Keiko Fujimori es hija de Alberto Fujimori, quien llegó al poder en el Perú en los años 90 y, dos años después de asumir el mando, dio un autogolpe de Estado y gobernó de manera autocrática durante toda esa década. Fujimori dejó un legado de corrupción y graves violaciones de derechos humanos, por las que fue condenado a prisión. Su hija reivindica su gobierno y ha construido su campaña sobre la promesa de regreso al orden, un mensaje que puede calar en un electorado afectado por niveles históricos de inseguridad ciudadana.

Sin embargo, carga con un lastre político propio: fue investigada judicialmente por el presunto financiamiento ilícito de su campaña de 2021 —un proceso que avanzó bastante, pero finalmente fue anulado—, y está rodeada de personajes que reivindican sin matices y reutilizan un discurso de mano dura que incluye la aprobación de leyes para beneficiar con la prescripción a violadores de derechos humanos del pasado.

Sánchez ha construido su campaña sobre la figura del expresidente Pedro Castillo, un exmaestro de escuela que en su momento canalizó la frustración popular y ganó las elecciones de 2021, pero que carecía de preparación política y terminó intentando un autogolpe de Estado. Castillo está ahora en prisión. Sánchez, quien fue ministro de Comercio de su gobierno, ha indicado que, de llegar al poder, podría usar las facultades presidenciales para indultarlo.

Su candidatura también despierta preocupación por su cercanía con Antauro Humala, un exmilitar que pasó casi 18 años preso por encabezar una revuelta en la que murieron cuatro policías, y que mantiene posiciones radicales sobre distintos asuntos.

López Aliaga, empresario y exalcalde de Lima, tiene un perfil igualmente controvertido. Tras una polémica gestión como alcalde, compitió con un discurso de extrema derecha que polarizó la campaña presidencial. Llegó a llamar a la insurgencia cuando los resultados le fueron adversos e incluso a sugerir el asesinato de un periodista crítico. Apela constantemente a teorías conspirativas sobre una supuesta captura del Estado por una presunta mafia izquierdista, y descalifica a cualquier persona que no comulgue con sus posiciones, desde organizaciones de derechos humanos hasta Keiko Fujimori.

Aunque fue un proceso electoral accidentado, con incidentes relacionados con la distribución del material electoral y la apertura de mesas de votación, las elecciones se realizaron dentro de márgenes que han sido validados por distintas misiones de observación. No existen evidencias de una acción concertada para cometer fraude electoral.

Las situaciones irregulares que se produjeron son materia de investigación. El problema es que estas dieron pie a las alegaciones de fraude promovidas por el candidato y el partido que quedaron en tercer lugar. Circularon versiones tergiversadas de hechos para dar la idea de un impacto significativo: por ejemplo, en algunos centros de votación del sur de Lima no llegó a tiempo el material electoral, lo cual dio pie a afirmaciones falsas de que por esa razón un millón de personas se habían quedado sin votar. También circularon informaciones falsas sobre actas supuestamente adulteradas. Es cierto que hubo incidentes y situaciones irregulares, pero no existen evidencias de fraude. Así lo reconoció la misión de observadores de la Unión Europea.

La narrativa del fraude no es nueva. Desde las elecciones de 2021, el partido de Keiko Fujimori ha sostenido que ella perdió por fraude, y lo ha repetido en cada proceso desde entonces. López Aliaga adoptó esa misma estrategia esta vez y llegó a pedir la anulación de las elecciones.

La polarización y la desinformación han llegado a niveles históricos que el periodismo ha tenido que afrontar en situaciones de inequidad y hostilidad. El escenario se ha visto congestionado por constantes ataques a medios independientes, no solo por parte de los actores políticos de siempre, sino también por sectores del periodismo alineados con poderosas estructuras corporativas y por actores del nuevo ecosistema de creación de contenido para redes sociales, que se ha configurado en el nuevo espacio de discusión pública.

En paralelo, una alianza política autoritaria que actualmente controla el gobierno y los principales poderes públicos consolidó una suerte de cerco legal a los medios independientes, que funcionan como asociaciones sin fines de lucro. Se trata de la ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, que amplía el control estatal sobre las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con fondos internacionales y exige que sus proyectos sean inscritos previamente ante el Estado y sometidos a una fiscalización de carácter coercitivo, con medidas de sanción desproporcionadas y anticonstitucionales. En el caso de los medios independientes, esta nueva normativa compromete la independencia editorial y crea situaciones de riesgo incompatibles con estándares internacionales de libertad de prensa.

A esto se suma la práctica por la cual ciertos sectores políticos acusan de terrorismo a quienes denuncian abusos del Estado, corrupción o prácticas antiderechos. Fue especialmente brutal tras el estallido social que siguió a la caída de Castillo en diciembre de 2022, cuando la represión estatal de las protestas dejó medio centenar de muertos en el sur del país. Las organizaciones que acompañaron a las víctimas fueron blanco de esos ataques.

Para hacer frente a la desinformación, utilizada como herramienta política en el contexto electoral, desde OjoPúblico impulsamos, con el apoyo de CIVICUS, una cobertura electoral con metodología de verificación en alianza con 26 organizaciones, incluidos medios digitales, estaciones de radio y grupos organizados de distintas regiones del país. El objetivo fue darle a la ciudadanía información verificada y mostrarle cómo la desinformación mina la democracia. En seis meses generamos casi tres millones de vistas y más de 180.000 interacciones en redes sociales.

La crisis actual comenzó en 2016, cuando Keiko Fujimori desconoció los resultados electorales e impulsó una estrategia sostenida para debilitar al gobierno electo, que terminó en su vacancia, es decir, en su remoción del cargo por decisión del Congreso. Desde entonces, la polarización se profundizó y el Congreso pasó a tener un rol desestabilizador cada vez más marcado.

En ese contexto, se consolidó una dinámica inusual: partidos de extremos opuestos del espectro político comenzaron a actuar en bloque para beneficiarse mutuamente, frenar investigaciones en su contra y avanzar en el control de instituciones clave del Estado como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía de la Nación. Al nombrar autoridades afines, debilitaron los mecanismos de control democrático.

A esto se suma la infiltración de economías ilegales en la política. Una muestra es que, según revelaciones del periodismo independiente, 28 partidos incluyeron en sus listas a personas vinculadas a la minería ilegal, una actividad con un peso económico comparable al del narcotráfico en las décadas pasadas.

La combinación de polarización, captura institucional e infiltración de intereses criminales ha sostenido un sistema que se reproduce elección tras elección: las fuerzas cambian y se adaptan, pero no desaparecen, y la inestabilidad se mantiene.

Está en juego la estabilidad democrática del país. Esto es independiente de quién gane: ninguna de las dos opciones ha dado garantías suficientes de que respetará la legalidad y los principios democráticos. La ciudadanía peruana lleva 20 años teniendo que optar por el mal menor.

Si gana Fujimori, buscará reivindicar la mano dura de su padre bajo la bandera del orden, un enfoque muy en línea con la ola de derecha dura que recorre América Latina. Si gana Sánchez, sus alianzas con sectores de izquierda con antecedentes violentos abren un escenario igualmente incierto.

Hay que decir que ninguno ha presentado un programa sólido y convincente para los próximos cinco años. Sus propuestas se apoyan más en eslóganes y promesas de gasto que en soluciones estructurales a problemas urgentes como los niveles récord de inseguridad, economías ilícitas fuera de control y una situación fiscal deteriorada por beneficios tributarios desproporcionados.

Pero también es cierto que, puestos en este escenario complejo, no se trata de una elección entre dos riesgos equivalentes. El dilema del elector peruano radica en entender qué opción tendrá, de llegar al gobierno, más poder para seguir impulsos autoritarios sin control de las instituciones que deberían contenerlos.

Es importante mencionar que, en los últimos años, distintos análisis internacionales dejaron de clasificar a Perú como una democracia para considerarlo un régimen híbrido. Dependiendo de quién gane, esa tendencia se mantendrá o incluso se profundizará.