Desde el 27 de enero de 2022 Honduras tiene la primera presidenta de su historia. Xiomara Castro, del partido de izquierda Libre, fue investida más de una década después de que su marido, el expresidente Manuel Zelaya, fuera derrocado por un golpe militar. Su victoria, con un impresionante 51% de los votos en unas elecciones que tuvieron un nivel récord de participación, puso fin a un largo periodo de dominio conservador. La nueva presidenta tendrá que superar enormes desafíos para implementar su programa de equidad social, justicia de género y lucha contra la corrupción. Pero por primera vez en mucho tiempo, el cambio progresista se ha convertido en una posibilidad real.

El 27 de enero tomó posesión del cargo la primera mujer presidenta de la historia de Honduras. El hecho de que el país con las tasas de femicidio más altas de América Latina votara a una mujer como presidenta fue más que suficiente noticia, pero la importancia del acontecimiento fue incluso más allá: La nueva presidenta de Honduras, la política de izquierda Xiomara Castro, es también la esposa del expresidente Manuel Zelaya, cuyo mandato fue interrumpido por un golpe militar en 2009.

La aplastante victoria de Castro en las elecciones de noviembre de 2021 cerró el ciclo abierto por una intervención militar que sacudió a las instituciones regionales y dio comienzo a doce años ininterrumpidos de dominio del conservador Partido Nacional (PN).

La tercera es la vencida

Castro ingresó a la política en 2005, cuando se dedicó a organizar a la rama femenina del Partido Liberal (PL) para apoyar a su marido, que se preparaba para presentarse a las elecciones internas. Cuando Zelaya ocupó la presidencia, desempeñó las funciones típicas de una primera dama con inquietudes sociales.

Tras el derrocamiento de su marido y su traslado forzoso a Costa Rica el 28 de junio de 2009, organizó el Frente Nacional de Resistencia Popular, un movimiento antigolpista que se movilizó en las calles para exigir el regreso de Zelaya. Sobre la base de este movimiento, Zelaya fundó en 2011 el Partido Libertad y Refundación (Libre).

En 2021 Castro fue candidata presidencial de Libre por tercera vez. Ya se había presentado en las elecciones de 2013, cuando quedó en segundo lugar tras Juan Orlando Hernández, del PN. Su desempeño quebró el tradicional sistema bipartidista, ya que empujó al PL al tercer lugar, tanto en la carrera presidencial como en representación parlamentaria.

En 2017 fue nominada de nuevo, pero posteriormente se apartó cuando Libre formó una alianza con el Partido Salvador de Honduras, cuyo líder, el periodista deportivo y presentador de televisión Salvador Nasralla, encabezó la boleta presidencial conjunta. En 2021 este acuerdo funcionó a la inversa, y Nasralla se convirtió en el nuevo vicepresidente de Honduras.

Aplastante victoria

Aunque las encuestas preveían una competencia ajustada, Castro se impuso por una diferencia de 14 puntos. En unas elecciones en las cuales la participación alcanzó un histórico 69%, Castro recibió el 51% de los votos, frente al 37% del candidato del PN, Nasry Asfura, que no tardó en aceptar su derrota. Esto marcó un contraste positivo con la experiencia de 2017, cuando los controvertidos resultados que permitieron la reelección del presidente Hernández abrieron paso a protestas, represión y violencia.

Democracia y otros asuntos pendientes

Incluso antes de que los militares depusieran a Zelaya y lo sacaran del país por la fuerza en mitad de la noche en 2009, la democracia hondureña era considerada extremadamente frágil: apenas alcanzaba el estatus de “democracia defectuosa” en el Índice de Democracia de The Economist Intelligence Unit. Desde entonces, la situación no hizo más que empeorar. El golpe de Estado y los ataques a periodistas, personas defensoras de derechos humanos y activistas políticos que le siguieron representaron un profundo retroceso en materia de respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho.

El golpe de Estado de 2009: un desagradable resabio del pasado

El golpe de Estado de 2009 fue un hito no solamente para en Honduras sino también para toda América Latina: desafió la idea de que los levantamientos militares eran cosa del pasado y puso a prueba el multilateralismo regional.

La Organización de Estados Americanos (OEA) se dio cuenta del peligroso precedente que podía suponer esta intervención militar y actuó con rapidez: el 5 de julio de 2009, su Asamblea General aplicó la Carta Democrática Interamericana y adoptó una resolución por la cual suspendía la pertenencia de Honduras y encargaba al Secretario General de la OEA que emprendiera iniciativas diplomáticas para restaurar la democracia y el Estado de derecho.

En los primeros días del golpe, varios presidentes de izquierda de la región, entre ellos la argentina Cristina Kirchner, el ecuatoriano Rafael Correa y el paraguayo Fernando Lugo, apoyaron un intento fallido de Zelaya de regresar a Honduras y recuperar su puesto. Lo veían como uno de los suyos, porque después de ser elegido con una plataforma conservadora, había dado un drástico giro hacia políticas redistributivas. Este cambio se había traducido en estrechas relaciones con Cuba y Venezuela y en la incorporación de Honduras al ALBA, el organismo de cooperación de las izquierdas de la región.

En los meses que precedieron al golpe, Zelaya se había embarcado en una guerra con los medios de comunicación, que según él estaban sesgados en su contra, y en una campaña muy resistida para reformar la constitución – según sus críticos, para eliminar los límites de mandatos que le impedían ser reelegido, acusación que él negaba.

Zelaya impulsó un referéndum sobre la Constitución, a celebrarse el 28 de junio de 2009, a pesar de que un tribunal lo había declarado ilegal. El Congreso comenzó a debatir la posibilidad de someterlo a juicio político. Los militares, que normalmente apoyan al gobierno mediante el desempeño de tareas de logística electoral, se negaron a cumplir las órdenes del presidente de tener todo listo para la votación, y miles de personas salieron a la calle a manifestarse contra el gobierno el 27 de junio.

Zelaya fue destituido por la fuerza al día siguiente, y el presidente del Congreso Nacional, el centroderechista Roberto Micheletti, fue juramentado en su reemplazo. A continuación se produjo un confuso episodio cuando Zelaya regresó en septiembre y obtuvo asilo en la embajada de Brasil. Tras las elecciones presidenciales que se realizaron en noviembre, se alcanzó un acuerdo entre el presidente electo, el conservador Porfirio Lobo, y el gobierno de la República Dominicana, que ofreció a Zelaya un salvoconducto para exiliarse allí. Zelaya permaneció en República Dominicana hasta que se le permitió regresar en mayo de 2011.

Honduras fue readmitida en la OEA el 1º de junio de 2011.

Desde 2010, el Índice de Democracia ha clasificado a Honduras en la categoría de “régimen híbrido”, por no cumplir con las condiciones mínimas para ser considerado siquiera como una democracia profundamente defectuosa. Un vistazo a los componentes de este índice proporciona algunas pistas sobre lo que está funcionando mal en la democracia hondureña – y una mejor comprensión de lo que podría mejorar después de las elecciones de 2021, y de lo que es poco probable que mejore. Mientras que Honduras obtiene una calificación de aprobado en el área de procesos electorales y pluralismo, presenta las mayores carencias en las áreas de libertades civiles, participación política, cultura política y funcionamiento del gobierno.

La campaña electoral de 2021 se vio empañada por altísimos niveles de violencia política, con al menos 23 candidatos asesinados, en un contexto de violencia permanente contra activistas sociales y políticos y periodistas. En septiembre, la organización de derechos humanos Global Witness confirmó que Honduras es uno de los países con mayor número de asesinatos de personas defensoras del medio ambiente y del derecho a la tierra en todo el mundo, solamente por detrás de Nicaragua en cuanto a asesinatos per cápita.

En su informe de 2021 sobre el estado de la libertad de expresión en las Américas, la organización de la sociedad civil Fundamedios nombró a Honduras como el país más peligroso de Centroamérica para el periodismo, con cuatro periodistas asesinados entre 2020 y 2021. El gobierno hondureño fue acusado de hacer poco para detener estos ataques. Por el contrario, empeoró las condiciones para los periodistas al criminalizar la difamación y la calumnia.

Antes de las elecciones, Amnistía Internacional publicó una carta abierta en la que instaba a respetar las libertades de expresión y reunión. Expresó su preocupación por la posible repetición de los sucesos de 2017, cuando a unas elecciones fraudulentas siguió una represión de las protestas postelectorales que dejó dos docenas de muertos y múltiples violaciones de derechos humanos.

Grandes obstáculos por delante

Afortunadamente, los peligros del fraude y la violencia lograron evitarse. Esta vez, las elecciones cumplieron la función para la que fueron diseñadas: garantizar un traspaso de poder sin derramamiento de sangre.

Por primera vez existe una posibilidad real de cambio. Los hondureños al menos ahora tienen un gobierno que no es él mismo parte del problema a resolver.

Pero el gobierno de Castro tendrá que hacer frente a numerosos desafíos: una profunda crisis económica agravada por la pandemia, pobreza estructural, desigualdad e inseguridad como motores de la emigración masiva, corrupción generalizada, profunda penetración del crimen organizado, militarización de la seguridad interna y una sucesión de desastres naturales relacionados con la crisis climática.

En su acto de cierre de campaña, Castro prometió liderar un “gobierno de reconciliación” y “reconstruir” Honduras mediante el “socialismo democrático”. Sus prioridades programáticas son claras: se centrará en la lucha contra la pobreza y el hambre, en la ampliación de los derechos sexuales y reproductivos -en un país donde el aborto está prohibido en todos los casos- y en la intensificación de la lucha contra la corrupción. Para ello, es posible que active una iniciativa con apoyo internacional similar a la Misión de Apoyo a la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), respaldada por la OEA, que Hernández cerró en cuanto pareció amenazar su poder. Castro tendrá que empezar por derogar una serie de leyes, conocidas como leyes de secreto e impunidad, instauradas para permitir que los asuntos del gobierno se lleven a cabo en la penumbra.

La última vez que alguien intentó implementar una política redistributiva en Honduras, la cosa no terminó bien. Los escasos avances sociales logrados bajo el gobierno de Zelaya se revirtieron rápidamente en los primeros años posteriores al golpe.

Y si la corrupción era un problema sistémico una década atrás, hoy es un problema mucho mayor. Bajo tres administraciones sucesivas del PN, el partido gobernante parece haberse convertido en una empresa criminal en toda regla. Hernández está siendo investigado en Estados Unidos por tráfico de drogas, y una solicitud de extradición en su contra podría convertirse en una crisis política para su sucesora. Aunque Hernández acabe en una cárcel estadounidense, la densa red criminal seguiría en pie y resistiría todo intento de desmantelamiento.

No hay garantía de que Castro podrá avanzar en ninguno de estos frentes. Pero, por primera vez en mucho tiempo, existe una posibilidad real de cambio. Los hondureños al menos ahora tienen un gobierno que parece tener la voluntad de contribuir a la búsqueda de soluciones a los males del país en vez de ser él mismo parte del problema.

NUESTROS LLAMADOS A LA ACCIÓN

  • El nuevo gobierno debe derogar y sustituir las leyes que restringen las libertades cívicas y garantizar que las personas defensoras de derechos humanos y periodistas puedan llevar a cabo sus actividades legítimas sin temor, acoso ni obstáculos indebidos.
  • La derecha política y los principales actores económicos deben comprometerse a trabajar de forma constructiva con la presidenta Castro en vez de limitarse a intentar bloquear todo intento de reforma social.
  • La comunidad internacional debe prestar un apoyo adecuado para que el nuevo gobierno pueda enfrontar eficazmente los problemas de Honduras, y en particular los que tienen una dimensión internacional: la corrupción, el crimen organizado, la inseguridad y la migración.

Foto de portada de Camilo Freedman/APHOTOGRAFIA/Getty Images