El 10 de abril, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se impuso en un referéndum revocatorio que preguntó a la ciudadanía si quería que dimitiera o que terminara su mandato de seis años. Pero, extrañamente, habían sido el presidente y su partido, no la oposición, los que activaron este mecanismo, pensado como una herramienta para que la ciudadanía descontenta pueda deshacerse del presidente.

Revocación o ratificación

La ciudadanía debió responder una pregunta doble. La papeleta decía: “¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”

En realidad, solamente la primera parte de la pregunta era estrictamente necesaria, y admitía una respuesta por sí o por no. Pero la redacción reflejó los desacuerdos que rodearon a la introducción del mecanismo de revocatoria, ahora utilizado por primera vez.

Desde antes de llegar a la presidencia, López Obrador había prometido ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de destituir al presidente a mitad de su mandato e iniciar referendos sobre asuntos públicos importantes. El partido gobernante, Morena, introdujo ambas reformas en 2019. Impulsado bajo el lema “el pueblo pone, el pueblo quita”, el mecanismo de revocatoria de mandato fue consagrado en el artículo 35 (IX) de la Constitución mexicana y regulado por la Ley Federal de Revocación de Mandato de 2021.

En la Constitución, el voto revocatorio es presentado como una herramienta que permite la destitución del presidente. Sin embargo, el proyecto de ley originalmente presentado por Morena había buscado crear un mecanismo para “ratificar” el mandato del presidente, y la ley de 2021 retomó esta intención en la formulación de la pregunta del referéndum.

Por ello, la votación estuvo rodeada de una batalla de interpretaciones sobre sus objetivos y utilización. Así lo reconoció con franqueza una joven voluntaria que recogía avales para poner en marcha el mecanismo, quien explicó que, para conseguir firmas, hablaba de “ratificación” a las personas que intuía que apoyaban al presidente y de “revocación” a las que creía que podían ser opositoras.

Un proceso políticamente sesgado

Los mecanismos de revocatoria son poco frecuentes en América Latina. En algunos países existen a nivel subnacional, pero rara vez se utilizan. Antes de México, solamente Bolivia, Ecuador y Venezuela habían incorporado estos mecanismos a nivel nacional. México es el tercer país, después de Venezuela en 2004 y Bolivia en 2008, en ofrecer a su ciudadanía la posibilidad de revocarle el mandato al presidente.

En México, el voto revocatorio sólo puede celebrarse una vez, a mitad del sexenio presidencial. Para activarlo, es necesario recoger las firmas de por lo menos el 3% del padrón electoral, en al menos 15 estados mexicanos. Sus resultados son vinculantes solamente si vota más del 40% de los votantes habilitados. Si se alcanza ese umbral y más de la mitad vota a favor de la destitución del presidente, asume en su lugar el presidente del Congreso y dentro de los 30 días siguientes el Congreso debe nombrar un reemplazo permanente para ejercer durante el resto del período presidencial.

El proceso es organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), que es también el único organismo que puede difundir información sobre la votación, de modo de fomentar un debate informado. Aunque los partidos políticos pueden promover la participación, no se les permite tratar de influir sobre los votantes. No está permitido utilizar recursos públicos para organizar la recogida de firmas o comprar espacios en los medios de comunicación, y una vez iniciadas las primeras fases del proceso, el gobierno ya no está autorizado a emitir propaganda de ningún tipo.

Pero las cosas no fueron exactamente así en el período previo al 10 de abril. El mecanismo revocatorio fue activado por el presidente y su partido, que lo presentaron como un hito democrático sin precedentes. La recolección de firmas fue nominalmente liderada por una organización ad hoc llamada “Que siga la democracia”, presidida por una ex candidata del partido de gobierno; en la práctica, fueron los y las activistas de Morena quienes se ocuparon de recoger los nueve millones de firmas -mucho más de los 2,8 millones requeridos- que activaron un mecanismo que, desde su perspectiva, apuntaba a ratificar a su líder en el cargo.

El gobierno no escatimó recursos para impulsar el proceso, aunque esto supusiera quebrar la ley que él mismo había aprobado. Mientras el INE hacía su trabajo de dar publicidad a la votación, el gobierno también intervino. Funcionarios del gobierno en todos los niveles promovieron abiertamente la “ratificación” del presidente a través de apariciones públicas y la producción de material impreso y movilizaron a miles de activistas para repartir volantes, empapelar las paredes con propaganda y llevar a la gente a los centros de votación.

El INE ordenó el retiro de gran parte de la propaganda ilegal y dictó medidas cautelares contra funcionarios del gobierno y dirigentes del partido gobernante. En respuesta, Morena acusó al INE de boicotear la votación escondiendo las urnas. De hecho, el gobierno había rechazado la solicitud de financiamiento adicional del INE, y cuando los funcionarios del INE detuvieron el proceso para presionar por más recursos, los legisladores de Morena sugirieron destituirlos por violar los derechos democráticos de la ciudadanía.

La Suprema Corte de Justicia finalmente intervino con un fallo que estableció que mientras que el INE no podía exigir un aumento de presupuesto, el gobierno tampoco podía acusar penalmente o sancionar administrativamente a sus miembros si no lograban instalar el número de urnas de votación exigidas por la ley. El proceso finalmente se llevó a cabo sin problemas, pero el INE, una institución reputada, quedó convertido en uno más de los numerosos enemigos del presidente.

Poco antes de la fecha de votación, los legisladores de Morena emitieron apresuradamente una interpretación permisiva de la ley, autorizando al presidente y a otros funcionarios públicos a promover el voto en la consulta revocatoria con el argumento de que “no constituyen propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas”.

Y el ganador es…

Para que los resultados fueran vinculantes se requería que participaran unos 37 millones de personas, el 40% de los 92,8 millones de votantes registrados en México. Para animar a más gente a votar, el presidente López Obrador prometió dejar su cargo si la mayoría votaba en su contra, incluso si la participación no llegaba al 40%.

Al final, apenas el 17,7%, 16,5 millones de personas, acudieron a votar. Y lo hicieron de forma abrumadora por López Obrador: más del 90% -unos 15 millones de votantes- dijeron que querían que se quedara.

Pero no había nadie que realmente estuviera exigiendo la destitución de López Obrador. La mayor parte de la oposición había instado a la gente a abstenerse, bajo la consigna -que apelaba directamente al presidente- “terminas y te vas”. El presidente no podía sino ganar. Y sin embargo, en cierto sentido, perdió.

López Obrador llegó a la presidencia en 2018 con más de 30 millones de votos. De modo que, aunque 15 millones de votos constituyen un respaldo sustancial, la cifra no estuvo ni cerca del apoyo que el presidente seguramente esperaba obtener. Por el contrario, fue notablemente similar a la cantidad que había recogido en sus dos previas apuestas infructuosas a la presidencia. Sus altos índices de aprobación, en torno al 60%, no se tradujeron en una participación entusiasta el día de la votación.

Desde entonces se ha estado produciendo una batalla de narrativas, en la que cada bando recurre a las cifras que respaldan su relato: para la oposición, la clave está en la débil participación, de apenas 17%, mientras que para el gobierno está en el abrumador 90% de los votos emitidos que se adjudicó. El presidente se refirió a su amplio margen como prueba de que los mexicanos están “contentos” con sus políticas, mientras que sus oponentes citaron la baja participación como prueba de que no lo están.

Democracia y espacio cívico

En el mismo momento en que México se sumergía en lo que su gobierno calificó como una experiencia de democracia directa sin precedentes, el Índice de Democracia de The Economist Intelligence Unit rebajaba la calificación del país de “democracia defectuosa” a “régimen híbrido”. Sus ya malas puntuaciones, especialmente en las áreas de cultura política, funcionamiento del gobierno y libertades civiles, habían empeorado aún más.

Un desafío clave para la democracia mexicana es el espacio cívico altamente restringido, un problema que precedió a la elección de López Obrador pero que éste no ha hecho nada para mejorar. Mientras impulsaba el referéndum, el presidente socavó sistemáticamente el espacio de la sociedad civil independiente, y lo hizo por la misma razón por la que promovió la revocatoria: porque se considera el auténtico y exclusivo representante de la voluntad del pueblo mexicano.

Desde que asumió el cargo, López Obrador se ha resistido al escrutinio y a las críticas. Ha descalificado a los opositores, ha politizado el poder judicial y ha intentado deshacerse de las instituciones de control que limitan el poder presidencial. Ha demonizado a grupos ecologistas, de derechos humanos y promotores de la rendición de cuentas, señalando a menudo a organizaciones e incluso a personas concretas, acusándolas sin fundamento de formar parte de un complot de la oposición para derrocar a su gobierno.

Ha denunciado a la financiación internacional de la sociedad civil como una intervención extranjera en los asuntos internos de México. Uno de los blancos de sus ataques, la OSC de derechos humanos Artículo 19, fue acusada de recibir financiación estadounidense para desestabilizar a su gobierno luego de que publicara un informe que detallaba agresiones contra periodistas y violaciones de la libertad de expresión. En una reciente conferencia de prensa, el presidente calificó a algunos grupos anticorrupción de “organizaciones golpistas”.

El presidente López Obrador también ha denigrado sistemáticamente a los medios de comunicación independientes y ha vilipendiado e intimidado a los y las periodistas, tildándolos públicamente de mentirosos, mercenarios, golpistas y carentes de principios, e incluso compartiendo información privada sobre ellos. No ha hecho nada para mejorar las peligrosas circunstancias en que hacen su trabajo; por el contrario, su retórica incendiaria ha legitimado los ataques contra ellos, al tiempo que se han reducido los fondos para la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en riesgo.

¿Y ahora qué?

El referéndum revocatorio no satisfizo las ambiciones del presidente ni hizo realidad las pesadillas de sus opositores. Desde el principio, la oposición asumió que lo que motivaba al presidente era el deseo de prolongar su estancia en el cargo. Desde largo tiempo atrás, los poderosos presidentes mexicanos se ven limitados a un solo mandato, y los opositores de López Obrador temían que éste utilizara un resultado favorable para impulsar la eliminación del límite de mandatos a pura fuerza de aclamación. López Obrador lo negó sistemáticamente porque -como afirmó al reconocer los resultados- “soy demócrata y no estoy a favor de la reelección”.

La experiencia del referéndum revocatorio ofrece un recordatorio de que la democracia es más que votar: una democracia de calidad tiene muchas facetas, y todas ellas requieren atención. Los mecanismos de democracia directa, cuando se utilizan correctamente, son una de ellas. Otra es la mejora del funcionamiento de la democracia representativa y de los controles y equilibrios institucionales que impiden o corrigen los abusos de poder. Y otra más es la efectiva realización de las libertades de asociación, expresión y reunión pacífica, que cimentan un espacio cívico abierto en el que la sociedad civil puede desempeñar todo su abanico de funciones.

La aventura revocatoria emprendida por el presidente fue consistente con una visión de la política y de la sociedad que es hostil a la sociedad civil y a la expresión del disenso. Las evidentes limitaciones de este enfoque, reveladas en la forma de una baja participación, deberían hacer reflexionar al presidente y empujarlo a asumir el desafío de construir una democracia plena que funcione para todos los mexicanos y mexicanas.

Agradecemos a nuestros aliados de cuyos aportes se ha nutrido este artículo: Leopoldo Maldonado, Artículo 19; Sofía De Robina, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); y el equipo del Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI). Todas las contribuciones son extractos editados.