El nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, debía asumir el cargo el 14 de enero a las dos de la tarde – el 14 a las 14, como se repitieron ansiosos durante meses los numerosos guatemaltecos que anhelaban un cambio. Sería un acontecimiento trascendental, pero no podía darse por descontado que efectivamente se produjera.

Un año atrás, el cofundador del progresista Movimiento Semilla, un partido político nacido de las masivas protestas anticorrupción de 2015, era apenas un diputado ignoto que acababa de ser designado como candidato presidencial de su partido. Ni siquiera estaba en el radar de las encuestas de opinión. Tras una larga cadena de acontecimientos improbables, se ha convertido en el primer presidente guatemalteco de que se tenga memoria que no integra las élites autocentradas que los guatemaltecos llaman “el pacto de corruptos”, al cual ha prometido creíblemente desmantelar.

El temor que esto causó entre los beneficiarios de la cleptocracia autoritaria que lleva tanto tiempo gobernando Guatemala se reflejó en una larga cadena de intentos de impedir la toma de posesión de Arévalo. La masiva y sostenida movilización que se produjo en reacción a ello fue en gran medida responsable de haber mantenido encendida la llama de la democracia en Guatemala.

Retrasos de última hora

Todo lo que el Congreso guatemalteco tenía que hacer en la mañana del 14 de enero era certificar a los diputados recién elegidos para que el cuerpo pudiera tomar juramento al nuevo presidente. Pero este procedimiento administrativo de rutina se prolongó durante largas horas. La suspensión arbitraria del Movimiento Semilla, asediado judicialmente desde que quedara segundo en la primera vuelta del 25 de junio, fue utilizada como argumento para intentar que sus 23 diputados fueran declarados independientes en vez de parte de un bloque, con el propósito de excluirlos de toda posición de autoridad en el cuerpo.

Por ley, el nuevo Congreso debía quedar constituido antes del final del día. Mientras los políticos daban largas al asunto y las horas pasaban, la gente congregada afuera empezaba a enfadarse. El movimiento indígena, al frente de las protestas que durante meses habían logrado mantener a raya sucesivos intentos de revertir los resultados electorales, hizo un llamamiento a las comunidades indígenas de toda Guatemala para que permanecieran en estado alerta hasta que se concretara la toma de posesión.

La presencia de invitados internacionales, normalmente parte de un ritual sin importancia, también resultó vital. En las últimas horas de la tarde, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, rodeado de miembros de numerosas delegaciones extranjeras, leyó una declaración en la que urgía al Congreso guatemalteco a entregar el poder al presidente electo “como exige la Constitución”. Fue una señal de que el mundo estaba mirando lo que ocurría en Guatemala.

Mientras aumentaban las tensiones, Semilla alcanzó un acuerdo para que uno de sus diputados fuera elegido presidente del Congreso. Esto permitió reanudar el proceso de certificación, y Arévalo finalmente juró en su cargo poco después de la medianoche. Los festejos duraron la noche entera.

Tentativa de golpe por etapas

La elección de Arévalo fue inesperada. Llegó a la segunda vuelta del 20 de agosto porque otros aspirantes que no eran del agrado de la élite fueron descalificados antes de la primera ronda electoral. Nadie se molestó en bloquear su candidatura porque las encuestas prácticamente no la registraban. En esa oportunidad las expectativas de los votantes fueron extremadamente bajas, al punto que el primer puesto fue para el voto nulo.

Pero una vez que pasó a la segunda vuelta, el ascenso de Arévalo fue imparable. Las amenazas de muerte no tardaron en llegar, y días antes de la segunda vuelta salió a la luz un plan de asesinato que involucraba a actores tanto estatales como no estatales. Para protegerlos, el 24 de agosto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió medidas cautelares a Arévalo y a su compañera de fórmula, Karin Herrera.

Nada más anunciarse los resultados de la primera vuelta, nueve partidos presentaron reclamos por supuestas “irregularidades” que, llamativamente, habían pasado desapercibidas a todos los observadores internacionales. Sus simpatizantes se concentraron ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para pedir la repetición de los comicios.

El Tribunal Constitucional ordenó un nuevo recuento de los votos y ordenó al TSE que suspendiera la certificación oficial de los resultados hasta que se resolvieran las demandas. Se hizo el recuento y el TSE ratificó los resultados dos semanas más tarde, el 12 de julio.

Entretanto, la fiscal general Consuelo Porras Argueta, una funcionaria sancionada por los Estados Unidos por corrupción, inició una investigación sobre Semilla por supuestas irregularidades en su proceso de inscripción e hizo allanar sus oficinas. También ordenó dos allanamientos de las oficinas del TSE, y cuando el TSE anunció oficialmente a Arévalo como uno de los competidores en la segunda vuelta, ordenó la suspensión de Semilla. Sin embargo, el Tribunal Constitucional bloqueó esta orden y la segunda vuelta siguió su curso. Arévalo recibió el 58% de los votos, frente al 37,2% de la candidata oficialista.

Los esfuerzos por detener la toma de posesión de Arévalo comenzaron de inmediato, con un nuevo intento de la Fiscalía de suspender a Semilla. El Tribunal Constitucional siguió recibiendo y rechazando recursos hasta el mismo día de la toma de posesión.

Durante 100 días se enfrentaron dos visiones diametralmente opuestas para Guatemala: la ciudadanía deseosa de cambio se movilizó y protestó sin parar, mientras que las fuerzas corruptas vinculadas al crimen organizado se esforzaron por preservar sus privilegios a cualquier precio. Aparentemente para evitar que se convirtieran en blanco de ataques, Arévalo recién anunció la composición de su futuro gabinete a menos de una semana de su toma de posesión.

Democracia en terapia intensiva

Guatemala ha sido clasificada durante largo tiempo como un “régimen híbrido” que combina elementos democráticos y autoritarios. Bajo la presidencia del mandatario saliente, Alejandro Giammattei, las libertades cívicas se deterioraron sensiblemente, al igual que la situación de las personas defensoras de derechos humanos en el territorio. Las instituciones del Estado se debilitaron aún más, saqueadas por élites depredadoras y cooptadas por el crimen organizado.

Uno de los últimos actos del predecesor y aliado de Giammattei, Jimmy Morales, fue poner fin a los 12 años de trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Encargada de apoyar al Ministerio Público, a la policía y a otras instituciones del Estado en la investigación y persecución de delitos graves, y de fortalecerlas para que estuvieran en condiciones de enfrentar a los grupos ilegales y del crimen organizado, la CICIG ayudó a presentar más de 120 casos en el sistema de justicia guatemalteco, los cuales implicaron a más de 1.540 personas, de las cuales unas 660 enfrentaron acusaciones, entre ellas 200 funcionarios gubernamentales, incluidos expresidentes, miembros del Congreso, ministros y jueces. Sus investigaciones conjuntas con la fiscalía general resultaron en más de 400 condenas.

Durante el gobierno de Giammattei, el Ministerio Público desmanteló todos los esfuerzos anticorrupción y criminalizó a los operadores de justicia que habían trabajado junto a la CICIG. Jueces y fiscales fueron investigados, detenidos, condenados y forzados al exilio.

La impunidad se extendió aún más. El Índice de Percepción de la Corrupción 2022 de Transparencia Internacional encontró evidencia de una fuerte influencia del crimen organizado sobre la política y los políticos, e incluso de casos de actores del crimen organizado que ocupaban cargos públicos.

No es de extrañar que la confianza de los y las guatemaltecas en las instituciones del Estado haya tocado fondo. Según el último informe del Latinobarómetro, en 2021 la satisfacción con el funcionamiento de la democracia se situaba en torno del 25%. Apenas el 20% pensaba que la distribución de la riqueza era justa y un porcentaje igualmente bajo creía que el país era gobernado en beneficio de todas las personas y no solamente de las élites. Apenas el 37% creía que la democracia era preferible a cualquier otra alternativa. Estas cifras evidencian la magnitud de la tarea que Arévalo tiene por delante.

Los desafíos inminentes

Arévalo llegó a la presidencia con una sólida plataforma anticorrupción. Durante la campaña reconoció que la corrupción y la impunidad han alimentado las desigualdades, consolidando los privilegios de unos pocos y normalizando la violación de los derechos de la mayoría. Su ascenso creó enormes expectativas entre los históricamente excluidos pueblos indígenas, la sociedad civil y la juventud, todos los cuales se movilizaron en masa para asegurarse de que prevaleciera la democracia.

Pero desmantelar densas redes de complicidades, erradicar la corrupción arraigada y reconstruir las instituciones del Estado no son tareas fáciles.

Los numerosos desafíos a enfrentar incluyen un Congreso extremadamente fragmentado, con 16 partidos representados y apenas 23 de los 160 escaños en manos de Semilla. Una gran mayoría del Congreso sigue en la nómina de los intereses que Arévalo ha prometido desbaratar, al igual que la mayor parte del sistema judicial. Los sucesos del 14 de enero dejaron claro que el “pacto de corruptos” buscará impedirle a Arévalo gobernar. E intentará derrocarlo si se le presenta la oportunidad.

El 16 de enero, el presidente Arévalo y la vicepresidenta Herrera tuvieron otra toma de posesión, esta vez no oficial: una ceremonia maya organizada por autoridades ancestrales en el sitio arqueológico Kaminaljuyú. Tras la ceremonia, Arévalo habló con los medios de comunicación y confirmó que sus primeras medidas constituirían respuestas a demandas expresadas por la ciudadanía movilizada en defensa de la democracia.

La lista es larga: desde reducir el gasto político y mejorar los servicios sociales hasta revertir las leyes que criminalizan la protesta y establecer un mecanismo eficaz de protección para personas defensoras de derechos humanos. Encabeza la lista la demanda de forzar la dimisión de la fiscal general Consuelo Porras, la funcionaria que ocupa el vértice superior de la vasta red judicial creada para garantizar la impunidad del “pacto de corruptos”.

Arévalo no cuenta con atribuciones para destituir unilateralmente a la fiscal general, por lo que tendrá que negociar su salida. Esta será el primer desafío que pondrá a prueba las esperanzas depositadas en él para mantener viva la democracia. Indudablemente le seguirán muchos más.