Recientemente se han realizado elecciones para elegir a cinco nuevos miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU).

Los Estados miembros de la ONU están organizados en cinco bloques regionales -África, Asia y el Pacífico, Europa del Este, América Latina y el Caribe, y Europa Occidental y Otros Estados- con puestos reservados en el Consejo de Seguridad, a los que pueden candidatearse. El Consejo tiene 15 miembros: cinco de ellos son permanentes -China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos-, y los otros 10 cumplen mandatos de dos años, renovándose escalonadamente por mitades todos los años.

En esta ocasión, cuatro de los cinco bloques tuvieron la oportunidad de presentar candidatos. A fines de este año, Albania, Brasil, Gabón, Ghana y Emiratos Árabes Unidos serán sustituidos por Argelia, Guyana, Sierra Leona, Eslovenia y Corea del Sur. Pero solamente uno de estos cinco Estados tuvo que ganar una votación. En el grupo de Europa del Este, Eslovenia enfrentó al peor candidato posible: el Estado autoritario de Bielorrusia.

Afortunadamente, prevaleció la cordura y el aliado más incondicional de Rusia no obtuvo un asiento en el órgano encargado de mantener la paz y la seguridad internacionales. En la votación secreta, Eslovenia obtuvo 153 votos frente a los 38 de Bielorrusia. Muchos Estados aprovecharon la oportunidad para enviar un mensaje al dictador bielorruso Alexander Lukashenko -que desde que ganó fraudulentamente las elecciones presidenciales en 2020 ha encarcelado a unas 1.500 personas y ha cerrado centenares de organizaciones de la sociedad civil- y a Vladimir Putin.

Rusia socava la credibilidad del Consejo

Aunque la presencia de Bielorrusia hubiera reforzado aún más la posición de Rusia, gracias a la estructura del Consejo de Seguridad Rusia podría continuar causando estragos incluso en ausencia de aliados. Puesto que es uno de los cinco miembros permanentes, Rusia tiene poder de veto, y como era de esperarse lo ha utilizado para impedir toda acción del Consejo de Seguridad en relación con su invasión de Ucrania. Ha podido hacerlo a pesar de que la invasión es una clara violación de la Carta de la ONU, que prohíbe el uso de la fuerza “contra la integridad territorial o la independencia política” de otro Estado. También existe un claro conflicto de intereses entre su implicación en la guerra y su rol en el Consejo, lo cual, según las normas actuales, debería obligarle a abstenerse de votar.

En consecuencia, la ONU se ha visto obligada a trasladar la cuestión a su Asamblea General, en la que están representados todos los Estados miembros de la ONU. Ésta ha aprobado resoluciones que exigen la retirada inmediata de Rusia y el fin de los enfrentamientos pero, a diferencia de las votaciones del Consejo de Seguridad, las resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes.

Peor aún, Rusia ha instrumentalizado su rol en el Consejo de Seguridad en el marco de su guerra propagandística, utilizando las sesiones del Consejo para difundir desinformación. Recientemente, su representante en la ONU afirmó en el Consejo que Ucrania, y no Rusia, era responsable de la destrucción del embalse de Kajovka. Y no se trata de un caso aislado. El año pasado, la respuesta de Rusia a la abrumadora evidencia de las atrocidades cometidas por sus fuerzas en Bucha y otras ciudades cercanas a Kiev consistió en convocar a una sesión del Consejo de Seguridad para debatir las “provocaciones criminales de militares y radicales ucranianos”. Utilizó otra sesión para difundir la desinformación de que Ucrania está desarrollando armas biológicas y químicas con ayuda de Estados Unidos.

Rusia incluso presidió el Consejo de Seguridad este mes de abril, ya que la presidencia rota mensualmente entre sus miembros. En lo que parecieron provocaciones deliberadas, utilizó su liderazgo para organizar un debate sobre la Carta de la ONU -el mismo documento que ha incumplido flagrantemente- y convocó a una sesión en la que invitó a intervenir a Maria Lvova-Belova, una funcionaria rusa que, al igual que Putin, tiene una orden de detención de la Corte Penal Internacional en su contra a causa de la deportación ilegal de niños ucranianos a Rusia.

La última vez que Rusia había ocupado la presidencia había sido en febrero de 2022, cuando decidió lanzar su invasión durante una sesión del Consejo de Seguridad. Parece decidida a arrebatar al Consejo toda la credibilidad que le queda.

Necesidad de elecciones competitivas

El hecho de que Eslovenia lograra desbaratar el intento de Bielorrusia de hacerse con un asiento en el Consejo demuestra al menos la importancia de celebrar elecciones competitivas; Bielorrusia esperaba ganar como candidato único hasta que Eslovenia presentó su candidatura en diciembre de 2021. En consecuencia, ambos Estados debieron someterse a escrutinio en un debate celebrado en mayo, en el cual previsiblemente salió a relucir la cuestión del apoyo de Bielorrusia a la guerra de Rusia.

Pero las elecciones siguen siendo la excepción más que la norma, tanto para el Consejo de Seguridad como para el Consejo de Derechos Humanos, donde el año pasado hubo competencia en solamente dos de los cinco bloques. La mayoría de las veces, los grupos regionales acuerdan un candidato único que se presenta sin oposición. En la región de América Latina y el Caribe, por ejemplo, desde 2007 ha habido una sola votación competitiva para el Consejo de Seguridad.

Esto priva a la sociedad civil de lo que debería ser una oportunidad clave de incidencia. Cuando las elecciones son competitivas, la sociedad civil puede revisar y exhibir la actuación en materia de derechos humanos de los Estados candidatos, hacer llamamientos para que prevalezcan los que tienen un mejor historial de derechos humanos y abogar por que los Estados se comprometan a adoptar ciertas posiciones si resultan elegidos.

La calidad del espacio cívico en los países miembros del Consejo de Seguridad es importante porque da a la ciudadanía la oportunidad de hacer preguntas a sus gobiernos, exigirles que les rindan cuentas y abogar por alternativas. Si los Estados elegidos para ocupar un asiento en el Consejo tienen un espacio cívico más abierto, se abren oportunidades para una mayor participación de la sociedad civil y un mayor escrutinio de las decisiones de los Estados en materia de paz y seguridad. Lamentablemente, una vez que los nuevos miembros tomen posesión de sus cargos a principios de 2024, habrá apenas uno de los 15 miembros del Consejo, Suiza, con espacio cívico abierto.

Entre los cinco países recientemente elegidos, Argelia debería suscitar especial preocupación, dada la criminalización de activistas, manifestantes y periodistas por parte del Estado. Se calcula que en la actualidad hay en el país unas 300 personas encarceladas por ejercer sus libertades cívicas fundamentales. Al promover su candidatura sin oposición, Argelia destacó sus credenciales en materia de lucha contra el terrorismo; sin embargo, utiliza las leyes antiterroristas para encarcelar a activistas pacíficos.

La forma actual de hacer las cosas también tiende a beneficiar a los Estados más poderosos dentro de cada bloque regional. Es raro que un Estado caribeño que no sea latinoamericano integre del Consejo, y ningún Estado insular del Pacífico ha formado parte de él, a pesar de que estos países están en primera línea del cambio climático, un factor de conflicto que ha estado en la agenda del Consejo de Seguridad, y a pesar de que la región está cada vez más en el punto de mira geopolítico en la medida en que China y Estados Unidos compiten por ejercer influencia sobre ella.

El impulso de la reforma

La sociedad civil lleva mucho tiempo reclamando una reforma de la ONU, que necesariamente ha de incluir una reforma del Consejo de Seguridad, para que la ONU sea más democrática, eficaz y responsable. Esto ha dado lugar a algunas medidas positivas, como los diálogos con las organizaciones de la sociedad civil convocados por algunos de los presidentes rotativos del Consejo, en los que la sociedad civil puede formular preguntas. Las ideas de reforma cuentan con el respaldo del secretario general de la ONU. Pero se necesita mucha más iniciativa.

La actual guerra en Ucrania no es, ni mucho menos, el primer gran fracaso del Consejo. No hizo nada durante los 12 años de conflicto en Siria. Pero el insostenible y absurdo doble rol de Rusia -como instigadora del conflicto y como líder del órgano que se supone que debe resolverlo- ha generado un nuevo impulso para la reforma.

Está claro que el poder de veto de los cinco miembros permanentes es un gran problema. Estados Unidos ha vetado sistemáticamente las resoluciones sobre Israel, mientras que Rusia ha vetado todo intento de acción en relación con los conflictos en que ha estado implicada, usualmente con el apoyo de China. Por ello, varias propuestas de reforma se centran en reformar el veto. Muchas de ellas abogan por introducir una mayor moderación en el uso del veto, con mucha más claridad sobre cuándo los vetos son inaceptables.

Además, es necesario democratizar el Consejo. Para muchos Estados, esto significa ampliar su composición o añadir más miembros permanentes. Algunos Estados poderosos, como Brasil, India y Japón, se muestran deseosos de unirse a la élite. El año pasado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, respaldó la idea de ampliar el número de miembros, y los planes del gobierno estadounidense parecen seguir adelante, aunque con muchos obstáculos por delante.

Es cierto que el mundo ha cambiado mucho desde que el statu quo de la inmediata segunda posguerra quedara congelado en la composición permanente del Consejo, con total exclusión de los Estados del Sur global. Pero añadir más Estados por sí solo no contribuirá a mejorar la democracia y la rendición de cuentas. El escrutinio de la sociedad civil es vital y toda propuesta de reforma del Consejo de Seguridad será insuficiente si no abre oportunidades para que la sociedad civil desempeñe un rol más importante. La celebración periódica de elecciones competitivas no resolvería todos los problemas, pero sería un buen comienzo.