Ha habido varios casos recientes de reformas judiciales profundas, no necesariamente impulsadas con un ánimo democratizador. Generalmente estas reformas se orientan a reducir las facultades y la independencia de la judicatura. No obstante, estos intentos no siempre han prevalecido. En Israel, por ejemplo, el primer ministro Benjamín Netanyahu intentó imponer una reforma para reducir la independencia judicial que desató protestas masivas y fue anulada por la Corte Suprema por ser “extremadamente irrazonable”.

En América Latina los intentos de debilitar a los tribunales frente al Poder Ejecutivo han sido frecuentes en países como Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Venezuela. Estos intentos no han sido privativos de gobiernos con una determinada ideología política: han sido implementados con el fin de acotar o incluso eliminar los sistemas de control constitucional por partidos y movimientos tanto de derecha como de izquierda. Cuando las reformas prosperan, la judicatura se convierta en un mero apéndice del Poder Ejecutivo.

La velocidad con que se aprobó la reforma dejó poco margen para que actores clave reaccionaran. El gremio de la abogacía apenas tuvo tiempo para expresar su oposición, mientras que en el ámbito académico los foros de discusión fueron limitados y de escaso impacto.

Dentro del Poder Judicial, las respuestas fueron diversas. En los tribunales estatales predominó el silencio, excepto en casos puntuales como el de Ciudad de México. En el Poder Judicial de la Federación, en cambio, los trabajadores organizaron un paro por tiempo indefinido en señal de protesta.

Por su parte, la oposición política, debilitada tras las elecciones presidenciales de junio en las que Sheinbaum obtuvo casi el 60% de los votos, se manifestó fuertemente en contra de la reforma en el Congreso de la Unión. Sin embargo, aún no ha logrado reagruparse de manera efectiva para enfrentar los desafíos que implica su implementación.

En cuanto a la sociedad civil, diversas organizaciones han expresado su preocupación y rechazo. Pero la complejidad técnica de la reforma ha dificultado una discusión amplia a nivel nacional. La falta de difusión de sus contenidos ha limitado el debate público.

La implementación avanza de manera muy acelerada, posiblemente porque el gobierno busca aprovechar el clima político favorable tras las elecciones. Al momento, ya ha sido emitida la legislación secundaria correspondiente y han sido seleccionados por sorteo público los cargos que irán a elección en 2025 y 2027 respectivamente. El próximo paso es preparar la primera elección y diseñar una hoja de ruta para la creación de las nuevas instituciones que sustituirán al actual Consejo de la Judicatura Federal.

Sin embargo, no está dicha la última palabra. El escenario podría cambiar si la Suprema Corte responde a las impugnaciones judiciales interpuestas por partidos políticos de oposición y numerosos jueces de todo el país invalidando total o parcialmente la reforma. No obstante, en México hasta la fecha nunca ha sido invalidada una reforma constitucional, por lo que esto podría desembocar en una profundización de la crisis constitucional y política que atraviesa el país.

La reforma judicial difícilmente prosperará sin la colaboración de los integrantes del Poder Judicial de la Federación y de los estados. Al día de hoy prevalece un rechazo generalizado del gremio judicial a lo que está ocurriendo. Lo ideal, aunque improbable, sería que el gobierno federal convocara a un diálogo nacional para revisar la reforma con la participación de todos los sectores involucrados. Pero hasta ahora ha ocurrido lo contrario: la creación y primera fase de implementación de la reforma ha sido improvisada y no ha incluido instancias de diálogo.

La reforma reconfigurará totalmente a la judicatura federal y estatal. La elección popular cambiará radicalmente el perfil de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, que será menos técnico y más político, lejos de la tradición de los jueces de carrera. Todo ciudadano que cumpla con ciertos requisitos mínimos, como poseer título para ejercer la abogacía, un promedio de ocho puntos sobre diez y recomendaciones de vecinos y amigos, podrá postularse. No se evaluará en profundidad la idoneidad de los aspirantes. A los actuales ministros de la Corte se les está ofreciendo una pensión vitalicia si renuncian a sus cargos antes del cierre de la convocatoria.

El énfasis en el componente supuestamente democratizante de la reforma desvía la atención de los problemas más profundos del sistema de impartición de justicia en México, tales como la ineficiencia de las fiscalías, el mal funcionamiento de la policía y la complejidad y excesivo formalismo del sistema legal. Si no se abordan estos problemas estructurales, no se alcanzará el objetivo último, que es el de mejorar el acceso a la justicia.

En última instancia, lo que está en juego es el futuro de la democracia en México. Porque la democracia no se agota en las elecciones, sino que es una forma de vida basada en el diálogo, el respeto a los derechos humanos y los frenos y contrapesos institucionales que previenen los abusos de poder, entre los cuales se destaca la plena e independiente labor de Poder Judicial en todos sus ámbitos de competencia.