El Tribunal Supremo de Brasil ha emitido una largamente esperada sentencia que confirma las reivindicaciones de los pueblos indígenas brasileños sobre sus tierras ancestrales. Lo ha hecho rechazando el denominado principio del “marco temporal”, que solamente permitía la demarcación y titulación de las tierras que los grupos indígenas que las reclamaban ocupaban físicamente antes del 5 de octubre de 1988, fecha de aprobación de la actual Constitución. Esto excluía a las numerosas comunidades indígenas que habían sido expulsadas violentamente de sus tierras ancestrales antes de esa fecha, y en particular durante dictadura militar que se extendió entre 1964 y 1985.

La demanda había sido presentada en relación con un litigio territorial en el estado de Santa Catarina, pero la decisión se aplica a centenares de situaciones similares en todo Brasil.

También se trató de una buena noticia para el clima global. Brasil alberga el 60% de la selva amazónica, un estabilizador climático clave por la enorme cantidad de carbono que almacena y el volumen de agua que libera en la atmósfera. La mayor parte de los aproximadamente 800 territorios indígenas de Brasil -más de 300 de los cuales aún no han sido demarcados oficialmente- se encuentran en la región amazónica. Y no hay mejores custodios de la selva tropical que los pueblos indígenas: cuando se oponen a la deforestación, protegen sus medios y formas de vida. Las áreas mejor conservadas de la Amazonia son las que se encuentran reconocidas y protegidas legalmente como territorios indígenas.

Pero la historia no termina allí: políticos respaldados por el poderoso lobby de la agroindustria han impulsado legislación para imponer el Marco Temporal, ignorando descaradamente la sentencia judicial.

Tira y afloja

La sentencia del Tribunal Supremo no era en modo alguno una victoria segura, y sólo se produjo tras una larga lucha. Durante años se produjeron centenares de movilizaciones indígenas en reclamo del rechazo del Marco Temporal.

La sentencia responde a un recurso extraordinario de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI) contra un intento, impulsado por la agroindustria, de rechazar las reivindicaciones del pueblo indígena xokleng de Santa Catarina.

Cara los poderosos intereses del agronegocio, el Marco Temporal constituye la forma adecuada de regular el artículo 231 de la Constitución de manera de proporcionar la seguridad jurídica que los productores rurales necesitan para seguir operando. El artículo 231 reconoce a los pueblos indígenas “su organización social, costumbres, lenguas, creencias tradicionales y los derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, correspondiendo a la Unión demarcarlas, protegerlas y hacer que se respeten todos sus bienes”.

Los grupos de defensa de los derechos indígenas denunciaron el Marco Temporal como un claro intento de legalizar el robo de tierras indígenas. Los mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos les dieron la razón: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos de los pueblos indígenas advirtieron que el Marco Temporal contradecía las normas universales e interamericanas de derechos humanos.

En su decisión del 21 de septiembre, nueve de los once miembros del Tribunal Supremo declararon inconstitucional el Marco Temporal. Los dos jueces que lo respaldaron, Kassio Nunes Marques y André Mendonça, habían sido nombrados por el expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, de quien Mendonça fue también ministro de Justicia. Estos jueces, que cuentan con un historial de decisiones favorables al agronegocio, también fueron los dos únicos integrantes del Tribunal Supremo que se negaron a considerar el ataque del 8 de enero de 2023 contra las sedes del gobierno federal por parte de partidarios descontentos de Bolsonaro como un intento de golpe de Estado.

Mientras el Tribunal Supremo celebraba sus audiencias y realizaba sus deliberaciones, el cambio político se afianzaba. Bolsonaro, en el poder de 2019 a 2022, había prometido no ceder “ni un centímetro más” de tierra a los pueblos indígenas. El proceso de demarcación de tierras permaneció estancado durante años, a pesar de que los trámites estaban listos para que decenas de comunidades indígenas recibieran títulos de propiedad y protección frente a las incursiones depredadoras de mineros, madereros y agricultores.

Pero todo esto ha cambiado. En abril de 2023, el presidente Lula firmó decretos mediante los cuales se reconocían seis nuevos territorios indígenas. Estos pueblos indígenas fueron autorizados a ocupar la tierra y se les concedió acceso exclusivo a sus recursos y autoridad para expulsar invasores.

Al anunciar las seis nuevas reservas, Lula afirmó que su gobierno demarcaría tantas tierras indígenas como fuera posible, para hacer realidad los derechos de los pueblos indígenas y ayudar a cumplir los compromisos climáticos de Brasil. Prometió aprobar todos los expedientes pendientes antes del final de su mandato en 2026, una promesa que va de la mano con el compromiso de deforestación cero para 2030. El reconocimiento de otras dos reservas en septiembre llegó junto con la noticia de que la deforestación en la Amazonia brasileña había caído 66% en agosto en comparación con el mismo mes de 2022.

La agroindustria contraataca

Pero el lobby agroindustrial no se limitó a aceptar su destino. La poderosa bancada ruralista del Congreso presentó un proyecto de ley que consagraba el principio del Marco Temporal, que la Cámara de Diputados aprobó rápidamente el 30 de mayo. La votación fue acompañada de protestas: grupos indígenas bloquearon una importante carretera y se enfrentaron con la policía con sus arcos y flechas ceremoniales. Fueron dispersados con cañones de agua y gases lacrimógenos.

Poco después, el Senado introdujo enmiendas radicales en el proyecto de ley de ministerios enviado por Lula, diluyendo las competencias de los ministerios de Pueblos Indígenas y Medio Ambiente. La sociedad civil salió a la calle y se manifestó en las redes sociales en apoyo de las políticas ambientales del gobierno.

El proyecto de ley de Marco Temporal siguió su curso en el Congreso incluso después de la decisión del Tribunal Supremo. El 27 de septiembre, con 43 votos a favor y 21 en contra, el Senado lo aprobó con carácter de “urgencia”, rechazando el fondo de la sentencia del Supremo y alegando que al dictarla el tribunal había “usurpado” competencias legislativas.

La Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) evaluó que, además de mantener el Marco Temporal, el proyecto de ley pretendía flexibilizar la política de no contacto con los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y abrir la puerta a la producción de materias primas y a la construcción de infraestructura en tierras indígenas, entre otras violaciones graves de los derechos de los pueblos indígenas. Por estos motivos, los grupos indígenas lo denominaron el “Proyecto de Ley del Genocidio Indígena”.

La lucha continúa

Al acercarse la fecha límite del 20 de octubre para que el presidente Lula firmara o vetara el proyecto de ley, una campaña encabezada por la diputada indígena Célia Xakriabá recogió casi un millón de firmas en apoyo de la demanda de veto total. Junto con otros grupos de la sociedad civil, la APIB hizo un llamamiento urgente a la ONU solicitando apoyo para instar a Lula a vetar el proyecto de ley.

El 19 de octubre, el Ministerio Público Federal sostuvo que Lula debía vetar la ley por considerarla inconstitucional. Ese mismo día, sin embargo, fuentes gubernamentales de alto nivel afirmaron que no habría un veto total, sino un veto parcial “muy amplio” Y, efectivamente, al día siguiente se anunció que Lula había vetado parcialmente el proyecto de ley. Según un portavoz del gobierno, se vetaron todas las cláusulas que atentaban contra los derechos indígenas y eran contrarias a la Constitución, mientras que las que se mantuvieron servirían para mejorar el proceso de demarcación de tierras, haciéndolo más transparente.

Aún si la parte de la ley que no fue vetada no socava la sentencia del Tribunal Supremo, la cuestión dista mucho de estar zanjada. El veto ahora debe ser analizado en una sesión legislativa que aún no tiene fecha. El poderoso lobby del agronegocio no dará marcha atrás fácilmente. Como lo informa APIB, muchos políticos poseen tierras que se superponen con territorios indígenas, y muchos más han recibido financiamiento para sus campañas de empresas agrícolas que ocupan tierras indígenas.

No se pueden descartar nuevas iniciativas del Congreso, de tendencia derechista. Pero la sentencia del Tribunal Supremo también tiene algunos problemas. El más flagrante se refiere al reconocimiento de que debe haber una “compensación justa” para los ocupantes no indígenas de tierras indígenas que fueron adquiridas “de buena fe” antes de que el Estado las considerara territorio indígena. Los grupos indígenas sostienen que, aunque es posible que un número muy reducido de casos de este tipo, en un contexto de creciente violencia contra las comunidades indígenas, la propuesta de compensación recompensaría e incentivaría aún más las invasiones ilegales.

Pero bajo la superficie de las rencillas políticas se están produciendo cambios más profundos que señalan la existencia de un movimiento cada vez más fuerte y mejor equipado para defender los derechos de los pueblos indígenas.

El censo de 2022, cuyos resultados se publicaron en agosto de 2023, mostró un aumento del 90%, de 896.917 a 1,69 millones, del número de brasileños que se identifican como indígenas en comparación con el censo de 12 años atrás. Detrás de estas cifras no hay un auge demográfico sino una larga labor del movimiento indígena para aumentar la visibilidad de y el respeto por las identidades indígenas. Personas que durante mucho tiempo ignoraron e incluso negaron su ascendencia para protegerse del racismo ahora recuperan sus identidades indígenas, a veces incluso identificándose como parte de grupos étnicos considerados oficialmente extintos. Ni siquiera la violenta postura anti indígena del gobierno de Bolsonaro pudo revertir este proceso en curso.

El movimiento indígena brasileño es hoy más fuerte que nunca. El presidente Lula debe su elección al hecho de que se posicionó como una alternativa frente a su predecesor antiderechos y negador del cambio climático. Ahora tiene la oportunidad de reafirmar su compromiso con los derechos humanos de los pueblos indígenas al mismo tiempo que actúa para hacer frente la crisis climática.