Ecuador: ¿protestas superadas o apenas en suspenso?
Un paro nacional en respuesta al aumento de los precios de los combustibles y los alimentos paralizó amplias zonas de Ecuador durante más de dos semanas. Se trata de la más reciente de una larga serie de protestas provocadas por el aumento de los precios en todo el mundo. En Ecuador, donde se han producido sucesivas olas de protestas económicas, el paro nacional fue testigo de violencia proveniente tanto del Estado como de los manifestantes. Las últimas negociaciones permitieron llegar a un acuerdo para poner fin a las protestas, y el gobierno ha aceptado varias de las exigencias de los manifestantes. Recuperada la calma, el gobierno deberá cumplir el acuerdo – o exponerse a la reanudación de las protestas
Una vez más, el aumento de los precios de los combustibles y los alimentos ha sido la causa desencadenante de grandes protestas, esta vez en Ecuador. A partir del 13 de junio, miles de personas salieron a las calles de la capital, Quito, y de muchas otras ciudades del país, participando de un paro nacional en reclamo de mejores condiciones económicas. Un acuerdo alcanzado el 30 de junio parece haber puesto fin a las protestas, al menos por el momento. Ahora la presión recae sobre el gobierno, que deberá cumplir el acuerdo.
Una poderosa fuerza indígena
Antes de que se desataran en Ecuador, este año se produjeron protestas masivas motivadas por el aumento de los precios en países tan diversos como Irán, Kazajistán y Sri Lanka. Cabe esperar muchas más si los precios de los alimentos y el combustible continúan disparándose, y unos costos ya elevados suben aún más por efecto de las repercusiones mundiales de la guerra de Rusia en Ucrania. El aumento de los precios está llevando a muchas personas al límite, conduciéndolas a preguntarse por qué sus gobiernos no las protegen.
Ecuador ha tenido una experiencia especialmente traumática durante la pandemia de COVID-19, con más de 35.700 muertes registradas; este fracaso del gobierno ha provocado una gran indignación. La inflación y el desempleo son elevados. Según las estadísticas oficiales, apenas el 33,5% de los ecuatorianos tiene un empleo formal. Y sin embargo, en virtud de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno se comprometió a aumentar los impuestos y a recortar los subsidios a los combustibles.
Los indígenas de Ecuador, que representan alrededor de un millón de los 17,7 millones de habitantes del país, suelen ser los más pobres y vulnerables. Muchos están sometidos a una inmensa presión económica. Pero tienen de su lado una poderosa organización con un largo historial de movilización de protestas para extraer concesiones al Estado: la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE).
La CONAIE ha liderado las actuales protestas, impulsando un petitorio con diez demandas, que además de recortes en el precio del combustible incluyen más gasto público en educación y salud, creación de puestos de trabajo, control de precios de los productos agrícolas, renegociación de las deudas de los agricultores y la reversión de las concesiones mineras en los territorios indígenas.
Del otro lado se encuentra el presidente Guillermo Lasso, ganador por escaso margen de las elecciones presidenciales de abril de 2021. Irónicamente, el líder empresarial conservador probablemente se beneficiara de algunos votos indígenas, a causa del descontento con el principal candidato de la izquierda y al hecho de que el candidato indígena no logró llegar a la segunda vuelta.
Pero la popularidad de que gozaba Lasso ha sido efímera. Gobierna sin mayoría en la Asamblea Nacional: su partido tiene solamente 12 de los 137 escaños parlamentarios, y es superado por el partido político del movimiento indígena, el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, que es ahora el segundo partido en el Congreso.
Gobernar no ha sido fácil para Lasso. Enseguida debió enfrentar grandes protestas: en septiembre, miles de personas -grupos indígenas, movimientos de trabajadores rurales, sindicatos, estudiantes y profesores- se manifestaron en Quito contra los cambios propuestos en la legislación laboral y en reclamo de una reforma educativa. En octubre, las organizaciones indígenas y los movimientos sociales organizaron protestas masivas contra el aumento del precio de los combustibles, que Lasso suspendió temporariamente.
En procesos anteriores, las demandas de los movimientos sociales, particularmente los indígenas, no han tenido respuesta por parte de las autoridades. Este agotamiento y desgaste ha llevado a nuevos levantamientos y manifestaciones.
Lasso es acusado de enfocarse exclusivamente en una política económica destinada a reducir el déficit presupuestario y la deuda externa en detrimento de la política social.
Críticas similares fueron dirigidas al gobierno anterior, liderado por el presidente Lenín Moreno, que pese a sus inclinaciones izquierdistas adoptó medidas económicas neoliberales como parte de un acuerdo alcanzado con el FMI en 2019. Estas incluían la eliminación de los subsidios a los combustibles, lo cual provocó una protesta masiva sostenida que obligó al gobierno a revertir sus planes. Volver a aplicar políticas similares era garantía de nuevas protestas.
Violencia en aumento
A los manifestantes indígenas se unieron una vez más los sindicatos, otros grupos de trabajadores, grupos de campesinos y estudiantes. Como es habitual en las protestas en la región, los manifestantes bloquearon carreteras, levantaron barricadas y quemaron neumáticos. En un momento dado, cortaron el acceso a Quito. Mientras continuaba el paro nacional, los manifestantes ocuparon pozos de petróleo de la empresa china PetroOriental y una central eléctrica. Se impuso el estado de emergencia en varias provincias, pero los manifestantes desafiaron los toques de queda. Al interrumpirse el transporte y reducirse enormemente la producción de petróleo, el principal producto de exportación de Ecuador, la escasez de alimentos y combustible se profundizó.
Hubo violencia de ambos lados. La violencia de los manifestantes incluyó incidentes de vandalismo, agentes de policía lesionados y la detención de agentes de policía por parte de manifestantes. Pero también hubo exceso de fuerza estatal. A menudo se trató de un enfrentamiento desigual entre manifestantes con palos y fuegos de artificio y fuerzas de seguridad con gases lacrimógenos y cañones de agua. Los manifestantes reportaron casos de heridas en la cabeza, provocadas en algunos casos por perdigones, y que niños indígenas habían sido blanco de violencia estatal.
Según se ha informado, al menos seis personas han muerto como consecuencia de las protestas. Se han registrado al menos 313 heridos, y más de 150 personas han sido detenidas. El presidente de la CONAIE, Leonidas Iza Salazar, se encontró entre los detenidos, arrestado a primera hora de la mañana del 14 de junio y mantenido incomunicado antes de ser liberado a última hora de la noche. Todavía enfrenta acusaciones penales. Hubo al menos 86 actos de violencia contra trabajadores de los medios de comunicación, la mayoría procedentes de manifestantes.
Las normas internacionales de derechos humanos son claras en el sentido de que incluso cuando se cometen actos de violencia en el marco de protestas, las protestas en su conjunto no deben considerarse violentas o ilegítimas y la violencia de los manifestantes no vuelve aceptable el uso excesivo de la fuerza o la criminalización de manifestantes en masa. Es importante que se investiguen todos los actos de violencia. Los manifestantes que hayan hecho uso de violencia deben enfrentar los correspondientes procesos judiciales, y las fuerzas del Estado también deben rendir cuentas.
Voces desde las primeras líneas
Mauricio Alarcón es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, una organización de la sociedad civil que promueve y defiende el Estado de Derecho, los principios democráticos y las libertades individuales en Ecuador.
Las protestas se originan en una situación de crisis nacional (económica, de inseguridad y de falta de empleo) que se viene arrastrando desde hace varios años. En procesos anteriores, las demandas de los movimientos sociales, particularmente los indígenas, no han tenido respuesta por parte de las autoridades. Este agotamiento y desgaste ha llevado a nuevos levantamientos y manifestaciones.
Como condición para levantar el paro y detener las movilizaciones, los movimientos entregaron al gobierno nacional un pliego de 10 pedidos. Varios de ellos han sido atendidos, mientras que otros son irrealizables; sin embargo, la dirigencia indígena afirma que solo pondrán fin a las protestas si todos (incluso algunos adicionales surgidos en los últimos días) son aceptados.
El gobierno nacional ha reaccionado mucho mejor que gobiernos anteriores. Si bien en dos ocasiones decretó el estado de excepción, y con ello movilizó fuerzas policiales y militares, éste ya ha sido levantado. En general se hizo un uso progresivo de la fuerza respetando los estándares internacionales. Si bien es cierto que ha habido algunos casos de excesos, estos son la excepción y no la regla general.
El fin de las protestas, por ahora
El camino hacia el acuerdo final fue difícil. El presidente Lasso trató de frenar el ímpetu de las protestas haciendo algunas concesiones iniciales, tales como un pequeño aumento de los subsidios mensuales que recibe la población más pobre y recortes en los precios de la gasolina y el gasoil, aunque estos quedaron muy lejos de las demandas de la CONAIE. El estado de excepción se levantó en las provincias donde había sido declarado, condición que había impuesto la CONAIE para sentarse a la mesa de negociaciones.
Al mismo tiempo, sin embargo, Lasso no ha adoptado un tono conciliador, y ha intentado caracterizar a las protestas como una amenaza para la democracia y un proceso de preparación de golpe de Estado. En realidad, la amenaza para el gobierno de Lasso no provenía de las protestas, sino de la Asamblea Nacional, donde los partidos de la oposición lanzaron un intento de destitución mediante juicio político. Lasso sobrevivió cuando la decisión quedó a 12 votos de los 92 necesarios, pero esto estuvo lejos de ser un rotundo voto de confianza.
En el momento en que se estaban por iniciar las negociaciones, un ataque contra los vehículos militares que escoltaban un petrolero provocó la muerte de un soldado, José Chimarro, y causó heridas a varios otros soldados y policías. Lasso respondió cancelando las conversaciones propuestas y dijo que no se sentaría con el líder de la CONAIE.
Afortunadamente, acabó imponiéndose una postura más componedora. Las conversaciones, con la mediación de la Conferencia Episcopal de Ecuador, condujeron a la firma de un acuerdo entre el gobierno y la CONAIE alcanzado el 30 de junio. El acuerdo establece una reducción de los precios de los combustibles, limitaciones de la exploración petrolera y la prohibición de la minería en áreas protegidas, parques nacionales y fuentes de agua. El acuerdo otorga al gobierno 90 días para demostrar que ha cumplido sus promesas.
En última instancia, ambas partes han cedido algo. El gobierno se ha retractado de su retórica incendiaria y el movimiento de protesta ha obtenido menos de lo que exigía, tales como recortes a los precios de los combustibles más modestos de lo que exigía.
Ahora es necesario que el diálogo continúe. Las respuestas a otras protestas anteriores se limitaron a dar soluciones de corto plazo, que solamente postergaron la decisión sobre cuestiones tales como las subvenciones a los combustibles. Debe haber una auténtica consulta que produzca un plan a largo plazo que vaya más allá de las habituales políticas neoliberales respaldadas por el FMI y proteja a la población más pobre de los impactos de los cambios económicos. El plazo de 90 días establecido en el acuerdo es un cronómetro que corre, y el tiempo dirá si la crisis efectivamente ha terminado o simplemente ha quedado en suspenso.
NUESTROS LLAMADOS A LA ACCIÓN
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El gobierno de Ecuador, la CONAIE y otras organizaciones deben comprometerse a mantener un diálogo permanente para resolver los problemas más allá de las soluciones inmediatas previstas en el acuerdo para poner fin a las protestas.
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Las políticas económicas deben incluir disposiciones para proteger a los más pobres de los impactos del aumento de los precios de los alimentos y el combustible.
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Los incidentes de violencia, ya sean cometidos por manifestantes o por las fuerzas del Estado, deben ser investigados y sometidos a estándares de justicia.
Foto de portada de Ricardo Landeta/Agencia Press South vía Getty Images