CIVICUS conversa con Susana Chávez, directora de Incidencia de PROMSEX, una organización feminista peruana que promueve la autonomía, dignidad, justicia e igualdad en decisiones sobre sexualidad y reproducción, sobre el proyecto de ley de ONG propuesto en el Perú.

El Congreso peruano estudia actualmente un proyecto de ley que busca aumentar el control sobre las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que reciben fondos internacionales. La propuesta pretende clasificar a algunas entidades como dedicadas al activismo político, imponiendo restricciones a sus actividades con el argumento de proteger la seguridad interna. La sociedad civil advierte que esta legislación podría utilizarse para acallar voces críticas y afectar al trabajo en derechos humanos, causas indígenas y fiscalización gubernamental, y ha anunciado que si es aprobada emprenderá acciones legales.

¿Qué cambios introduciría la nueva ley de ONG y qué impacto tendría?

De ser ratificada por el Congreso, la ley supondría cambios significativos que afectarían tanto al ejercicio de la participación ciudadana como al funcionamiento de las OSC.

En la actualidad, las OSC están sujetas a estrictos mecanismos de control. Nuestros ingresos están completamente bancarizados, se reportan al organismo de administración tributaria y están supervisados por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), que garantiza que los proyectos se ajusten a la normativa nacional.

El proyecto de ley propone crear un registro especial para las organizaciones que supuestamente desarrollan “activismo político”, imponiendo controles adicionales cuyo alcance no define claramente. También busca prohibir cualquier tipo de convenio entre las OSC y el Estado, lo que afectaría actividades esenciales como capacitaciones, talleres educativos y proyectos de fortalecimiento institucional. Además, permitiría la intervención legislativa en la APCI, que es de competencia del Ejecutivo, lo que violaría la separación de poderes.

Las medidas propuestas afectarían especialmente a las organizaciones que trabajan en campos que son difíciles, que afectan a determinados grupos poblacionales, como los asuntos medioambientales, o situaciones que afectan la calidad de la democracia, como el tema de la transparencia electoral, o vulneran derechos humanos, y en particular derechos sexuales y reproductivos. Las medidas permitirían a gobiernos autoritarios limitar su labor y silenciar las voces críticas.

¿Qué motiva este intento de restringir a la sociedad civil?

En las últimas décadas las instituciones gubernamentales han sufrido un progresivo deterioro. Muchas OSC hemos denunciado arbitrariedades, falta de idoneidad en la designación de funcionarios y corrupción en la toma de decisiones. Estas denuncias han incomodado a quienes ocupan posiciones de poder, que ahora buscan limitar nuestra capacidad de acción.

El papel de la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos también ha sido un factor clave. Hemos denunciado las violaciones producidas durante el conflicto armado interno, las masacres y las esterilizaciones forzadas de los años ‘80 y ‘90 y las más de 50 muertes durante las recientes protestas contra el actual gobierno, así como situaciones delicadas tales como la negación del derecho al aborto terapéutico, que pone a grave riesgo la salud y vida de las mujeres, y especialmente de las niñas víctimas de violación. Nuestras denuncias ponen de manifiesto graves fallos en la protección de los derechos ciudadanos, lo que sin duda genera incomodidad en los sectores gubernamentales que buscan restringirnos.

También hemos sufrido intensas campañas de desprestigio y desinformación. Nos acusan de lucrar con la pobreza, de promover agendas extranjeras y de defender intereses contrarios al Estado. Estas narrativas buscan no solo deslegitimarnos sino también justificar las medidas restrictivas que nos quieren imponer.

¿Cómo están trabajando para evitar su aprobación?

A pesar de los desafíos, la sociedad civil no está sola en esta lucha. Aunque el Congreso cuenta con la mayoría suficiente para aprobar la ley, el apoyo de la comunidad internacional y la presión de las propias organizaciones han sido fundamentales para frenar su avance. De no ser así, esta iniciativa se habría aprobado en julio de 2024.

Aunque hemos tenido que hacer frente a una intensa campaña en nuestra contra, también hemos encontrado aliados en embajadas, organismos internacionales y agencias de cooperación internacional, que reconocen que estas medidas son similares a las que fueron aprobadas en países como Brasil, Nicaragua y Venezuela, donde han debilitado la democracia.

Si la ley llegara a aprobarse, recurriríamos a mecanismos legales nacionales e internacionales para cuestionar su constitucionalidad y su compatibilidad con los tratados internacionales. Mientras tanto, continuaremos fortaleciendo las redes de sociedad civil para proteger nuestros derechos y salvaguardar el espacio cívico.

¿Qué más puede hacer la comunidad internacional apoyar a la sociedad civil peruana?

El apoyo internacional es fundamental, ya que los derechos humanos trascienden las fronteras. Necesitamos este apoyo para defender nuestra democracia. Al no encontrar justicia internamente, hemos tenido que recurrir a instancias internacionales que le exijan al Estado peruano cumplir con sus compromisos en materia de derechos humanos.

El respaldo que recibamos de las redes internacionales, tanto bajo la forma de incidencia diplomática como de apoyo para el fortalecimiento de las capacidades de nuestras organizaciones, es fundamental no solamente para proteger a las OSC sino también salvaguardar la democracia y el espacio cívico en el país.