Los agricultores europeos toman las calles
En diversos países europeos, los agricultores han salido a las calles bloqueando carreteras con sus tractores para manifestarse contra políticas tanto nacionales como de la Unión Europea. Entre sus quejas se destacan las políticas recientes relacionadas con el clima y la protección ambiental. Los Estados están reaccionando ante estas protestas, algunas de las cuales incluyen elementos de extrema derecha, con mucha más indulgencia que ante protestas climáticas similarmente disruptivas. La sociedad civil insta a los gobiernos a reconocer por igual el derecho a la protesta de todas las personas y a abordar el problema subyacente que señalan estas protestas: la necesidad de una transición climática justa donde los costos del cambio no recaigan sobre los menos favorecidos.
En muchas capitales europeas, se ha vuelto una escena común: una y otra vez, los agricultores han bloqueado carreteras con sus tractores como forma de protesta. Entre los países donde este año y el año pasado se ha llevado a cabo este tipo de protestas se cuentan Alemania, Bélgica, Francia, los Países Bajos, Polonia y la República Checa.
Un abanico de reivindicaciones
Los agricultores movilizados tienen una serie de reclamos. Se quejan de los elevados costos del gasóleo, esencial para la agricultura y comúnmente subsidiado por los gobiernos, así como del transporte y los fertilizantes agrícolas. Sostienen que se está volviendo cada vez más difícil mantenerse con la agricultura, dado que los beneficios disminuyen al compás del aumento de los precios. Se oponen a lo que consideran leyes y normativas excesivas tanto de los Estados nacionales como de la Unión Europea (UE), entre ellas las que apuntan a proteger el clima y el medio ambiente.
También atribuyen a las importaciones de alimentos desde fuera de la UE, como el grano ucraniano, un impacto negativo en su situación: la UE levantó temporariamente las restricciones al ingreso de granos y otros productos ucranianos tras la invasión a gran escala de Rusia en 2022. En respuesta, los agricultores polacos han protestado esparciendo grano. Los agricultores temen ahora las posibles consecuencias de un acuerdo que la UE está negociando con el Mercosur, el bloque sudamericano de libre comercio.
A menudo las protestas han sido desencadenadas por políticas nacionales. En Francia, las manifestaciones más recientes fueron provocadas por un plan del gobierno para reducir las exenciones fiscales al diésel. Una propuesta similar generó protestas en Alemania.
Angry farmers set tyres, cardboard boxes and hay ablaze at a protest in front of the European Parliament in Brussels, on the day of a summit attended by EU leaders https://t.co/mu6QhZmC5c pic.twitter.com/YACeKbVeN6
— Reuters (@Reuters) February 1, 2024
Estas manifestaciones han tenido un impacto significativo: mientras que el gobierno francés archivó un plan para reducir el uso de pesticidas y abandonó su reforma fiscal, el gobierno alemán suavizó la suya, comprometiéndose a realizar recortes graduales en lugar de aplicar medidas drásticas. El mes pasado, la UE suavizó su proyecto de Ley de Restauración de la Naturaleza, que se compromete a restaurar el 20% de las zonas terrestres y marinas degradadas para 2030, a raíz de las protestas en Bruselas y la presión ejercida por los partidos de derecha. Ahora existe la posibilidad de que la ley no sea aprobada, ya que varios Estados le han retirado su apoyo. Además, la UE recientemente ha propuesto limitar algunas importaciones ucranianas. A pesar de estas concesiones, la insatisfacción persiste.
El desafío, para muchos en la sociedad civil, es que varias de las medidas a las que se oponen los agricultores fueron propuestas en el intento de cumplir metas climáticas y ambientales. Muchos gobiernos se han comprometido a alcanzar un resultado neto de cero emisiones de gases de efecto invernadero para una fecha determinada, y algunos se han visto obligados a exhibir mayor ambición a causa a demandas judiciales interpuestas por grupos de activismo climático.
Una de las mayores protestas de agricultores en los últimos años se produjo en los Países Bajos, tras la implementación de recortes en las emisiones de nitrógeno. El gobierno había adoptado esta medida en respuesta a una demanda de la sociedad civil que había resultado en un fallo que determinó que el Estado estaba incumpliendo la legislación ambiental de la UE. En esta superpotencia agrícola, tales acciones gubernamentales provocaron divisiones significativas. Aunque se les ofreció compensación económica por reducir el número de cabezas de ganado o cerrar explotaciones, los agricultores protestaron masivamente, bloqueando carreteras con tractores y esparciendo residuos y heno.
Transición justa y sistema alimentario deficiente
El asunto subyacente a las recientes protestas en Francia y Alemania, las subvenciones a los combustibles fósiles, es sin duda parte del problema climático. Al mantener artificialmente bajos los precios de los combustibles, las subvenciones contribuyen a la perpetuación de la letal industria del petróleo y el gas, obstaculizando así la transición hacia el uso de energías renovables. Su escala es inmensa: el Fondo Monetario Internacional estima que las subvenciones anuales mundiales a los combustibles fósiles llegan a 7 billones de dólares, lo que representa más del 7% del PIB mundial.
Pero cada vez que los gobiernos intentan recortar estas subvenciones, imponiendo mayores costos a quienes ya experimentan dificultades económicas, se enfrentan a protestas. El nuevo presidente de Nigeria, Bola Tinubu, anunció una drástica eliminación de las subvenciones a la gasolina poco después de tomar posesión del cargo tras las elecciones de febrero de 2023, lo que desencadenó huelgas de trabajadores. En 2022, el gobierno de Indonesia enfrentó una oleada de protestas tras reducir estas subvenciones, y en Kazajistán el abrupto final de las subvenciones a los combustibles para automóviles llevó a miles de personas a las calles. Este hecho poco común en este Estado autoritario obligó al gobierno a revertir rápidamente su decisión.
El mismo desafío se presenta con otras medidas relacionadas con el clima y el medio ambiente, incluidas las que impactan sobre la agricultura. A menudo, los Estados implementan reformas en respuesta al cambio climático, pero no proporcionan redes de seguridad ni alternativas adecuadas. Esto afecta desproporcionadamente a quienes cuentan con menores recursos.
La sociedad civil aboga por acciones climáticas, pero exige una transición climática justa. Esto implica avanzar hacia una economía justa e inclusiva y apoyar a la gente durante el proceso de cambio, en lugar de adoptar soluciones políticas tecnocráticas que reproduzcan los patrones existentes de injusticia y desigualdad. La eliminación de subvenciones y otras reformas deben ir acompañadas de alternativas que no penalicen a la gente.
Muchos pequeños agricultores europeos tienen dificultades para llegar a fin de mes, y enfrentan costos elevados que no pueden trasladar completamente a los consumidores. No tienen la capacidad de competir con las grandes corporaciones agroindustriales y son presionados por las grandes cadenas de supermercados para mantener bajos los precios al por mayor. Además, sufren los efectos del cambio climático, que aumenta la probabilidad de fenómenos meteorológicos extremos como sequías y olas de calor. Integran un sector en declive, ya que pocos jóvenes desean dedicarse a la agricultura.
Voces desde las primeras líneas
Karin Van Boxtel es codirectora interina de BOTH ENDS, organización holandesa de la sociedad civil que trabaja con grupos ambientalistas de países africanos, asiáticos y latinoamericanos por un mundo sostenible, justo e inclusivo.
Se debe reconocer la diversidad dentro de la comunidad agrícola. Algunos agricultores son pioneros en la defensa de la sostenibilidad, mientras que otros aspiran a seguir ese camino pero enfrentan obstáculos sistémicos tales como la falta de acceso a financiación y tierras, así como desafíos del sistema comercial y la competencia de las importaciones. También existe un grupo más reducido de agricultores que simplemente se resisten al cambio, pero su influencia es significativa. Es fundamental dirigir nuestros apoyos a los dos primeros grupos: ayudar a los pioneros a mantener su posición y facilitar la transición de aquellos que aspiran a seguir sus pasos.
Debido a la combinación de enfoques financieros erróneos y regulaciones comerciales inadecuadas, el sistema actual no recompensa las buenas prácticas ni ofrece seguridad a largo plazo.
Las protestas de los agricultores revelan un problema sistémico. Ellos luchan contra un sistema que carece de los incentivos adecuados y no reconoce debidamente a los pioneros de la sostenibilidad. Sienten que sus esfuerzos no son valorados.
Los agricultores se ven perjudicados porque cuando los gobiernos adoptan medidas en favor del clima pasan por alto las necesidades humanas. No basta con una transición climática, lo que se requiere es una transición climática justa. Esto implica una transición energética justa y, lo que es igualmente importante, una transición alimentaria justa.
Al diseñar medidas climáticas, es esencial escuchar y considerar las necesidades de los agricultores pioneros y aquellos que aspiran a serlo. Esto no es lo mismo que priorizar los intereses de las grandes corporaciones agrícolas, como las empresas de piensos para animales o las comercializadoras de productos agrícolas.
La extrema derecha capitaliza la percepción de los agricultores sobre la injusticia de las medidas climáticas actuales. Aprovecha las lagunas en las soluciones propuestas por la sociedad civil, los expertos en transición y los agricultores pioneros en todo el mundo.
Somos conscientes de que muchas medidas climáticas tienen efectos injustos. El desafío consiste en garantizar que los fondos destinados a la transición climática lleguen a los agricultores, en especial a los pioneros, en lugar de ir a las mismas empresas que tanto han contribuido a los problemas que estas medidas intentan abordar.
Un aspecto clave del atractivo de la extrema derecha es su ofrecimiento de falsas esperanzas a quienes se resisten la transición y rechazan el cambio. Se ofrecen soluciones simplistas que no abordan las raíces del problema y, por tanto, no son verdaderas soluciones.
La sociedad civil sostiene que para llegar a una verdadera solución se requiere un cambio en las relaciones de poder, y más específicamente un cambio sistémico en los sistemas comerciales y financieros. Esta idea une a las organizaciones de agricultores que protestan actualmente en Europa y en todo el mundo. Es notable que, a pesar de las aparentes diferencias de perspectivas, Extinction Rebellion haya respaldado las protestas de agricultores en los Países Bajos. Esto se debe a que ambos reconocen la necesidad de un cambio estructural en las relaciones de poder.
Este es un extracto editado de nuestra conversación con Karin. Lea la entrevista completa (en inglés) aquí.
Además de los impactos de las políticas climáticas y ambientales, las protestas de los agricultores plantean la compleja cuestión de la política alimentaria. La sociedad civil lleva mucho tiempo criticando la Política Agrícola Común (PAC) de la UE, un régimen de ayuda financiera de alrededor de 60.000 millones de dólares anuales para los agricultores. Se argumenta que este sistema fomenta la sobreproducción, beneficia principalmente a los grandes agricultores, quienes reciben la mayor parte de la financiación, y tiene efectos adversos para el medio ambiente, en parte debido a que estimula el uso de pesticidas en vez de prácticas sostenibles. Muchos agricultores también lo consideran excesivamente burocrático, verticalista e intrusivo.
Los países del sur global perciben a la PAC como una barrera comercial que dificulta sus exportaciones a la UE. Sin embargo, cuando la UE alcanza acuerdos para permitir más importaciones del sur global, como ocurre actualmente con el Mercosur, son los agricultores europeos quienes se quejan de que no pueden competir.
Las reformas recientes han dejado a muchos insatisfechos. En 2020, la UE presentó el Pacto Verde Europeo con el objetivo de lograr cero emisiones netas para 2050. Esto incluyó la estrategia “De la Granja a la Mesa”, destinada a hacer que la agricultura sea menos perjudicial para el medio ambiente y promover hábitos alimentarios más saludables. Sin embargo, apenas se ha avanzado en este frente. Al año siguiente, después de más de tres años de negociaciones entre los Estados, la UE modificó la PAC para enfocarse más en el desarrollo rural. Los grupos ecologistas criticaron esta reforma al considerarla una oportunidad perdida y acusaron a la UE de maquillaje verde, ya que los cambios no lograban avanzar en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Mientras tanto, muchos agricultores percibieron la reforma como la imposición de una carga adicional.
Desde una perspectiva tanto agrícola como climática, es evidente que el sistema alimentario mundial está fallando. El planeta enfrenta simultáneamente crisis de hambre y de obesidad. Los alimentos ultraprocesados se vinculan con una serie de problemas de salud. La agricultura, la explotación forestal y otras formas de uso de la tierra son responsables de casi una cuarta parte de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. La distancia recorrida por los alimentos desde la granja hasta la mesa también contribuye de manera significativa, desproporcionadamente a causa de las importaciones de alimentos de los países del norte global. Este es un problema global que requiere una solución global que aún no existe. En cambio, se están implementando respuestas nacionales y regionales mucho más limitadas que, en términos globales, resultan incoherentes.
La extrema derecha se sube al tren
Hay fuerzas políticas que están obstaculizando la búsqueda de soluciones globales. Partidos populistas y nacionalistas de derecha como la Agrupación Nacional francesa y Alternativa para Alemania (AfD) están intentando cooptar las protestas de los agricultores para sacar réditos políticos. Algunos grupos de extrema derecha han participado en protestas en Alemania y Polonia.
En los Países Bajos surgió un nuevo partido populista de derecha que se posicionó como representante político de los agricultores movilizados y obtuvo el primer lugar en las elecciones provinciales de marzo de 2023. Este partido fue el más entusiasta impulsor del intento fallido de llevar al poder al populista de extrema derecha Geert Wilders tras las elecciones nacionales de diciembre de 2023.
Los partidos de extrema derecha se oponen sistemáticamente a la acción por el clima y están ganando terreno electoral en toda Europa. Esperan lograr avances significativos en las elecciones para el Parlamento Europeo de junio, lo que dificultará aún más los esfuerzos de reforma para abordar la crisis climática y reparar el sistema alimentario.
Voces desde las primeras líneas
Jakob Guhl es director de Política e Investigación del Instituto para el Diálogo Estratégico de Alemania, una organización que trabaja para salvaguardar los derechos humanos e invertir la creciente ola de polarización, extremismo y desinformación en todo el mundo.
Cuando se creó en 2013, el principal objetivo de AfD era oponerse a las políticas de la UE y de Alemania en respuesta a la crisis financiera. Nació como un partido anti-UE y anti-euro que abogaba contra la prestación de ayuda financiera a Grecia y otros países especialmente afectados por la crisis, y contra el mecanismo de deuda colectiva de la UE.
A partir de 2015, con el inicio de la llamada crisis migratoria, AfD adoptó un discurso antirrefugiados y anti-musulmán, que retrataba al islam y a los musulmanes como ajenos a Alemania. Los políticos de AfD cooperaron abiertamente con el movimiento político paneuropeo de extrema derecha Pegida (Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente). Integrantes de AfD participan frecuentemente como oradores en sus eventos.
Durante las protestas masivas contra las medidas para frenar la propagación del COVID-19, AfD se unió a una amplia coalición que promovía la negación del virus y se oponía a las medidas de aislamiento. La coalición incluía a grupos de la “nueva derecha”, negacionistas del Holocausto y teóricos conspiracionistas, entre otros.
Recientemente, AfD y otros grupos de extrema derecha han tratado de cooptar e instrumentalizar las protestas de agricultores contra los recortes de subvenciones, en las que vieron la oportunidad de debilitar al gobierno. Si bien es cierto que en estas protestas se vieron algunos símbolos de extrema derecha y hubo oradores de AfD, las asociaciones oficiales de agricultores se distanciaron claramente de la extrema derecha. Es importante no estigmatizar al movimiento en su conjunto como infiltrado por la extrema derecha, ya que los agricultores tienen preocupaciones totalmente legítimas sobre los recortes de las subvenciones agrícolas, al tiempo que se mantienen alerta frente a los intentos de apropiación de la extrema derecha.
Este es un extracto editado de nuestra conversación con Jakob. Lea la entrevista completa (en inglés) aquí.
Los partidos y grupos de extrema derecha no hablan en nombre de todos los agricultores, los cuales abarcan todo el espectro político. Pero son las voces más estridentes, y están desviando la atención del debate racional que se requiere.
También existe otro punto de vista que debe ser escuchado. Europa alberga vibrantes movimientos masivos por el clima que exigen que gobiernos y empresas reduzcan urgentemente las emisiones de gases de efecto invernadero, abandonen el uso de combustibles fósiles y garanticen una transición justa.
Lo preocupante, sin embargo, es que las protestas por el clima a menudo son tratadas de manera diferente a las protestas de los agricultores. Estados europeos que solían respetar el derecho de protesta y la expresión de disenso están reprimiendo cada vez más al movimiento contra el cambio climático, inclusive mediante la introducción de leyes anti-protestas y la estigmatización y criminalización del activismo. Estas tácticas son adoptadas a menudo en represalia contra los cortes de calles y otras formas de acción directa no violenta empleadas por los manifestantes para transmitir la urgencia de sus demandas.
El movimiento climático observa que cuando los agricultores emplean tácticas disruptivas no violentas similares no son sometidos al mismo nivel de represión. En Holanda, la policía detuvo a miles de personas que participaron en bloqueos de carreteras para exigir que el gobierno cumpliera con su compromiso de acabar con las subvenciones a los combustibles fósiles. Los agricultores que bloquean las carreteras con sus tractores no han sufrido el mismo número de detenciones. En el Reino Unido, el mismo partido gobernante que aprobó una serie de leyes contra las protestas climáticas apoyó recientemente una protesta de agricultores en Gales, cuyo gobierno autónomo no controla.
Los agricultores tienen derecho a protestar, pero los derechos no deben respetarse selectivamente. Es fundamental que todas las personas tengan el mismo derecho a protestar.
De cara al futuro, es imperativo encontrar un terreno común entre el movimiento por el clima y los agricultores, especialmente los pequeños agricultores preocupados por la sostenibilidad, tanto en Europa como en todo el mundo. Recientemente en Italia, los agricultores salieron a protestar para exigir asistencia tras una devastadora sequía, subrayando la necesidad de una respuesta conjunta. A fin de cuentas, el desmantelamiento de las regulaciones ambientales no detendrá el declive que están experimentando muchos pequeños agricultores europeos. No hará más que exacerbar los impactos disruptivos del cambio climático sobre sus medios de vida.
Las soluciones parciales no serán efectivas: se requieren políticas integrales que aborden las múltiples facetas del problema a nivel global. Se necesita un debate urgente sobre la reforma del sistema alimentario mundial como parte de una transición climática justa.
NUESTROS LLAMADOS A LA ACCIÓN
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Los Estados deben respetar el derecho a protestar tanto de los agricultores como del movimiento por el clima, lo cual incluye el derecho a emprender acciones directas no violentas.
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Los Estados europeos deben comprometerse a mantener e implementar el Pacto Verde Europeo y prestar apoyo a una transición justa.
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Los grupos de agricultores deben tomar medidas para evitar ser cooptados por la extrema derecha.
Foto de portada de Fabrice Coffrini/ AFP vía Getty Images