En un principio, los reclamos se centraban en los efectos económicos del decreto y la falta de transparencia del gobierno. Los manifestantes demandaban que medidas de este tipo fueran discutidas y acompañadas por planes de compensación.

El gobierno, por su parte, ha dado una idea general sobre el destino de los fondos liberados por la eliminación del subsidio, aunque sin ofrecer detalles concretos. Esto solo generó más desconfianza en una población que recordaba muy bien el aumento del IVA del 12% al 15%, implementado hace 18 meses para “financiar la guerra contra el narcotráfico”. Sus resultados fueron nulos: la inseguridad solo ha empeorado.

Con el paso de los días, se sumaron más sectores a las protestas y las demandas se ampliaron. Estudiantes, ambientalistas, transportistas y ciudadanía en general denuncian la falta de medicamentos en hospitales, el alto desempleo, la inseguridad, la corrupción y las violaciones de derechos humanos. En el fondo, todos exigen un Estado más transparente y que le rinda cuentas a sus ciudadanos.

No es la primera vez que eliminar subsidios provoca movilizaciones. Ocurrió en 2019 bajo el gobierno de Lenín Moreno y en 2022 bajo el de Guillermo Lasso. En ambos casos, las protestas fueron masivas y obligaron al Poder Ejecutivo a dar marcha atrás a sus medidas.

Pero la principal diferencia está en el territorio. Mientras que las protestas de 2019 y 2022 se concentran en Quito, las actuales son mucho más descentralizadas y se han enfocado en las provincias. Como Noboa trasladó temporalmente la sede de gobierno a Otavalo, los manifestantes decidieron bloquear carreteras en lugar de marchar hacia la capital, Quito. Como resultado, las rutas que conectan Ecuador de norte a sur han permanecido cerradas durante semanas.

Esa descentralización hizo que muchos quiteños las perciban como menos graves, cuando en realidad han sido más prolongadas y sostenidas. El gobierno apostó que el movimiento se iría desgastando con el tiempo y evitó el diálogo. Pero no fue así: el movimiento sólo se fortaleció y, después de tres semanas, las protestas también llegaron a Quito.

La respuesta del gobierno puede resumirse en dos palabras: violencia e indiferencia. Desde el 18 de septiembre rige un estado de excepción que ha permitido el despliegue de militares y policías para reprimir las manifestaciones. Ya se registraron al menos tres muertes: José Alberto Guamán y Efraín Fuérez, por impactos de bala, y Rosa Elena Paqui, por inhalación de gas lacrimógeno. También se reportaron 15 desapariciones temporales, 282 personas heridas, 172 detenidas y más de 300 denuncias por violaciones de derechos humanos. Algunas organizaciones locales han documentado casos de detenciones arbitrarias, traslados a centros no oficiales, allanamientos en universidades y hospitales, intimidaciones a periodistas y ataques informáticos y financieros.

Noboa ha mantenido una postura distante y ha calificado a los manifestantes como “terroristas”. De esta manera busca justificar la violencia estatal y evitar el diálogo. Paradójicamente, mientras Ecuador vive una ola de represión, el gobierno celebra su elección como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El diálogo es la única salida posible. Desde el 15 de octubre se han instalado mesas de diálogo en Imbabura entre el gobierno y las organizaciones indígenas. Los manifestantes exigen la investigación de las muertes de Efraín Fuérez y José Alberto Guamán, la liberación de los detenidos y la desmilitarización de la provincia. Ya no reclaman la derogación del decreto, pero sí que el gobierno fije un precio máximo para el diésel.

En un principio, parecía que el diálogo podía dar resultados, pero pronto surgieron denuncias de que los acuerdos no representaban a todos los sectores involucrados en las protestas. Al día siguiente, el gobierno volvió a militarizar la zona. Esto solo aumentó la desconfianza de la población en el proceso. Tras 31 días de movilizaciones, la CONAIE decidió levantar el paro nacional sin haber llegado a un acuerdo con el gobierno. Pero las tensiones que originaron las protestas siguen ahí.

Las prioridades deben ser la reparación, la rendición de cuentas y la investigación de las violaciones de derechos humanos. No es indispensable revertir la eliminación del subsidio, pero sí garantizar compensaciones reales y transparentes. Solo con respuestas concretas y una gestión efectiva el gobierno podrá recuperar la confianza ciudadana y avanzar hacia la estabilidad política, un objetivo clave frente a la nueva asamblea constituyente que planea impulsar.