Honduras: el vaso medio lleno
El 27 de enero se cumple la mitad del mandato de cuatro años de Xiomara Castro, la primera mujer presidenta de Honduras. Llegó con la promesa de desmantelar las estructuras corruptas, violentas y autoritarias arraigadas durante los 12 años de gobiernos conservadores que siguieron al golpe de Estado de 2009. Su aplastante victoria electoral despertó enormes expectativas, que dos años después solo se han cumplido en parte. Queda mucho por hacer en materia de lucha contra la corrupción, protección ambiental, vigencia de los derechos humanos, derechos de las mujeres y del colectivo LGBTQI+ y creación de oportunidades económicas para la mayoría de los hondureños. La sociedad civil quiere que este gobierno tenga éxito, lo apoyará contra las reacciones antiderechos y lo instará a aprovechar los próximos dos años para cumplir lo prometido.
Hace exactamente dos años Xiomara Castro se convirtió en la primera mujer presidenta de Honduras. Su aplastante victoria al frente del izquierdista Partido Libertad y Refundación (Libre) puso fin a 12 años de dominio del conservador Partido Nacional (PN), iniciado con un golpe militar que en 2009 depuso al entonces presidente y marido de Castro, Manuel Zelaya.
Castro compitió con una plataforma que ofrecía cambio en todos los frentes. Prometió grandes cosas: democracia, paz, justicia y reconciliación. El hecho de que resultara elegida por un margen de 14 puntos, con el 51% de los votos y un nivel récord de participación del 69%, demostró lo elevadas que eran las expectativas que había generado.
Algunas de estas promesas las cumplió en el acto mismo de tomar posesión: tal como lo exigía uno de los gritos de batalla de la campaña, “Ya se van”, su toma de posesión supuso el desplazamiento del poder político de las élites privilegiadas, corruptas y autoritarias que habían capturado el Estado, instrumentalizándolo en su propio beneficio y en detrimento de la inmensa mayoría de los hondureños.
Pero una cosa es ocupar la presidencia y otra muy distinta es tomar efectivamente las riendas del Estado, desarticular redes de complicidad e impunidad profundamente arraigadas y rehabilitar las instituciones para que puedan desempeñar las funciones que les corresponden. A mitad del mandato presidencial, de cuatro años, el balance es mixto.
Declive democrático
Durante mucho tiempo la democracia en Honduras ha sido más una aspiración que una realidad. Incluso antes del golpe, Honduras apenas calificaba como una democracia extremadamente defectuosa. Ulteriores retrocesos en materia de derechos humanos y vigencia del Estado de derecho la convirtieron en lo que el Índice de Democracia de The Economist Intelligence Unit designa como régimen híbrido: una combinación de elementos democráticos, relativos sobre todo a los procesos electorales y el pluralismo político, y rasgos profundamente autoritarios, especialmente en el terreno de las libertades civiles, la participación política, la cultura política y el funcionamiento del gobierno.
Honduras es el país centroamericano más peligroso para el periodismo y uno de los que registra el mayor número de asesinatos de personas defensoras del medio ambiente y el derecho a la tierra y el territorio. La violencia política es generalizada: en la campaña electoral de 2021 al menos 23 candidatos fueron asesinados.
Con la democracia convertida desde hace tiempo en una cáscara vacía, no es de extrañar que la edición 2021 del Latinobarómetro situara a Honduras como el país latinoamericano donde es más baja la proporción de personas que piensan que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno y donde son más numerosos quienes no ven gran diferencia entre democracia y autoritarismo.
La misma encuesta categorizaba a Honduras como uno de los países de la región cuya ciudadanía estaba menos satisfecha con el funcionamiento de su democracia. Apenas el 16% pensaba que la distribución de la riqueza era justa y un porcentaje similar pensaba que el gobierno gobernaba en beneficio de todos y todas, mientras que el 76% creía que estaba al servicio de intereses parciales de grupos poderosos. Los niveles de confianza en las instituciones políticas se encontraban en niveles históricamente bajos: solamente la Iglesia continuaba concitando la confianza de la mayoría.
En 2021, Honduras también alcanzó un mínimo histórico en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, lo que indicaba que la corrupción se había convertido en un problema sistémico profundamente arraigado. En ese momento, el entonces presidente Juan Orlando Hernández era investigado por fiscales estadounidenses, sospechado de formar parte de una conspiración criminal para introducir cocaína en los Estados Unidos.
Restablecer la confianza
A Castro le fue encomendada la menuda tarea de reconstruir la confianza devolviéndole sentido a la democracia. En febrero de 2022, el gobierno reformó el proceso de selección de los jueces de la Corte Suprema para que fueran elegidos a partir de una lista confeccionada por un comité independiente sobre la base de los méritos de los candidatos. Se introdujeron normas de paridad de género y Castro designó al primer juez afrodescendiente de la Corte Suprema.
En abril de 2022, Castro hizo extraditar a su predecesor a Estados Unidos para que enfrentara allí un juicio por narcotráfico. A continuación, buscó ayuda internacional para combatir la corrupción, tratando de reactivar la Misión de Apoyo a la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), una iniciativa internacional establecida en 2016 en respuesta a una ola de protestas anticorrupción mediante un acuerdo entre la Organización de Estados Americanos y el gobierno de Hernández. La MACCIH tuvo cierto éxito, pero se mantuvo solamente cuatro años, tras los cuales fue disuelta por el gobierno. Siguieron a ello reformas legales destinadas a obstaculizar ulteriores esfuerzos anticorrupción.
En diciembre de 2022, el gobierno de Castro firmó un memorando de entendimiento con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para trabajar conjuntamente en el establecimiento de un mecanismo internacional independiente, imparcial y autónomo para luchar contra la corrupción y la impunidad en Honduras. Un equipo de expertos de la ONU fue desplegado para evaluar la viabilidad de la propuesta de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras.
Entretanto, se avanzó en la derogación de leyes y decretos promulgados para obstaculizar la investigación y persecución de la corrupción. En julio de 2023, el Congreso derogó un decreto de 2020 que impedía la incautación de documentos a personas acusadas de corrupción y modificó un decreto de 2021 sobre lavado de dinero. En agosto, derogó un decreto de 2019 que protegía a los funcionarios públicos de investigaciones fiscales sobre el uso de fondos públicos.
Sin embargo, siguen pendientes algunas reformas clave, incluidas la revocación de una modificación del Código Penal que reducía las penas por corrupción y crimen organizado y la derogación de un decreto que incorporó la inmunidad parlamentaria. Y más de un año después de la firma del memorando con la ONU, no se ha creado ningún organismo internacional anticorrupción, pese a los reiterados llamamientos de expertos jurídicos y organizaciones de la sociedad civil.
Inseguridad y derechos humanos
Los vínculos entre corrupción, drogas y crimen organizado hacen de Honduras uno de los países más violentos del mundo. Su tasa de homicidios es la segunda más alta de América Latina y el Caribe, solamente por detrás de Jamaica.
Durante la campaña Castro prometió luchar contra la inseguridad, pero no con políticas de mano dura como las usadas por el Presidente Nayib Bukele en el vecino El Salvador, sino abordando las causas estructurales de la inseguridad, especialmente la falta de oportunidades para la juventud. Prometió detener la espiral de violencia mediante una combinación de políticas sociales, un uso justo y responsable del poder policial y un sistema judicial más limpio y menos politizado.
En su discurso inaugural afirmó que convertiría a Honduras –un país con una tasa de pobreza de casi 74%, una de las más altas de la región– en un Estado “socialista y democrático”. Dos años después, la tasa de pobreza se ha reducido en 9,5 puntos porcentuales. Es un resultado notable, pero dista de ser suficiente para contener los impactos de la pobreza sobre la inseguridad y la emigración. A principios de 2023, Honduras seguía ocupando el tercer lugar entre los países con mayor flujo migratorio hacia los Estados Unidos, solo superado por México y Venezuela.
Con la inseguridad como preocupación acuciante, a menos de un año de asumir el poder, en noviembre de 2022, Castro declaró el estado de excepción para hacer frente a la criminalidad y la violencia de las pandillas. Se suspendieron los derechos constitucionales a la libre circulación y la libertad de reunión y se militarizó la seguridad. Se permitió a las fuerzas de seguridad detener personas y registrar domicilios sin orden judicial. Tras un enfrentamiento entre bandas carcelarias en el que murieron 46 reclusos, el gobierno también aprobó la realización de operaciones militares en las cárceles.
Supuestamente temporario, el estado de excepción se ha prorrogado varias veces y continúa vigente. Por el momento, su expiración está prevista para mayo de 2024.
El gobierno declaró que la medida había sido un éxito, reflejado en la reducción de la tasa de homicidios a su nivel más bajo en 16 años. Pero las organizaciones de derechos humanos han criticado el aumento de las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos también ha expresado preocupación por la militarización de la seguridad pública y el uso desproporcionado de la fuerza.
Medio ambiente y derechos humanos
En materia de protección del medio ambiente, Castro prometió no habría más concesiones para explotar ríos, cuencas hidrográficas y parques nacionales. Se han logrado algunos avances. En marzo de 2022 el gobierno prohibió la minería a cielo abierto y prometió intervenir “de inmediato” para conservar zonas de “alto valor ecológico” en beneficio de las comunidades. Esto ocurrió apenas un mes después de que el gobierno detuviera el desalojo de familias indígenas que vivían en tierras reclamadas como propias por un desarrollador inmobiliario.
Las organizaciones ambientalistas llevan mucho tiempo reclamando la derogación de la ley que estableció las llamadas zonas de empleo y desarrollo (ZEDE) en todo Honduras, con un “régimen especial” que incluye exenciones fiscales y el otorgamiento a los inversionistas de competencias en materia de seguridad. Estiman que estas medidas suponen la cesión de soberanía y conllevan consecuencias sociales, económicas y ambientales serias y potencialmente letales. Pero es poco lo que se ha avanzado en este tema.
Voces desde las primeras líneas
Christopher Castillo es Coordinador General de Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), n movimiento social comunitario que defiende los territorios y los bienes comunes frente a todo proyecto que amenace la paz y la cosmovisión de las comunidades.
La mayor expectativa de los hondureños era acabar con un gobierno autoritario. El eje central de la campaña de Castro consistió pues en desmantelar el Estado autoritario y una serie de elementos asociados, particularmente la corrupción, el tráfico de influencias y la captura de las instituciones por parte del narcotráfico y el crimen organizado. Ese objetivo se ha conseguido en parte: aparentemente ya no vivimos sometidos a un poder arbitrario, aunque seguimos conviviendo con una corrupción muy enraizada y con altos niveles de delincuencia, inseguridad y violencia.
Otro tema que nos preocupa mucho a los activistas de base es el de las llamadas ZEDE. En abril de 2022, en su informe a los 100 días de haber asumido el gobierno, la presidenta Castro declaró con orgullo que se estaba recuperando la soberanía nacional, enfatizando que su gobierno había derogado la ley que establecía estas áreas con condiciones especiales para atraer la inversión; sin embargo, su decreto de derogación no había sido todavía ratificado por el Congreso. La eliminación de las condiciones para la continuidad de los procesos extractivos seguía pendiente, y en gran medida eso aún no ha cambiado.
El nuevo gobierno también prometió frenar los procesos de privatización del agua. Sin embargo, hasta el momento hay 81 municipios de Honduras donde el agua ha sido privatizada, y el gobierno ha continuado fortaleciendo a las empresas prestadoras de servicios que quitan la función a las empresas públicas, particularmente en Comayagüela y Tegucigalpa, las dos ciudades que conforman el Distrito Central.
En suma, las expectativas de la ciudadanía han sido satisfechas en lo que se refiere a la superación de los rasgos más autoritarios y represivos del Estado, pero no en lo que se refiere a las políticas extractivistas y privatizadoras, donde aún no ha habido cambios significativos.
En la medida en que sus luchas están ligadas a la resistencia contra el extractivismo y la privatización, la situación de las personas defensoras no ha mejorado. Nosotros mismos hemos experimentado represalias por nuestro trabajo, las cuales han incluido amenazas de muerte, intentos de secuestro y procesos de criminalización.
Este es un extracto editado de nuestra conversación con Christopher. Lea la entrevista completa aquí.
Las dinámicas arraigadas son difíciles de modificar. Las prácticas extractivas han sido durante mucho tiempo una fuente clave de riqueza para las élites y de corrupción del gobierno, y por lo tanto también de violaciones de derechos humanos. La mayor parte de los activistas de derechos humanos asesinados en Honduras son defensores ambientales. Jairo Bonilla y Aly Domínguez, que protegían el río Guapinol y las comunidades aledañas de las operaciones de una empresa minera, fueron los primeros –pero ni mucho menos los últimos– asesinados en 2023 en represalia por su trabajo.
Honduras tiene una ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia que data de 2015, pero el sistema carece de recursos económicos y de personal experimentado con formación en derechos humanos. Los y las activistas temen que, si colaboran, la información puede caer en manos equivocadas y ellos sufrirían las consecuencias. Castro prometió establecer un nuevo mecanismo, pero éste aún no se ha materializado. Mientras tanto, los y las activistas siguen siendo víctimas de la violencia. Solamente en el primer semestre de 2023, 236 activistas sufrieron acoso, amenazas o agresiones, y 13 fueron asesinados.
Reacción antiderechos
Honduras tiene las tasas de feminicidio más altas de la región. La violencia y la discriminación también forman parte de la vida cotidiana de las personas LGBTQI+ hondureñas, por lo cual muchas de ellas abandonan el país. En 2023, 40 personas LGBTQI+ fueron asesinadas a causa de su identidad de género u orientación sexual.
En 2022, Castro reconoció que el Estado de Honduras era responsable de la muerte de Vicky Hernández, una mujer trans asesinada durante el golpe de Estado de 2009, y pidió oficialmente perdón. Pero su gobierno aún no ha cumplido su promesa de salvaguardar la vida de las mujeres y las personas LGBTQI+. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Vicky Hernández incluía garantías de no repetición, que requerirían del Estado acciones tales como formar a las fuerzas de seguridad, permitir a las personas LGBTQI+ cambiar su nombre y género en los documentos oficiales, adoptar procedimientos especiales para investigar abusos contra personas LGBTQI+ y construir una base de datos. Nada de esto ha ocurrido.
La liberalización de la legislación sobre el aborto es otra promesa pendiente de cumplimiento. Honduras criminaliza el aborto en todas las circunstancias, lo que incluye embarazos producto de violación y casos de riesgo para la salud o la vida de la persona gestante y de malformación grave del feto. En este terreno no se ha producido ningún avance. Progresos mucho más modestos provocaron una fuerte reacción conservadora que obligó al gobierno a dar marcha atrás: en respuesta a la reacción antiderechos, Castro vetó una ley que garantizaba la educación sexual integral en las escuelas y que habría ayudado a prevenir embarazos adolescentes.
Pero no todo son malas noticias. Un decreto ejecutivo promulgado en marzo de 2023 derogó la prohibición del uso y la venta de anticonceptivos de emergencia. Ahora el gobierno debe garantizar el acceso amplio a este derecho, al tiempo que continúa avanzando en dirección del pleno reconocimiento de la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus cuerpos y sus vidas.
Hoy, #8M conmemoramos lucha histórica de la mujer, firmando con secretario @DrMatheu144 el Acuerdo Ejecutivo para libre uso y comercialización de la PAE. La Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó que es parte de los derechos reproductivos de la mujer y no es abortiva. pic.twitter.com/ELQPTzhfd5
— Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) March 9, 2023
Dos años más
Habiendo llegado a la mitad de su mandato presidencial, el gobierno de Castro exhibe avances en la dirección correcta, pero aún tiene mucho por hacer. Así lo ha reconocido la propia presidenta.
En un discurso televisado en ocasión de Año Nuevo, Castro destacó las dificultades que conlleva “construir sobre los destrozos dejados tras 12 años y siete meses de dictadura y narcotráfico”. Aun debiendo hacer frente a intereses enquistados en una lucha denodada por el mantenimiento de sus privilegios, afirmó, el gobierno había conseguido avanzar, apoyando a la agricultura y mejorando la infraestructura, aumentando el presupuesto de educación, subvencionando el consumo de energía de los más pobres y creando empleo. Grupos de verificación de datos de la sociedad civil confirmaron que, aunque algunas de sus afirmaciones eran imprecisas, efectivamente se habían producido progresos.
En este y en otro discurso con el que inauguró la sesión legislativa de 2024, Castro afirmó que su gobierno estaba trabajando para proteger los bosques y había logrado una reducción significativa de las tasas de homicidio. Esta vez, ambas afirmaciones fueron rebatidas o al menos matizadas por la sociedad civil. Los grupos ecologistas denuncian la lentitud y la insuficiencia de los progresos realizados para revertir los acuerdos corruptos que dieron lugar a concesiones de tierras a intereses privados que anteponen su ganancia a la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades. Las organizaciones de derechos humanos señalan los elevados e inadmisibles costos de derechos humanos incurridos en la lucha contra la delincuencia.
Pero los discursos de la presidenta también fueron reveladores por lo que no dijeron. En la apertura de la sesión legislativa, que coincidió con la conmemoración del Día de la Mujer Hondureña, Castro invocó las luchas de “mártires como Jeannette Kawas y Berta Cáceres”, dos mujeres asesinadas en represalia por su labor en defensa de los derechos ambientales, y habló de la importancia de su “resistencia contra las fuerzas imperialistas que buscan explotar nuestra tierra y socavar nuestra soberanía”. Pero no mencionó ningún plan para establecer mecanismos efectivos que protejan a los y las activistas de derechos humanos para que no tengan que convertirse en mártires.
Castro reivindicó su condición de mujer, celebró a sus “valientes” hermanas hondureñas e instó a respetar “los derechos humanos y la vida y los derechos de las mujeres”, pero no mencionó la ausencia de reconocimiento por parte del Estado de los derechos sexuales y reproductivos, ni de protecciones contra la violencia de género. Su breve presentación no dejó espacio para la reivindicación de los derechos de las personas LGBTQI+.
La sociedad civil quiere que a este gobierno le vaya bien y seguirá poniendo presión para que dé lo mejor de sí mismo en los dos años que le quedan. Para hacer frente a la resistencia antiderechos, el gobierno deberá trabajar con la sociedad civil. El fracaso no debería ser una opción.
NUESTROS LLAMADOS A LA ACCIÓN
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El gobierno debe derogar y reemplazar las leyes que restringen las libertades cívicas y establecer un mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas bajo amenaza.
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El gobierno debe resistir frente a las presiones antiderechos, liberalizar la legislación sobre el aborto y abordar la discriminación y la violencia por motivos de orientación sexual e identidad y expresión de género.
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La comunidad internacional debe prestar el apoyo adecuado para que el gobierno pueda afrontar con eficacia problemas con ramificaciones internacionales, como la corrupción, el crimen organizado y la inseguridad.
Foto de portada de Aphotografia/Getty Images