Durante unos días en mayo de 2026, Francesca Albanese pudo vivir con más tranquilidad. El 13 de mayo, un juez federal de Estados Unidos dictaminó que las sanciones que la administración Trump le había impuesto violaban su derecho a la libertad de expresión, y el gobierno se vio obligado a retirar a la relatora especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Territorios Palestinos Ocupados de su lista de sanciones. Pero la victoria duró apenas una semana: el 27 de mayo, luego de que un tribunal de apelaciones suspendiera el fallo, el Tesoro de Estados Unidos restableció las sanciones.

Las sanciones han sido severas. Dada la posición dominante de las instituciones estadounidenses en las transacciones financieras internacionales, Albanese ya no puede usar tarjetas de crédito ni de débito. Su apartamento en Washington D. C. ha sido embargado y la Universidad de Georgetown le retiró su afiliación como investigadora. ¿Su delito? Denunciar el genocidio de Israel en Gaza y las políticas de apartheid que lo precedieron.

Lo que le ocurrió a Albanese no es un incidente aislado. Los Estados democráticos llevan mucho tiempo aplicando sanciones contra dictadores, terroristas y otros que cometen violaciones de derechos humanos, pero ahora la administración de Trump las está usando cada vez más como arma contra quienes los defienden.

La relatora especial en la mira

Albanese es una de las muchas personas expertas independientes en derechos humanos que integran los llamados procedimientos especiales, mecanismo a través del cual la ONU designa expertos cuyo mandato es informar al Consejo de Derechos Humanos sobre países o temas específicos. Actualmente hay 46 mandatos temáticos y 13 de países. Estos cargos –que incluyen a expertos independientes, relatores especiales y miembros de grupos de trabajo–  son voluntarios y no remunerados, y tienen una duración de máximo seis años. Estos mandatos son fundamentales para mantener cuestiones clave de derechos humanos en la agenda internacional, documentar violaciones y exigir que los Estados rindan cuentas. Para la sociedad civil son una vía esencial de acceso y participación en el sistema de derechos humanos de la ONU, ya que le permiten aportar evidencia y recomendaciones a los informes que presentan los titulares de los mandatos.

Ciudadana italiana con formación jurídica, Albanese fue designada en 2022 e inició su segundo y último mandato en 2025. Ha criticado de forma sistemática la ocupación israelí en los territorios palestinos. En 2024, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos su informe Anatomía de un genocidio en el que encontró motivos razonables para concluir que Israel cometía actos genocidas en Gaza y reclamó un embargo de armas. Su informe de 2025, De la economía de la ocupación a la economía del genocidio, expuso la complicidad de grandes empresas, entre ellas Amazon, Microsoft y Palantir, en el genocidio de Israel en Gaza y la violencia contra los palestinos en Cisjordania.

Sus demandas de justicia han desatado una feroz reacción de Israel y sus aliados. Israel exigió que fuera destituida de su cargo y le prohibió el ingreso a Israel y Palestina. La administración de Trump siguió su ejemplo y también pidió su destitución. En respuesta a su informe de 2025, la acusó de llevar adelante una “guerra política y económica, que amenaza nuestros intereses nacionales y nuestra soberanía”. Cuando le impuso sanciones el pasado julio, fue la primera vez que esas medidas se aplicaban a una persona experta independiente en derechos humanos de la ONU.

Sanciones politizadas

Albanese no es la única en la mira. Este mes, Israel recibió una condena internacional generalizada por sus acciones contra la Flotilla Global Sumud, una iniciativa liderada por la sociedad civil para desafiar el bloqueo israelí a la ayuda humanitaria en Gaza y llevar suministros vitales por mar. Israel interceptó los barcos en aguas internacionales, secuestró a quienes iban a bordo y los sometió a abusos aberrantes, entre ellos agresiones sexuales, palizas y grandes períodos inmovilizados con precintos plásticos. Cuando el ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha de Israel, Itamar Ben-Gvir, publicó un video burlándose de los activistas secuestrados, Estados democráticos como Canadá, Italia y el Reino Unido condenaron su conducta, y Francia y Polonia le prohibieron la entrada a sus países.

Pero el Gobierno de Estados Unidos hizo lo opuesto: impuso sanciones a cuatro activistas que organizaron la flotilla. La politización de las sanciones es evidente, dado que una de las primeras medidas de Donald Trump al regresar a la presidencia fue levantar las sanciones a los colonos israelíes violentos de Cisjordania.

La Corte Penal Internacional (CPI) también ha sido blanco de estas medidas. El año pasado, la administración de Trump sancionó a nueve funcionarios de la CPI, entre ellos varios jueces. Las sanciones se produjeron después de que la CPI emitiera órdenes de detención por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, y en represalia por la investigación de la Corte sobre posibles crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en Afganistán.

Trump ha convertido los ataques contra la CPI en un pilar fundamental de su política exterior. Según trascendió el año pasado, su administración amenazó a sus funcionarios con imponer nuevas sanciones para forzar la revisión del tratado fundacional de la corte, el Estatuto de Roma, de modo de excluir expresamente su jurisdicción sobre Estados no miembros tales como Estados Unidos. Al inicio de su segundo mandato, Trump emitió un decreto que amenazaba con sanciones a cualquiera que participara en las investigaciones de la CPI. Fue esa misma orden la que abrió la puerta a las sanciones contra Albanese. Trump ya había sancionado a dos funcionarios de la CPI durante su primer mandato.

Trump también ha usado las sanciones para bloquear la acción climática. El año pasado, la Organización Marítima Internacional estaba a punto de cerrar un acuerdo para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero de la industria naviera. En el último momento, la adopción de las nuevas normas quedó en suspenso cuando Trump amenazó con imponer sanciones a los Estados que apoyaran las restricciones de emisiones.

Efecto disuasorio

Más allá de sus efectos inmediatos, las sanciones permiten que los Estados represivos difamen a los defensores de los derechos humanos tachándolos de criminales y terroristas. Para Albanese, las sanciones forman parte de una campaña más amplia para restringir su libertad de expresión. Ella y su hija han recibido amenazas de muerte. En 2025, universidades de Berlín y Múnich cancelaron actos en los que había sido invitada a hablar, tras las presiones del embajador israelí en Alemania. El acto berlinés terminó celebrándose en otra sede, pero con un despliegue intimidatorio de la policía antidisturbios. Albanese también ha señalado que la carrera de su esposo en el Banco Mundial ha sufrido las consecuencias de sus declaraciones públicas.

El efecto disuasorio se extiende más allá de Albanese. El temor a ser penalizadas por incumplir las sanciones llevó a dos organizaciones de derechos humanos con sede en Estados Unidos a retirarse de la reunión anual de la CPI el año pasado. Para la administración de Trump, las sanciones forman parte de una ofensiva más amplia contra el derecho de personas e instituciones a exigir justicia por las violaciones de derechos humanos cometidas por Israel. A estas sanciones se suman la violencia contra las protestas en solidaridad con Palestina, las deportaciones de activistas y las amenazas de expulsar estudiantes y recortar el financiamiento a instituciones educativas. La intención es silenciar a los críticos de Israel, empezando por Albanese.

El uso indebido de las sanciones también forma parte de un ataque más amplio a las instituciones y las normas de la gobernanza mundial. La administración Trump distorsiona las normas internacionales sobre cómo y a quién se aplican las sanciones, y decide discrecionalmente en qué organismos participar y qué reglas acatar según lo que considera el interés nacional de Estados Unidos. Al mismo tiempo, arremete contra los organismos y procesos internacionales que someten su conducta al escrutinio de los derechos humanos.

Justicia aplazada

El 13 de mayo, tras una demanda presentada por la familia de Albanese, el juez de distrito Richard Leon dictó una medida cautelar contra las sanciones, al considerar que la castigaban por ejercer su libertad de expresión, un derecho constitucionalmente protegido. Sostuvo que sus recomendaciones a la CPI no tenían efecto vinculante y que solo eran su opinión. Por un momento, el fallo sugirió que los excesos de la administración de Trump en el uso de las sanciones podían ser frenados por la vía judicial.

Esa esperanza se ha visto frustrada. El 22 de mayo, tres jueces del Tribunal de Apelación de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia suspendieron el fallo de Leon, y unos días más tarde la administración de Trump volvió a incluir a Albanese en la lista de sanciones. El tribunal aclaró que su decisión era de carácter procesal y no debía interpretarse como un pronunciamiento sobre el fondo del caso, pero su efecto práctico fue inmediato: las sanciones seguirán en vigor mientras se tramita la apelación.

Una sola sentencia, ahora suspendida, nunca iba a ser suficiente para contener el uso creciente que hace la administración de Trump de las sanciones como herramienta para silenciar voces disidentes. Los Estados democráticos que condenaron los abusos de Israel contra los activistas de la flotilla deben mostrar la misma firmeza cuando el Estado más poderoso del mundo usa las sanciones contra personas cuyo único delito es insistir en que los derechos humanos rigen en todas partes, incluida Gaza.

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