El 1º de junio, México llevó a cabo elecciones judiciales y se convirtió en el único país del mundo en elegir a todos sus jueces, desde el nivel local al federal, por votación popular. En este proceso sin precedentes, la ciudadanía eligió 881 cargos judiciales federales, incluidos los nueve magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de numerosos puestos a nivel local en 19 de los 32 estados del país.

La elección judicial fue el resultado de una controvertida reingeniería constitucional impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por su sucesora, la presidenta Claudia Sheinbaum. Según sus defensores, esta reforma transformó a México en “el país más democrático del mundo”. Sin embargo, muchos miembros de la sociedad civil la consideran un peligroso atentado contra la independencia judicial que pone en riesgo las instituciones democráticas del país.

Aunque en un principio la mayoría de la población apoyó la reforma judicial que dio lugar a las elecciones, la escasa participación, que apenas alcanzó el 13% del electorado, terminó por restarle legitimidad.

Contexto político

La coalición gobernante de México, encabezada por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), promovió la elección de jueces como una audaz reforma democrática destinada a eliminar la corrupción estructural, aumentar la transparencia y fortalecer la rendición de cuentas judicial. Durante mucho tiempo, López Obrador acusó a los jueces de proteger al crimen organizado y a los delincuentes de cuello blanco, y de bloquear los esfuerzos del gobierno para combatir a los cárteles. Sostenía que la elección directa de jueces a todos los niveles, desde los tribunales locales hasta la Suprema Corte, garantizaría su rendición de cuentas al pueblo en vez de ante las élites políticas o económicas. Esto ayudaría a romper con el clientelismo político y reforzar su legitimidad.

Sin embargo, esta reforma judicial debe entenderse en el contexto de un ataque sistemático a las instituciones que limitaban el poder del ejecutivo durante el mandato de López Obrador. Entre 2018 y 2024, el Instituto Nacional Electoral, encargado de supervisar las elecciones federales, sufrió recortes presupuestarios y ataques legislativos. Asimismo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales se vio obstaculizado por el Ejecutivo, y López Obrador propuso su eliminación. Esta se concretó a finales de 2024, tras una reforma constitucional que transfirió sus funciones a una secretaría dependiente del poder ejecutivo.

López Obrador también manipuló los mecanismos de democracia directa. En 2022 utilizó el referéndum revocatorio, originalmente concebido para permitir la destitución de presidentes ineficaces, para movilizar a su base en una muestra de apoyo popular. Si bien obtuvo el 90% de los votos emitidos, la participación apenas alcanzó el 17,7%, muy por debajo del 40% necesario para que el resultado fuera vinculante. Esta maniobra evidenció su visión de sí mismo como único representante legítimo del pueblo mexicano y su rechazo hacia las instituciones intermediarias, incluidas las organizaciones de la sociedad civil, a las que solía calificar de golpistas, especialmente si recibían financiamiento extranjero.

El poder judicial se convirtió en un blanco central tras la declaración de inconstitucionalidad de varias reformas clave del presidente por parte de la Suprema Corte. En respuesta, López Obrador lanzó duras críticas públicas en sus conferencias de prensa diarias, acusó a los jueces de corrupción y recortó drásticamente el presupuesto del poder judicial.

Fue en este contexto que surgió su plan de reestructuración judicial. Cuando la Suprema Corte anuló su intento de poner a la Guardia Nacional civil bajo mando militar, el presidente declaró que era necesario democratizar el poder judicial.

Luego de las elecciones generales de junio de 2024, en las que Claudia Sheinbaum obtuvo una victoria aplastante con casi el 60% de los votos y Morena logró una supermayoría en el Congreso, el gobierno saliente presentó un paquete de reformas constitucionales conocido como “Plan C”, su tercer intento de aprobar iniciativas previamente rechazadas por el Congreso. La pieza central de estas reformas eran las elecciones judiciales.

Mecánica e implicaciones

Pese a las protestas de trabajadores judiciales, estudiantes y miembros de la oposición, el proyecto de ley fue aprobado en septiembre. La nueva ley reemplazó el sistema tradicional de nombramientos por uno en el que los candidatos son preseleccionados por comités de evaluación establecidos por los tres poderes del Estado y luego sometidos a votación popular.

Incluso antes de asumir la presidencia el 1º de octubre, Sheinbaum disipó las dudas al respaldar la reforma y designar al expresidente de la Suprema Corte Arturo Zaldívar – uno de los principales arquitectos de la reforma judicial – como coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, encargado de supervisar su implementación.

Con los nuevos procedimientos, el sistema tradicional de nombramiento basado en méritos, que dependía de la evaluación del Consejo de la Judicatura Federal, fue sustituido por un proceso en el que los candidatos preseleccionados por los tres poderes deben hacer campaña para obtener el voto popular. Los mandatos judiciales fueron acortados y alineados más estrechamente con los ciclos políticos. Los salarios judiciales quedaron vinculados al del presidente, lo que otorga al poder ejecutivo el control sobre la remuneración judicial. Esto viola los estándares internacionales que exigen una financiación judicial estable e independiente de interferencias políticas.

Además, se creó un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, cuyos cinco miembros también serán elegidos por votación popular. Este órgano tiene amplias facultades para investigar y sancionar al personal judicial, y sus decisiones son definitivas e inapelables. La posibilidad de que este tribunal se convierta en un instrumento de intimidación política contra jueces que fallen contra los intereses del gobierno constituye una severa amenaza para la independencia judicial.

La experiencia internacional

La elección democrática de jueces es poco común. La mayoría de los países nombra a sus jueces mediante procesos que involucran a funcionarios del gobierno, parlamentos o consejos judiciales especializados. Bolivia ofrece un precedente único de elecciones populares de jueces a nivel nacional, mientras que algunos estados de Estados Unidos han experimentado con elecciones judiciales a nivel estatal. Sus experiencias ofrecen lecciones preocupantes sobre los riesgos asociados.

En 2011, Bolivia se convirtió en el primer país de la era moderna en elegir directamente a sus jueces nacionales. La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, ha criticado reiteradamente este modelo por permitir la selección de candidatos por criterios políticos, en vez de por mérito. Esto se agrava en el caso boliviano por el hecho que la Asamblea Legislativa controla el proceso de preselección, lo cual asegura que solo lleguen a la elección los candidatos políticamente aceptables. En lugar de aumentar, la confianza pública ha disminuido. Los votos nulos y en blanco alcanzaron el 57% en 2011 y el 65% en 2017; en 2024, las autoridades electorales anunciaron una caída a alrededor del 35%.

En Estados Unidos, los jueces federales son designados de por vida, pero 39 estados celebran elecciones para al menos algunos jueces estatales. Esto ha expuesto los efectos corrosivos del dinero y la política sobre la independencia judicial. En algunos estados, pese a que hay elecciones, en la práctica los gobernadores designan a los jueces, ya que muchos magistrados de las cortes supremas estaduales renuncian antes del fin de su mandato para permitir que el gobernador nombre al sucesor.

Según el Centro Brennan para la Justicia, en 2021-2022 los gastos en lobby durante campañas judiciales alcanzaron niveles récord. En abril de 2025, Elon Musk gastó 21 millones de dólares en un intento fallido por hacer que la Corte Suprema de Wisconsin pasara a control conservador. Otros estudios muestran que las elecciones afectan las decisiones judiciales de forma preocupante: por ejemplo, los jueces son menos propensos a anular condenas a muerte en estados donde deben enfrentar elecciones.

Dado que las elecciones judiciales suelen convertirse en concursos de popularidad influenciados por los gastos de campaña, la mayoría de los países opta por jueces designados. El objetivo es preservar la independencia judicial aislando a los jueces de la política partidista, y evitar conflictos de interés – como tener que recaudar fondos de personas que podrían comparecer ante el tribunal – y asegurar la cualificación profesional mediante una evaluación rigurosa con participación de profesionales del derecho.

Desafíos actuales y futuros

La experiencia mexicana pone de relieve la tensión entre populismo y democracia constitucional. Aunque sus defensores presentaron la reforma como una democratización de la justicia, las pruebas indican que representa una amenaza seria para las instituciones democráticas y el Estado de derecho. Por ello ha sido ampliamente condenada a nivel internacional. El Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford se unió a la Barra Mexicana de Abogados para presentar un amicus curiae ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuestionando su constitucionalidad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su “grave preocupación” por la independencia judicial, el acceso a la justicia y el Estado de derecho. La Relatora Especial Satterthwaite y la Asociación Internacional de Abogados compartieron estas preocupaciones.

La apuesta mexicana constituye un experimento radical con consecuencias potencialmente graves, especialmente en un contexto de violencia política sin precedentes  – al menos 32 candidatos y 24 funcionarios públicos fueron asesinados durante la campaña de 2024 – y en el que muchos territorios se encuentran de hecho controlados por grupos criminales. La vulnerabilidad a la infiltración criminal fue una grave preocupación durante las elecciones judiciales, cuando organizaciones de la sociedad civil identificaron a decenas de candidatos con posibles vínculos con cárteles de la droga, entre ellos la exabogada defensora del notorio capo de la droga Joaquín “El Chapo” Guzmán, elegida en el estado de Chihuahua.

Es probable que estas elecciones tengan efectos corrosivos sobre la democracia y los derechos humanos. Al hacer que los jueces rindan cuentas ante mayorías populares en lugar de principios constitucionales, el nuevo sistema debilita la protección de grupos marginados como mujeres, migrantes y pueblos indígenas, que dependen del poder judicial para defenderse contra la discriminación.

La baja participación – muy inferior al 61% registrado en las últimas elecciones generales – revela una desconexión ciudadana generalizada con el proceso, lo que cuestiona la legitimidad democrática que proclamaban sus impulsores. La dificultad de elegir entre tantos candidatos, en su mayoría desconocidos para los votantes, parece haber disuadido a gran parte del electorado.

Sin embargo, desde la perspectiva del gobierno, las elecciones parecen haber logrado su objetivo político subyacente: consolidar el control de Morena sobre todos los poderes del Estado. Los primeros análisis indican que los jueces afines al partido gobernante tuvieron buenos resultados, lo que podría otorgar a Morena una influencia sin precedentes sobre las decisiones judiciales.

Esta concentración de poder elimina los mecanismos de rendición de cuentas necesarios para evitar una deriva autoritaria. Con menos barreras institucionales para frenar la concentración de poder, las instituciones mexicanas enfrentan ahora una prueba decisiva. Para el resto del mundo, puede que México sirva de advertencia sobre cómo los discursos populistas de legitimidad democrática pueden utilizarse para socavar los cimientos institucionales de la democracia.

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