El presidente Daniel Ortega ha barrido con lo que quedaba de la fachada democrática de Nicaragua. El 19 de julio, el dictador, de 80 años, declaró que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”, de modo de evitar que la oposición intente “atrapar el poder”. Ortega, en la presidencia desde 2007, tachó a la oposición de títere de Estados Unidos empeñado en hacerse con el control: la justificación de siempre de un régimen que trata a toda actividad política independiente como subversión extranjera.

Las próximas elecciones estaban inicialmente previstas para noviembre de 2026. Una reforma constitucional aprobada a fines de 2024 y ratificada en enero de 2025 las pospuso hasta 2027. También extendió el mandato presidencial, elevó a la esposa de Ortega, Rosario Murillo, de vicepresidenta a “copresidenta” y otorgó a la pareja el control de todos los poderes del Estado. Con el hijo de la pareja, Laureano Ortega Murillo, perfilado como heredero al trono, la supresión de unas elecciones desde hacía tiempo vaciadas de sentido elimina el último mecanismo formal por el que el poder podría cambiar de manos en Nicaragua.

Desmantelamiento de la sociedad civil

La eliminación de las elecciones es la culminación política de un proyecto de largo plazo destinado a destruir todo espacio organizado que pudiera escapar al control de la familia gobernante. Desde 2018, el gobierno ha cerrado más de 5.500 organizaciones de la sociedad civil, casi el 80% de las que existían. Los cierres han afectado a asociaciones culturales y deportivas, sindicatos, colectivos de mujeres, al menos 27 universidades privadas, medios de comunicación independientes y entidades religiosas. La Iglesia católica, durante mucho tiempo una de las pocas instituciones que había logrado conservar cierta independencia, ha sido un blanco predilecto.

A principios de julio, unos 2.000 abogados vieron cómo se les revocaba de la noche a la mañana su licencia para ejercer, sin previo aviso, explicación ni posibilidad de recurso. Entre los afectados se encuentran antiguos funcionarios exiliados y exmiembros del sandinismo, el partido oficialista, junto con abogados sin afiliación política, lo que, en la práctica, ha dejado a muchos nicaragüenses sin acceso a defensa legal. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, un órgano independiente designado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), condenó la purga como una escalada destinada a eliminar cualquier posible control sobre el poder del Estado.

En un informe de febrero de 2025, el Grupo concluyó que el gobierno ha instrumentalizado todos los órganos del Estado y que sus abusos constituyen crímenes contra la humanidad cometidos como política estatal deliberada, dirigida a través de cadenas de mando entre la presidencia y los funcionarios locales. En abril de 2025 señaló como responsables a 54 funcionarios, además de Ortega y Murillo, y ha pedido en repetidas ocasiones que sean sometidos a investigación judicial.

Represión más allá de las fronteras

Dentro de Nicaragua, la oposición organizada prácticamente ha dejado de existir. Los partidos que alguna vez se presentaron a elecciones tienen hoy a sus dirigentes en la cárcel, en el exilio o despojados de su nacionalidad, y ninguno conserva una presencia real en el país. Ya no quedan medios independientes y apenas sobreviven algunas organizaciones de la sociedad civil. La persecución ha obligado a más de 935.000 personas —aproximadamente uno de cada ocho nicaragüenses— a exiliarse desde las protestas masivas de 2018, que las fuerzas de seguridad reprimieron con un saldo de más de 300 muertos.

Esto significa que el activismo se ha trasladado casi por completo a la diáspora, que sigue documentando abusos, sosteniendo el periodismo independiente y defendiendo la causa nicaragüense ante los organismos internacionales. En marzo, una de las cinco plataformas de la oposición cívica y política en el exilio presentó una hoja de ruta de 16 puntos para una transición democrática, que comienza con la liberación de los presos políticos y el cese de la represión, y que hace un llamamiento a la unidad entre las fuerzas democráticas dentro y fuera de Nicaragua.

Pero el exilio no ofrece ninguna garantía de seguridad. Un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de septiembre de 2025 revela que el régimen dirige una extensa red transnacional de vigilancia e inteligencia que utiliza al ejército, la policía, el servicio exterior y agentes informales para rastrear a sus críticos en el extranjero. Activistas, periodistas, políticos de la oposición y antiguos miembros de las fuerzas de seguridad exiliados han sido seguidos, fotografiados y amenazados, su actividad digital ha sido monitoreada y se han interceptado sus comunicaciones.

Para un número cada vez mayor de exiliados, la vigilancia desemboca en violencia. En junio de 2025, Roberto Samcam, un mayor del Ejército en retiro que se había convertido en uno de los críticos más destacados del régimen, fue asesinado a tiros en su domicilio de San José (Costa Rica) por un sicario que se hizo pasar por repartidor. Samcam había advertido a la policía costarricense y a otros exiliados que lo estaban siguiendo.

Samcam fue una de las por lo menos cuatro figuras de la oposición en el exilio asesinadas en Centroamérica desde 2022. Muchos más han sobrevivido a atentados en su contra, entre ellos el activista Joao Maldonado, que resultó gravemente herido de bala en dos oportunidades en San José, primero en septiembre de 2021 y luego en enero de 2024. Otros han denunciado haber sido tiroteados desde motocicletas o haber recibido golpizas, y algunos han abandonado Costa Rica para irse a Europa.

La represión transnacional se ha visto reforzada por la privación masiva de la nacionalidad. El gobierno ha revocado la ciudadanía a cientos de críticos, incluidos 222 presos políticos a los que expulsó a los Estados Unidos en 2023 y 135 a los que envió a Guatemala en 2024. Las autoridades los declararon apátridas a su llegada y les confiscaron sus bienes en el país. Al mismo tiempo, el gobierno modificó el Código Penal para permitir el enjuiciamiento de exiliados nicaragüenses y extranjeros por “delitos contra el Estado”, con penas que van desde multas y la confiscación de bienes hasta 30 años de prisión.

Cuando el régimen no puede llegar a los exiliados, intenta silenciarlos atacando a sus familias. Los familiares que permanecen en Nicaragua son detenidos arbitrariamente, despedidos de sus puestos de trabajo, acosados y despojados de sus bienes.

Retirada internacional

Los organismos internacionales ofrecen una vía para exigir rendición de cuentas, y el régimen está tomando medidas para cerrarla. Tras abandonar la Organización de Estados Americanos en 2023, en 2025 Nicaragua anunció su retirada de otros cinco organismos multilaterales: la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Internacional para las Migraciones y, más recientemente, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). La ruptura con la UNESCO se produjo tras la decisión de la agencia de otorgar su Premio Mundial a la Libertad de Prensa de 2025 a La Prensa, el periódico más antiguo y prestigioso de Nicaragua, hoy editado por periodistas nicaragüenses en el exilio.

No obstante, siguen existiendo algunos mecanismos para exigir rendición de cuentas a Nicaragua que no requieren su consentimiento. Dos meses después de que Nicaragua anunciara su salida del Consejo de Derechos Humanos en febrero de 2025, el Consejo renovó el mandato del Grupo de Expertos por otros dos años y extendió su obligación de presentar informes a la Asamblea General de la ONU.

El Grupo de Expertos ha instado repetidamente a los Estados a proteger a los exiliados, reforzar el asilo para los nicaragüenses a quienes se ha despojado de su nacionalidad y exigir rendición de cuentas a través de la Corte Internacional de Justicia o aplicando el principio de jurisdicción universal. Un juez argentino, actuando en virtud de la jurisdicción universal, ha dictado órdenes de detención contra Ortega, Murillo y otros altos funcionarios, y el sistema interamericano de derechos humanos sigue tramitando los casos presentados por la diáspora. Los instrumentos jurídicos existen, aunque a menudo falta la voluntad de utilizarlos.

Estados Unidos no reconoce la legitimidad del gobierno de Ortega; sin embargo, en septiembre de 2025, la Administración Trump puso fin al Estatus de Protección Temporal para los nicaragüenses, y el Departamento de Seguridad Nacional afirmó que las condiciones ya eran seguras para el retorno, una afirmación que contradice las conclusiones de la ONU. Un tribunal federal anuló la revocación, pero un tribunal de apelación la restableció en febrero de 2026, dejando a miles de nicaragüenses expuestos a la deportación.

Ortega ha compensado la falta de apoyo de las democracias recurriendo a las autocracias del mundo. China, a la que Nicaragua reconoció en lugar de Taiwán en 2021, se ha convertido ahora en la principal fuente de financiación del régimen. Rusia proporciona asesoramiento y entrenamiento en materia de inteligencia y seguridad, y en 2022 se la autorizó a estacionar tropas y buques de guerra en territorio nicaragüense.

Sin embargo, sus antiguos aliados ideológicos ofrecen mucho menos de lo que solían ofrecer. El gobierno de Venezuela quedó descabezado cuando las fuerzas estadounidenses secuestraron al presidente Nicolás Maduro en enero. Cuba se encuentra sumida en su crisis más profunda en décadas, e Irán todavía se tambalea tras su guerra con Israel y Estados Unidos. Esto ha obligado a Ortega a apoyarse con mayor fuerza en China y Rusia.

Presión a largo plazo

El control del régimen depende cada vez más de la coacción. A lo largo de dos décadas, Ortega ha atado al ejército a su persona. Su fiel jefe, el general Julio César Avilés, inició en 2025 su cuarto mandato consecutivo de seis años, y una reforma constitucional anunciada en julio extenderá su mandato y el del director de la policía a siete años. A través del instituto de pensiones militares, el alto mando dirige un emporio empresarial que recompensa la lealtad. El apoyo genuino ha quedado reducido a las estructuras del Frente Sandinista, los empleados públicos y los beneficiarios de los programas sociales, y observadores atentos informan de un creciente descontento entre la base sandinista y una posible competencia procedente del propio partido.

Al suprimir las elecciones, Ortega desmonta la ficción de que la autoridad de los gobernantes de Nicaragua descansa en algo más que la fuerza. En la práctica, esto cambia poco, porque desde hace años no hay margen para celebrar elecciones libres. Pero también resulta revelador. Como explica Dora María Téllez, una antigua comandante sandinista convertida en una de las principales voces de la oposición en el exilio, un gobierno que controla el ejército, los tribunales, la maquinaria electoral y la policía, pero que ni siquiera quiere arriesgarse a celebrar unas elecciones amañadas, es un gobierno que ha perdido la confianza en su gente. Seguramente Ortega habrá observado de cerca lo ocurrido en Venezuela. En 2024, Nicolás Maduro celebró unas elecciones que creía tener ganadas de antemano, tras bloquear la candidatura de la principal líder de la oposición, solo para ver a un reemplazante prácticamente desconocido convertirse en el catalizador de todo el descontento acumulado.

La supresión de las elecciones libra a Ortega de ese peligro en el corto plazo. A largo plazo, la presión para que se restablezca la democracia dependerá de la resistencia de la sociedad civil nicaragüense, tanto en el país como en el exilio, y de los Estados democráticos dispuestos a exigir al régimen rendición de cuentas.

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