Cuando la ciudadanía guatemalteca acudió a las urnas el 25 de junio, el clima era de desconfianza y desilusión. Si bien había una plétora de opciones, no parecía haber ninguna alternativa genuina y no se vislumbraba una salida de la espiral descendente de autoritarismo y corrupción en que estaba sumido el país. No resulta sorprendente que ningún candidato se alzara con el primer puesto en las elecciones presidenciales y en cambio se impusiera el voto nulo, con el 17%. Mucha gente ni siquiera se molestó en ir a votar, lo que se tradujo en una tasa de abstención superior al 40%.

Pero un acontecimiento inesperado trajo algo de esperanza: Bernardo Arévalo, líder del progresista Movimiento Semilla, pasó a la segunda vuelta. No había estado siquiera en el radar de los sondeos de opinión. En el contexto de un multipartidismo extremadamente fragmentado, el 12% que obtuvo le alcanzó para llegar a la siguiente ronda, prevista para el 20 de agosto.

La promesa de Arévalo de retomar la lucha contra la corrupción y traer de regreso al país a los numerosos operadores de justicia –jueces, fiscales y defensores públicos- que actualmente se encuentran en el exilio para ayudar a sanear las instituciones está causando gran preocupación entre quienes se benefician del actual estado de cosas. El hecho de que pueda convertirse en el próximo presidente de Guatemala instantáneamente ha convertido a los resultados de las elecciones en objeto de disputa. Varios partidos políticos han presentado reclamos legales para intentar forzar un recuento de votos y, en última instancia, una repetición de la elección.

Corrupción y declive democrático

Los cambios en la cúspide del poder no son una novedad en Guatemala. Desde 1986, cuando que atrás un régimen militar, el país ha tenido 12 presidentes civiles pertenecientes a nueve partidos o coaliciones diferentes, además de dos independientes. Lo que es novedoso, en cambio, es el surgimiento de una alternativa real.

Clasificada durante largo tiempo como un “régimen híbrido” que combina elementos democráticos y autoritarios, Guatemala se ha ido acercando cada vez más al autoritarismo. Los procesos electorales no son prístinos, pero no es ahí donde radican los problemas más graves. En un marco de constante deterioro de las libertades cívicas, algunos de los retrocesos más significativos se han producido en el funcionamiento de las instituciones del Estado, debilitadas por élites depredadoras y cooptadas por el crimen organizado. El Índice de Percepción de la Corrupción 2022 de Transparencia Internacional encontró evidencia de una fuerte influencia del crimen organizado sobre la política y los políticos, e incluso de casos de actores del crimen organizado que consiguen cargos públicos.

No es de extrañar que la ciudadanía guatemalteca tenga un bajo nivel de confianza en las instituciones del Estado, y en particular en las instituciones democráticas. En el último informe del Latinobarómetro, publicado en 2021, la Iglesia aparece como la institución en la que más confían los guatemaltecos, con 71%, seguida de lejos por las Fuerzas Armadas, con 34%, y por la policía, con 28%. Al final de la lista se encuentran los partidos políticos, en los cuales confía apenas el 9%, las instituciones electorales, con 17%, el Congreso, con 18%, y el poder judicial, con 20%.

Según la misma encuesta, la satisfacción con el funcionamiento de la democracia se sitúa en torno del 25%. La corrupción y sus repercusiones económicas son ampliamente reconocidas: apenas el 20% de los guatemaltecos piensa que la distribución de la riqueza es justa y un porcentaje igualmente bajo cree que el país es gobernado en beneficio de todas las personas y no solamente de las élites. Una abrumadora mayoría piensa que el acceso a la educación, la salud y la justicia es extremadamente desigual e injusto. Esto repercute sobre el apoyo a la democracia, que se encuentra en uno de los niveles más bajos de América Latina: apenas el 37% cree que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno.

Rumbo a la elección

La captura del Estado y la corrupción han repercutido sobre la calidad del espacio cívico y la competencia democrática. Quienes denuncian la corrupción, la connivencia, las prácticas ilegales del sector privado y los abusos contra los derechos humanos, entre ellos activistas de la sociedad civil, periodistas y operadores de justicia, se han visto cada vez más sometidos a campañas de desprestigio, vigilancia, acoso y criminalización por parte de las autoridades estatales. Muchos se han visto empujados al exilio.

En ausencia de mecanismos de protección, estas violaciones han allanado el camino a ulteriores ataques que incluyen agresiones físicas, generalmente perpetradas por “sujetos no identificados”. El aumento de la violencia contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos llevó al CIVICUS Monitor a rebajar su calificación del espacio cívico de Guatemala a la segunda peor categoría, represivo, en marzo de 2023.

Dichos ataques pueden ser fatales. La más reciente víctima fue Orlando Villanueva, asesinado a balazos por un grupo no identificado en marzo. Villanueva era propietario de Noticias del Puerto, un sitio web que informa sobre noticias y política local en la capital del departamento de Izabal, en el este de Guatemala.

Las restricciones de las libertades cívicas aumentaron en el periodo previo a las elecciones. Una destacada organización de derechos humanos, la Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), y su director, Jorge Santos, fueron objeto de ataques consistentes en la difusión de denuncias falsas. Y el 14 de junio, José Rubén Zamora, fundador y director de elPeriódico, un medio que había sacado a la luz más de 200 casos de corrupción, fue condenado a seis años de prisión por presunto lavado de dinero. Zamora había sido objeto de acoso e intimidación durante años e incluso había sobrevivido a un intento de asesinato. En mayo, elPeriódico anunció su cierre.

Un mes antes de las elecciones, una misión de observación de Reporteros sin Fronteras y otras organizaciones internacionales de defensa de la libertad de prensa y los derechos humanos advirtió que la ausencia de libertades básicas de prensa hacía imposible garantizar un proceso electoral legítimo.

En efecto, el proceso electoral se vio empañado por múltiples irregularidades, empezando por la inhabilitación de varios aspirantes, entre ellos la líder indígena Thelma Cabrera y su compañero de fórmula, Jordán Rodas Andrade, del Movimiento de la Liberación de los Pueblos, la única candidatura de izquierda a la que las encuestas daban posibilidades. El candidato que lideraba las encuestas, el empresario conservador y estrella de TikTok Carlos Pineda, de Prosperidad Ciudadana, también fue descalificado, evidentemente por la única razón de que no formaba parte del establishment político.

Qué pasó el 25 de junio

El 25 de junio no solamente estaba en juego la presidencia, sino también la elección de 160 escaños legislativos, de alcaldes y concejales en los 340 municipios de Guatemala y de 20 diputados para el Parlamento Centroamericano.

Cerca de dos docenas de partidos compitieron por escaños en el Congreso y 16 obtuvieron representación, dando lugar a un cuerpo muy fragmentado en el que el actual partido gobernante conserva la primera minoría, pese a que su candidato presidencial ni siquiera pasó a la segunda vuelta. Se trata de un mal presagio para quien gane la presidencia, especialmente si se trata del candidato sorpresa de la primera vuelta, ajeno a la enquistada élite gobernante.

Dado que había dos docenas de candidatos en la carrera presidencial, no resultó sorprendente que ninguno alcanzara el umbral de 50% necesario para evitar una segunda vuelta. Lo que sí fue inesperado fue el buen desempeño de Bernardo Arévalo.

La candidata que salió en primer lugar, Sandra Torres, de Unión Nacional de la Esperanza, es una política añeja. Fue primera dama de Guatemala entre 2008 y 2011 y se divorció de su marido, el entonces presidente Álvaro Colom, para eludir la prohibición legal que impide a familiares directos presentarse a elecciones. En esta oportunidad, la tercera en que compite por la presidencia, recibió el 16% de los votos.

De ser elegida, Torres se convertiría en la primera mujer presidenta de Guatemala. Pero no se trata en absoluto de una abanderada de los derechos de las mujeres. Es una política conservadora, aunque algunos la consideran moderadamente progresista por haber hecho algunas propuestas populares, tales como la eliminación de los impuestos sobre los alimentos de la canasta básica, la reducción de las tarifas de la energía y la distribución de un bono salarial para Semana Santa. Pero también es una firme activista contra el derecho al aborto -en un país donde el aborto es ilegal excepto cuando es necesario para salvar la vida de la persona embarazada- y su compañero de fórmula es un pastor evangélico.

Arévalo es un político atípico al frente de un partido atípico. Es un académico de ideas socialdemócratas y actualmente es diputado en el Congreso, donde lidera una bancada de cinco miembros que ha dado voz a una oposición progresista. También es hijo del expresidente progresista Juan José Arévalo, recordado como uno de los grandes pero forzado al exilio en los años 50. Es por eso que el ahora aspirante a la presidencia nació en Uruguay y creció en Chile y México. Su compañera de fórmula, la feminista Karin Herrera, es investigadora en microbiología y profesora universitaria.

A diferencia de muchos partidos guatemaltecos, Semilla no fue creado para ser el vehículo de las ambiciones presidenciales de nadie ni para funcionar de plataforma para intereses corruptos: fue la criatura de un grupo de intelectuales comprometidos, creció al calor de las masivas protestas anticorrupción que estallaron en 2015 y llegó al Congreso en 2019. Ese año, su candidato presidencial fue excluido de la competencia. Pero el partido se consolidó en sectores de clase media, jóvenes y mujeres, sobre todo en Ciudad de Guatemala. En esta elección fue la rara excepción que no suscribió a la declaración preelectoral antiderechos sobre “Vida y Familia” mediante la cual la mayoría de los candidatos se comprometió a impedir el avance de los derechos sexuales y reproductivos y de los derechos de las personas LGBTQI+. Además, si gana la segunda vuelta, es probable que se reanude la lucha contra la corrupción.

El día después

Los sondeos de opinión situaban a Arévalo en octavo o noveno lugar entre los numerosos aspirantes, por lo que su desempeño cogió desprevenidas a las élites.

No hay ninguna garantía de que Arévalo gane en la segunda vuelta. Para ello, tendrá que pelear por los votos de los muchos que se abstuvieron o votaron en blanco y anulado no por apatía sino por desafección. Pero el hecho de que puede ganar ha galvanizado a quienes actualmente se benefician de la corrupción, que están intentando dejarle fuera de carrera. La mayoría de los partidos pro-establishment, incluido el de Torres, han presentado reclamos y exigido nuevos recuentos de votos. Sus partidarios se concentraron frente al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y rápidamente sus demandas escalaron hacia el reclamo de que se repitan los comicios.

Era de esperarse que los partidos que se benefician de la corrupción se unieran para impedir una posible victoria de Arévalo, incluso utilizando tácticas sucias de desprestigio durante la campaña para la segunda vuelta. Sin embargo, su veloz desplazamiento desde la arena electoral hacia la judicial no ha dejado de ser una sorpresa.

Aunque el día de las elecciones se registraron diversos incidentes -incluidos casos de compra de votos, en su mayoría por parte de partidos vinculados a la alianza gobernante-, los observadores tanto internacionales como nacionales concluyeron que los resultados eran válidos y que la diferencia de más de 200.000 votos entre Semilla y el siguiente contendiente, el partido del presidente saliente, era insalvable.

Mirador Electoral, una plataforma de sociedad civil, denunció las presiones sobre el TSE como un intento de “golpe electoral”. Arévalo lo condenó como una maniobra intimidatoria, pidió a sus oponentes que presentaran sus denuncias a través de los procedimientos legalmente establecidos y solicitó al TSE, a la Corte Suprema y a la Corte Constitucional que actuaran con rapidez y responsabilidad.

En cambio, la Corte Constitucional ordenó al TSE que suspendiera la oficialización de los resultados finales hasta que se resolvieran todos los reclamos. Hay quienes temen que se produzca un intento de anular las elecciones. La misión de observación de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, la organización regional de las Américas, han denunciado las maniobras políticas y pedido que se respete la voluntad del electorado.

Guatemala se encuentra ahora en una encrucijada. En vísperas de la elección parecía al borde de la autocracia. Un resultado inesperado dejó entrever la posibilidad de un camino mucho más auspicioso, que llena de esperanza a muchos pero asusta a quienes ven peligrar su riqueza y su poder. Los próximos días y semanas serán testigos de una pulseada entre el pasado y el futuro, con tres posibles resultados.

En el peor de los casos, la segunda vuelta se retrasará una y otra vez a causa de los recursos judiciales y la tarea de nombrar un presidente antes del día previsto para la investidura recaerá sobre el Congreso. En el segundo peor escenario, se llevará a cabo un recuento voto a voto en lugar de un simple cotejo de las actas de escrutinio, se cometerá fraude en el proceso y el candidato del partido gobernante se quedará con el puesto de Arévalo en la segunda vuelta. En cualquiera de estos casos, el pasado gana.

Sólo si el recuento se lleva a cabo como corresponde, se corroboran los resultados y se celebra la segunda vuelta el 20 de agosto, el futuro tendrá una oportunidad. El establishment corrupto aún puede ganarle a Arévalo, pero esta decisión no pertenece a nadie más que a la ciudadanía de Guatemala.