Los costos mortíferos de las políticas antiinmigración de los gobiernos europeos quedaron al descubierto recientemente en el enclave español de Melilla.

El 24 de junio, unas 2.000 personas intentaron cruzar la frontera entre Marruecos y Melilla. Según se informó, al menos 23 murieron en el intento y 76 resultaron heridas. Las autoridades marroquíes informaron que 140 agentes fronterizos sufrieron lesiones, mientras que los funcionarios españoles cifraron el número de sus heridos en 49.

El Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de Marruecos, un órgano con respaldo estatal, ha afirmado que los migrantes probablemente murieron por asfixia, pero las investigaciones continúan. Las imágenes difundidas por los medios de comunicación muestran a migrantes tendidos en el suelo, ensangrentados y agotados, mientras son golpeados por agentes fronterizos.

El incidente ha suscitado fuertes críticas de la comunidad internacional, que ha pedido una investigación exhaustiva.

Crisis en la frontera

Melilla y Ceuta son ciudades españolas autónomas situadas en el norte de África. Limitantes con Marruecos y asomados al mar Mediterráneo, estos enclaves españoles son los únicos territorios del continente africano que forman parte de la Unión Europea, lo cual los convierte en importantes focos de atracción para los migrantes que buscan entrar en Europa.

España ha respondido al aumento de la inmigración de los últimos años fortificando la valla fronteriza y aumentando sus patrullas.

Como consecuencia de ello, los tristes sucesos de junio de 2022 no han sido, ni mucho menos, los primeros casos de fatalidades múltiples. En 2005, al menos 23 personas murieron intentando cruzar. En 2014, 15 personas se ahogaron en la playa del Tarajal luego de que numerosos migrantes intentaran cruzar a nado la frontera de Ceuta y fueran repelidos con balas de goma y gases lacrimógenos.

En su intento de controlar la migración, España también ha contado con la cooperación del gobierno marroquí. La reciente tragedia se produce en el momento en que Marruecos y España acaban de restablecer sus relaciones diplomáticas. Éstas han sido a menudo tensas: España es la antigua potencia colonial y Marruecos continúa reclamando Ceuta y Melilla.

En 2021, dichas relaciones se vieron alteradas cuando el gobierno español permitió que Brahim Ghali -líder del Frente Polisario, el movimiento independentista del Sahara Occidental- recibiera tratamiento para el COVID-19 en un hospital español. Se alegó que para ello se utilizaron documentos de viaje falsos facilitados por Argelia, aliada del movimiento independentista del Sahara Occidental. Marruecos ocupa el Sahara Occidental y controla la mayor parte de su territorio, tras haberlo anexionado ilegalmente en la década de 1970.

En el marco de esta disputa, Marruecos aflojó los controles fronterizos en torno a los enclaves españoles, permitiendo cruzar a miles de personas: se informó que casi 12.000 personas cruzaron a Ceuta los días 17 y 18 de mayo de 2021, desbordando a las autoridades locales. El 22 de julio de 2021, más de 300 inmigrantes africanos intentaron escalar la valla fronteriza de Melilla, y la mayoría de ellos consiguió entrar en territorio español.

Este patrón continuó en 2022; en los primeros cinco meses los arribos aumentaron en 12% en comparación con 2021. Los cruces continuaron incluso después de que Marruecos y España normalizaran sus relaciones en marzo de 2022, cuando el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, respaldó el plan de Marruecos de dar más autonomía al Sahara Occidental, dejando al territorio bajo control marroquí.

Tras ello, ambos países iniciaron una nueva etapa de relaciones en la que, a cambio del apoyo español a los planes de Marruecos, este país aceptó reforzar el control en sus fronteras. Básicamente, los migrantes fueron utilizados por Marruecos como moneda de cambio para obtener concesiones de España.

El 24 de junio

La tragedia del 24 de junio fue el primer incidente importante desde que España y Marruecos restablecieron sus relaciones diplomáticas. Según el CNDH, los emigrantes -la mayoría sudaneses- iban equipados con palos y piedras cuando intentaron hacer la travesía. Se dividieron en dos grupos: uno tomó por asalto un puesto que estaba cerrado desde 2018 y el otro escaló las alambradas aledañas. Según informes oficiales, las víctimas fatales se produjeron en la zona de amortiguación, que solo permite el paso de una persona a la vez, pero que estaba repleta de gente, lo que provocó que algunos se asfixiaran y murieran, mientras que otros fueron pisoteados y heridos.

Los informes oficiales pintan un cuadro de caos, pero asignan escasa responsabilidad a ambos gobiernos. Sin embargo, las pruebas de video indican un escenario más condenatorio.

A ambos lados de la frontera se desplegaron fuerzas considerables para repeler a la multitud. Las imágenes tomadas en el lugar de los hechos muestran a hombres heridos tirados en el suelo golpeados por agentes de seguridad marroquíes, mientras cuerpos inertes son arrojados sobre una pila de personas. La cifra oficial de muertos es de 23, pero otras estimaciones, como la de la organización de la sociedad civil Caminando Fronteras, dan números cercanos a 37.

Human Rights Watch ha descripto imágenes inéditas de la policía española entregando a los migrantes detenidos a las fuerzas de seguridad marroquíes sin hacer un examen completo de potenciales solicitudes de asilo, en contravención del derecho internacional en materia de refugiados. Varios migrantes enfrentan perspectivas de cárcel tras ser detenidos y acusados de formar parte de una banda de traficantes de personas, abuso de funcionarios públicos y detención de un funcionario público.

Respuestas de la sociedad civil

Varias organizaciones internacionales han reclamado una investigación imparcial de las circunstancias del 24 de junio y plena rendición de cuentas en relación con las víctimas. Entre ellas se han contado la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comité de la ONU sobre Trabajadores Migrantes y la Unión Africana.

Las organizaciones de la sociedad civil que están haciendo llamados similares incluyen a Human Rights Watch y a 50 OSC marroquíes y españolas que han emitido una declaración conjunta en la cual exigen la investigación de las muertes.

Además de presionar por mayor transparencia, la sociedad civil trata de compartir información precisa con el público. Gracias a las investigaciones de Caminando Fronteras y de otra OSC, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), el número oficial de muertos está siendo cuestionado y los migrantes detenidos tienen una posible defensa contra las acusaciones que se les imputan. La ADMH también ha encontrado y hecho contacto con las familias de las víctimas, tanto de las que murieron como de las que resultaron heridas, y ha ayudado a concretar reencuentros.

El intercambio de videos y fotos en internet ha sido clave, ya que ha demostrado la realidad del trato que los funcionarios de fronteras dan a las personas migrantes y ha sacado a la luz evidentes intentos de encubrimiento por parte del gobierno.

Tanto en Marruecos como en España ha habido protestas organizadas por OSC para denunciar las muertes y la conducta de los agentes fronterizos. En Rabat, la capital de Marruecos, miembros de la AMDH integraron el grupo de manifestantes que se reunió para exigir rendición de cuentas al gobierno marroquí. En ciudades españolas como Barcelona y Madrid, los manifestantes portaron pancartas en las que se leía “Las fronteras matan” y “Ningún ser humano es ilegal”, y reclamaron al gobierno de centroizquierda de su país que adoptara una postura más progresista en materia de migración.

Una bomba de tiempo activada

La cuestión no está en absoluto resuelta. Si bien España ha reparado sus lazos con Marruecos, lo ha hecho a costa de sus relaciones con Argelia, que retiró a su embajador en España en señal de protesta. Argelia también suspendió un tratado bilateral que incluía cooperación en materia de migración. A nivel nacional, el gobierno ha recibido muchas críticas por su nueva relación con Marruecos.

En este contexto tan cargado políticamente, las migraciones no se detendrán. La crisis alimentaria global impulsada por el aumento de los precios de los productos básicos, alimentada además por las repercusiones de la guerra de Rusia en Ucrania, sólo puede aumentar aún más la migración, dado que la gente huirá de estas circunstancias desesperadas. En Sudán, de donde procedía la mayoría de los migrantes implicados en los sucesos del 24 de junio, la población enfrenta una hambruna cada vez más grave. Se espera que 12 millones de sudaneses se encuentren en situación de inseguridad alimentaria entre junio y septiembre de 2022. Algunos de ellos harán el intento llegar a Europa.

Tal y como están las cosas, ninguno de los dos gobiernos está preparado para hacer frente al previsible aumento de la migración. Ambos gobiernos deben trabajar juntos para encontrar una solución duradera que reconozca la realidad de la migración y defienda los derechos de las personas migrantes. La alternativa es que el 24 de junio no sea la última tragedia fronteriza.