El planeta se está ahogando en plástico. Debido a las formas en que son diseñados, producidos, consumidos y desechados, los plásticos están creando una crisis enorme y creciente, que afecta gravemente a los ecosistemas, la biodiversidad, el clima y la salud humana.

Se calcula que 7.000 millones de los 9.200 millones de toneladas de plásticos producidos desde la década de 1950 son ahora residuos. Gran parte de ellos acaba en el suelo y en los océanos, en nuestros alimentos e incluso en nuestro torrente sanguíneo, bajo la forma de microplásticos que están básicamente por todas partes. Según un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), los plásticos constituyen “la parte más grande, dañina y persistente de los desechos marinos, y representan por lo menos el 85% del total de los desechos marinos”.

La adicción mundial a los plásticos continúa creciendo. La producción de plástico virgen pasó de dos millones de toneladas anuales en 1950 a 367 millones en 2020, y se prevé que para 2050 superará los mil millones de toneladas por año.

Se necesita con urgencia un enfoque global y jurídicamente vinculante para hacer frente a este problema global, ya que hasta ahora ninguna otra cosa ha funcionado. Los plásticos siguen sin estar regulados por el derecho internacional; no hay más que un puñado de convenios que abordan aspectos limitados de su ciclo de vida y su impacto. Pero ahora hay esperanzas de que esto cambie: en marzo de 2022, una resolución pionera de la ONU puso en marcha un proceso de negociación de un tratado internacional para dar respuesta a la contaminación por plásticos.

La sociedad civil, una de las principales fuerzas que han impulsado el proceso de negociaciones, trabaja para garantizar que el tratado resultante no sea un parche más que no aborde las causas profundas del problema. Por el contrario, la sociedad civil pretende conseguir un tratado que imponga obligaciones vinculantes y aborde todos los impactos de los plásticos a lo largo de su ciclo de vida, desde el diseño y la producción hasta el consumo y la gestión de residuos.

El puntapié inicial

La histórica resolución surgió del encuentro de 2022 de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA). Aunque recibe poca atención pública en comparación con otras cumbres medioambientales como las conferencias de las partes (COP) sobre el cambio climático, la UNEA es el órgano de toma de decisiones ambientales de mayor jerarquía en el mundo. La integran los 193 Estados de la ONU y se reúne cada dos años en Nairobi, Kenia para establecer las prioridades de la política ambiental mundial y desarrollar el derecho internacional sobre medio ambiente.

La quinta sesión de la UNEA se dividió en una sesión en línea que tuvo lugar en febrero de 2021 y un debate presencial que se desarrolló en febrero de 2022, cuando se aprobó la histórica resolución. En el periodo previo a la reunión, más de 700 grupos de la sociedad civil de 113 países presionaron a los Estados miembros de la ONU para que acordaran elaborar un tratado jurídicamente vinculante.

La resolución llevaba años gestándose: la idea surgió por primera vez en la reunión de la UNEA de 2016, en referencia al problema de los plásticos en los océanos. Cuando finalmente se materializó, su ámbito de aplicación se había ampliado considerablemente y, aunque el lenguaje de la resolución fue fruto de las negociaciones, los esfuerzos por debilitarla sustancialmente o reducir su alcance fueron derrotados.

La resolución ordena el establecimiento de un comité intergubernamental de negociación (CIN) para elaborar, antes de fines de 2024, un tratado vinculante que abarque todas las fases del ciclo de vida de los plásticos. Se trata de un plazo ambicioso si se tienen en cuenta los numerosos detalles que tendrá que resolver el CIN, que van desde los estándares de reporte hasta los mecanismos de financiación, los cuales marcarán una gran diferencia en lo que se refiere a la eficacia del tratado.

Campañas de la sociedad civil

En 2016 se formó un movimiento global, #BreakFreeFromPlastic (“Liberémonos de los plásticos”, BFFP), para exigir la reducción de los plásticos de un solo uso y abogar por soluciones duraderas a la crisis del plástico. A la campaña se han sumado más de 2.800 organizaciones y 13.000 personas de todo el mundo. Ésta comparte hallazgos científicos y realiza sus propias investigaciones, a partir de las cuales aboga globalmente para obtener cambios tales como el desarrollo de un Tratado sobre los Plásticos. Sus organizaciones miembros abogan por los derechos de los grupos más desfavorecidos, incluidos los y las trabajadoras del sector de los residuos, e instan a que se promulguen nuevas leyes y políticas públicas para atajar el problema, tanto a escala global como a nivel nacional o regional.

Una de sus campañas es #StopShippingPlasticWaste (“Dejen de exportar basura plástica”), centrada en el comercio de residuos, es decir, en la exportación masiva de residuos plásticos de las naciones ricas a los países del sur global, supuestamente para ser reciclados, pero con harta frecuencia para terminar siendo arrojados en vertederos o quemados en plantas ilegales, causando contaminación y provocando graves problemas de salud. Está claro que no se trata de una verdadera solución para la crisis del plástico.

La campaña BFFP hace uso de la ciencia para hacer frente a los argumentos interesados de los productores de plásticos. Ha difundido una Declaración de los Científicos que cuestiona enérgicamente los planteos centrados principalmente en la gestión de residuos, la legislación fragmentaria y los compromisos voluntarios.

La declaración deja en claro que la contaminación por plásticos es “transfronteriza y transgeneracional”. Al igual que el cambio climático, sus efectos superan con creces la capacidad de cualquier Estado para hacerles frente, por lo que se necesita un enfoque multilateral.

En su declaración, los científicos evalúan que las actuales normativas nacionales e iniciativas voluntarias permiten esperar una reducción de apenas 7% de los residuos plásticos. Señalan la falta de regulación de la industria del plástico y lo inadecuado del reciclaje como solución excluyente, sobre la base de que gran parte de lo que se produce de hecho no es reciclable, además de que el reciclaje también tiene impactos ambientales.

Lo más importante, en suma, es limitar la producción de plásticos. Sin embargo, las empresas petroquímicas y los fabricantes de plásticos ejercen una fuerte presión en contra de esta solución. Además, es fundamental eliminar los aditivos, rellenos y polímeros tóxicos que hacen que la mayoría de los plásticos no sean reciclables. Y se necesita mejorar la gestión de los residuos para garantizar que cualquier plástico que llegue al final de su ciclo de vida pueda eliminarse de forma segura. Una parte central de este proceso consiste en trasladar el costo financiero de la gestión de los residuos plásticos a los fabricantes en vez de cargárselo a los consumidores.

El zorro en el gallinero

La primera sesión del CIN se desarrolló entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre de 2022 en Uruguay, con más de 1.400 delegados presenciales y virtuales, procedentes de 147 países. Estuvo precedida por un Foro Multilateral que fue presentado como un mecanismo para buscar un terreno común entre diversos intereses, desde grupos de justicia ambiental y profesionales de la salud pública hasta representantes de la industria petroquímica.

El activismo ambientalista destacó el absurdo de ofrecer un sitio en la mesa a las mismas empresas que alimentan la crisis de la contaminación por plásticos, cosa que no hará más que dificultar la consecución de un acuerdo sólido. Señaló, en contraste, el ejemplo de las negociaciones para la elaboración del Convenio Marco para el Control del Tabaco de 2003, en las cuales la industria tabacalera no tuvo participación.

Organizaciones de recicladores de residuos de países como Chile e India insistieron en la necesidad de que la sociedad civil participe de forma equitativa, sustancial y no simbólica en la elaboración del tratado, y de que se escuche la voz de quienes están en la primera línea de la lucha contra los residuos plásticos, ya que esta es la única forma de encontrar soluciones reales.

Para resistir la influencia, a menudo encubierta, de los grupos de presión de los combustibles fósiles en las negociaciones, la sociedad civil cuenta con un poderoso aliado en la Coalición de Alta Ambición para Acabar con la Contaminación por Plásticos. Copresidida por Noruega y Ruanda, esta amplia coalición de Estados aboga por un tratado ambicioso y comprehensivo, que aborde todo el ciclo de vida de los plásticos, con el objetivo de acabar con la contaminación por plásticos para 2040. En consonancia con las propuestas de la sociedad civil, la coalición tiene tres objetivos globales estratégicos: limitar el consumo y la producción de plástico a niveles sostenibles, posibilitar una economía circular para los plásticos que proteja el medio ambiente y la salud humana, y lograr una gestión y un reciclado ecológicamente racionales de los residuos plásticos.

Sin embargo, hay algunos Estados poderosos que no están de acuerdo: Japón, Arabia Saudita y Estados Unidos son algunos de los que abogan por un tratado mucho menos ambicioso, con compromisos voluntarios en vez de vinculantes, y centrado básicamente en la gestión de residuos en vez de abarcar todo el ciclo de vida de los plásticos.

Estas son las líneas de fractura que se dejan entrever en vísperas de la segunda sesión del CIN, que tendrá lugar en Francia del 29 de mayo al 2 de junio. El desafío consiste en alcanzar un acuerdo ambicioso antes de la fecha límite de 2024. El peligro a evitar es el de un acuerdo que aborde superficialmente el problema, por ejemplo inflando el potencial del reciclaje para no abordar el problema clave, que es la producción de plástico.

La sociedad civil continuará presionando para mantener tanto la velocidad del proceso como el nivel de ambición del acuerdo, a sabiendas de que cada día que pasa el problema a resolver no para de crecer.