La invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia cumplió dos años el 24 de febrero. Lo que pretendía ser una ofensiva rápida se ha convertido en una guerra interminable en la que dos ejércitos luchan por cada palmo de territorio. El conflicto ha tenido consecuencias desastrosas para la población civil: más de 10.000 muertos, el 10% de las viviendas ucranianas destruidas o dañadas y violaciones de derechos humanos generalizadas. Como en Gaza, periodistas y trabajadores de los medios de comunicación también están pagando un alto precio: al menos 69 han muerto hasta la fecha.

Una diferencia clave entre ambos lados de la línea del frente es el rol que logra desempeñar la sociedad civil. Mientras que la sociedad civil ucraniana logra aportar un inmenso y esencial esfuerzo voluntario, el activismo ruso enfrentado intensas restricciones. La reciente muerte sospechosa del líder opositor Alexei Navalny en una colonia penal en el Ártico forma parte de una inmensa oleada de represión.

La movilización de la sociedad civil ucraniana

En Ucrania, durante los dos últimos años la sociedad civil ha contribuido a evacuar civiles de las zonas ocupadas, rehabilitar heridos, restaurar edificios dañados y recaudar fondos a nivel nacional e internacional para habilitar una respuesta sostenida. En cuanto se desató la guerra se fundaron nuevas iniciativas y las organizaciones de la sociedad civil (OSC) existentes rápidamente reorientaron sus esfuerzos.

La sociedad civil también está documentando y recopilando pruebas de los numerosos crímenes cometidos por Rusia, en vistas a que algún día Vladimir Putin y su círculo sean llevados ante la justicia internacional. El Tribunal para Putin (T4P), una iniciativa lanzada por tres OSC ucranianas, entre ellas el Centro para las Libertades Civiles, galardonado con el Premio Nobel de la Paz, recopila y registra detalles de crímenes contra los derechos humanos, desarrollando una base de evidencia que podría ser utilizada por la Corte Penal Internacional (CPI) y otros organismos para hacer justicia. Ha registrado decenas de miles de incidentes que podrían constituir crímenes de guerra. El pasado agosto presentó a la CPI pruebas de actos de genocidio cometidos por las fuerzas rusas en la ciudad de Mariupol. La CPI abrió una oficina en Kiev en septiembre de 2023.

El Centro para las Libertades Civiles también colabora con la iniciativa Euromaidan SOS en la elaboración de un mapa de desapariciones forzadas, incluidas las de activistas y periodistas, junto con una guía para familiares de rehenes.

En el último año, la sociedad civil ucraniana se ha enfocado cada vez más en la lucha contra la corrupción, reflejo del creciente interés público por la forma en que los organismos estatales gastan el dinero, incluido el procedente de la ayuda internacional, en un contexto de preocupación ante la perspectiva de que el apoyo se agote si los donantes consideran que los fondos están siendo mal utilizados. Algunas organizaciones, como el grupo Dinero para las Fuerzas Armadas Ucranianas, exigen que el dinero que se gasta en proyectos municipales sea en cambio destinado al esfuerzo bélico, una demanda que también manifiestan las protestas contra la corrupción.

Otros buscan garantizar que la reconstrucción esté libre de corrupción, entre otras cosas mediante el uso de herramientas en línea para hacer un seguimiento del gasto público. Entre estas iniciativas se cuenta la Oficina de Ejecución de Mejoras en la Regulación, un grupo de reflexión independiente de la sociedad civil que investiga y busca prevenir la corrupción en la reconstrucción y restauración de edificios dañados.

Al mismo tiempo, la prolongación del conflicto ha afectado inevitablemente la capacidad de respuesta de la población. El voluntariado descendió desde niveles increíblemente altos, de hasta 80% de la población, en los primeros meses de la guerra hasta la mitad de esa cifra en el segundo año de la invasión. Se necesita apoyo internacional sostenido para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la vital respuesta de la sociedad civil ucraniana.

El aplastamiento del disenso en Rusia

Mientras tanto, Rusia sigue reconociendo implícitamente la importancia de la sociedad civil cuando intenta suprimirla por todos los medios posibles. El acontecimiento reciente más impactante es la muerte de Navalny, cuyo cadáver las autoridades se niegan a entregar para que sea sepultado. Navalny, un político que planteaba un desafío creíble a la continuidad de Putin en el poder y había denunciado la corrupción de las élites, sobrevivió a un intento de asesinato en 2020 antes de ser encarcelado a su regreso a Rusia. Es el último de una larga lista de personas que han encontrado un repentino final tras enfrentarse con Putin. Una vez más, la muerte de Navalny envía un mensaje escalofriante al activismo ruso.

El asesinato ordenado por el Estado es la forma más extrema de represión, pero no es el único as que Putin se guarda en la manga. Otro de ellos es la criminalización de las protestas, como se observó cuando la gente se reunió en vigilias espontáneas para llorar a Navalny, conmemorar su activismo y compartir su frustración. Muchas personas acudieron a depositar flores en altares improvisados sabiendo lo que ocurriría. La policía detuvo a centenares de ellas, incluidos manifestantes solitarios que portaban pancartas con afirmaciones que reproducían los titulares de los medios de comunicación estatales: “Alexei Navalny ha muerto hoy”. Las flores no tardaron en ser retiradas.

La organización de derechos humanos OVD-Info señala que, desde el comienzo de la invasión a gran escala, las autoridades han detenido a 19.855 personas en protestas contra la guerra, han abierto 894 causas penales contra activistas antibelicistas y han introducido 51 nuevas leyes represivas. Una historia similar de represión se ha desarrollado en Bielorrusia, el más firme aliado de Rusia.

Entre los numerosos rusos encarcelados por actos simbólicos de protesta se destaca el artista crimeo Bohdan Zizu, condenado el pasado junio a 15 años de prisión por pintar con spray la pared de un edificio con los colores de la bandera ucraniana. En noviembre, la artista Alexandra Skochilenko fue condenada a siete años por colocar información sobre la guerra en las etiquetas de los precios de supermercado. En abril, el activista opositor Vladimir Kara-Murza fue condenado a 25 años. Ahora también están siendo criminalizadas las personas que ayudan a los refugiados ucranianos que viven en Rusia.

El Estado también persigue a las organizaciones. En enero de 2023, las autoridades declararon “organización indeseable” a Meduza, uno de los pocos medios de comunicación independientes que quedaban en Rusia, prohibiéndole operar en el país y criminalizando a quien comparta sus contenidos. En junio le tocó el turno al canal independiente Dozhd. A lo largo del año, el Estado ha ido catalogando como “indeseables” a otras organizaciones. En una muestra del escaso espacio de que dispone la sociedad civil, incluso organizaciones conservacionistas como el Fondo Mundial para la Naturaleza y el Centro del Salmón Salvaje fueron sumadas a las “indeseables”.

En enero de 2023, un tribunal ordenó el cierre del Grupo Helsinki de Moscú, la organización de derechos humanos más antigua de Rusia, por un error formal de registro. En agosto, los tribunales ordenaron el cierre de otra organización de derechos humanos, el Centro Sájarov. Por medios similares, las autoridades han obligado a otras OSC a cerrar o a exiliarse.

El Estado también ha designado a numerosas personas y organizaciones como “agentes extranjeros”, una etiqueta destinada a estigmatizarlas asociándolas al espionaje. En noviembre añadió a la lista al Moscow Times. El gobierno ha intensificado aún más la represión mediante la adopción de nuevas leyes. Este mes, Putin aprobó una ley que permite al gobierno confiscar dinero y otros bienes de quienes critiquen la guerra.

El Estado también criminaliza al periodismo. En marzo detuvo a Evan Gershkovich, periodista del Wall Street Journal, acusándolo de espionaje. Ello envió una clara señal: los periodistas internacionales tampoco están a salvo. Las autoridades también retienen a la periodista ruso-estadounidense Alsu Kurmasheva, de Radio Free Europe, detenida mientras realizaba una visita familiar a Rusia. Es probable que Putin planee utilizarlos como moneda de cambio para un canje de prisioneros. Las autoridades estatales han incluido a otros periodistas que trabajan fuera de Rusia en listas de buscados, o los han acusado en ausencia.

Mientras tanto, Putin ha indultado a verdaderos criminales como recompensa por unirse a la lucha. Entre ellos figura una de las personas encarceladas por organizar el asesinato, en 2006, de la pionera periodista de investigación Anna Politkovskaya.

Represión de los derechos de las personas LGBTQI+

El gobierno ruso también ha redoblado sus ataques contra las personas LGBTQI+. El endurecimiento de la vigilancia estatal del género y la sexualidad podría parecer una extraña obsesión en tiempos de guerra. Pero con sus ataques contra las personas LGBTQI+ Putin busca movilizar los mismos estrechos sentimientos nacionalistas e identitarios que necesita exacerbar para simular que esta guerra es una reacción defensiva ante la agresión occidental. El gobierno califica a las reivindicaciones de derechos de las personas LGBTQI+, así como a las de igualdad de género, como importaciones occidentales.

En diciembre el gobierno profundizó los términos de la ley, aprobada una década atrás, contra la difusión de lo que designa como “propaganda gay”. En su nueva versión, la ley criminaliza el elogio de las relaciones LGBTQI+, la expresión pública de orientaciones sexuales diversas y toda sugerencia de que éstas son normales.

A fines de noviembre, a petición del Ministerio de Justicia, el Tribunal Supremo declaró ilegal a lo que denominó “movimiento internacional LGBT”, calificándolo de peligro para el tejido moral de la sociedad. Dado que no existe ninguna entidad que se denomine “movimiento internacional LGBT”, la sentencia se interpretó como una prohibición general de todo activismo LGBTQI+ y alentó la violencia contra las personas LGBTQI+. En cuestión de días, las fuerzas de seguridad comenzaron a hacer redadas en clubes y bares gay de todo Moscú.

Mediante otra ley, el gobierno prohibió los acuerdos de maternidad subrogada entre hombres rusos y personas extranjeras, poniendo a la paternidad fuera del alcance de los hombres homosexuales. En julio prohibió casi toda forma de asistencia médica a las personas trans, incluida la atención sanitaria de reafirmación de género, así como los cambios de género en los documentos oficiales. A quienes hubieran pasado por procesos de reafirmación de género se les prohibió adoptar niños y sus matrimonios fueron declarados nulos. Muchas personas trans sienten que no les queda otra opción que abandonar Rusia. El gobierno también persigue a las organizaciones LGBTQI+ con su ley de “agentes extranjeros”.

No cabe esperar que la represión del disenso disminuya mientras dure la guerra. En marzo tendrán lugar unas elecciones sin competencia que pondrán el sello de aprobación para un nuevo mandato de Vladimir Putin. Ningún candidato que represente una opción creíble podrá participar. Recientemente se prohibió presentarse a un político con posiciones contrarias a la guerra que se perfiló inesperadamente como capaz de unificar a la disidencia. El año pasado el gobierno modificó las leyes para restringir aún más la cobertura electoral de los medios de comunicación, dificultándoles mucho la tarea de reportar el fraude electoral.

¿Debilidad o fortaleza?

Durante un tiempo, el año pasado Putin se mostró debilitado cuando su antiguo aliado Yevgeny Prigozhin se rebeló descontento con el desarrollo de la guerra e intentó afirmar su poder haciendo marchar a sus mercenarios del Grupo Wagner hacia Moscú. Ambas partes llegaron a un acuerdo para poner fin a la disputa, pero dos meses después Prigozhin falleció en un sospechoso accidente de aviación.

Putin ha reafirmado su autoridad. Las fuerzas de Wagner han quedado bajo control estatal y sus mercenarios siguen desempeñando un papel clave en varios países de África Central y Occidental controlados por el ejército, rebautizados como Cuerpo Africano y encargados de canalizar recursos hacia el Kremlin.

En la actualidad Rusia lleva la delantera en la guerra, gracias a su mayor potencia de fuego. La contraofensiva ucraniana de 2023 no logró abrir una brecha, y en diciembre Rusia lanzó un nuevo asalto a gran escala que provocó una nueva oleada de muertes de civiles. Recientemente Rusia capturó la ciudad de Avdiivka, aunque se rumoreó que lo hizo a costa de cuantiosas pérdidas.

Rusia está sobreviviendo bastante bien a los intentos de los Estados occidentales de aislarla financieramente, y regímenes represivos como los de China, India y Turquía están sosteniendo la demanda de sus combustibles fósiles. Se ha convertido en una economía de guerra al estilo soviético, con un gasto estatal muy centrado en el esfuerzo militar, lo cual no resulta sostenible a largo plazo. Algunos de los gobiernos más autoritarios del mundo, como los de Irán y Corea del Norte, también están encantados de suministrarle armas.

El conflicto podría estar decantándose a favor de Rusia porque las fuerzas ucranianas se están quedando sin munición. El apoyo a los esfuerzos de Ucrania se ha visto sometido a crecientes tensiones debido a los cambios políticos en Europa y a la ruptura del consenso político en Estados Unidos, donde los republicanos afines a Trump presionan para frenar el apoyo militar. Putin cuenta con el apoyo ideológico de partidarios de Trump y de nacionalistas europeos de extrema derecha que han empezado a hacerse eco de su retórica imperial, buscando restaurar imperios desaparecidos siglos atrás mediante la expresión de sus propias reivindicaciones sobre diversas partes de Ucrania.

Puede que Putin esté en la cresta de la ola, pero el nivel de control estatal es tal que resulta difícil hacerse una idea exacta de su popularidad, y las elecciones no ofrecerán ninguna prueba en ese sentido. Dado el alcance de la represión, es posible que tampoco los niveles de protesta revelen toda la historia, pero aun así han estallado algunas, tales como las que se produjeron en respuesta a la muerte de Navalny.

En torno al descontento por las pérdidas provocadas por la guerra se ha formado una corriente vital de disenso. El pasado mes de septiembre, una encuesta independiente sugirió que el apoyo a la guerra estaba en su punto más bajo, con apenas 38% de apoyo categórico a las acciones militares. Al parecer, la moral de las tropas rusas es baja y los desertores han incitado a otros a seguirles. Numerosas familias de hombres reclutados en el ejército han organizado manifestaciones para exigir el fin de los combates. En febrero la policía detuvo a 20 periodistas que reportaron acerca de una de esas protestas en la Tumba del Soldado Desconocido de Moscú.

Recientemente se han producido otros momentos de oposición protagonizados por manifestantes. En noviembre, por ejemplo, tuvo lugar en Siberia una manifestación contra una iniciativa local para restringir aún más las protestas. En enero, en Baymak, al sur de Rusia, cientos de personas protestaron por el encarcelamiento de un activista. También hay descontento por la elevada inflación.

Tales momentos no componen un movimiento, pero pueden ofrecer inspiración para producir uno, y esto a menudo ocurre de forma inesperada. La historia de Putin está lejos de haber terminado. Como otros tiranos antes que él, probablemente parecerá invencible hasta justo antes de caer.