A principios de enero, en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) sobre Venezuela se puso de manifiesto la habitual parálisis. Los Estados miembros se enfrentaron por la captura de Nicolás Maduro llevada a cabo por el gobierno de Estados Unidos; muchas voces advirtieron del peligroso precedente que ello sentaba, pero no se alcanzó ninguna resolución.

Este bloqueo no fue una excepción. En 2024, los miembros permanentes ejercieron ocho vetos contra siete proyectos de resolución, la cifra más alta desde 1986. En 2025, el número de vetos descendió a cuatro —dos de Estados Unidos sobre Gaza y dos de Rusia sobre Ucrania—, pero la actividad del Consejo siguió deteriorándose. Solo se adoptaron 44 resoluciones, el nivel más bajo desde 1991, y apenas el 61,4% contó con apoyo unánime. Las profundas divisiones impidieron dar respuestas significativas a los devastadores conflictos de Gaza, Myanmar, Sudán y Ucrania.

Creado en 1945 con el mandato de mantener la paz y la seguridad internacionales —pero también, de forma decisiva, de salvaguardar la posición privilegiada de los Estados que emergieron fortalecidos tras la Segunda Guerra Mundial—, el Consejo de Seguridad se ha mostrado cada vez más incapaz de responder a los desafíos más acuciantes del mundo actual. Su estructura anacrónica refleja y reproduce dinámicas de poder obsoletas.

Esta parálisis tiene consecuencias directas sobre el terreno. Cuando el Consejo queda bloqueado, la protección de la población civil fracasa, los procesos de paz se estancan y las violaciones de derechos humanos permanecen impunes.

Cómo funciona —o deja de funcionar— el Consejo

El Consejo de Seguridad es el órgano más poderoso de la ONU. Puede autorizar intervenciones militares, imponer sanciones y establecer misiones de mantenimiento de la paz. También puede remitir casos a la Corte Internacional de Justicia y a la Corte Penal Internacional y desempeña un papel clave en la selección del secretario general de la ONU. A diferencia de la Asamblea General, donde los 193 Estados miembros están representados y tienen derecho a voto, el Consejo cuenta con solo 15 miembros. Diez son elegidos para cumplir mandatos de dos años, mientras que cinco —China, Francia, Rusia, el Reino Unido y Estados Unidos— son permanentes y disponen de derecho de veto. Este privilegio les otorga un poder extraordinario: un solo veto basta para bloquear cualquier resolución, independientemente del respaldo internacional que tenga.

Desde que lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, Rusia ha recurrido de manera sistemática a su veto para impedir la acción del Consejo, a pesar de que su guerra de agresión constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza contra la “integridad territorial o la independencia política” de otro Estado.

En el caso de Gaza, el Consejo solo logró aprobar una resolución de alto el fuego 171 días después del inicio de la ofensiva israelí, tras el veto de Estados Unidos a cuatro propuestas anteriores. Cuando finalmente se adoptó la Resolución 2728 en marzo de 2024, más de 10.000 personas habían muerto. La reacción inmediata de Israel fue anunciar que ignoraría por completo la resolución, confiado en que el gobierno estadounidense, su principal aliado, lo protegería de cualquier consecuencia.

Más allá de estos conflictos de gran visibilidad, varias crisis inesperadas reclamaron la atención del Consejo en 2025: un golpe de Estado en Guinea-Bissau, un conflicto fronterizo entre Camboya y Tailandia, los enfrentamientos en la disputada región de Cachemira entre la India y Pakistán y la escalada de tensiones que culminó con la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Aunque el Consejo celebró reuniones y consultas sobre estas situaciones, no adoptó ninguna medida sustantiva: ni resoluciones, ni despliegues de fuerzas de paz, ni acciones coercitivas.

En noviembre se produjo una inusual muestra de unidad en relación con Siria, cuando el Consejo aprobó la Resolución 2799 para retirar al presidente de transición y al ministro del Interior de las listas de sanciones por terrorismo. La resolución fue aprobada con 14 votos a favor, uno en contra y la abstención de China. Este episodio de cooperación no hizo sino subrayar lo excepcional que se ha vuelto la acción conjunta.

Los argumentos a favor de la reforma

Desde la creación de las Naciones Unidas, el número de Estados miembros se ha cuadruplicado y la población mundial ha pasado de 2.500 a 8.000 millones de personas. Sin embargo, las antiguas potencias coloniales —que representan solo una minoría de la población mundial— siguen ocupando puestos permanentes, mientras que continentes enteros continúan sin estar representados. Los 54 países de África representan aproximadamente el 25% de los miembros de la ONU, pero no cuentan con ningún asiento permanente. Tampoco lo tienen los 33 Estados de América Latina y el Caribe ni la India, con más de 1.400 millones de habitantes. Los pequeños Estados insulares, situados en primera línea del colapso climático, apenas tienen voz en las decisiones del Consejo.

Durante décadas se han multiplicado los llamamientos a la reforma, pero todos se enfrentan a un gran obstáculo: cualquier cambio requiere una enmienda de la Carta de las Naciones Unidas, un proceso que exige el voto favorable de dos tercios de la Asamblea General, la ratificación por dos tercios de los Estados miembros y la aprobación de los cinco miembros permanentes del Consejo.

La Unión Africana (UA) ha formulado la propuesta más articulada a través del Consenso de Ezulwini, presentado en 2005. Haciendo hincapié en la justicia histórica y la igualdad de poder para el Sur global, propone ampliar el Consejo a 26 miembros, con dos puestos permanentes para África dotados de pleno derecho de veto y cinco puestos no permanentes adicionales. La Unión Africana determinaría qué países ocuparían estos asientos.

El G4 —Brasil, Alemania, India y Japón— propone ampliar el Consejo a 25 o 26 miembros con seis nuevos puestos permanentes: dos para África, dos para Asia y el Pacífico, uno para América Latina y el Caribe y otro para Europa Occidental. El derecho de veto se concedería tras un período de revisión de entre 10 y 15 años. La India ha sido especialmente activa en su reivindicación de un papel más relevante en un Consejo reformado.

Por el contrario, el grupo Uniting for Consensus, liderado por Italia e integrado, entre otros, por Argentina, Corea del Sur, México y Pakistán, se opone a la creación de nuevos puestos permanentes, argumentando que ello solo ampliaría la oligarquía existente. En su lugar, propone mandatos rotatorios más largos y una mayor representación de las regiones infrarrepresentadas.

Las posiciones de los cinco miembros permanentes reflejan distintos grados de apertura a la reforma. Francia y el Reino Unido apoyan la ampliación y proponen añadir dos puestos permanentes para África, así como asientos para Brasil, Alemania, India y Japón, todos con derecho a veto, lo que elevaría el número total de miembros a 25. Estados Unidos respalda dos asientos permanentes para África, pero sin derecho de veto. China apoya la representación africana, pero se opone firmemente a la membresía permanente de Japón, mientras que Rusia se declara favorable a la reforma en principio, aunque advierte contra el riesgo de que el Consejo se vuelva “demasiado amplio”.

Estas posturas reflejan rivalidades de poder y el deseo de impedir que los competidores ganen influencia. Los actuales miembros permanentes temen una dilución de su poder, mientras que los Estados que se perciben como potencias emergentes buscan el estatus y la influencia asociados a un asiento en el Consejo. Aunque la incorporación de nuevos miembros contribuiría a corregir el desequilibrio en detrimento del Sur global, no garantizaría necesariamente un Consejo más eficaz, responsable y comprometido con la protección de vidas y los derechos humanos, especialmente si el derecho de veto se amplía.

Una iniciativa impulsada por Francia y México en 2015 ofrece una vía más pragmática, al intentar normalizar la restricción voluntaria del veto en situaciones de atrocidades masivas. La propuesta insta a los miembros permanentes a abstenerse colectivamente de utilizar el veto en casos de crímenes contra la humanidad, genocidio y crímenes de guerra, basándose en el principio de que tienen la responsabilidad de proteger a las poblaciones frente a atrocidades masivas y no únicamente de defender intereses nacionales. La moderación es posible: ni Francia ni el Reino Unido han ejercido su veto desde 1989.

Esta propuesta complementa otros esfuerzos, como el Código de Conducta del grupo interregional de Estados sobre Responsabilidad, Coherencia y Transparencia, firmado por 121 Estados, y la Resolución 76/262 de la Asamblea General, que exige un debate cada vez que se ejerce el veto. El objetivo es aumentar el costo político para los miembros permanentes cuando recurren a este privilegio, aunque en la práctica los líderes de Rusia y Estados Unidos parecen inmunes a la presión moral.

Nuevos desafíos

En junio de 2025, la Asamblea General eligió a cinco nuevos miembros no permanentes del Consejo para el período 2026-2027: Baréin, Colombia, Letonia, Liberia y la República Democrática del Congo. Sustituyeron a Argelia, Corea del Sur, Eslovenia, Guyana y Sierra Leona, uniéndose a Dinamarca, Grecia, Panamá, Paquistán y Somalia.

Los cinco nuevos miembros fueron elegidos sin oposición, aunque aun así necesitaron el respaldo de dos tercios de la Asamblea General. En teoría, los miembros del Consejo deben defender los principios de la Carta de las Naciones Unidas garantizando la protección de la población civil y exigiendo responsabilidades a los perpetradores de atrocidades. Sin embargo, las elecciones sin competencia —aseguradas mediante negociaciones opacas entre los cinco bloques regionales de la ONU— privan a la sociedad civil de toda oportunidad de evaluar si estos compromisos se cumplen efectivamente.

A este panorama ya preocupante se suma un nuevo desafío procedente de la administración Trump. El gobierno de Estados Unidos está aplicando una política de multilateralismo selectivo, orientada a remodelar el sistema internacional en función de los intereses personales de Trump y de Estados Unidos. Washington ha anunciado su retirada de 66 organizaciones y procesos internacionales y ha condicionado de forma estricta su financiación humanitaria. Ahora, Trump ha promovido una iniciativa que podría eclipsar al Consejo de Seguridad: la Junta de Paz, presentada recientemente en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza.

Los orígenes de este nuevo organismo se remontan a la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad, adoptada en noviembre de 2025 para crear un órgano temporal de dos años para la gobernanza externa de Gaza. La resolución, inusualmente vaga y aprobada con la abstención de China y Rusia, fue vista por muchos como la única vía para garantizar la aceptación de Trump, considerada imprescindible para cualquier proceso destinado a poner fin al genocidio. Sin embargo, la Junta de Paz parece haberse transformado en una institución permanente con ambiciones globales, bajo el control personal de Trump.

Como presidente, Trump dispone de amplios poderes: autoridad exclusiva para nombrar y destituir a los miembros, vetar decisiones, emitir resoluciones y fijar las agendas. Hasta ahora, la composición del organismo se inclina hacia regímenes autoritarios como Bielorrusia, Egipto, Israel, Arabia Saudí y Vietnam, mientras que los Estados más democráticos —incluidos los miembros permanentes del Consejo, Francia y el Reino Unido— han rechazado en su mayoría las invitaciones a sumarse. La ausencia de cualquier referencia a los derechos humanos en su proyecto de carta deja claro que no se trata de una institución destinada a respetarlos ni a abrirse a la sociedad civil.

El camino a seguir

En lugar de legitimar la Junta de Paz, los esfuerzos deberían centrarse en la reforma del Consejo de Seguridad. Esta debe abordar dos fallas fundamentales: la representación y el poder de veto. La exclusión persistente del Sur global es indefendible. Los sistemas ganan legitimidad cuando reflejan la diversidad del mundo e involucran activamente a los Estados menos poderosos en la toma de decisiones, lo que favorece resoluciones más ponderadas y un apoyo internacional más amplio. Pero la reforma del veto —ya sea mediante la restricción voluntaria, la exigencia de veto múltiple o su abolición— es igualmente crucial.

La rendición de cuentas y la transparencia también son indispensables. Debe existir un espacio real para que una amplia gama de actores de la sociedad civil participe en el Consejo y pueda presionar a los Estados para que prioricen la Carta de las Naciones Unidas por encima de sus propios intereses, exigiéndoles responsabilidades cuando no lo hagan.

Existe cierto impulso. El Pacto para el Futuro, adoptado en septiembre de 2024, comprometió a los líderes mundiales a desarrollar un modelo consolidado de reforma del Consejo de Seguridad. Desde 2008, la Asamblea General ha llevado a cabo negociaciones intergubernamentales formales sobre esta reforma, que abarcan la ampliación de la composición, la representación regional, la reforma del veto y los métodos de trabajo. En 2023, estas negociaciones se hicieron más transparentes: ahora las sesiones se graban y se publican en línea junto con las declaraciones de los Estados miembros. Esto permite a la sociedad civil seguir los debates, aportar conocimientos especializados y cuestionar a los Estados que bloquean el progreso.

No obstante, estos esfuerzos siguen chocando con intereses arraigados, rivalidades geopolíticas e inercia institucional. A ello se suma ahora el enfoque selectivo y transaccional de la administración Trump respecto al multilateralismo. La ONU afronta un año especialmente exigente en 2026: deberá gestionar la renovación de las operaciones de mantenimiento de la paz y, al mismo tiempo, hacer frente a una crisis de liquidez sin precedentes, agravada por los recortes de financiación. A estas presiones se suma el proceso de selección del próximo secretario general, que asumirá el cargo en enero de 2027. En este contexto, resulta tentador aplazar las decisiones difíciles.

Sin embargo, la necesidad de una reforma es evidente. La disyuntiva es clara: o se emprenden cambios que permitan al Consejo de Seguridad cumplir plenamente su mandato, o se perpetúa una parálisis que lo volverá irrelevante y abrirá la puerta a que sea sustituido por la Junta de Paz de Trump. Esta nueva amenaza debería hacernos reflexionar.

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