La distinción no es tan clara. Lo que movilizó a la gente fue la percepción de una injusticia estructural. El Estado ejerce múltiples formas de violencia contra distintos sectores de la sociedad: trabajadores, estudiantes, mujeres. Desde el poder se han justificado violaciones sexuales a niñas como prácticas culturales, se ha eliminado la educación sexual integral y se han aprobado leyes que benefician a los criminales, las llamadas “leyes pro-crimen”.

Las protestas de 2025 fueron detonadas por la reforma de pensiones, pero las demandas iban mucho más lejos. Los manifestantes reclamaban la derogación de las “leyes pro-crimen” y la convocatoria a nuevas elecciones. Pero las autoridades no cedieron en ningún punto sustantivo.

La primera movilización de este ciclo, el 13 de septiembre de 2025, fue completamente espontánea y caótica: hubo múltiples convocatorias desde distintas cuentas de TikTok, con horarios y puntos de concentración diferentes. A partir de ahí, la coordinación migró a grupos de WhatsApp, donde se fijaron fechas, horas y lugares comunes. La organización fue tomando forma hasta la gran movilización del 15 de octubre, cuando se sumaron federaciones estudiantiles y organizaciones de transporte.

Las redes sociales fueron fundamentales para difundir las convocatorias y romper la burbuja informativa de los algoritmos. Muchos jóvenes no consumen televisión ni prensa escrita, y la información a la que acceden depende de sus perfiles digitales. La difusión de información desde cuentas personales y de colectivos permitió llegar a quienes de otro modo no se habrían enterado.

Las redes también fueron un espacio de riesgo. En los grupos de WhatsApp se infiltraron agentes del Estado, que enviaron contenido ilícito para criminalizar a los participantes. Entre el 18 y el 20 de septiembre, las líneas telefónicas de varios activistas fueron bloqueadas porque sus equipos fueron reportados como robados, lo que dejó incomunicados a los coordinadores justo antes de las movilizaciones. Algunos colectivos migraron a Telegram por razones de seguridad.

Surgieron además colectivos completamente digitales, integrados por jóvenes menores de edad que no podían asistir a las marchas. Desde las redes identificaban a policías infiltrados mediante herramientas de reconocimiento de imágenes y alertaban a los manifestantes en tiempo real.

El riesgo más grave fue la represión policial, que en Perú tiene una historia reciente de letalidad extrema. En las movilizaciones de 2022 y 2023 en el sur del país, las fuerzas de seguridad usaron armas de fuego y hubo ejecuciones extrajudiciales. Esto fue lo que llevó a delegaciones —representación de la sociedad civil organizada— del interior del país a trasladarse a Lima, donde confiaban en que la mayor visibilidad les ofrecería cierta protección. En la capital, la represión también fue violenta —gases lacrimógenos, perdigones, golpes, detenciones—, pero con menor grado de letalidad. En Lima hubo un manifestante asesinado, Víctor Santisteban Yacsavilca, mientras que en otras regiones hubo decenas de muertos, además de muchísimos heridos.

En el ciclo de 2025, los policías infiltrados representaron un peligro particular. Uno de ellos asesinó a Mauricio “Trvko” Ruiz, un activista veterano, al ser descubierto en medio de una movilización. En la concentración del 15 de octubre, el uso de bombas aturdidoras provocó pánico y una avalancha humana: la gente caía, se asfixiaba y era pisoteada mientras los accesos estaban bloqueados.

Hubo también detenciones arbitrarias con consecuencias duraderas. Samuel Rodríguez fue detenido por intentar impedir que un policía golpeara a una persona en el suelo, procesado por flagrancia y recluido casi un mes en prisión. Aunque ya está en libertad, el proceso judicial continúa, lo que le obliga a presentarse periódicamente ante la justicia y le dificulta obtener un empleo.

La criminalización también tomó formas más veladas. Igual que en olas de protesta anteriores, la Dirección Contra el Terrorismo buscó instalar la narrativa de que las protestas estaban vinculadas al terrorismo, y muchos manifestantes recibieron amenazas de muerte a través de cuentas anónimas en redes sociales.

El Congreso retiró algunos de los artículos más escandalosos de la reforma de pensiones, pero lo hizo por cálculo electoral y al inicio de las movilizaciones, no como respuesta a ellas. Las demandas centrales fueron ignoradas.

Sin embargo, hablar de derrota sería injusto. El que fracasó fue el Estado, que tuvo que recurrir a la violencia para contener a ciudadanos que ejercían un derecho legítimo. Las protestas dejaron además un legado organizativo: surgieron nuevos colectivos y se formó una coordinadora de colectivos de la Generación Z. Muchos de estos espacios continúan activos, aunque debilitados por contradicciones internas y el proceso electoral, que en Perú históricamente fragmenta la energía del movimiento social.

El contexto actual reúne condiciones para nuevas movilizaciones. Hay intentos de desconocer el voto del interior del país, y las narrativas de la ultraderecha han erosionado la confianza en el sistema electoral. Si las autoridades vuelven a ignorar la voluntad popular, el descontento acumulado puede detonar un nuevo estallido.