La violencia suele provenir de empresas constructoras y mineras que, para avanzar en sus proyectos, recurren a grupos armados que intimidan y amenazan a las comunidades locales y a las personas y organizaciones defensoras del medio ambiente. Lamentablemente, es una práctica cada vez más común.

Empresas como Ecotek e Inversiones los Pinares, ambas integrantes del grupo EMCO, buscan además cooptar a algunos sectores de las municipalidades y comunidades, ofreciéndoles incentivos económicos para ganar su apoyo. Estos sectores pasan a convertirse en parte del problema, ya que terminan reforzando el entorno violento para que sus intereses no se vean afectados.

Pero las empresas no actúan solas, sino que cuentan con la protección de actores clave. El alcalde de Tocoa, por ejemplo, ha sido acusado de mantener vínculos con grupos armados que lo protegen a cambio de facilitarles la explotación minera ilegal en áreas protegidas. La violencia es usada para que las actividades extractivas puedan continuar sin enfrentar resistencia.

El Comité agrupa a diversos sectores comprometidos con la defensa del medio ambiente y los derechos humanos en Honduras. Contamos con el apoyo formal de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán y sus 26 organizaciones de base. Comenzamos defendiendo el agua ante intentos de privatizarla y hemos evolucionado hacia la protección ambiental en general. Buscamos proteger recursos para beneficio de la población.

También apoyamos el regreso de familias desplazadas por la violencia, la reconstrucción del tejido social y la restauración de la confianza entre las comunidades. Aunque no podemos resolver todos los problemas de inmediato, unimos esfuerzos comunitarios y colaboramos en la creación de una mesa de alto nivel interinstitucional con el apoyo técnico de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, gestionando brigadas nacionales e internacionales de solidaridad.

Uno de nuestros mayores logros ha sido el reciente decreto 18-2024 de cancelación de concesiones mineras y recuperación de áreas dañadas por la minería.

El gobierno ha cometido varios errores significativos. Uno de los más críticos ha sido el cierre de la Casa Presidencial a la ciudadanía y a las organizaciones comunitarias, limitando nuestro acceso a espacios de diálogo. Hemos solicitado una reunión a través de la Secretaría de la Presidencia, pero nunca hemos obtenido respuesta. La presidenta ha priorizado su relación con los empresarios, dejando a nuestras comunidades en un estado de abandono.

También esperábamos que la presidenta implementara programas sociales en las comunidades que defienden su territorio, pero para no perjudicar sus relaciones con las empresas mineras, el gobierno solamente ha brindado asistencia a las comunidades que no se oponen a los proyectos mineros. De igual modo, no ha habido avances en la necesaria desmilitarización de la sociedad.

La presidenta debería agilizar la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras y tomar medidas urgentes para proteger a las personas defensoras de derechos humanos y sus comunidades. Un simple gesto, como convocar a una reunión de trabajo en la Casa Presidencial, podría facilitar el diálogo y la colaboración que tanto necesitamos.

Necesitamos avances reales en la investigación y la atribución de responsabilidades por los desplazamientos y asesinatos. Ello incluye la rendición de cuentas de las empresas involucradas, lo cual requiere de apoyo internacional.

La comunidad internacional debe comprometerse a impulsar el desarrollo de proyectos que beneficien a las comunidades y no solamente a las empresas y gobiernos. También debe reconocer el derecho de las comunidades a decidir sobre su propio futuro y desarrollo. La falta de acción de los organismos internacionales los convierte en cómplices de violaciones graves de derechos humanos, incluidos desplazamientos forzados y asesinatos de personas defensoras.

La sociedad civil hondureña ha recibido manifestaciones de solidaridad de organizaciones populares de todo el mundo, lo cual ha sido crucial para hacer incidencia y garantizar que nuestras voces sean escuchadas en el ámbito global. Este respaldo nos permite visibilizar las graves violaciones de derechos humanos que enfrentamos a diario.

Pero la respuesta de gobiernos y organismos internacionales ha sido insuficiente. Muchas embajadas y organizaciones han optado por el silencio ante la violencia que enfrentamos, priorizando la protección de los intereses económicos de sus empresas, a pesar de saber perfectamente lo que está ocurriendo.