El 20 de agosto, Guatemala protagonizó un acontecimiento poco frecuente: pese a los numerosos intentos por impedirlo, la voluntad de la mayoría prevaleció. La democracia se encontraba en una encrucijada dramática, pero la ciudadanía guatemalteca se pronunció, y lo hizo claramente: el país necesita un cambio drástico de rumbo, y lo necesita ya.

Bernardo Arévalo, líder del Movimiento Semilla, un partido progresista nacido de las protestas anticorrupción de 2015, es ahora el presidente electo de Guatemala. Tan pronto como se anunciaron los primeros resultados, estallaron celebraciones callejeras que duraron toda la noche. Fue un acontecimiento único: por una vez en la vida, la política le daba a la ciudadanía de Guatemala una alegría en lugar de la acostumbrada decepción.

Pero es de esperar que se produzcan nuevos intentos de impedir que el cambio se materialice. Lo que el pueblo de Guatemala espera de Arévalo es un gobierno moralmente competente que instaure por fin una verdadera democracia, es decir, un gobierno que atienda a los intereses de sus ciudadanos y ciudadanas antes que a los de una élite depredadora. La seriedad sin precedentes de la promesa de Arévalo se reflejó en el temor que su ascenso ha generado entre los beneficiarios de la actual cleptocracia autoritaria, o lo que los guatemaltecos llaman “el pacto de corruptos”.

La flagrante manipulación de las instituciones judiciales que se puso de manifiesto tras la primera ronda electoral del 25 de junio no logró impedir que Arévalo compitiera en la segunda vuelta. De ahí que ahora se intente impedir su investidura. Tras la segunda vuelta, en efecto, la Fiscalía volvió a la carga con el objetivo de suspender al Movimiento Semilla.

Es tanto lo que está en juego que no puede descartarse un intento de detener el cambio por la fuerza. Las amenazas de muerte contra Arévalo comenzaron a llegar en cuanto se anunciaron los resultados de la primera vuelta, y días antes de la segunda vuelta salió a la luz un complot de asesinato en el que habrían estado involucrados actores tanto estatales como no estatales.

Por razones de seguridad, la noche de la elección Arévalo no pudo dirigirse a la multitud que celebraba la victoria en la Plaza Obelisco de la Ciudad de Guatemala. El 24 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares en favor de Arévalo y la vicepresidenta electa, Karin Herrera, dando al Estado un plazo de 15 días para informar sobre la adopción de medidas adicionales -ambos ya contaban con seguridad provista por el Estado- para proteger su integridad física.

Los guatemaltecos cuentan los días que faltan para la toma de posesión de su nuevo gobierno, prevista para el 14 de enero de 2024. Pero su esperanza se mezcla con la incertidumbre y el miedo.

Sorpresa electoral y reacción

El estado de ánimo colectivo el 20 de agosto no podía ser más diferente del que imperaba el 25 de junio, cuando el primer puesto en la primera vuelta se lo llevó el voto nulo, que sacó la delantera a los numerosos candidatos en competencia que no parecían ofrecer una alternativa clara al statu quo.

El periodo previo a las elecciones de junio se caracterizó por un creciente deterioro del espacio cívico. Quienes denunciaban corrupción, connivencia, prácticas ilegales del sector privado y abusos de derechos humanos eran objeto de campañas de difamación, vigilancia, acoso y criminalización por parte de las autoridades estatales, a lo que se sumaba el riesgo siempre presente de violencia física, usualmente procedente de actores catalogados como “no identificados” e impermeables a la rendición de cuentas.

La oferta electoral se vio restringida por la descalificación de varias candidaturas, entre ellos las de la líder indígena Thelma Cabrera y su compañero de fórmula, el ex Procurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas Andrade, así como la del candidato que encabezaba las encuestas, el empresario conservador Carlos Pineda Sosa, quien no era considerado un miembro dócil del establishment político.

Pero a Arévalo nadie lo vio venir, porque ni siquiera figuraba en el radar de las encuestas. Dado el alto nivel de fragmentación del voto, el 12% que obtuvo alcanzó para llevarlo a la segunda vuelta. La candidata que salió en primer lugar, con el 16%, era la ex primera dama Sandra Torres, de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE), parte del círculo interno del establishment político.

El establishment temía a Arévalo, y con razón, ya que no parecía el tipo de persona que pudiera ser fácilmente cooptable. Académico progresista y miembro del Congreso desde 2020, prometió traer de vuelta a los numerosos operadores de justicia actualmente en el exilio y reanudar la lucha contra la corrupción clausurada por sus predecesores.

El hecho de que pudiera convertirse en el próximo presidente de Guatemala hizo que los resultados de las elecciones del 25 de junio se convirtieran instantáneamente en objeto de disputa. Nueve partidos, entre ellos la UNE, denunciaron supuestas “irregularidades” que curiosamente habían pasado desapercibidas a todos los observadores internacionales y exigieron un recuento. Sus simpatizantes se concentraron frente al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para reclamar la repetición de los comicios.

En lo que fue denunciado como un intento de “golpe electoral”, la Corte de Constitucionalidad ordenó un recuento y ordenó al TSE que suspendiera la certificación oficial de los resultados hasta que se resolvieran los reclamos. Tras el recuento, el TSE acabó refrendando los resultados dos semanas más tarde, el 12 de julio.

Pero mientras tanto, la fiscal general, una funcionaria bajo sanción de Estados Unidos por corrupción, encabezó una embestida de acoso judicial contra Arévalo y su compañera de fórmula. Inició una investigación contra Semilla por supuestas irregularidades en su proceso de registro e hizo allanar sus oficinas. En el marco de la persecución contra Semilla, también ordenó dos veces allanar las oficinas del TSE. Y al mismo tiempo que el TSE anunciaba a Torres y Arévalo como los contendientes para la segunda vuelta, ordenó la suspensión de Semilla. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad bloqueó la orden y la segunda vuelta finalmente pudo celebrarse sin impedimentos.

La Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA) adoptaron una postura firme. Días antes de la segunda vuelta, la Misión de Observación Electoral de la OEA insistió en que no había encontrado discrepancias entre los resultados oficiales y los patrones de votación observados sobre el terreno, subrayó que actores insatisfechos con los resultados estaban abusando de los instrumentos legales y advirtió de que esta “extrema judicialización” del proceso electoral hacía peligrar la democracia. En vísperas de las elecciones, la UNE calificó de “intrusiva” a la Misión de Observación Electoral de la UE.

El intento de tergiversar los resultados también fue condenado a nivel nacional por un amplio abanico de actores que iba desde las principales asociaciones empresariales hasta las autoridades indígenas.

La ciudadanía en defensa de la democracia

Pero el protagonismo lo tuvo la ciudadanía de Guatemala, que pasó varias semanas en estado de alerta, consciente de que, si bajaba la guardia, Arévalo sería expulsado de la contienda para permitir que el candidato oficialista, que había salido tercero, compitiera en su lugar.

En Ciudad de Guatemala y en las capitales departamentales se organizaron numerosas y masivas manifestaciones pacíficas, en su inmensa mayoría protagonizadas por jóvenes. Los y las manifestantes no se movilizaron a favor de Arévalo o de Semilla, sino ante todo por el derecho a decidir de la ciudadanía y, por lo tanto, por el futuro de la democracia en Guatemala.

Un sondeo de opinión publicado a principios de agosto mostraba un cambio en la opinión pública: el 76% de los encuestados decía que creía que el país iba por mal camino, el 73% pensaba que la democracia estaba amenazada y el 56% se declaraba dispuesto a protestar si la segunda vuelta era anulada. El 67% estaba en desacuerdo con la cancelación de la inscripción de Semilla y el 77% tenía una opinión favorable de Arévalo.

El día de las elecciones, esto se tradujo en una clara victoria del candidato que encarnaba el cambio: Arévalo obtuvo el 58% de los votos, frente al 37,2% de Torres. La participación bajó a 45%, frente al 60% de la primera vuelta. Pero esto se vio contrarrestado por la notable disminución del rechazo activo: los votos en blanco cayeron del 7 al 1,3% y los nulos del 17,4 al 3,5%. Ello pareció indicar que muchos que antes habían expresado su enfado mediante el “voto negativo” habían encontrado ahora a alguien en quien depositar sus esperanzas.

Las elecciones registraron una fuerte participación de votantes jóvenes, educados y urbanos, muchos de los cuales votaban por primera vez, lo que benefició aún más a Semilla. La UNE suele obtener mejores resultados en las zonas rurales como consecuencia de los programas de asistencia social que Torres promovió como primera dama y ahora prometió reactivar. Pero los votantes urbanos representan más del 60% del padrón electoral y son más fáciles de movilizar en unas elecciones centradas exclusivamente en la presidencia, mientras que los caudillos locales de las zonas rurales, una vez asegurados sus bastiones personales, cuentan con menos incentivos para trabajar para llevarle el voto a su candidato presidencial.

Un futuro incierto

Una vez que asuma el cargo, Arévalo se verá en dificultades para cumplir sus promesas, entre otras cosas porque las elecciones de junio dieron como resultado un Congreso muy fragmentado. Habrá 16 partidos con representación legislativa y Semilla tendrá apenas 23 de 160 escaños. El actual partido gobernante y la UNE serán los dos partidos con mayor cantidad de bancas.

Pero esa es una batalla para otro día. La cuestión ahora es si se respetarán los resultados de las elecciones y se permitirá a Arévalo tomar posesión de su cargo. Es una incógnita hasta dónde llegarán las élites enquistadas en el poder para intentar detenerlo. Torres aún no ha reconocido su derrota. En cambio, ha denunciado fraude y acusado a los cinco magistrados del TSE por “incumplimiento de deberes y abuso de autoridad”.

Mientras tanto, la Fiscal General y su mano derecha, un fiscal que ha hecho carrera protegiendo a los poderosos y persiguiendo a la prensa, continúan la “investigación” con la que pretenden clausurar el Movimiento Semilla. La gente ha respondido con manifestaciones frente a la oficina de la fiscal general exigiendo su renuncia.

Guatemala vive un momento histórico que presenta una oportunidad que muchos nunca pensaron que llegarían a ver. Pero es también un momento de incertidumbre, en el que el cambio que está casi al alcance de la mano aún podría escurrirse. Guatemala debe caminar con cuidado hacia el futuro, paso a paso, resistiendo los embates regresivos, judiciales y de los otros, para asegurar que el presidente electo llegue a su toma de posesión.

La ciudadanía ha dejado claro que está dispuesta a salir a la calle masivamente para defender lo que ha conseguido. Y tendrá que apoyar al nuevo gobierno sin dejar de exigirle que cumpla la misión que se le ha encomendado: restituir su contenido a la democracia.