La Unión Europea (UE) pretende ser una alianza basada en la democracia y los derechos humanos, por lo que sus relaciones amistosas con tantos autócratas resultan desconcertantes.

El 17 de marzo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, compartió cartel en El Cairo con Abdel Fattah el-Sisi, el presidente de Egipto, en la celebración de un acuerdo por el que la UE concederá en los próximos tres años unos 8.000 millones de dólares en préstamos, subvenciones y ayudas a la inversión del sector privado. Alrededor de 217 millones de dólares de este paquete de subvenciones se destinarán a ayudar al gobierno egipcio a gestionar la migración, es decir, a impedir que más gente cruce el Mediterráneo para llegar a Europa.

El acuerdo se hizo a pesar de que el-Sisi, un ex general del ejército, ha clausurado sin piedad el espacio cívico desde que tomó el poder en un golpe de Estado en 2013, tras lo cual ha buscado conferir a su gobierno alguna legitimidad a través de elecciones que no han sido ni de lejos libres o competitivas. Su régimen ha encarcelado a decenas de miles de activistas pacíficos, periodistas, artistas y partidarios de la oposición, a muchos de ellos en virtud de leyes antiterroristas. Las autoridades han bloqueado centenares de sitios web y prohibido la cobertura mediática de asuntos sobre los que prefieren que no haya información. Algunos grupos de la sociedad civil no han tenido más remedio que cerrar y muchos activistas se han exiliado para huir de la cárcel. Pero ni siquiera así están a salvo, ya que Egipto es uno de los cinco Estados de todo el mundo que más reprimen a sus activistas exiliados.

Nada de esto parece suponer un problema para la UE, siempre y cuando el Estado egipcio prometa utilizar su perfeccionada maquinaria represiva para impedir que más gente llegue a Europa. No es la primera vez que la preocupación por el control de la inmigración se antepone a otras preocupaciones de los gobiernos europeos.

El año pasado, la UE llegó a un acuerdo similar con Túnez que también incluyó financiación para detener migrantes. Tampoco en este caso fue un obstáculo el hecho de que el presidente Kais Saied sea un gobernante autoritario que se asegura de que quienes se le oponen terminen en la cárcel. Recientemente, un grupo de miembros del Parlamento Europeo denunció que gran parte de ese dinero se había transferido directamente a Saied, lo que no podrá sino apuntalar su gobierno autoritario. En ambos acuerdos, las promesas de controlar la inmigración fueron fundamentales para conseguir el acuerdo.

Reacción política

El contexto está marcado por un cambio de clima político en toda Europa, donde los partidos nacionalistas y populistas de extrema derecha tienen cada vez más peso. Entre los países miembros de la UE, estos partidos lideran el gobierno en Hungría e Italia e integran del gobierno en Finlandia, mientras que en Suecia el gobierno cuenta con su apoyo. La misma situación podría darse en los Países Bajos, donde aún no se ha formado gobierno tras las elecciones de diciembre de 2023.

En otros países, como Francia, Alemania y Portugal, los partidos de extrema derecha crecen en las encuestas y ganan influencia incluso cuando no están en el poder, ya que logran configurar el debate político corriendo el centro hacia la derecha, en la medida en que los demás partidos intentan limitar su crecimiento imitando sus políticas. Es probable que en las elecciones al Parlamento Europeo de junio los partidos de extrema derecha sigan ganando terreno. En su búsqueda de un segundo mandato, von der Leyen seguramente será sensible a estas tendencias políticas.

La hostilidad hacia las personas migrantes es uno de los mensajes centrales de los populistas y nacionalistas de derecha europeos. En tiempos de dificultades económicas, alientan a quienes la están pasando mal a culpar a quienes menos tienen en vez de exigir una redistribución del poder económico y político. Opiniones que antes eran, y con razón, consideradas extremistas y confinadas a los márgenes de la política, han pasado a ser aceptables. Los partidos de extrema derecha, otrora parias políticos, se han normalizado. Al lado de von der Leyen en su viaje a Egipto estuvo la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, líder del partido de extrema derecha Hermanos de Italia, surgido del movimiento neofascista.

De ahí los flagrantes dobles estándares. En términos generales, los países europeos han seguido acogiendo a las numerosas personas desplazadas por la guerra de Rusia contra Ucrania. A finales del año pasado había 6,3 millones de ucranianos refugiados, 5,9 de los cuales vivían en Europa, además de 3,7 millones de personas desplazadas internamente en Ucrania.

Hay quienes dan señales de que su compasión está menguando a medida que la guerra se alarga. En Irlanda, la escasez de vivienda ha alimentado una reacción violenta, expresada a través de una protesta antiinmigración desarrollada en Dublín en noviembre de 2023. Al mes siguiente, el gobierno anunció que recortaría sus ayudas a las personas recién llegadas de Ucrania, con el objetivo explícito de intentar disuadir la llegada de más gente. En toda la UE, donde el estatuto temporal que les fue concedido expirará en 2025, los ucranianos se preguntan con preocupación cuánto tiempo más se les permitirá quedarse.

Sin embargo, todos los demás migrantes y refugiados reciben un trato mucho peor. Los mismos gobiernos europeos que siguen acogiendo gente procedente de Ucrania están intensificando sus ataques racistas contra migrantes y refugiados negros y marrones del sur global.

La presión política se hace sentir en Alemania, donde las cifras de la ultraderechista Alternativa para Alemania se disparan en las encuestas. En noviembre, el gobierno anunció medidas más duras para los solicitantes de asilo, incluidos recortes en las prestaciones sociales.

Grecia, por su parte, ha situado la hostilidad hacia migrantes y refugiados -y hacia la sociedad civil que trabaja para ayudarlos- en el centro de su política. Ha sometido a juicio a trabajadores humanitarios bajo acusaciones graves, tales como espionaje, trata de personas, pertenencia a organizaciones delictivas, fraude y lavado de dinero, delitos que pueden acarrear penas de hasta 25 años de cárcel. Muchos han permanecido en prisión preventiva y a otros se les ha prohibido viajar. El Estado también ha sometido a vigilancia al activismo. El gobierno ha criminalizado las operaciones de rescate de migrantes en el mar, obligando a varias organizaciones a poner fin a sus esfuerzos. Grecia también ha sido acusada de realizar devoluciones ilegales. Incluso se ha jactado de “bloquear” gente en su frontera.

La restricción de los derechos de la sociedad civil que trabaja para ayudar a migrantes y refugiados fue una de las principales razones por las que la calificación del espacio cívico de Grecia fue rebajada de “estrecho” a “obstruido” por el CIVICUS Monitor en marzo de 2023.

El desafío, para la sociedad civil, es que estas acciones aportan a los gobiernos mayores niveles de apoyo público, razón por la cual los partidos intensifican su retórica antiinmigración de cara a las elecciones. En Grecia, el partido gobernante, durante mucho tiempo un partido típico de centroderecha, obtuvo un segundo mandato en 2023 tras hacer propias las políticas antiinmigración, antaño exclusivas de la extrema derecha. Fue un buen ejemplo de la forma en que las ideas extremistas se infiltran en el centro político.

Lo irónico, sin embargo, es que Grecia, al igual que Alemania y otros Estados europeos, sufre actualmente de escasez de mano de obra en sectores clave de su economía, como la agricultura y los servicios. En respuesta a ello, en diciembre el gobierno griego concedió estatus legal a miles de inmigrantes indocumentados.

Grecia no es ni mucho menos el único país de la UE acusado de realizar expulsiones ilegales. En abril, Lituania aprobó una ley que permite las expulsiones en situaciones de emergencia. A escala regional, la UE es acusada de dispensar malos tratos a personas migrantes y refugiadas, en contradicción con sus elevados principios de derechos humanos. Su agencia fronteriza, Frontex, ha sido acusada de complicidad con la violencia y otros abusos de derechos. Grupos de la sociedad civil afirman que sus políticas son al menos parcialmente responsables de la muerte de más de 3.000 personas el año pasado.

Las cosas podrían empeorar. El pasado diciembre, los Estados de la UE acordaron un Pacto de Migración que amenaza con crear centros de detención en las fronteras, acelerar las deportaciones y permitir a los Estados emprender acciones de expulsión en situaciones de crisis. Con estas medidas, la UE erosiona la solidaridad humanitaria y deshumaniza a migrantes y refugiados.

Migración deslocalizada

Además de en acuerdos de la UE con dictadores, la creciente hostilidad se expresa en otra inquietante tendencia emergente: la deslocalización de las respuestas migratorias. En otras palabras, los Estados pagan a otros países más pobres para que acojan a los inmigrantes que ellos no quieren. Australia fue pionera en estas políticas cuando en 2001 comenzó a enviar migrantes a centros de detención en Nauru y Papúa Nueva Guinea. Hasta hace poco, sin embargo, fue un caso atípico. Ahora, el gobierno británico sigue adelante con su plan Ruanda, con el cual pretende deportar a Ruanda a quienes entren ilegalmente en el Reino Unido y obligarles a permanecer allí aunque sus solicitudes de asilo tengan éxito.

Cuando el gobierno presentó su plan, no estaba claro si realmente esperaba que funcionara o si solamente buscaba poner a la oposición en la picota con un tema político candente en momentos en que el partido gobernante se tambaleaba en las encuestas. Aunque el Reino Unido recibe muchos menos solicitantes de asilo que otros grandes países europeos, los políticos de derecha y los medios de comunicación que los apoyan han centrado gran parte de su atención en el asunto de las “pateras”, es decir, en la llegada de inmigrantes a la costa sur del Reino Unido tras cruzar desde Francia. Dado que el gobierno ha cerrado todas las rutas relativamente seguras para los inmigrantes indocumentados, la gente está realizando la peligrosa travesía a través de la ruta marítima más transitada del mundo en embarcaciones inadecuadas regenteadas por bandas de traficantes sin escrúpulos.

El primer ministro británico, Rishi Sunak, ha hecho del plan Ruanda su política de cabecera, pero la sociedad civil ha acudido a los tribunales para intentar detenerle. El pasado noviembre, el Tribunal Supremo británico declaró ilegal al plan Ruanda alegando que Ruanda no es un país seguro para enviar solicitantes de asilo. Ruanda es un Estado autoritario con espacio cívico represivo, donde los críticos del presidente Paul Kagame son frecuentemente asesinados o encarcelados, los derechos de las personas LGBTQI+ no son respetados y los inmigrantes son discriminados.

El gobierno británico argumenta en forma contradictoria: por un lado, sostiene que Ruanda es un país acogedor; por el otro, afirma que la perspectiva de que se la envíe allí disuadirá a la gente de cruzar. En reacción a la sentencia del Tribunal Supremo simplemente ha reescrito el proyecto de ley. Recientemente sustituyó su memorando de entendimiento con Ruanda por un tratado, apoyado por un proyecto de ley, actualmente en trámite parlamentario, que ignora la sentencia del Tribunal y declara a Ruanda país seguro. El proyecto de ley limita aún más la capacidad de las personas para emprender acciones legales contra las decisiones de reubicación. En un año que probablemente sea de elecciones, el gobierno parece decidido a forzar la aprobación del proyecto y a comenzar a subir a los inmigrantes a los aviones antes de que los británicos empiecen a votar.

El gobierno también ha anunciado que planea un cambio de normas para obligar al personal de la administración a ignorar toda sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que detenga las deportaciones previstas, mientras que muchos de sus políticos más extremistas están impulsando la idea de que el Reino Unido debe retirarse del Tribunal Europeo.

Si el plan del Reino Unido entra en vigor, es probable que sea imitado. Dinamarca ya firmó un memorando de entendimiento similar con Ruanda en 2021, pero aún no lo ha puesto en práctica. Italia ya ha seguido el mismo camino. El pasado noviembre, su gobierno anunció un acuerdo con Albania para reubicar migrantes rescatados del mar Mediterráneo, una ruta migratoria clave. A cambio, además de financiación, Italia prometió apoyar los intentos de Albania de ingresar en la UE. Al mes siguiente, el Tribunal Constitucional de Albania bloqueó temporariamente el acuerdo, pero en enero acabó dándole luz verde.

La insinuación de que los países más ricos pueden simplemente pagar a los países más pobres para que arreglen sus problemas transmite algo inquietante sobre su forma de ver el mundo, dividido entre personas que tienen derechos y personas que no los tienen. Hiede a colonialismo. La retórica política también está contribuyendo a impulsar la discriminación y el vilipendio contra las personas de color y de creencias no cristianas en los países del norte global.

Mientras tanto, las personas migrantes siguen pagando un precio letal por el cierre de rutas migratorias seguras y legales. Más de 2.500 personas murieron cruzando el Mediterráneo en 2023. A medida que estas rutas se van cerrando, los migrantes emprenden viajes aún más arriesgados. Ahora intentan navegar por el traicionero Océano Atlántico para llegar a las Islas Canarias españolas. El número de personas que realizan el viaje atlántico desde África Occidental aumentó en más de 1.000% en 2023. La organización de la sociedad civil Caminando Fronteras informó que, en 2023, 6.618 personas murieron o desaparecieron, y presuntamente fallecieron, intentando cruzar a España, entre ellas 384 niños: 18 personas al día.

Este escandaloso número de muertos es consecuencia de la negación de la realidad de que vivimos, cada vez más, en un mundo de desplazamientos. Los conflictos se multiplicaron en 2023 -en todo el mundo, una de cada seis personas está expuesta actualmente a un conflicto- y son un enorme factor de desplazamiento. Más de 114 millones de personas han sido desplazadas como consecuencia de conflictos, opresión política, violaciones de derechos humanos, conflictos económicos y, cada vez más, por el cambio climático. La creciente hostilidad hacia las personas migrantes, refugiadas y desplazadas no va a cambiar esta realidad, como tampoco lo harán los acuerdos con los mismos dictadores de los que tantas de ellas están huyendo. Gobiernos y políticos deben redescubrir urgentemente los valores de la empatía y la compasión.

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