En un reciente artículo de opinión publicado en el Wall Street Journal, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se comprometió a “desmantelar” la Corte Penal Internacional (CPI), el tribunal mundial de última instancia para los crímenes más graves contra los derechos humanos. El gobierno de Trump busca presionar a los Estados para que abandonen la Corte amenazándolos con sanciones, prohibiciones de viaje, restricciones de visas y un “mayor escrutinio” sobre los que reciben financiamiento estadounidense.

Desafiar la impunidad

La CPI nació en 2002, tras años de incidencia de la sociedad civil, para intervenir ante las peores atrocidades contra los derechos humanos cuando los tribunales nacionales o regionales no pueden o no quieren hacerlo. Esto abarca los crímenes contra la humanidad, el genocidio y los crímenes de guerra. Procesa a individuos y ningún líder nacional goza de inmunidad ante ella. Ya dictó varias condenas, entre ellas contra los señores de la guerra de Malí, la República Democrática del Congo y Ruanda. Entre los casos en curso, el expresidente filipino Rodrigo Duterte espera juicio tras ser acusado de crímenes contra la humanidad. La sociedad civil cumple un papel clave, porque reúne las pruebas sobre las que se apoyan estos procesos. Grupos filipinos liderados por mujeres, por ejemplo, documentaron miles de ejecuciones extrajudiciales.

La Corte cuenta con 125 miembros, pero Estados Unidos es uno de los varios Estados poderosos que nunca se sumaron, como China, India, Israel y Rusia. Eso no impidió que Rubio alimentara el temor de que políticos, soldados y agentes fronterizos estadounidenses terminaran ante el tribunal, al que tildó de herramienta de “gobiernos hostiles del Tercer Mundo”. Algo así solo podría ocurrir si el personal estadounidense cometiera crímenes contra los derechos humanos en el territorio de un Estado miembro. Lo que se deduce es que el gobierno de Estados Unidos quiere garantizarse la impunidad allí donde decida violar los derechos humanos.

La hostilidad de Estados Unidos se intensificó en 2020, cuando la CPI abrió una investigación por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en Afganistán, incluidos los que cometieron las fuerzas estadounidenses. Hay una campaña en curso que también podría merecer la atención del tribunal. En el mar Caribe y el Pacífico oriental, el ejército de Estados Unidos está bombardeando embarcaciones que, según afirma sin aportar pruebas, los cárteles de la droga usan para llevar fentanilo y otras sustancias ilícitas a su país. Los ataques empezaron como una forma de presionar al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro, pero siguieron aun después de que las fuerzas estadounidenses invadieran Venezuela y lo secuestraran. Ahora el propósito parece ser exhibir su poderío y su desprecio por las normas internacionales.

Hasta ahora, esos ataques han matado a más de 200 personas, algunas de las cuales no tenían ninguna conexión aparente con el narcotráfico. Todas eran civiles, lo que deja pocas dudas de que los ataques son ilegales según el derecho internacional. En octubre de 2025, un grupo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU) concluyó que equivalían a ejecuciones extrajudiciales. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió que se llevara a cabo una investigación, afirmando que, en su opinión, la campaña viola el derecho internacional. Como respuesta, Estados Unidos se alineó con Corea del Norte, Israel y Rusia para oponerse a un segundo mandato de Türk. El exfiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, afirmó que los ataques deberían considerarse crímenes contra la humanidad.

Entre las víctimas hay ciudadanos de Colombia, Santa Lucía y Trinidad y Tobago, tres Estados miembros de la CPI. La familia de uno de ellos, el pescador colombiano Alejandro Carranza, presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La CPI tiene competencia para investigar cualquier ataque cometido en aguas territoriales de Estados miembros o contra embarcaciones con su matrícula.

La defensa de Netanyahu

Donald Trump también está decidido a defender a su aliado más cercano, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Lo dijo así de claro y con eso desarmó el discurso de Rubio sobre la soberanía. En noviembre de 2024, la CPI dictó órdenes de detención por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra contra Netanyahu, su exministro de Defensa Yoav Gallant y el comandante de Hamás Mohammed Deif, cuya muerte a manos de Israel se confirmó después. Israel no reconoce al tribunal, pero las órdenes siguen vigentes porque Palestina sí lo reconoce.

En septiembre, Netanyahu viajará a Nueva York para asistir a la semana inaugural de alto nivel de la Asamblea General de la ONU. Eso puso otra vez la orden de detención en primer plano porque el alcalde Zohran Mamdani pidió su detención, aunque el gobierno de Trump confirmó que la ignorará. Todo esto quizás alimentó la última ofensiva del gobierno que va bastante más lejos que las sanciones que impuso en 2025 contra nueve jueces y funcionarios de la CPI. Al principio de su segundo mandato, Trump firmó una orden ejecutiva que declaró una “emergencia nacional” alegando que la Corte era una amenaza para Estados Unidos e Israel y prometiendo sancionar a cualquiera que participara en sus investigaciones.

Con esa orden, el gobierno sancionó a Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados. Como las instituciones estadounidenses son centrales en el sistema financiero internacional, las sanciones pueden dejar a una persona sin acceso a operaciones corrientes, incluso al uso de tarjetas de crédito y débito.

El temor a la criminalización puede llevar a las organizaciones con sede en Estados Unidos a poner fin a su cooperación con la CPI. El año pasado, dos de ellas se retiraron de la reunión anual del tribunal. Aun así, la sociedad civil está contraatacando. En julio, dos grupos estadounidenses demandaron al gobierno de Trump alegando que las sanciones violan las garantías constitucionales de libertad de expresión.

El sistema internacional bajo ataque

El ataque del gobierno de Trump contra la CPI forma parte de una ofensiva más amplia contra el sistema internacional y, sobre todo, contra sus funciones en materia de derechos humanos. El gobierno adopta un sistema selectivo que consiste en retirarse de algunos organismos, quitarles el financiamiento a otros, intentar doblegar a los que pueda, crear instituciones alternativas bajo su control, como la Junta de Paz, y ser abiertamente hostil con los que se le cruzan en el camino.

Estados Unidos no es el único. Burkina Faso, Malí y Níger, tres aliados del Sahel gobernados por militares, iniciaron su retirada de la CPI, un trámite que demora un año. Antes ya habían abandonado la Comunidad Económica de Estados de África Occidental y su Tribunal de Justicia Comunitario, dejando así a las víctimas de las atrocidades cometidas en medio de la insurgencia yihadista sin ninguna vía internacional para acceder a la justicia.

Venezuela tomó el mismo rumbo bajo Maduro. El año pasado, la CPI se vio obligada a cerrar su oficina en el país por la falta de cooperación del gobierno y, en diciembre, el Parlamento votó a favor de derogar la ley que ratificaba el Estatuto de Roma, el tratado por el cual los Estados aceptan la jurisdicción de la Corte. Nada cambió con la presidenta interina Delcy Rodríguez, alineada con Estados Unidos. Recientemente su gobierno declaró que la retirada era “irrevocable“. El gobierno de Estados Unidos celebró la decisión, que privará de justicia tanto a las víctimas de la represión de Maduro como a las familias de los venezolanos fallecidos en ataques a embarcaciones.

Los Estados que se van del tribunal y los que nunca se sumaron coinciden en algo: ninguno quiere rendir cuentas. En nombre de la soberanía buscan impunidad y presentan al derecho internacional como una injerencia extranjera hostil, incluso tratados de larga data como la Convención sobre el Genocidio. Los Estados del Sur Global disfrazan de anticolonialismo la defensa de sus propios intereses, mientras Estados Unidos deja claro que no tolerará que esos mismos Estados pongan freno alguno a su poder.

Otros salieron en defensa de la CPI. Un vocero de la Unión Europea afirmó que el bloque “se mantiene firme” en su respaldo a la Corte. Hungría, que con el nacionalista de derecha Viktor Orbán se había comprometido a retirarse, revirtió esa decisión bajo su nuevo gobierno.

Pero incluso quienes la respaldan utilizan dobles estándares. Varios Estados que celebraron la orden de detención contra Vladimir Putin en 2023 por el secuestro de niños ucranianos condenaron la que se dictó contra Netanyahu al año siguiente. Incluso hay Estados miembros que recibieron a los dos sin detenerlos, incumpliendo así sus obligaciones.

Hora de cerrar filas

La Corte enfrenta esta embestida en su peor momento, sin nadie que la conduzca. El 24 de julio, los Estados miembros votaron a favor de destituir al fiscal jefe Karim Khan, tras un procedimiento disciplinario iniciado a partir de una denuncia por abuso sexual de una persona que había trabajado en la institución. Es fundamental que quien lo reemplace sea una figura fuerte e independiente, capaz de continuar la labor de la Corte.

El gobierno de Trump ataca a la CPI precisamente a causa de sus esfuerzos para exigir que los poderosos rindan cuentas. Los Estados miembros de la Corte deben defender el principio de que nadie está por encima de la ley y negarse a ceder ante la presión estadounidense.

Para entrevistas o más información, póngase en contacto con research@civicus.org