Para la mayoría de los venezolanos, la madrugada del 3 de enero representó una ruptura simbólica con la impunidad histórica. La imagen de Maduro detenido rompió con el mito de que los grandes jerarcas del chavismo jamás pagarían por sus acciones. Sin embargo, más allá de la alegría que se vivió en los hogares de Venezuela, así como en los países donde se concentra la diáspora venezolana, lo ocurrido ha sido una maniobra de supervivencia del sistema.

El chavismo no es un bloque monolítico, sino una coalición de facciones articuladas alrededor de intereses económicos y redes de poder. En términos generales, pueden identificarse dos grandes núcleos: la facción civil y la facción militar. Ambas administran y disputan negocios estratégicos, pero los militares están presentes, directa o indirectamente, en casi todos ellos como garantes coercitivos del sistema.

La facción civil controla parcelas vinculadas a la gestión política y financiera del régimen, mientras que la facción militar asegura y protege territorios, rutas, puertos y cadenas logísticas. Dentro de esta arquitectura operan diversos conglomerados de intereses: el del petróleo, un negocio opaco manejado a través de mercados paralelos, intermediación irregular y esquemas financieros no transparentes; el narcotráfico, sostenido por el control territorial y la permisividad institucional; el sistema de alimentos, que históricamente lucró con el control cambiario y la administración del hambre; y la minería ilegal, donde la presencia militar junto a grupos guerrilleros colombianos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), es dominante y estructural.

El fin de Maduro parece haber sido parte de un acuerdo entre estas facciones para preservar sus respectivos negocios: entregaron la figura que ya no podía garantizarles el blanqueo de sus capitales ni la paz social para reacomodarse bajo una nueva fachada tecnocrática que les asegura el disfrute de sus riquezas sin la presión de las sanciones internacionales.

Un detalle revelador es que, mientras Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados, sus hijos permanecen en Caracas con sus negocios intactos. El hijo, Nicolás Maduro Guerra, mantiene sus operaciones en el sector de la pesca y en la exportación de desechos industriales como el aluminio y el hierro. Esto sugiere que ha habido un pacto de protección familiar.

Estamos viendo una transición económica, pero de ninguna manera una transición democrática. Rodríguez tiene un perfil mucho más eficiente y con mayor roce internacional que el resto del chavismo. Tiene detrás a una nueva élite empresarial, jóvenes menores de 45 años que necesitan blanquear sus capitales y legitimarse en el mercado global. Su objetivo es mejorar el poder adquisitivo y reducir el hambre para conferirle respetabilidad al régimen, pero manteniendo el control social.

El conflicto por el territorio del Esequibo no es nuevo ni improvisado: es una disputa histórica en la que Venezuela posee argumentos jurídicos y políticos para sostener que ese territorio le pertenece. Durante décadas, las partes acordaron un mecanismo de contención del diferendo, que implicaba un cese temporal de los reclamos activos y la prohibición de explotar los recursos naturales del área mientras se buscaba una salida negociada.

En ese contexto, el entonces presidente Hugo Chávez optó por descomprimir el conflicto como parte de su estrategia internacional. Para ganar respaldo diplomático, especialmente en el Caribe, redujo la presión sobre el Esequibo y abrió espacio para que varios países de la Comunidad del Caribe apoyaran a Venezuela en foros multilaterales como la Organización de Estados Americanos. Guyana interpretó ese repliegue no como una pausa táctica, sino como un abandono del reclamo, y decidió avanzar unilateralmente otorgando concesiones a ExxonMobil para realizar exploraciones petroleras. Esas operaciones revelaron un hallazgo decisivo: grandes reservas de crudo de alta calidad.

La reactivación del conflicto es, por tanto, una combinación de reclamo histórico legítimo y conveniencia política coyuntural. No se trata simplemente de un arrebato nacionalista de Maduro, sino de un intento por capturar una nueva renta en medio del colapso de la industria petrolera tradicional venezolana.

El petróleo sigue siendo el eje de la geopolítica del régimen. Aunque Venezuela posee las mayores reservas del mundo, se trata mayoritariamente de crudo extrapesado, costoso de extraer y procesar, rentable solo cuando los precios internacionales son elevados. En contraste, el petróleo descubierto frente a la fachada atlántica del Esequibo es liviano, comparable al saudí, mucho más barato de producir y refinar. Ese diferencial económico explica buena parte de la nueva agresividad del régimen en una disputa que llevaba años contenida.

Además del petróleo y el gas, existe otra fuente de riqueza estratégica que sostiene al régimen. El Arco Minero del Orinoco es una inmensa zona de explotación en el sur de Venezuela, rica en oro, diamantes, coltán y tierras raras. Allí opera el ELN bajo la protección del ejército. Es un sistema de extracción brutal que genera un flujo de riqueza en efectivo y metales preciosos que financia directamente a la alta jerarquía militar, manteniendo su lealtad al sistema independientemente de lo que suceda con la renta petrolera o la economía formal.

Es notable que, a pesar de la intervención y los discursos sobre recursos estratégicos, el Arco Minero apenas ha sido mencionado. Presumimos que fue parte de la negociación para que los militares no se opusieran a la detención de Maduro. Estados Unidos habría optado por asegurar el petróleo en otras zonas del país y dejar que los militares mantengan sus rentas mineras en el sur, ya que de todas maneras intervenir allí supondría involucrarse en una guerra de guerrillas en la selva.

El anuncio fue presentado como un gesto de apertura, pero las llamadas “liberaciones” son en realidad excarcelaciones. Eso significa que el preso político sale de la cárcel y se va a su casa, pero sigue teniendo cargos pendientes y, por lo tanto, se le prohíbe salir del país y debe presentarse ante los tribunales periódicamente, generalmente cada pocos días. Además, tiene prohibición absoluta de hablar con medios de comunicación y de participar en actividades políticas.

Esto reduce el costo político de tener presos en celdas, pero mantiene el control jurídico sobre ellos. El excarcelado vive bajo una amenaza constante; el Estado le recuerda a él y a su familia que su libertad es condicional y que cualquier gesto de disidencia puede devolverlo a prisión de inmediato. Es un mecanismo de blanqueo institucional: proyecta una imagen de clemencia mientras mantiene una represión por mecanismos administrativos que es mucho más difícil de denunciar ante la comunidad internacional.

Los movimientos sociales y sindicales están en un estado de agotamiento y desmovilización profunda. Tras años de protestas multitudinarias entre 2014 y 2017 que resultaron en una represión feroz, la gente ha perdido la fe en la movilización como mecanismo de cambio. Cada vez más la prioridad ha sido la supervivencia cotidiana, en particular la alimentación y la seguridad, la lucha política ha pasado a un segundo plano.

El régimen ha sido quirúrgico en su represión contra el movimiento sindical: encarcelaron a los líderes claves para aterrorizar a las bases y paralizar cualquier intento de huelga. Si bien organizaciones como la nuestra han mantenido el apoyo técnico y la formación en ciberseguridad, el activismo es hoy una actividad de altísimo riesgo.

No veo señales de una transición democrática genuina. La estrategia del régimen parece ser la de mantener por los próximos dos años la ficción de que Maduro no ha cesado definitivamente en su cargo y que podría regresar, de modo de eludir la obligación constitucional de convocar a elecciones inmediatas, que seguramente ganaría la oposición. En esos dos años, que coinciden con los dos años finales del mandato de Trump, inundarán el mercado con bienes importados y tratarán de estabilizar el dólar para crear una sensación de bienestar. Seguramente usarán al Tribunal Supremo de Justicia para interpretar algún artículo de la constitución que les permita justificar que no hay vacancia definitiva.

Pasada la mitad del mandato ya no necesitarían llamar a elecciones, en cambio podrían declarar la “vacante absoluta” de Maduro para que Rodríguez pueda terminar el período presidencial 2025-2031. Así, intentarían llegar a elecciones en 2030 con una imagen renovada y una economía recuperada, apostando a que la sensación de bienestar económico prevalezca sobre la memoria de décadas de abusos. Podrían incluso habilitar a figuras de la oposición para simular una contienda justa, pero mantendrían el control total de los medios y el sistema electoral.

Nos preocupa que la comunidad internacional acepte la propuesta de un “autoritarismo eficiente” que reduzca el hambre pero mantenga la censura y la persecución del disenso.