Nadie, amigo o enemigo, dudó de la aplastante victoria del presidente Nayib Bukele en las elecciones del 4 de febrero. En la noche de la elección, el presidente-candidato se autoproclamó presidente reelecto y dijo haber obtenido más del 85% de los votos y por lo menos 58 de los 60 escaños parlamentarios. Los medios de comunicación de todo el mundo anunciaron la victoria electoral de Bukele y llovieron las felicitaciones de dignatarios extranjeros, a pesar de que aún no había datos oficiales.

Bukele y sus partidarios salieron a celebrar cuando el recuento de votos, entonces en torno al 30%, mostró que estaban obteniendo una cantidad de votos diez veces superior a los del segundo clasificado, alguien de quien la mayoría de los votantes nunca había siquiera oído hablar. Luego, durante el resto de la semana, la página web del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se congeló con 70% de los votos escrutados para presidente y algo más de 5% para la Asamblea Legislativa.

A medida que se fueron conociendo detalles de importantes fallos en el software de transmisión de datos electorales, surgieron dudas sobre la veracidad de los resultados publicados y grupos de oposición pidieron la anulación y repetición de las elecciones. El TSE accedió a realizar un recuento manual de los votos afectados por fallos del sistema, que representaban el 30% de las papeletas presidenciales y todas las legislativas.

Sin embargo, aunque sí se procedió al recuento de los votos legislativos, los votos para presidente finalmente sólo se verificaron mediante las actas de escrutinio, y el 10 de febrero se anunció oficialmente que Bukele había sido reelegido con el 82,7% de los votos. Su principal contendiente, del izquierdista FMLN –el partido de origen de Bukele– obtuvo un magro 6,25%. En conjunto, los cuatro candidatos de la oposición apenas obtuvieron un 17% de apoyo. Los índices de participación no fueron revelados.

Irregularidades aparte, no hubo fraude sistemático. La mayor parte de los votantes apoyó con entusiasmo a Bukele, tal y como lo habían pronosticado los sondeos de opinión, alentados por la percepción del rotundo éxito de su “guerra” contra las pandillas. Ganó la democracia, ¿o tal vez no?

¿Libres y justas?

Bukele ni siquiera debía haber estado en la papeleta, ya que la Constitución salvadoreña prohíbe la reelección presidencial inmediata. Pero la Constitución depende para su interpretación de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, que en su composición actual es adicta a Bukele.

En 2014, la Sala Constitucional dictaminó que la reelección solo era admisible con un intervalo de dos mandatos, es decir, tras una espera de 10 años. Pero tras las elecciones legislativas de febrero de 2021, que el partido de Bukele, Nuevas Ideas, ganó cómodamente, la Asamblea Legislativa, ahora dominada por Bukele, destituyó a los jueces que se habían enfrentado al presidente declarando inconstitucionales algunas de sus políticas y nombró jueces obedientes. Algunos calificaron a esta movida de “golpe institucional”.

En septiembre de 2021, este tribunal dio luz verde a la reelección del presidente. Su reinterpretación de la Constitución se centró exclusivamente en la última frase de uno de los seis artículos que, en conjunto, dejaban absolutamente clara la prohibición de la elección inmediata. Dicha frase establece que alguien no puede ser candidato a la presidencia si ha ejercido esta función en los seis meses anteriores al inicio del mandato presidencial para el que se postula.

Sobre esta base, Bukele solicitó una “licencia” para los últimos seis meses de su mandato, a fin de poder dedicarse plenamente a la campaña. Había en la historia salvadoreña un precedente similar: el de un general de los años ‘30 que llegó al poder mediante un golpe de Estado, utilizó esta táctica para ser reelegido con el 100% de los votos y luego cambió la Constitución una y otra vez para poder permanecer en el poder todo el tiempo que quisiera.

La violación de la prohibición constitucional de la reelección fue una de las razones por las que la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) reconoció, en su informe preliminar, que campo de juego había sido extremadamente desigual. El organismo regional destacó que la jornada electoral fue pacífica y que la ciudadanía ejerció su derecho al voto sin coacciones. Reconoció que la amplia diferencia entre Bukele y sus oponentes no dejaba lugar a dudas sobre la identidad del ganador, y que las cifras provisionales coincidían con su recuento informal. Pero también denunció dos importantes anomalías que habían distorsionado gravemente el proceso democrático.

La primera fue el desequilibrio de poderes que hizo posible que Bukele se presentara a la reelección y le dio el control absoluto de los recursos del Estado, acabando con todo atisbo de competencia leal.

El Código Electoral salvadoreño prohíbe la campaña anticipada, y en esta oportunidad el proselitismo solo estaba permitido entre el 3 de octubre de 2023 y el 31 de enero de 2024. Pero no había forma de que esta regla se aplicara a un presidente que vive en campaña permanente. El TSE ignoró sistemáticamente las denuncias de proselitismo anticipado, el uso por parte del gobierno de medios oficiales y recursos públicos para hacer campaña y su negativa a dar a los partidos de la oposición la parte que les correspondía de los fondos designados para la campaña.

Se calcula que hasta el 98% del dinero gastado en publicidad política entre agosto y diciembre de 2023 correspondió al partido gobernante. Bukele tuvo cuantas oportunidades quiso de publicitar el mayor logro de su gestión: la reducción de la violencia de las pandillas a niveles históricos. Las voces de la oposición fueron simplemente inaudibles.

La segunda anomalía fue la celebración de elecciones bajo un prolongado estado de excepción que conllevó la suspensión de las libertades de asociación y reunión pacífica y de las garantías procesales. Declarado inicialmente tras un pico de violencia homicida en marzo de 2002, el estado de excepción luego se prorrogó varias veces, hasta que la excepción se convirtió en regla.

Presión sobre el espacio cívico

Bajo el estado de excepción las condiciones del espacio cívico no hicieron más que empeorar. Las agresiones contra periodistas aumentaron bruscamente desde el inicio de la presidencia de Bukele, con un incremento del 184% entre 2019 y 2021. Las agresiones estuvieron lejos de amainar. Entre julio de 2023 y febrero de 2024, la Asociación de Periodistas de El Salvador registró 64 actos de agresión contra la prensa, principalmente por parte de funcionarios públicos contra periodistas de medios digitales.

Muchos periodistas se han visto obligados a exiliarse, y en abril de 2023 el medio digital de investigación El Faro trasladó sus operaciones a Costa Rica. La posibilidad de represalias provocó autocensura generalizada. El vilipendio sistemático de las voces críticas, por parte de altos funcionarios públicos y sus trolls en redes sociales, también desalentó la publicidad privada en medios independientes, desafiando aún más la sostenibilidad financiera de los pocos que sobreviven.

Los activistas de base suelen ser acusados de mantener vínculos con pandillas o son cada vez más criminalizados. En agosto, organizaciones de derechos indígenas denunciaron la persecución de líderes comunitarios nahuas. Informaron que, al día siguiente de una protesta contra un proyecto de construcción en tierras indígenas, las fuerzas de seguridad se presentaron en el domicilio de un líder comunitario para chequear documentación alegando que había una investigación en curso. En septiembre, la sociedad civil dio la alerta sobre la persecución de líderes campesinos y ambientalistas como Benjamín Amaya, criminalizado por liderar la movilización para detener la explotación privada de tierras propiedad de comunidades locales.

En noviembre, grupos de la sociedad civil salvadoreña afirmaron que enfrentaban “uno de los escenarios más adversos” desde el final de la guerra civil (1980-1992), a causa del acoso policial, la censura y el cierre de canales de diálogo con el gobierno.

Declive democrático

La calidad de la democracia salvadoreña ha experimentado un grave deterioro desde que Bukele fue elegido por primera vez en 2019, ya cada elección subsiguiente ha supuesto nuevos retrocesos. Ello se debe a que la democracia es mucho más que el gobierno de la mayoría: es un sistema pluralista donde el ejercicio del poder debe estar sujeto a reglas establecidas y conocidas de antemano para evitar la arbitrariedad.

Las elecciones legislativas de 2021 dieron a Bukele, hasta entonces enfrentado a una Asamblea Legislativa dominada por la oposición, una supermayoría que le permitió ejercer el poder sin rendirle cuentas a nadie. Cooptó al poder judicial para que hiciera la vista gorda ante sus actos ilegales e inconstitucionales y le allanara el camino a la reelección. En junio del año pasado, la Asamblea Legislativa, dominada por los Bukele, aprobó cambios en las reglas electorales que redujeron el número de escaños de 84 a 60 y modificaron la fórmula de distribución de escaños para favorecer al partido más grande.

Tras las últimas elecciones, a efectos prácticos ya no hay oposición. Las crecientes restricciones también han contribuido en gran medida a neutralizar a la sociedad civil y a los medios de comunicación independientes.

Todo esto se hizo con un amplio apoyo público popular alimentado por el incuestionable, aunque posiblemente temporario, éxito de Bukele a la hora de controlar la violencia de las pandillas, y apoyado en un incesante esfuerzo propagandístico. La promoción internacional del país como un paraíso terrenal ha conseguido incluso reforzar el entusiasmo entre la numerosa diáspora salvadoreña en los Estados Unidos, que contribuyó cantidades sustanciales de votos.

Sin embargo, lo que se viene parece más bien lo contrario del paraíso. El Salvador tiene muchos otros problemas que, eclipsados por la urgente cuestión de la violencia, no han sido abordados.

La ofensiva del gobierno parece haber incapacitado a las pandillas, reduciendo la violencia a mínimos históricos y dando un respiro a comunidades asediadas por estos grupos ilegales. A Bukele se le reconoce el mérito de haber conseguido algo que ningún gobierno anterior había logrado, y no necesariamente por atarse de manos por respeto a los derechos humanos. Pero muchos dudan de la sostenibilidad a largo plazo de su política de seguridad. Las cárceles tienen una capacidad limitada, y las pandillas podrían reinventarse y resurgir.

El gobierno no ha hecho nada para abordar las causas profundas de la violencia de las pandillas, y no parece tener un plan para hacerlo. La inflación se ha disparado, al igual que la inseguridad alimentaria, que afecta a cerca de la mitad de la población. Hasta ahora, la única respuesta de Bukele a los problemas sociales y económicos ha sido su política de seguridad. Parece haber apostado todo al aumento del turismo como resultado del retroceso de la violencia. Pero no hay ninguna certeza de que eso vaya a alcanzar.

El enfoque de mano dura que Bukele ha utilizado para abordar la cuestión de la seguridad no resultará tan útil para hacer frente a los problemas económicos y sociales subyacentes. ¿Qué ocurrirá cuando la gente se harte de los problemas irresueltos y quiera probar otras opciones? ¿Se darán siquiera las condiciones para el surgimiento de alternativas?

En el mismo acto en que premió su desempeño en materia de seguridad, la ciudadanía le dio a Bukele todas las herramientas que necesita para aferrarse al poder durante todo el tiempo que quiera. No le será fácil quitárselas cuando quiera que se vaya.