El 28 de julio, el izquierdista Pedro Castillo fue investido como nuevo presidente del Perú tras imponerse por un estrecho margen en la segunda vuelta del 6 de junio. Pero en Perú ganar las elecciones no equivale a poder gobernar; los más recientes predecesores de Castillo no duraron mucho en el cargo. Las elecciones fueron muy polarizadas y la candidata perdedora continúa denunciando fraude. El nuevo gobierno se enfrenta a graves problemas sociales, económicos e institucionales, así como a una oposición que aprovechará toda oportunidad para destituir al presidente. Castillo tendrá que desactivar la polarización y construir consensos mientras satisface las demandas de cambio que la gente ha expresado repetidamente tanto en las urnas como en las calles.

A medida que se acercaba la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Perú, la gente se refería cada vez más a la votación como a una lotería: las preferencias del electorado estaban tan fragmentadas que podía pasar cualquier cosa.

Cuando los peruanos acudieron a las urnas el 11 de abril, el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, quedó en primer lugar, pero con apenas 18,9% de los votos. En segundo lugar llegaba Keiko Fujimori, del partido de derecha Fuerza Popular, con el 13,4%. Los candidatos de Renovación Popular y de Avanza País, con 11,7 y 11,66 puntos respectivamente, quedaron fuera de la segunda vuelta. En conjunto, los dos competidores para la segunda vuelta reunían menos de un tercio de los votos, pero la oferta electoral no podría haber sido más polarizante.

Un contexto políticamente volátil

Las elecciones tuvieron lugar en un país que atravesaba una de las experiencias más devastadoras de la pandemia de COVID-19, y en un contexto político muy volátil, que había visto pasar cuatro presidentes en cinco años.

El primero de ellos fue Pedro Kuczynski, elegido en 2016 y cesado dos años más tarde en medio de un escándalo que le hizo acabar en arresto domiciliario mientras era investigado por lavado de dinero. El vicepresidente que le sucedió, Martín Vizcarra, se enfrentó dos veces a un proceso de destitución por “incapacidad moral” y por sus dificultades para dar respuestas a la pandemia de COVID-19; el segundo de ellos logró su cometido. Esto ocurrió a pesar de las protestas masivas contra la destitución de un presidente que se había posicionado como una figura anticorrupción; la ciudadanía movilizada denunció a la destitución como una maniobra política interesada de una clase dirigente que no tenía interés alguno en que su corrupción quedara expuesta.

El presidente del Congreso, Manuel Merino, sucedió a Vizcarra y formó inmediatamente un gobierno de derecha dura, a pesar de no tener mandato para ello; apenas duró cinco días. Se vio obligado a dimitir cuando la dura represión de las protestas contra la destitución de Vizcarra arrojó dos manifestantes muertos.

Entonces fue el turno del presidente accidental Francisco Sagasti, un ingeniero y académico que había sido elegido diputado a principios de 2020, y acababa de ser elegido por sus colegas legisladores para suceder a Merino como presidente del Congreso cuando debió sustituirlo nuevamente, esta vez como presidente. Él sería el encargado de concluir, en julio del 2021, el mandato presidencial que Kuczynski había inaugurado cinco años atrás.

La economía no estaba en mejor forma que el sistema político. Las cuarentenas que se impusieron entre marzo y junio de 2020 para hacer frente a la pandemia tuvieron un efecto devastador sobre la actividad económica; según lo informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el PBI del país había experimentado su mayor retroceso en 30 años, reduciéndose 11,1% en 2020.

Con el descontento a flor de piel y la mayoría de la gente sin ánimo de depositar sus esperanzas en alguna plataforma política, las opciones de los votantes continuaron siendo muy fragmentadas. Simplemente había demasiados pescadores intentando sacar algo del río revuelto de la política peruana.

Esto se reflejó en los resultados de las elecciones parlamentarias celebradas en enero, en las cuales diez partidos obtuvieron escaños, y ninguno de ellos se acercó a la mayoría. El partido de Castillo obtuvo 37 de los 130 escaños; el siguiente más representado, con apenas 24 escaños, fue el partido liderado por su archirrival, Fujimori.

Quién es quién

Pedro Castillo, maestro de profesión, era un outsider populista de izquierdas que unos años antes había liderado una huelga contra los recortes presupuestarios; era la encarnación misma del creciente rechazo popular a la política convencional. Keiko Fujimori, hija del expresidente encarcelado Alberto Fujimori, era en cambio la heredera de una familia política. Su padre había sido elegido inicialmente en elecciones libres y competitivas, pero edificó una dictadura y se mantuvo en el poder durante una década.

Heredera de esta poderosa dinastía política, Fujimori fue congresista y candidata a presidente en las elecciones de 2011 y 2016, en las cuales había quedado segunda. De potencial presidenta había pasado a estar presa, detenida por acusaciones de corrupción, lavado de dinero, crimen organizado y obstrucción a la justicia. Había sido liberada a causa del brote de COVID-19; en su caso, el triunfo en la elección presidencial de 2021 habría conllevado la ventaja adicional de la inmunidad judicial mientras estuviera en el cargo. De hecho, cuando Castillo fue finalmente juramentado, la causa judicial contra ella comenzó a moverse nuevamente.

Los humildes orígenes campesinos de Castillo lo convirtieron en un imán para los votantes de las zonas rurales, ya que respondía a las aspiraciones de cambio social de una población empobrecida, mientras que Fujimori, claramente integrante de la élite conservadora, recogía apoyos desproporcionados en segmentos urbanos relativamente acomodados.

Sin embargo, si hay algo en lo que ambos coincidían era en su conservadurismo social: ambos rechazaban las políticas de género y los derechos sexuales y reproductivos, y se oponían firmemente al aborto y al progreso de los derechos de las personas LGBTQI+.

A medida que se acercaba la segunda vuelta presidencial, la ventaja de Castillo sobre Fujimori se fue reduciendo. En vísperas de la elección, las encuestas sugerían un empate técnico: cualquiera de los dos bandos podría imponerse.

Las tensiones preelectorales se vieron agravadas por la violencia. El 23 de mayo, un atentado terrorista en el centro de Perú, que ambos candidatos presidenciales condenaron, causó la muerte de 16 personas, entre ellas cuatro niños. Elementos aún activos de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso reivindicaron el atentado, dejando panfletos en el lugar de los hechos en los que instaban a los votantes a no concurrir a las urnas.

VOCES DESDE LAS PRIMERAS LÍNEAS

Iván Lanegra es secretario general de la Asociación Civil Transparencia, una organización de la sociedad civil independiente que trabaja para mejorar la calidad de la democracia y la representación política. En una campaña polarizada, su organización trabajó para educar a los votantes y observar las elecciones.

 

En el período previo a las elecciones, en el marco de la campaña #DecideBien, Transparencia difundió información sistemática sobre los partidos, las candidaturas y las propuestas, para que la ciudadanía pudiera evaluar sus opciones. Desglosamos los programas de gobierno para que cada persona pudiera conocer y comparar las propuestas de cada candidato en torno de los temas de su interés y votar en función de ese conocimiento.

Además, invitamos a la ciudadanía a inscribirse a la Red Nacional de Voluntariado de Transparencia para participar como observadores en las elecciones. Desde nuestra perspectiva, la observación electoral consiste en vigilar, orientar y dar testimonio de los hechos ocurridos durante la jornada electoral, además de hacer pedagogía ciudadana sobre la conducta y las reglas electorales.

Con esta red de voluntarios y voluntarias Transparencia observó el proceso y desde un primer momento señaló que el proceso electoral se había desarrollado con normalidad, más allá de los incidentes menores que suelen ocurrir en todas las elecciones, pero que no afectan los resultados. En vistas de las alegaciones infundadas que buscaron desacreditar el proceso, también trabajamos para contrarrestar la desinformación electoral.

Es necesario recuperar la confianza en las elecciones. Para eso debemos continuar formando e informando a la ciudadanía sobre las reglas de las elecciones, la política y la democracia. También debemos mejorar los mecanismos de que disponemos para combatir la desinformación. Asimismo, es necesario avanzar en las reformas electorales pendientes, para crear incentivos para el fortalecimiento de los partidos políticos, así como para mejorar la calidad de la representación política.

 

Este es un extracto editado de nuestra entrevista con Iván Lanegra. Lea la entrevista completa aquí.

Fujimori juega su carta trumpista

El 6 de junio pasó sin dejar un ganador claro, aunque Castillo enseguida cambió su ocupación en su perfil de Twitter por la de “presidente electo”. Con todos los votos escrutados, Castillo apenas superó el 50% y no tardó en producirse una avalancha de recursos contra los resultados. La fecha de la investidura presidencial se acercaba sin que se hubiera declarado oficialmente un presidente electo.

Usando tácticas tomadas del repertorio de Trump, la campaña de Fujimori trató de desacreditar las elecciones con denuncias de fraude sin mayor fundamento. Todos los observadores internacionales consideraron que las elecciones habían sido limpias y afirmaron que no habían encontrado pruebas de irregularidades graves. Pero el partido de Fujimori contrató a costosos abogados para que intentaran impugnar votos emitidos en distritos de bajos recursos que habían apoyado mayoritariamente a Castillo, mientras jerarcas militares retirados instaban a las fuerzas armadas a no reconocer a Castillo como presidente, envalentonando así a la extrema derecha. Las autoridades electorales decidieron no declarar un ganador hasta haber revisado todas las actas de votación impugnadas y haber resuelto todas las solicitudes de anulación. Ello resultó en una larga espera.

La espera se pobló de protestas. Durante los meses de junio y julio, las tensiones aumentaron, ya que los partidarios de ambos candidatos organizaron protestas en Lima. Miles de partidarios de Castillo viajaron a la capital, a menudo desde remotas zonas rurales, y cientos de ellos acamparon durante más de un mes frente al tribunal electoral, a la espera de los resultados oficiales de las elecciones. Los votantes de Fujimori también se manifestaron por miles, apoyando las denuncias de fraude electoral de su candidata. Algunos amenazaron a los funcionarios electorales, incluido el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, organizando sentadas frente a su residencia, profiriendo insultos y exigiendo la entrega del padrón electoral.

A menudo las protestas de ambos bandos tenían lugar simultáneamente, a pocas cuadras de distancia. El 26 de junio, por ejemplo, los partidarios de Castillo marcharon hacia la sede del tribunal electoral para exigir la confirmación de la victoria de su candidato, mientras que los manifestantes fujimoristas se concentraron en las cercanías, profiriendo acusaciones de fraude electoral y denunciando al “comunismo”.

Los medios de comunicación en la línea de fuego

En este clima de polarización, los medios de comunicación quedaron en la línea de fuego. Los periodistas que cubrieron la segunda vuelta electoral y la posterior espera de los resultados definitivos enfrentaron hostilidades cuando informaban sobre las protestas. La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) documentó 71 agresiones producidas entre enero y julio de 2021 contra periodistas que cubrían las elecciones.

Los ataques provinieron de ambos lados. Aunque la mayor parte de la hostilidad se originó en el fujimorismo, que además de a la protesta callejera recurrió el acoso en internet y a la presión empresarial, los partidarios de Castillo no estuvieron exentos de culpa. El 19 de mayo, seguidores de Castillo en Ayacucho agredieron a un reportero y a un operador de cámara después de que Castillo sugiriera que los periodistas aceptaban sobornos a cambio de dar una cobertura sesgada. El 16 de junio, la Asociación de la Prensa Extranjera en Perú denunció acoso y campañas de desprestigio contra algunos de sus integrantes por parte de partidarios de Castillo.

El 8 de junio, la ANP informó que más de diez empleados de América Televisión y Canal N habían sido obligados a dimitir, aparentemente por haberse negado a ceder a presiones de la empresa para cubrir favorablemente a Fujimori. El 11 de junio, los fujimoristas convocaron a la población a organizar una protesta contra “la prensa mentirosa” frente al domicilio del director del diario La República.

Según OjoPúblico, un medio de comunicación online independiente, los partidarios de Fujimori llevaron a cabo una campaña para revelar los números de teléfono y las direcciones de políticos, activistas, periodistas y otras figuras públicas críticas de su candidata, compartiendo fotografías de estas personas junto con el mensaje “hagamos que tengan que irse del país”. Algunas de las campañas y ataques se vincularon con un grupo de extrema derecha conocido como “La Resistencia”. El 14 de julio, al menos seis trabajadores de medios de comunicación que cubrían las protestas a favor de Fujimori en Lima fueron atacados por miembros de ese grupo.

¿Y ahora qué?

Tras seis semanas de incertidumbre y hostilidades, el 19 de julio Castillo fue confirmado como presidente. El resultado final fue de 50,1% contra 49,9%, con un margen de apenas 44.000 votos. Fujimori admitió el resultado, pero siguió denunciando fraude, básicamente aceptando el resultado oficial pero negándose a reconocer la legitimidad del nuevo presidente, quien tomó posesión del cargo el 28 de julio.

Castillo tendrá que hacer frente a grandes expectativas, pero tiene poco margen de maniobra. El conflicto interno arrecia mientras el país continúa enfrentando urgentes desafíos financieros, tales como el aumento de la inflación y la depreciación de la moneda. En un país que ostenta la dudosa distinción de haber tenido la mayor tasa de mortalidad per cápita por COVID-19 del mundo, la ciudadanía ha de esperar mejoras significativas en las nefastas condiciones sociales que tanto empeoraron con la pandemia.

Los votantes de Castillo querrán ver medidas serias contra la corrupción que prosperó durante la pandemia y en los años precedentes, esfuerzos para redistribuir la riqueza y un alejamiento del modelo extractivista que expone a riesgos letales a las personas defensoras de los derechos humanos de los pueblos indígenas y del medio ambiente.

Al igual que en Estados Unidos, donde puede que Donald Trump esté fuera del poder pero el trumpismo sigue vivo, el fujimorismo en Perú es cualquier cosa menos una moda pasajera. La polarización que el fujimorismo avivó en esta campaña, promoviendo el odio y el miedo, perdurará durante bastante tiempo. Una vez que se ha logrado con éxito sembrar dudas en la mitad del electorado sobre la legitimidad de la opción política escogida por la otra mitad, no parece haber un camino fácil de regreso a la confianza y el consenso. En este contexto, cualquier paso en falso de Castillo podría servir de pretexto para un intento de destitución.

Castillo comenzó su presidencia con llamamientos a la unidad nacional, insistiendo en que él y sus seguidores no eran comunistas ni extremistas, y mucho menos terroristas. Durante la campaña electoral, propuso un plan para que las empresas mineras entregaran hasta el 80% de sus beneficios o se arriesgaran a ser nacionalizadas. Tras asumir el cargo adoptó una posición más moderada, aunque siguió insistiendo en la necesidad de aplicar un impuesto sobre las ganancias mineras para ayudar a costear mejores sistemas públicos de salud y educación. En agosto, el gobierno inició conversaciones con las empresas mineras, muchas de las cuales son multinacionales, para intentar llegar a un acuerdo sobre la mejora de los derechos laborales y las relaciones con la comunidad, el aumento de los ingresos fiscales y el respeto de la normativa medioambiental.

Mediante la adopción de una línea más moderada, puede que Castillo logre aplacar a algunos líderes empresariales y a los partidarios de Fujimori, pero se arriesga a alienar a sus propios partidarios. El sector minero representa el 60% de los ingresos del país y Castillo obtuvo un importante apoyo de los habitantes de las zonas mineras.

La búsqueda de equilibrios se reflejó en la composición de su gabinete. La primera designación de Castillo para el cargo de primer ministro, el autodefinido marxista Guido Bellido, fue motivo de controversia. Bellido dimitió luego de apenas dos meses, y su sucesora, Mirtha Vásquez, proyecta una imagen más moderada. Es conocida por su activismo en favor de los derechos de las mujeres y de los derechos ambientales y de los pueblos indígenas: en su rol de abogada, representó a la líder indígena criminalizada Máxima Acuña en su lucha contra una gran empresa minera. Puede que su retórica sea más suave que la de su predecesor, pero las empresas extractivas no deberían esperar encontrar en ella a una amiga.

Pero no fue así como lo vieron algunos partidarios de Castillo. Cuando se anunció la reestructuración ministerial, el líder del partido se negó a dar un voto de confianza al gabinete, alegando que representaba un giro hacia el “centro-derechismo”. Un comunicado firmado por los líderes del partido afirmó que el nuevo gabinete estaba formado por “partidos sin inscripción, sostenidos por ONGs norteamericanas, quienes han cogobernado con los cuatro últimos gobiernos”. Los dirigentes de Perú Libre también cuestionaron a miembros del gabinete que, pese a ser miembros del partido, habrían aceptado sus nombramientos en actos “individualistas” y no en nombre de su agrupación.

Al marcar su distancia con el gobierno, el presidente del partido convocó a los congresistas de Perú Libre a recomponer la bancada parlamentaria y a permanecer atentos a la posibilidad de una traición. Trece de los 37 legisladores de Perú Libre son miembros del sindicato de maestros, fundado por Castillo, que está en proceso de registrarse para convertirse en un movimiento político independiente. No sería extraño que la fragmentación aumentara.

Mientras tanto, los opositores de derecha siguen uniendo fuerzas con el empresariado, acusando al presidente de ser demasiado izquierdista y de no estar preparado para tomar decisiones económicas complejas. Castillo necesitará toda la inteligencia política que pueda reunir para evitar acabar como tantos de sus predecesores: derrocado, encarcelado, o ambas cosas.

NUESTROS LLAMADOS A LA ACCIÓN

  • La sociedad civil peruana debe trabajar colectivamente para ayudar a reconstruir la confianza social y superar la polarización que se profundizó durante el periodo electoral.
  • Las empresas extractivas que operan en Perú deben colaborar con el nuevo gobierno para mejorar sus estándares de respeto a los derechos laborales y a la normativa ambiental, así como para ampliar la base fiscal.
  • Los políticos de la oposición deben respetar los resultados de las elecciones y abstenerse de iniciar procesos espurios para impugnarlos.

Foto de portada de Angela Ponce/Getty Images