CIVICUS conversa sobre las elecciones presidenciales hondureñas del 30 de noviembre, aún sin un ganador declarado, con integrantes de Expediente Público, el programa de periodismo de investigación del centro de pensamiento Expediente Abierto, enfocado en temas de democracia, derechos humanos y transparencia gubernamental.

Con el 99,4% de las actas escrutadas, Nasry Asfura, del Partido Nacional, lidera con 40,5% de los votos frente al 39,2% de Salvador Nasralla, del Partido Liberal. El sistema de conteo colapsó repetidamente durante varios días, cerca de 3.000 actas presentaron inconsistencias que requieren escrutinio especial, y tanto el Partido Liberal como el partido gobernante, Libertad y Refundación (Libre), cuya candidata quedó tercera, denunciaron fraude electoral y obstaculizan el proceso de verificación. El Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no ha podido declarar un ganador mientras los plazos legales se agotan.

¿Por qué estas elecciones generaron tanta tensión?

Estas elecciones marcaron el cierre del ciclo de gobierno de Libre, el partido liderado por el expresidente Manuel Zelaya Rosales. Zelaya, derrocado en 2009, en cierto modo retornó al poder con la victoria electoral de su esposa, Xiomara Castro, en 2022. Libre es un partido de izquierda que ha mantenido alianzas políticas con los gobiernos de China, Cuba, Nicaragua, Rusia y Venezuela, lo que ha contribuido a una fuerte polarización política.

La tensión se intensificó cuando, al constatar que las encuestas no favorecían a su candidata presidencial, Rixi Moncada, la dirigencia de Libre comenzó a instalar sospechas de un fraude supuestamente orquestado desde el CNE. Esta narrativa se reforzó tras la difusión de los resultados preliminares, que ubicaron a Moncada en tercer lugar, con poco más de 19% de los votos.

Pese al clima de tensión, la jornada electoral fue mayormente pacífica y ordenada, con una participación significativa: alrededor de 3,7 millones de votantes, sobre un padrón de 6,2 millones, acudieron a las urnas. Sin embargo, luego la crisis se profundizó cuando el sistema de transmisión de resultados presentó fallas graves que paralizaron el conteo durante más de 24 horas y generaron una fuerte incertidumbre.

En este contexto, la estrecha diferencia entre Asfura y Nasralla convirtió cada acta en revisión en un nuevo foco de conflicto político. Libre y el Partido Liberal denunciaron fraude electoral y exigieron la anulación de los comicios, alegando irregularidades en el sistema de transmisión de resultados. El CNE anunció un escrutinio especial de cerca de 3.000 actas con inconsistencias para definir al ganador, pero este proceso no ha podido iniciarse. El Partido Nacional ha denunciado que Libre y el Partido Liberal están obstruyendo deliberadamente el escrutinio especial al negarse a acreditar a sus representantes ante las Juntas Especiales de Verificación y Recuento. Mientras tanto, Libre convocó a movilizaciones y bloqueos de carreteras para desconocer los resultados preliminares, y el plazo legal de 30 días para declarar un ganador se acerca sin que el CNE pueda completar el proceso.

¿Qué papel desempeñaron los observadores electorales?

Los observadores internacionales, en particular las misiones de la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, junto con redes nacionales como Observadores Electorales de Honduras 2025, han tenido un rol clave para garantizar la transparencia del proceso y exigir claridad en el escrutinio.

Sus informes preliminares coinciden en que no hay pruebas de fraude electoral, aunque sí fallas técnicas y administrativas graves. Han solicitado con urgencia que se complete el recuento de las actas con inconsistencias para permitir una declaratoria final creíble. Asimismo, han alertado sobre retrasos en la apertura de mesas de votación; las divisiones internas del CNE, que han retrasado decisiones administrativas clave como la adjudicación de contratos para la transmisión de resultados; la politización de la Fiscalía, que abrió investigaciones contra una consejera del CNE y dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, amenazando con encarcelarlos; y el rol de las Fuerzas Armadas, cuyo jefe exigió al CNE acceso a las actas de los resultados presidenciales el día de las elecciones.

¿Cómo influyó Donald Trump sobre el proceso electoral?

El respaldo público de Trump a Asfura, acompañado de amenazas de recortar la ayuda económica en caso de que no ganara, pudo haber movilizado a una parte del electorado. Honduras mantiene una relación estrecha con Estados Unidos y cuenta con una amplia diáspora en ese país, lo que amplifica el impacto político de este tipo de mensajes. Libre denunció las declaraciones de Trump como injerencia directa en los asuntos internos de Honduras.

Además, el indulto otorgado por Trump al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en los Estados Unidos, fue utilizado políticamente por ambos bandos: el oficialismo intentó presentarlo como una señal de respaldo internacional a la derecha, mientras que el Partido Nacional lo incorporó a su narrativa de apoyo externo.

¿Cuál es la situación actual del escrutinio y qué escenarios se abren?

El conflicto se concentra en el recuento de las actas con inconsistencias, que representan alrededor de 500.000 votos y serán determinantes para el resultado final. Este proceso ha sido bloqueado por movilizaciones impulsadas por Libre, que han impedido el acceso al centro de cómputos del CNE.

Moncada y Zelaya mantienen el discurso del “golpe electoral” y exigen la anulación de los comicios. A ello se suma la presión del Partido Liberal y negociaciones políticas orientadas a evitar una victoria del Partido Nacional. La ley establece que la declaratoria oficial debe emitirse antes del 30 de diciembre. Si esto no ocurre, la decisión pasaría al Congreso Nacional, actualmente dominado por Libre, lo que podría profundizar la crisis institucional. Para evitar un mayor deterioro democrático y restaurar la confianza, es fundamental que el CNE complete el recuento con total transparencia y emita una declaratoria creíble.

Entretanto, la multiplicidad de escenarios posibles genera profunda preocupación e incertidumbre. Una eventual victoria de Asfura sería percibida por amplios sectores como la continuidad de un modelo marcado por la corrupción, la impunidad y los vínculos con el narcotráfico, lo que podría mantener e incluso agravar el entorno hostil para activistas y periodistas.

Por otro lado, la posibilidad de un triunfo de Nasralla genera expectativas debido a su discurso anticorrupción, aunque su capacidad para impulsar reformas dependería de acuerdos políticos complejos en un Congreso fragmentado.

En cualquier caso, es importante recordar que la crisis de derechos humanos en Honduras es estructural y no se resolverá con un simple cambio de gobierno.