñado de un país cuyo sistema político ya no es capaz de producir ganadores claros ni duraderos.

Fragmentación e inestabilidad

A menudo se describe a Perú como una democracia sin partidos. El sistema de partidos que estructuró la política peruana durante gran parte del siglo XX se desintegró en la década de los noventa y nunca se ha reconstruido. En cambio, ha abierto paso a una sucesión de candidaturas improvisadas, movimientos regionales y marcas personales que surgen y desaparecen junto con sus fundadores. Los partidos son vehículos temporarios de la competencia electoral y son descartados cuando ésta termina.

Para la primera vuelta del 12 de abril, la que fue la boleta electoral más extensa en la historia electoral del Perú incluyó a 35 candidatos presidenciales. Fujimori obtuvo el primer lugar con apenas 17,19% de los votos. Tras ella se formó un grupo muy apretado, con márgenes muy estrechos entre candidatos: Sánchez obtuvo el 12,04%, superando apenas a Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, que recibió el 11,91%; otros dos candidatos superaron ligeramente el 10%. Dos candidatos más superaron el 7% y los 28 restantes se repartieron el 22,51% de los sufragios. Ningún candidato llegó a sumar un quinto de los votos. La abrumadora mayoría de los votantes no votó por ninguno de los dos que pasaron a la segunda vuelta.

La fragmentación política va acompañada de una volatilidad extrema. Las fuerzas que lideran una elección suelen desmoronarse antes de las siguientes, ya que los votantes se desplazan en grandes números de una a otra candidatura. Esta fragmentación vuelve a Perú difícil de gobernar, porque el mandato de un presidente elegido con apenas una quinta o sexta parte de los votos en primera vuelta es tan débil que sus rivales pueden impugnarlo desde el primer día. Dado que el voto en las elecciones legislativas está igualmente fragmentado, los escaños se reparten entre numerosos partidos, ninguno de los cuales tiene una posición dominante, pero que, en conjunto, cuentan con suficientes votos para derrocar a un gobierno. Los numerosos partidos que pierden la presidencia conservan colectivamente el poder de destituir al que la ha ganado.

La consecuencia de ello ha sido una década de guerra abierta entre los poderes ejecutivo y legislativo. Sucesivos presidentes elegidos con escaso apoyo popular y sin mayoría en el Congreso se han enfrentado a asambleas controladas por sus oponentes, y el Congreso ha utilizado repetidamente sus poderes para destituirlos.

Destituir a un presidente en Perú es muy fácil porque una cláusula constitucional permite al Congreso declarar la “incapacidad moral permanente” del presidente sobre la base de motivos amplios y vagamente definidos. Para ello se requiere una mayoría de dos tercios, una barrera que se supone que es lo suficientemente alta como para convertir a la llamada “declaración de vacancia” en una medida excepcional. Pero cuando varios partidos rivales se alían, pueden superar fácilmente ese umbral. Lo han hecho en repetidas ocasiones.

El Congreso elegido en 2021 destituyó a tres presidentes en un solo período legislativo. Castillo fue destituido y detenido en diciembre de 2022 tras intentar disolver el Congreso para evitar su propia destitución, y posteriormente fue condenado a más de 11 años de prisión. Su vicepresidenta, Dina Boluarte, le sucedió en un contexto de protestas que el Estado reprimió de forma letal, antes de ser destituida en octubre de 2025 en medio de acusaciones de corrupción, una ola de inseguridad cada vez más grave y unos índices de aprobación extremadamente bajos. El presidente del Congreso, José Jerí, asumió entonces el cargo, pero fue destituido en febrero de 2026 por mantener reuniones no oficiales y clandestinas con un empresario chino titular de una concesión estatal. A continuación, el Congreso nombró a José María Balcázar como presidente de transición. El polémico exjuez del Tribunal Supremo, de 83 años, también enfrentó acusaciones de corrupción, y su primer presidente del Consejo de Ministros dimitió al cabo de tres semanas.

El legado de Fujimori

La arquitectura institucional de la inestabilidad se construyó durante el mandato de Alberto Fujimori. Elegido en 1990, Fujimori gobernó hasta el año 2000, aunque solo durante los dos primeros años lo hizo como presidente constitucional. En 1992 disolvió el Congreso e impuso una nueva Constitución que le otorgó enormes poderes. Su gobierno se convirtió en sinónimo de corrupción a gran escala y gravísimas violaciones de derechos humanos, que incluyeron la esterilización forzada de miles de mujeres, en su mayoría indígenas.

Fujimori se vio obligado a abandonar el cargo en el año 2000, cuando se filtraron videos en los que se veía a su infame jefe de inteligencia sobornando a políticos opositores. Fujimori huyó a Japón, la patria de su padre, donde estaría protegido de la extradición por su doble ciudadanía, e intentó dimitir por fax, pero el Congreso rechazó su dimisión y lo destituyó amparándose en la cláusula de incapacidad moral, que la Constitución de 1993 había conservado. Posteriormente fue extraditado, condenado y encarcelado por crímenes de lesa humanidad y corrupción. El presidente Pedro Pablo Kuczynski le concedió un indulto en 2017, pero en 2018 la Corte Suprema lo anuló y ordenó su regreso a prisión. Finalmente fue puesto en libertad por el Tribunal Constitucional en 2023, y falleció en 2024.

Su hija heredó su movimiento. Su formación política comenzó a los 19 años, en 1994, cuando fue nombrada primera dama después de que su padre le retirara el título a su madre, quien lo había acusado públicamente de corrupción y violaciones graves de derechos humanos. A lo largo de los años, Keiko ha enfrentado largas investigaciones por lavado de activos en relación con la financiación ilícita de sus campañas electorales. Aunque hasta ahora no había logrado llegar a la presidencia, su partido ejerció un considerable poder en el Congreso, contribuyendo a derrocar a sucesivos presidentes. Ahora deberá intentar gobernar el sistema fragmentado que su partido ayudó a crear.

El cambio institucional más significativo de los últimos tiempos ha sido la reversión de la decisión de su padre de sustituir el Congreso bicameral por una cámara única. En las últimas elecciones se eligieron 60 senadores además de 130 diputados. Esta reforma constitucional desoyó los resultados de un referéndum realizado en 2018 en el que el 90% de los votantes rechazó la reintroducción del bicameralismo. Dado que la cláusula de incapacidad moral permanece en vigor, expertos en derecho constitucional han advertido que el resultado puede ser una concentración aún mayor de poder en el Congreso. Esto sugiere que Perú podría estar ante un dilema: la continuidad de la inestabilidad, impulsada por el predominio del Congreso, o la imposición de una segunda presidencia autoritaria al estilo Fujimori.

Los costos de la disfunción

Los costos de la inestabilidad han sido durante mucho tiempo soslayados por la creencia de que la caótica política peruana no afecta a la economía, que funciona en piloto automático. De hecho, los indicadores macroeconómicos han sido sólidos para los estándares regionales. La inflación de 2025 se situó en torno al 1,5%, una de las más bajas de América Latina, y la economía creció 3,4% en 2024. El Banco Central es independiente y goza de credibilidad, y la deuda pública, situada en torno del 30% del PIB, es relativamente baja. A lo largo de ocho presidencias y tres procesos de destitución, los mercados han mantenido la calma y la moneda se ha mantenido estable.

Pero los costos de la disfunción están aumentando. El crecimiento económico se ha reducido aproximadamente a la mitad durante esta década de torbellino político. La pobreza, que alcanzó 27,6% en 2024, sigue por encima de los niveles previos a la pandemia, y la clase media se ha reducido. Entretanto, el crimen violento se ha disparado, lo que se refleja en una tasa de homicidios de 10,7 por cada 100.000 habitantes, acompañada de una epidemia de extorsiones. El panorama es de gradual deterioro.

La juventud es la que más padece las dificultades económicas. En 2025, un proyecto de reforma del sistema de pensiones que afectaría negativamente a los jóvenes desencadenó un masivo movimiento de protesta liderado por la Generación Z, que rápidamente se convirtió en una expresión más amplia de indignación ante la corrupción, la inseguridad y las disfuncionalidades políticas. Las fuerzas de seguridad reaccionaron con violencia.

La respuesta violenta del Estado a las protestas es un indicio del modo en que la inestabilidad política ha deteriorado los derechos de las personas a organizarse, expresarse y exigir rendición de cuentas a sus gobernantes. En diciembre de 2024, el CIVICUS Monitor, nuestra plataforma en línea de monitoreo de las condiciones del espacio cívico en todo el mundo, rebajó la calificación de Perú a “represivo”, la segunda peor calificación, reflejo de años de escalada de la violencia estatal y el uso de tácticas de acoso y difamación contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, tachados de terroristas y traidores por las autoridades públicas. El gobierno de Boluarte fue objeto de la condena de grupos de la sociedad civil internacional e instituciones de derechos humanos, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el asesinato de manifestantes durante la represión que siguió a la destitución de Castillo.

En marzo de 2025, el Congreso aprobó una ley que otorga a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional amplios poderes para controlar, censurar y perseguir a organizaciones de la sociedad civil que reciben financiación extranjera. La ley exige a los grupos de la sociedad civil obtener la autorización previa de la agencia para llevar a cabo sus actividades y amenaza con multas de hasta US$720.000 y la pérdida de su registro. Tipifica como delito el uso de fondos internacionales para apoyar acciones legales o administrativas contra el Estado peruano, lo que pone en peligro a cualquier grupo que proporcione apoyo a víctimas de abusos estatales para buscar reparación en el país o ante organismos internacionales.

No cabe esperar que Keiko salvaguarde los derechos humanos y el espacio cívico. Formada en el seno de un gobierno que operaba con escuadrones de la muerte, compitió en las últimas elecciones con una plataforma de “mano dura” bajo el lema “Vuelve Fujimori, vuelve el orden”. Puso en el centro la principal preocupación de los peruanos, la inseguridad, y presentó la lucha actual contra la inseguridad como una continuación de la guerra que su padre libró en la década de los noventa contra el grupo terrorista Sendero Luminoso, prometiendo despliegues policiales y militares masivos.

Keiko se ha mostrado evasiva respecto de los abusos de la década de los noventa, y ha buscado replantear los derechos humanos como una cuestión de acceso a servicios básicos con el fin de desplazar la demanda de reparación de los agravios del pasado. En abierto desafío a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 2025 su partido promovió una ley de amnistía que perdonó a miembros de las Fuerzas Armadas, la policía y organizaciones civiles armadas por todo delito (con exclusión del terrorismo y la corrupción) cometido en el marco de la “lucha antisubversiva” entre 1980 y 2000. Ello incluye un amplio abanico de violaciones graves de los derechos humanos.

Cabría esperar que alguien que llega a la presidencia con una victoria tan ajustada buscara el compromiso y el consenso y moderara sus posiciones más extremas. Pero es posible que Keiko interprete todo intento de conciliación como una invitación a una nueva ronda de demostraciones de fuerza por parte del Congreso, y eventualmente a su destitución. Todo parece indicar que intentará romper el ciclo, tal y como hizo su padre, concentrando el poder y desmantelando las instituciones que puedan ponerle límites. Si logra eludir la vacancia, durante por lo menos cinco años Perú estará en manos de una política con un largo historial de ataques contra el espacio cívico y los derechos humanos, y con fuerte motivación para continuar en esa dirección.

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