Davos 2026: el multilateralismo al límite
El Foro Económico Mundial, celebrado en Davos, Suiza en enero, dejó claro que el multilateralismo está en crisis. En los días previos, Trump retiró a Estados Unidos de docenas de organismos internacionales, lanzó un ataque militar ilegal contra Venezuela y amenazó a Dinamarca, aliada de la OTAN, con apoderarse por la fuerza de Groenlandia. En Davos, presentó la Junta de Paz, un organismo bajo su control personal que parece ser un intento de reemplazar a las Naciones Unidas. En medio del caos, China se está posicionando como una alternativa autoritaria, mientras que otros países, como Canadá, proponen versiones más defensivas del multilateralismo. La sociedad civil debe formar parte del debate y garantizar que se escuchen las voces del Sur global.
La reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, siempre ha sido un evento contradictorio: una asamblea exclusiva de las personas más poderosas del mundo, que llegan en jets privados para reunirse a puerta cerrada en un complejo turístico alpino, supuestamente para ayudar a resolver problemas —incluido el colapso climático— que afectan a miles de millones de personas que no tienen ninguna representación en la sala. La reunión de este año no fue una excepción, pero los acontecimientos de la semana agregaron una contradicción adicional: el encuentro de más de 60 jefes de Estado y 800 ejecutivos de empresas bajo el lema “Un espíritu de diálogo” tuvo el objetivo declarado de reforzar la cooperación mundial para enfrentar desafíos transnacionales, pero solo reveló las profundas y crecientes resquebrajaduras del orden internacional.
Fracturas del multilateralismo
Durante la sesión, el Foro Económico Mundial encuestó a más de 1.300 académicos, líderes empresariales y políticos sobre sus mayores temores sobre el futuro. La “confrontación geoeconómica” encabezó la lista, seguida de la guerra abierta entre naciones. La batalla por el dominio entre las grandes potencias preocupa a los líderes más que la crisis climática, la desigualdad y la expansión de la inteligencia artificial. Esto dejó en evidencia la lógica que está impulsando a muchos países a desviar recursos del gasto social y la cooperación internacional para ampliar sus arsenales.
La militarización surge como respuesta al desmoronamiento del orden internacional. El 3 de enero, Donald Trump lanzó un ataque militar ilegal contra Venezuela para secuestrar al presidente Nicolás Maduro, ampliamente condenado como una violación del derecho internacional. El 7 de enero, firmó una orden ejecutiva por la que Estados Unidos se retiraba de 66 organismos y procesos internacionales, entre ellos 31 entidades de las Naciones Unidas (ONU), como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y ONU Mujeres. Los Estados Unidos están simplemente abandonando el sistema multilateral que ayudaron a construir.
El enfoque de Trump hacia el multilateralismo es abiertamente transaccional. Su administración solo participa en los procesos internacionales cuando estos promueven los intereses inmediatos de los Estados Unidos y se retira de aquellos que imponen obligaciones, incluidos los acuerdos climáticos y los mecanismos de derechos humanos. Esto disocia el multilateralismo de sus principios fundamentales: la rendición de cuentas sobre normas compartidas, la igualdad entre las naciones y la universalidad. También anima a otros Estados a seguir su ejemplo, debilitando la estabilidad de la cooperación internacional.
Trump también está recortando drásticamente la financiación destinada a organismos internacionales, lo que amenaza con dejarlos en una situación precaria. Los programas de desarrollo, derechos humanos y mantenimiento de la paz de la ONU dependen en gran medida de las contribuciones financieras de Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud se enfrenta a un déficit que amenaza su capacidad para responder a emergencias sanitarias porque el Gobierno estadounidense se retiró sin pagar sus contribuciones atrasadas.
Trump está poniendo en peligro la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la alianza militar que Estados Unidos fundó después de la Segunda Guerra Mundial. Amenazó a Dinamarca, miembro de la OTAN, con aranceles del 25% a menos que acepte la compra de Groenlandia por parte de Estados Unidos y señaló que podría apoderarse del territorio por la fuerza.
El artículo 5 de la OTAN sobre la defensa colectiva —que establece que un ataque contra un miembro es un ataque contra todos— ha sido invocado una sola vez, por Estados Unidos, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Ahora, Estados Unidos pone en duda esta disposición al amenazar con emprender acciones militares contra sus aliados, lo que ha provocado una gran conmoción en la alianza. La reacción de los Estados europeos ha sido de buscar la autonomía estratégica, centrándose en reforzar su seguridad económica y militar. A pesar de su retórica sobre la defensa del orden basado en reglas, los Estados europeos están recortando la ayuda al desarrollo y reduciendo sus contribuciones a la ONU, alegando restricciones presupuestarias, mientras que consiguen miles de millones adicionales para gastos militares.
Trump ha dejado claro que se considera por encima del derecho internacional, declarando que solo necesita su cuestionable moralidad como guía. Ante esta situación de anarquía, muchos Estados y empresas están optando por el apaciguamiento.
Visiones contrastantes
Otros Estados están tratando de aprovechar esta oportunidad. En Davos, China se posicionó como una alternativa responsable en comparación con Trump, promoviendo su iniciativa: el “Grupo de Amigos de la Gobernanza Global”, un conjunto dentro de la ONU formado por 43 Estados que en su mayoría son autoritarios, entre los que se encuentran Bielorrusia, Corea del Norte y Nicaragua. Se trata de un instrumento para la iniciativa de gobernanza global de China, que defiende una visión de cooperación internacional en la que la soberanía estatal es primordial y no se permite lo que describen como interferencia en los asuntos internos.
La lista larga de jefes de Estado que se reunirán con el líder chino Xi Jinping demuestra que muchos países están dando un giro hacia China debido al creciente caos. Pero esto tiene un precio: en la visión de China, no hay lugar para el escrutinio internacional del cumplimiento de los derechos humanos ni para la cooperación para promover las libertades civiles y democráticas.
El primer ministro canadiense, Mark Carney, uno de los varios que han viajado recientemente a Pekín, atrajo atención por su discurso en Davos, en el que declaró abiertamente que el antiguo orden había llegado a su fin y pidió a las potencias medias como Canadá que se unieran para no correr el riesgo de verse desplazadas por las potencias más grandes. Obtuvo una buena acogida por parte de la prensa porque se le vio enfrentándose a Trump y porque sus palabras resonaban con lo que muchos pensaban: que la geografía y las alianzas históricas ya no garantizan la seguridad. También admitió algo que la sociedad civil sabe desde hace tiempo: el orden internacional basado en reglas siempre fue en parte una ficción, mantenida por Estados ricos que se beneficiaban de las asimetrías de poder. Carney defendió respuestas multilateralistas en lugar de aislacionistas a la competencia entre las grandes potencias, insistiendo en la formación de coaliciones basadas en intereses y valores comunes en torno a diversas cuestiones importantes.
Pero el enfoque de Carney fue esencialmente defensivo, buscando proteger el poder y la posición actuales de Canadá y otros Estados similares, retrocediendo del principio de universalidad en favor de coaliciones ad hoc de Estados dispuestos. No dijo nada sobre el papel de la sociedad civil y los países del Sur global, a pesar de que aportan perspectivas cruciales sobre cuestiones que van desde la rendición de cuentas por las atrocidades masivas hasta la financiación de la adaptación al clima. Cualquier intento multilateral de contrarrestar la influencia de Trump debería amplificar las voces del Sur global en lugar de marginarlas para favorecer los intereses de las potencias medias.
La diplomacia disruptiva de Trump
La presencia de Trump pesaba sobre Davos incluso antes de su llegada con la mayor delegación estadounidense en la historia del foro. Sus amenazas para hacerse con Groenlandia provocaron reuniones de última hora. Pero una respuesta unificada obligó a Trump a cambiar de rumbo: junto con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció un acuerdo marco sobre Groenlandia centrado en la seguridad del Ártico. Esta marcha atrás se disfrazó de acuerdo, pero ofreció un ejemplo más del caos que provoca Trump.
Trump también aprovechó el Foro para lanzar su Junta de Paz. Este organismo tiene su origen en la controvertida resolución del Consejo de Seguridad de la ONU de noviembre de 2025, que acordó establecer una estructura de gobernanza externa para Gaza. Sin embargo, Trump lo preside a título personal, y evidentemente tiene previsto que la Junta desempeñe un papel permanente y más amplio, por lo que podría permanecer en el cargo más allá del final de su mandato presidencial, con plenos poderes para vetar decisiones, emitir resoluciones, determinar agendas e invitar o destituir a miembros.
Trump parece estar asumiendo el papel de presidente mundial de facto, capacitado para usar su poder personal para resolver conflictos mediante reuniones con líderes y presionarlos para que lleguen a acuerdos. Esto también podría ser un negocio lucrativo. La membresía permanente de la Junta de Paz cuesta 1 000 millones de dólares. No está claro adónde se destina el dinero, pero Trump está acusado de abusar sistemáticamente de su presidencia para obtener beneficios económicos personales, ganándose, según se informa, 1.400 millones de dólares en su primer año de mandato.
Este nuevo organismo pretende desafiar el Consejo de Seguridad en particular, la institución de la ONU destinada a mantener la paz y la seguridad, pero paralizada por el uso del veto por parte de China, Estados Unidos y Rusia. El texto de la Carta de la Junta de la Paz no menciona la protección de los derechos humanos, no contiene disposiciones para la participación de la sociedad civil y no establece mecanismos de rendición de cuentas. Esto representa un retroceso con respecto a las estructuras de la ONU que la Junta de la Paz pretende sustituir.
Hasta ahora, la mayoría de los miembros de la Junta son Estados autocráticos como Arabia Saudí, Bielorrusia y Egipto. Los Estados más democráticos rechazaron las invitaciones para unirse, principalmente debido a preocupaciones sobre la relación poco clara del organismo con la ONU. La respuesta de Trump frente al rechazo ha sido amenazar con aumentar los aranceles contra Francia y rescindir la invitación a Canadá.
Redefinir el multilateralismo
El Foro Económico Mundial demostró una vez más que el sistema multilateral está en crisis. A medida que el antiguo orden se desintegra, la sociedad civil debe asumir un papel clave en la definición del futuro.
Aunque la ONU necesita reformas, sigue siendo el único marco global basado en la igualdad y los derechos humanos universales. Ante los ataques de quienes la abandonan o tratan de diluir su mandato en materia de derechos humanos, la sociedad civil debe movilizarse para mantenerla anclada a sus principios fundacionales.
Un multilateralismo reinventado debe desmantelar las jerarquías que excluyen las voces del Sur global. La demanda de Gambia contra Myanmar por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia y el liderazgo de los Estados del Caribe y las islas del Pacífico en la financiación de pérdidas y daños climáticos, en colaboración con la sociedad civil, demuestran por qué los países del Sur global deben ocupar un lugar central, y no periférico, en cualquier reinvención del multilateralismo.
La sociedad civil debe organizarse más allá de las fronteras para defender el derecho internacional. En un momento en que algunos líderes se declaran por encima de la ley y muchos optan por el apaciguamiento, la sociedad civil tiene que crear coaliciones para documentar las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos y exigir rendición de cuentas. No es la primera vez que la sociedad civil tiene que ganar el debate con el argumento de que el poder no da la razón.
NUESTROS LLAMADOS A LA ACCIÓN
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Los Estados democráticos deben rechazar iniciativas no sujetas a rendición de cuentas, como la Junta de Paz de Trump, y defender los principios de la ONU, garantizando su basamento en los derechos humanos universales.
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La ONU debe consultar las propuestas de reforma con la sociedad civil, incluida toda iniciativa respecto del Consejo de Seguridad.
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Los Estados deben apoyar los mecanismos impulsados por la sociedad civil para monitorear y habilitar la rendición de cuentas por violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, y rechazar todo marco de gobernanza que excluya la participación de la sociedad civil.
Para entrevistas o más información, póngase en contacto con research@civicus.org
Foto de portada de Jonathan Ernst/Reuters vía Gallo Images


