“La regularización migratoria es un paso hacia la justicia social y un síntoma de salud democrática”
CIVICUS analiza las medidas adoptadas por España para conceder estatus formal a los inmigrantes en situación irregular con Rubén Romero, coordinador del Departamento de Incidencia Política y Alianzas de CONVIVE Fundación Cepaim, una organización de la sociedad civil que trabaja por una sociedad inclusiva e intercultural que garantice el pleno acceso a los derechos a las personas más vulnerables, en particular los inmigrantes.
El gobierno español ha anunciado una regularización migratoria sin precedentes que otorgará permisos de trabajo y residencia a aproximadamente 900.000 personas que viven en el país sin documentación legal. Esta decisión representa un cambio significativo respecto de las políticas restrictivas que dominan en Europa, mostrando que es posible adoptar un enfoque humanitario y que el reconocimiento de derechos de las personas migrantes puede ser parte de la respuesta a los actuales desafíos demográficos y económicos.
¿Cómo ha evolucionado la política migratoria bajo el actual gobierno?
Los últimos siete años han presenciado ciertos avances en los derechos de las personas migrantes y refugiadas en España. La reforma del Reglamento de Extranjería, que entró en vigor el 20 de mayo, trajo mejoras en los procesos de regularización por vínculos familiares o laborales, la reagrupación familiar, los visados, los permisos por estudios y la protección de menores migrantes, tengan o no referentes adultos.
Sin embargo, estos avances contrastan con la continuidad de prácticas preocupantes, tales como expulsiones ilegales e inmediatas, hacinamiento en centros fronterizos y miles de muertes en el mar.
La idea de una regularización extraordinaria fue una Iniciativa Legislativa Popular, mediante la cual la ciudadanía puede proponer leyes mediante recolección de firmas, impulsada por plataformas como Regularización Ya, una red de colectivos migrantes y organizaciones antirracistas fundada en 2020. La iniciativa consiguió juntar más de 700.000 firmas con el objeto de otorgar estatus legal a unas 400.000 o 500.000 personas que residen de manera irregular en el país, y fue admitida a trámite en el Congreso en marzo de 2024. Sin embargo, su proceso legislativo se ha visto ralentizado y actualmente se encuentra en una fase de negociación política compleja.
La visión del gobierno ha sido la de paliar la situación de irregularidad mediante una reforma estructural, lo cual se tradujo en la aprobación del nuevo Reglamento de Extranjería. No obstante, las organizaciones sociales advertimos que esa reforma, aunque importante, no solucionaba el problema de fondo. Más preocupante aún, algunos artículos del nuevo reglamento, como el 126 y la quinta disposición adicional, tienen el riesgo de generar nuevas situaciones de irregularidad.
En respuesta, el gobierno español cambió su postura, pasando de la reticencia inicial hacia la regularización extraordinaria a considerarla ahora una prioridad estratégica para corregir deficiencias en el reglamento de extranjería, cubrir situaciones de irregularidad que no quedaban contempladas, y abordar la escasez de mano de obra en sectores clave de la economía.
¿Cuáles son los alcances de la propuesta?
Los beneficios dependerán del texto final aprobado. Las negociaciones actuales se centran en definir los criterios específicos y plazos para la implementación. La expectativa es que priorice a inmigrantes con hijos, solicitantes de asilo y a quienes residían en España antes de una determinada fecha límite. Desde la sociedad civil pedimos que se preste particular atención a las personas a las que se negó asilo y quedaron irregulares tras la entrada en vigor del nuevo reglamento.
El impacto podría ser más que positivo. Según Economistas Frente a la Crisis, la regularización tendría un efecto económico de hasta un 2,5% del PIB. Pero más allá de lo económico, es un paso necesario hacia la justicia social, además de un síntoma de salud democrática, ya que se trataría de una política pública resultante de una iniciativa popular.
¿Cómo ha impactado esta propuesta en el debate político?
La migración se ha convertido en el centro del debate político español; a veces desde la criminalización, pero también con apoyo de sectores que defienden los derechos migrantes. Los partidos a la izquierda del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), situado en la centroizquierda, han respaldado la iniciativa. Pese a sus diferencias históricas, parece haber consenso en el bloque progresista sobre la necesidad de impulsar una regularización más ambiciosa.
La posición de los demás partidos es más compleja, especialmente del Partido Popular (PP), situado entre la centroderecha y la derecha, y Junts, un partido independentista catalán. El PP, que inicialmente se oponía categóricamente a siquiera tratar el proyecto, finalmente votó a favor de debatirlo en el Congreso tras la presión de la Iglesia católica y el sector empresarial. Aunque no hay garantías, esperamos que ahora apoye la iniciativa, o cuanto menos se abstenga para permitir su aprobación.
¿En qué se diferencia la política migratoria española del resto de Europa?
Aunque imperfecta, la política migratoria española se ha mostrado más abierta que la de otros países europeos. Comparada con países mediterráneos como Grecia e Italia, o con Alemania, Dinamarca, Francia y Países Bajos, España ha adoptado un enfoque más favorable a los derechos humanos.
El contexto europeo es desafiante. La migración es un fenómeno global que requiere respuestas integrales basadas en cooperación y gestión compartida. Pero mientras España busca facilitar la migración regular, la tendencia en la Unión Europea (UE), reflejada en el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, es la opuesta: se discuten regulaciones más duras en materia de deportaciones y se afirma el concepto de “tercer país seguro” para permitir a los países que reciben solicitantes de asilo trasladarlos a países no pertenecientes a la UE para tramitar sus solicitudes.
El margen de acción de España frente a estas políticas será muy reducido, sobre todo porque aún desconocemos el Plan de Implementación Nacional del Pacto Europeo, que permanece sin publicar. Pero esperamos que España pueda actuar como contrapeso, defendiendo una visión social más abierta, democrática y cohesionada.
Afortunadamente, a nivel autonómico y local sí existen posibilidades reales de impulsar políticas de acogida, inclusión y participación migrante. El reto es desarrollar políticas públicas que fomenten la convivencia intercultural, reconozcan la diversidad laboral, combatan la segregación residencial e incorporen perspectivas inclusivas en educación. En definitiva, la diversidad es una realidad de nuestra sociedad que no podemos ignorar.
El miedo y el odio han avanzado considerablemente en Europa y otras partes del mundo, pero estamos convencidos de que cuando la sociedad puede elegir libremente, siempre opta por ampliar derechos y libertades, convivir con la diferencia y construir desde la diversidad.