Juan López fue asesinado a tiros el 14 de septiembre al salir de la iglesia. El activista ambiental, líder comunitario y miembro del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa fue la más reciente víctima de la codicia extractiva en Honduras, pero dista de ser la única. Las comunidades que protegen los ríos que recorren la región del Bajo Aguán han sufrido la pérdida de varios de sus líderes. Tres defensores del río Guapinol, Aly Domínguez, Jairo Bonilla y Oscar Oquelí, fueron asesinados el año pasado.

En 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a López y a otros 29 miembros del Comité Municipal y del Bufete Justicia para los Pueblos, debido a las amenazas de muerte, el hostigamiento, la vigilancia y otros actos de violencia dirigidos contra ellos. Como consecuencia de ello, el Estado de Honduras debería haber consultado con los afectados y adoptado todas las medidas necesarias para proteger sus derechos a la vida y a la integridad física. También debería haber garantizado que pudieran continuar su trabajo de defensa de derechos humanos sin temor a represalias. Debería haber investigado las amenazas que motivaron las medidas cautelares y tomado medidas para evitar su repetición. Evidentemente, no hizo nada de esto.

Conflicto ambiental

López era uno de los líderes de la resistencia contra la minería en el Parque Nacional Carlos Escaleras, cuyo nombre rinde homenaje a otro ecologista asesinado: un agricultor de Tocoa que murió en 1997 por intentar detener la construcción de una planta procesadora de palma. En 2012, el Congreso declaró parque nacional a la zona donde confluyen los ríos Guapinol y San Pedro, pero al año siguiente redujo drásticamente su zona núcleo, la más protegida, para permitir la explotación minera. La primera licencia fue otorgada en 2014. Las empresas mineras aseguraron que sus actividades no contaminarían, pero la población local pronto comenzó a notar cambios en el agua y en la calidad de la pesca. Más de 20 comunidades locales se organizaron en contra de la minería, y en 2015 crearon el Comité Municipal.

En Guapinol, cerca de Tocoa, la población local formó un Consejo Comunitario en 2018. Ante la falta de respuestas a las denuncias presentadas ante el Congreso, los tribunales y varias agencias gubernamentales, los lugareños iniciaron una ocupación. Durante un año, bloquearon el acceso a la maquinaria de la empresa minera Los Pinares. El ejército y la policía desalojaron el campamento en dos ocasiones, la segunda de manera especialmente violenta. La empresa luego acusó a 32 manifestantes de incendio, daños, asociación ilícita, secuestro y usurpación. Entre los acusados estaba López, señalado como líder de la supuesta asociación ilícita pese a que no estaba presente cuando ocurrieron los actos violentos.

Si bien López y otros 11 activistas que se presentaron voluntariamente a declarar fueron liberados luego de varios días, otros ocho permanecieron detenidos y terminaron pasando dos años y medio en prisión preventiva. Finalmente fueron liberados en febrero de 2022.

Sin embargo, la criminalización continuó: en marzo de 2020 la Corte de Apelaciones reabrió los casos contra López y cuatro de sus colegas. Fueron objeto de campañas de desprestigio y recibieron amenazas de personas vinculadas a Los Pinares. Sus abogados defensores y los grupos de la sociedad civil que los apoyaban también fueron hostigados, y la comunidad local experimentó constantes actos de intimidación. En total, más de 160 personas han sido asesinadas en la región desde 2010.

En un informe publicado en mayo de 2024, la Organización de Estados Americanos (OEA) calificó la situación de las personas defensoras de derechos humanos hondureñas como alarmante. Señaló que la violencia, en particular la violencia letal, se dirige principal e intencionadamente contra quienes defienden el medio ambiente, la tierra y el territorio. Año tras año, Global Witness identifica a Honduras como uno de los países más peligrosos del mundo para las personas defensoras del medio ambiente y el derecho a la tierra.

También han sido asesinados periodistas locales que denunciaron actividades extractivas ilegales. Entre las víctimas más recientes se cuenta Luis Alfonso Teruel Vega, periodista de televisión de Atima, asesinado en enero de 2024 tras informar sobre la deforestación.

Poder económico arraigado

La existencia de arraigadas redes corruptas de intereses políticos y económicos que actúan con total impunidad ha sido durante mucho tiempo el mayor factor de riesgo para las personas defensoras del medio ambiente y el derecho a la tierra en Honduras. La situación empeoró bajo el régimen represivo instaurado tras el golpe de Estado de 2009, mientras que la elección a la presidencia, en noviembre de 2021, de la candidata de izquierda Xiomara Castro trajo consigo esperanzas de cambio.

Pero mientras que el poder político puede cambiar de manos rápidamente, el poder económico es mucho más persistente. Tras el cambio de gobierno, en efecto, el poder empresarial permaneció intacto. La extracción continúa siendo una fuente clave de la riqueza de las élites. Las redes de corrupción se han mantenido en pie, y continúan penetrando a las instituciones estatales y las estructuras partidarias, incluido el partido de Castro, Libertad y Refundación (Libre). López, quien también era concejal del municipio de Tocoa por Libre, recientemente había exigido la renuncia del alcalde de Tocoa, también de Libre, después de que se difundiera un video en el que éste aparecía negociando con narcotraficantes y destacados políticos nacionales del partido.

El alcalde está acusado de mantener vínculos con grupos armados que trabajan para empresas extractivas y de beneficiarse de facilitar la minería ilegal en zonas protegidas. Además, ha sido acusado de ignorar la decisión tomada por la población en un cabildo abierto para, en cambio, dar su aprobación a un proyecto de planta termoeléctrica. Ésta es parte de un megaproyecto que también incluye una mina a cielo abierto y una planta procesadora de óxido de hierro que el activismo local teme que causará deforestación, sedimentación y contaminación del río Guapinol.

Castro ganó las elecciones con una plataforma de cambio y, al asumir su cargo en enero de 2022, prometió “no más permisos de minas abiertas o explotación de nuestros minerales, no más concesiones en la explotación de nuestros ríos, cuencas hidrográficas, nuestros parques nacionales y bosques nublados”. También prometió la libertad de los presos políticos de Guapinol y justicia para Berta Cáceres, la reconocida defensora indígena del medio ambiente asesinada en 2016.

Los primeros pasos de Castro alimentaron las esperanzas. Los defensores de Guapinol recuperaron su libertad, y en junio de 2022 el autor intelectual del asesinato de Cáceres, un exejecutivo de la empresa hidroeléctrica contra la que Cáceres se había movilizado, fue condenado a más de 22 años de prisión.

En una prometedora medida contra la corrupción y la impunidad, un mes después de asumir el cargo Castro impulsó una reforma al proceso de selección de jueces de la Corte Suprema para que fueran elegidos a partir de una lista de méritos elaborada por un comité independiente. Dos meses después, su predecesor fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar acusaciones de narcotráfico.

Castro anunció entonces planes para reactivar la Misión de Apoyo a la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), establecida mediante un acuerdo con la OEA en respuesta a las protestas anticorrupción de 2016, pero disuelta apenas cuatro años después. En diciembre de 2022, el gobierno firmó un memorando de entendimiento con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para trabajar en la creación de un mecanismo internacional independiente, imparcial y autónomo de lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras. Un equipo de expertos de la ONU visitó el país para evaluar su viabilidad, y se lograron algunos avances iniciales con la derogación de leyes y decretos que obstaculizaban la investigación y persecución de la corrupción.

Sin embargo, quedaron pendientes reformas clave como la revocación de una enmienda del código penal que redujo las penas por corrupción y crimen organizado y la derogación de un decreto que otorga inmunidad parlamentaria. La propuesta de recrear la MACCIH o instaurar un mecanismo similar bajo la dirección de la ONU tampoco avanzó. Y tampoco se ha materializado el prometido nuevo mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, destinado sustituir al ineficaz sistema actual, carente de recursos económicos y de personal capacitado en derechos humanos.

La militarización de la seguridad no ha hecho más que agravar la situación. En noviembre de 2022, Castro declaró el estado de excepción para combatir los crecientes niveles de delincuencia y violencia de bandas criminales. Desde entonces lo ha prorrogado varias veces, y continúa vigente. Aunque la tasa de homicidios ha disminuido, a finales de 2023 Honduras seguía siendo el segundo país más violento de América Latina. Estas limitadas mejoras en la seguridad se obtuvieron a un alto costo en derechos humanos: según la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, desde diciembre de 2022 se han recibido 2.147 quejas relacionadas con el estado de excepción y en contra de las fuerzas de seguridad. Las denuncias incluyen abusos de autoridad, incriminaciones con medios falsos de prueba, robos, tratos inhumanos y crueles, amenazas de muerte, desapariciones forzadas y asesinatos.

La sociedad civil exige medidas

Tras el asesinato de Juan López, más de 100 organizaciones de la sociedad civil de Honduras, América Latina y el mundo entero enviaron a Castro una carta en la que condenaban el homicidio como parte de un patrón de violencia contra las personas defensoras del medio ambiente y denunciaban el incumplimiento sistemático del deber del Estado de garantizar su seguridad. Las organizaciones instaron al gobierno a solicitar apoyo a los organismos regionales e internacionales de derechos humanos para investigar los hechos y obligar a sus autores a rendir cuentas.

Castro prometió usar todo el peso de la ley en la investigación. Diez días después del asesinato, la Fiscalía dictó un requerimiento fiscal contra personas vinculadas a dos empresas propiedad del mismo grupo, Ecotek y Los Pinares. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos celebró esta decisión, al igual que el Comité Municipal de Tocoa, aunque los activistas también advirtieron que el requerimiento aumentaba los riesgos para las personas defensoras de derechos humanos. El Comité urgió nuevamente al Estado a asumir su responsabilidad en la protección de las personas defensoras y rendir cuentas por todos los crímenes cometidos contra ellas.

El 4 de octubre, la policía detuvo al presunto asesino de López y a uno de sus cómplices. Pero se trató apenas de un primer paso; hace falta mucho más. Si bien ya es demasiado tarde para López, el procesamiento y la condena de los autores de su asesinato – y no solamente de sus autores materiales, sino también de sus autores intelectuales y sus beneficiarios – podría salvar las vidas de muchos otros.

El gobierno también debe establecer un mecanismo de protección eficaz, capaz de responder a alertas tempranas en vez de limitarse a reparar violaciones graves una vez ocurridas.

Pero, aun así, la situación no mejorará si no se aborda la causa profunda de la violencia: la corrupción extractivista. En febrero de 2024, el gobierno emitió un decreto para proteger áreas del Parque Nacional Carlos Escaleras. Las comunidades locales aplaudieron la medida, pero siguieron exigiendo la cancelación inmediata de todos los componentes del megaproyecto y la reparación de los daños ambientales ya causados.

Una decisión de semejante calibre requeriría de mucha fuerza, ya que afectaría a intereses muy poderosos. Si Castro no ha sido cooptada y decide priorizar los derechos de las comunidades sobre los intereses empresariales, necesitará un fuerte apoyo internacional para tener alguna posibilidad de éxito.

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