El 25 de enero, unas seis semanas después de jurar en el cargo tras la destitución de su predecesor, la presidenta peruana, Dina Boluarte, finalmente reconoció que las elecciones eran la única salida a la aguda crisis política que atraviesa su país. En un discurso ante la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió apoyo para llevar a cabo un proceso que desemboque en elecciones anticipadas.

Las elecciones han sido reprogramadas para abril de 2024, mucho antes del final del mandato presidencial encomendado a Boluarte, pero no lo bastante pronto para los miles de personas que han salido a las calles exigiendo su dimisión inmediata. Por el momento, Boluarte ha dejado claro que no tiene intención de renunciar antes de que la celebración de nuevas elecciones.

Antes de dirigirse a la OEA, Boluarte había pedido una “tregua nacional”, pero en respuesta a su discurso solamente obtuvo nuevas protestas. Los manifestantes se enfrentaron con la policía arrojando piedras y en respuesta recibieron, cuanto menos, gases lacrimógenos. Fue una de las más violentas jornadas de protesta.

La represión estatal ha provocado un gran derramamiento de sangre. La Defensoría del Pueblo informa que hasta la fecha 56 personas han perdido la vida y 1.492 han resultado heridas. Los muertos son en su inmensa mayoría civiles asesinados por las fuerzas de seguridad.

La represión también ha tenido costos políticos para el gobierno: el gabinete empezó a desmembrarse en cuanto se confirmaron las primeras muertes el 17 de diciembre.

Qué ha pasado y qué significa

El sistema presidencialista peruano es inusual porque permite al Congreso “vacar” la presidencia. A diferencia de otros sistemas presidencialistas, es muy fácil destituir al presidente: una mayoría legislativa puede removerlo por motivos vagamente definidos como el de “incapacidad moral”.

Para principios de diciembre el presidente Pedro Castillo, electo en julio de 2021, ya había sobrevivido a dos intentos de destitución y enfrentaba un tercero. Muchos analistas habían pronosticado que sobreviviría, pero el 7 de diciembre dio un golpe preventivo: declaró la disolución del Congreso y una reestructuración del poder judicial, de forma muy similar a lo que había hecho décadas antes el ex residente Alberto Fujimori en el “autogolpe” que inauguró su periodo de gobierno autoritario.

Al disolver el Congreso, Castillo anunció el establecimiento de un gobierno de emergencia excepcional en el que gobernaría por decreto, al tiempo que prometía celebrar pronto elecciones legislativas. El nuevo Congreso, según afirmó, tendría autoridad para redactar una nueva constitución.

Sin embargo, a diferencia de Fujimori, Castillo gozaba de escaso apoyo en la ciudadanía, el Congreso y las élites. Le llovieron condenas, incluso de algunos ministros que abandonaron el gobierno. En pocas horas, el Congreso votó su destitución por “incapacidad moral permanente”. Castillo fue detenido cuando se dirigía a la embajada mexicana, presumiblemente para solicitar asilo político, y permanece en prisión preventiva bajo acusaciones de rebelión. La vicepresidenta Boluarte fue investida inmediatamente en su reemplazo.

En el torbellino que siguió se habló mucho de golpe de Estado, o de intento de golpe de Estado, pero las opiniones difirieron radicalmente en cuanto a quién había sido la víctima y quién el autor.

La opinión predominante fue que la disolución del Congreso por parte de Castillo había sido una flagrante violación de la separación de poderes y, por tanto, un intento de golpe presidencial. Otros, sin embargo, interpretaron la destitución de Castillo como un golpe de Estado. El debate está polarizado a lo largo de líneas ideológicas, lo cual pone de manifiesto que en Perú, y más en general en América Latina, sigue estando ausente la defensa de la democracia sobre la base de principios más que de preferencias partidarias.

Crisis permanente

Los recientes acontecimientos forman parte de una crisis política de más larga duración que ha visto pasar a seis presidentes en seis años. Celebradas en plena pandemia, las elecciones presidenciales de 2021 no interrumpieron el ciclo. A una campaña polarizadora siguió una votación extremadamente fragmentada que requirió de una segunda vuelta cuyo inesperado vencedor resultó ser Castillo. Este outsider izquierdista de origen humilde que en primera vuelta recibió apenas el 18,9% de los votos acabó derrotando a una derechista tres veces candidata -la hija de Fujimori, Keiko- por menos de un punto porcentual. Keiko Fujimori inicialmente rechazó los resultados con alegaciones infundadas de fraude. Tardó meses en reconocer su derrota. La presidencia de Castillo nació débil.

Durante los 18 meses que duró, el de Castillo fue un gobierno inestable, con una alta rotación de ministros y un apoyo fluctuante del Congreso, algo habitual en un país donde los legisladores parecen cambiar de partido más frecuentemente que de camisa. Fue notable que Castillo lograra escapar a dos mociones de vacancia por “incapacidad moral permanente” intentadas por el Congreso y consiguiera la aprobación de los nombramientos de nuevos ministros.

Aunque Castillo había prometido romper el ciclo de corrupción que afecta con tanta más intensidad a las personas en situación de pobreza -de quienes obtuvo gran parte de su apoyo-, su gobierno pronto se convirtió en blanco de acusaciones de corrupción, tanto contra Castillo como contra sus ministros, funcionarios, colaboradores cercanos y miembros de su familia. Las denuncias procedían no solamente de la oposición política, sino también de la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Autoridad Nacional del Servicio Civil y el Ministerio Público. Cuando Castillo fue destituido, sus índices de aprobación, que nunca habían sido especialmente altos, eran bajísimos.

La respuesta de Castillo fue atacar al fiscal y pedir a la OEA que aplicara su Carta Democrática para preservar las instituciones democráticas peruanas, supuestamente bajo ataque. En respuesta, la OEA envió una misión para analizar la situación, que terminó con un llamamiento al diálogo. Apenas dos semanas más tarde, Castillo se embarcaba en su efímera aventura golpista.

Protestas y represión

De acuerdo con la Constitución de Perú, Boluarte debería completar el mandato de Castillo. Pero lo cierto es que ningún presidente de su país ha cumplido un mandato completo desde que Ollanta Humala terminara su gobierno en 2016 – y ni siquiera él evitó el destino más frecuente de los expresidentes peruanos, la prisión.

En general, los observadores coinciden en que no hay forma de que Boluarte pueda permanecer en el cargo hasta 2024, y mucho menos hasta 2026, dado el rechazo que enfrenta no solamente de la ciudadanía que se ha levantado en protesta, sino también de parte de los partidos políticos con representación parlamentaria.

Ni bien tomó posesión se inició una oleada de protestas, protagonizadas principalmente por estudiantes, grupos indígenas y sindicatos, en demanda de su dimisión y la convocatoria a elecciones anticipadas. Muchos también exigían la libertad de Castillo y acciones del gobierno para hacer frente a la pobreza y la desigualdad. Algunas demandas iban más allá, para incluir la convocatoria a una asamblea constituyente -la promesa que había hecho Castillo antes de ser destituido- para lograr una representación más equilibrada, en especial para los pueblos indígenas. Para muchos de los peruanos más pobres, Castillo representaba la esperanza de un cambio. En su ausencia se sintieron olvidados.

Las manifestaciones, marchas y bloqueos de carreteras se extendieron como un reguero de pólvora. Incluso Macchu Picchu, una atracción de la que dependen económicamente miles de personas, fue cerrada en el contexto de un paro indefinido.

A cuatro días de haber asumido, Boluarte declaró el estado de emergencia en las regiones afectadas, que luego extendió a todo el país. Esto no hizo más que avivar las protestas. Las fuerzas de seguridad respondieron con extrema violencia, a menudo disparando a matar. No es de extrañar que tantos peruanos sintieran que ya no vivían en democracia.

¿Cuál es el problema de la democracia peruana?

Según el Índice de Democracia de The Economist Intelligence Unit, Perú es una “democracia defectuosa” – profundamente defectuosa, de hecho, ya que está a punto de ser degradada a “régimen híbrido”, un sistema a medio camino entre la democracia y el autoritarismo.

Un análisis más detallado de los componentes del índice permite comprender mejor qué es lo que falla en la democracia peruana: su puntuación más baja corresponde a la dimensión de cultura política. En la misma línea, el Barómetro de las Américas sitúa a Perú entre los países latinoamericanos con niveles más bajos de apoyo popular a la democracia: apenas 50%, frente a 80% en Uruguay, el país con el nivel más elevado. Perú es también el país latinoamericano donde la oposición a los golpes de Estado es más débil: solamente el 48% expresa oposición a los golpes del Ejecutivo y el 55% se opone a los golpes militares.

La democracia peruana también puntúa bajo en cuestiones críticas como los frenos y contrapesos, la corrupción y la participación política. Esto apunta al corazón del problema: es un sistema disfuncional donde los elegidos para gobernar no logran hacerlo, las políticas públicas son inconsistentes e ineficaces y los servicios públicos son extremadamente deficientes. Al ofrecer resultados menos que mediocres, la democracia defrauda sistemáticamente las expectativas de la ciudadanía.

Según todas las encuestas, apenas una ínfima minoría de la ciudadanía peruana está satisfecha con la democracia de su país. El hecho de que aún no haya surgido una verdadera alternativa parece ser lo único que actualmente mantiene viva a la democracia. Se necesita una renovación democrática, o de lo contrario el autoritarismo podría acabar imponiéndose.