A nivel mundial, está cobrando impulso la demanda de normas fiscales más justas y eficaces, de modo que quienes tienen más contribuyan en mayor medida.

La riqueza no escasa, pero está concentrada en pocas manos: las fortunas de las élites están alcanzando niveles sin precedentes. En 2024, los 2.769 multimillonarios del mundo añadieron otros dos billones de dólares a su riqueza, lo que equivale a unos 5.700 millones de dólares diarios. En la última década, el 1% más rico del mundo acumuló la asombrosa cifra de US$42 billones.

Mientras tanto, la gran mayoría de las personas enfrentan crecientes dificultades económicas. Si bien en las últimas décadas se lograron avances significativos en la reducción de la pobreza extrema – gracias en parte al trabajo persistente de la sociedad civil – estos progresos se estancaron durante la pandemia de la COVID-19, y no se han recuperado desde entonces.

Hoy, con un costo de vida en alza, muchas personas luchan diariamente para llegar a fin de mes. Los precios de los alimentos y el combustible siguen aumentando debido a los conflictos y a fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más probables y frecuentes por causa del cambio climático. En un mundo cada vez más inestable, donde los Estados poderosos muestran cada vez menos disposición a resolver las disputas pacíficamente y los eventos climáticos extremos se multiplican ante la inacción frente al cambio climático, los altos costos cotidianos y la precariedad económica podrían volverse la norma.

Un mundo profundamente desigual

También vivimos en una era de desigualdad económica que amenaza con perpetuarse de generación en generación. La inmensa riqueza de las élites contrasta drásticamente con el panorama que enfrentan muchos jóvenes, quienes, a pesar de graduarse de la universidad con conocimientos y habilidades, encuentran escasas oportunidades laborales. La expansión de las aplicaciones de IA podría reducir aún más sus posibilidades de empleo. Además, en muchos países la falta de viviendas asequibles obliga a las personas a destinar una proporción cada vez mayor de sus ingresos al alquiler, por lo que se vuelve aún más difícil superar las condiciones económicas en las que crecieron. Mientras tanto, la riqueza de la élite se transmite: actualmente, el 36% de la riqueza de los multimillonarios proviene de la herencia.

Pero los superricos no se limitan a contemplar su creciente fortuna. En muchos países, utilizan su poder económico para influir y distorsionar la política, lo que suscita temores de captura del Estado. Las élites ultrarricas siempre han aprovechado su influencia en beneficio propio para condicionar la política fiscal, y el poder oligárquico ha sido una característica frecuente de los Estados menos democráticos. Pero Trump amenaza con llevar esto a un nuevo nivel. Su gabinete está repleto de multimillonarios que implementan activamente políticas profundamente regresivas, lo que alimenta preocupaciones de que Estados Unidos se esté convirtiendo en una oligarquía. En cualquier lugar, esto socavaría la democracia y los derechos humanos. Cuando ocurre en Estados Unidos, tiene implicaciones globales.

Al mismo tiempo, algunas de las corporaciones con mayores ganancias están entre las principales responsables de los peores daños. Durante las últimas cinco décadas, las empresas petroleras y gasíferas han generado ganancias promedio de US$2.800 millones diarios, mientras emiten la mayor parte de los gases de efecto invernadero que provocan el caos climático. Desde el inicio de la guerra  a gran escala de Rusia contra Ucrania, han alcanzado beneficios récord. En vez de utilizar estos crecientes ingresos para invertir adecuadamente en energías renovables, están reduciendo sus inversiones ecológicas y planean nuevos proyectos extractivos – todo esto mientras aprovechan su riqueza para presionar contra las medidas destinadas a frenarlas.

A pesar de que existen planes creíbles para enfrentar los principales desafíos globales – como los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París sobre cambio climático y el Marco Mundial de la Biodiversidad destinado a revertir la degradación del medio ambiente – estos no están siendo implementados porque falta el financiamiento necesario para ejecutarlos adecuadamente.

No es sorprendente, entonces, que la sociedad civil esté cada vez más enfocada en la justicia fiscal, promoviendo estrategias para acabar con la elusión fiscal y proponiendo medidas como los impuestos al patrimonio para liberar recursos que podrían atender a necesidades sociales y equilibrar un terreno de juego profundamente desigual.

El problema fiscal

Incluso con las políticas fiscales actuales, cada año se pierden sumas astronómicas debido a la elusión fiscal. La Red de Justicia Fiscal estima que se evaporan US$492.000 millones debido al uso de paraísos fiscales: US$347.600 millones por parte de corporaciones multinacionales y US$144.800 millones por individuos adineradas. Estos recursos deberían estar nutriendo las arcas públicas para financiar servicios vitales como la educación, la atención médica y el bienestar social, así como la lucha contra el cambio climático. Los países del sur global son los más afectados, ya que pierden cinco veces más de sus presupuestos de salud pública que los países del norte global.

Más allá de la incidencia para cerrar lagunas fiscales, también aumentan los esfuerzos para gravar la riqueza de las élites de otras formas. Se estima que solo los impuestos al patrimonio podrían recaudar más de US$2,1 billones anuales. Estos recursos serían más que suficientes para cubrir los US$1,3 billones anuales necesarios para la transición global hacia economías bajas en carbono y la adaptación al cambio climático, y aún quedaría un excedente para implementar el Marco Mundial de la Diversidad Biológica, lo cual demandaría unos US$30.000 millones. Los impuestos a la herencia también podrían ayudar a contrarrestar la perpetuación intergeneracional de las desigualdades y el poder económico de las élites.

Estas propuestas gozan de gran popularidad, como lo demuestran las encuestas en países tanto del norte como del sur global, donde existe un amplio apoyo a la idea de que quienes más tienen paguen más impuestos. Los beneficios para el bienestar público resultan evidentes. Además de mejorar los servicios públicos, una fiscalidad más justa podría atenuar los impactos políticos de la desigualdad y la inseguridad económicas. En muchas democracias, el malestar económico está alimentando el rechazo a la política tradicional y un acercamiento a propuestas políticas novedosas, a menudo capitalizadas por políticos oportunistas, populistas de derecha y nacionalistas, que fomentan la división y el odio.

El descontento también se manifiesta en protestas callejeras ni bien aumenta la presión económica, por lo general como resultado de la inflación, de la eliminación de subsidios o de la introducción de impuestos que, en lugar de gravar a los más ricos, recaen desproporcionadamente sobre quienes menos tienen. Este año, en varios países africanos por primera vez se desató una oleada de protestas impulsada por miembros de la Generación Z. Todo comenzó en Kenia a raíz de un plan de aumento masivo de impuestos, y se extendió a Ghana, Nigeria y Uganda, todos ellos países con poblaciones jóvenes que enfrentan dificultades económicas y oportunidades limitadas. Han ocurrido muchas otras protestas similares alrededor del mundo, y es probable que continúen.

El principal obstáculo para el cambio es, naturalmente, el inmenso poder de presión de las grandes corporaciones y los ultrarricos. Existen algunas excepciones notables, como los Millonarios Patrióticos, un grupo de personas adineradas de Estados Unidos que aboga por impuestos más altos para ayudar a reducir la desigualdad económica, y otro grupo similar en el Reino Unido. Sin embargo, en general, la gran riqueza y el acceso que esta compra se utilizan para evadir impuestos y abogar contra nuevas cargas impositivas. Por eso, en lugar de gravar más a quienes tienen mayores recursos, los gobiernos suelen recurrir a la instauración y el aumento de impuestos indirectos como los impuestos a las ventas y al valor agregado, que afectan a toda la población. Estos impuestos son regresivos porque representan una carga proporcionalmente mayor para los sectores de menores ingresos.

En las últimas décadas, los impuestos a los más ricos han disminuido. Los Estados han entrado en una competencia a la baja, ofreciendo menores impuestos personales y corporativos directos con la esperanza de atraer inversiones, o persuadidos por la creencia ideológica – repetidamente desmentida – de que las exenciones fiscales a los más ricos generan un efecto “derrame” que beneficiaría a toda la sociedad.

Movimientos globales

Cuando un problema no se resuelve a nivel nacional, tiene sentido trasladarlo al ámbito global. Esto es particularmente cierto en el caso de la elusión fiscal, facilitada por el movimiento transfronterizo de dinero. Hay un claro vacío regulatorio.

Sin embargo, muchas de las economías más poderosas se resisten a tomar medidas. El control de facto del régimen fiscal mundial ha estado durante mucho tiempo en manos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un club de 38 economías ricas cuyas decisiones deben ser acatadas por todos los países. La OCDE ha sido consistentemente acusada de establecer normas que favorecen a los países ricos y de no hacer lo suficiente para combatir los bajos impuestos corporativos y la elusión fiscal. En la práctica, los Estados más ricos están impidiendo que el resto del mundo recaude los ingresos necesarios para financiar servicios públicos adecuados, una postura claramente injusta con tintes neocoloniales.

Aun así, hay signos de progreso. En diciembre de 2022, con la oposición de varios Estados del norte global y una fuerte presión de la OCDE, los Estados reunidos en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprobaron una resolución para iniciar conversaciones intergubernamentales sobre una convención fiscal global. La propuesta, impulsada por el Grupo de Estados Africanos bajo el liderazgo de Nigeria, llevaba años gestándose. El Grupo Africano había solicitado por primera vez la creación de un organismo fiscal de la ONU en 2019, y tanto los Estados del sur global como la sociedad civil llevaban al menos dos décadas presionando para que la ONU asumiera un papel en este ámbito.

La resolución estableció 2027 como plazo para concluir una convención fiscal. En diciembre de 2023, la ONU formó un comité intergubernamental, que se reunió tres veces en 2024 y adoptó su mandato de referencia mediante votación en agosto. Este proceso dejó en evidencia las líneas divisorias. Todos los países votaron a favor, excepto ocho Estados ricos: Australia, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Israel, Japón, Nueva Zelanda y Reino Unido. Estos ocho países pierden importantes ingresos debido a la elusión fiscal extraterritorial y, junto con sus dependencias – como la red de paraísos fiscales británicos en sus territorios de ultramar – son responsables del 43% de las pérdidas globales de ingresos por elusión fiscal. También albergan a muchas empresas poderosas y a personas ricas con influencia. Los Estados de la Unión Europea (UE), que optaron por abstenerse en la votación, también están obstaculizando el progreso.

El comité de expertos recibió el mandato de celebrar al menos tres sesiones anuales para negociar el tratado. En la reunión más reciente, celebrada en febrero, se abordó una cuestión de procedimiento clave: cómo tomar decisiones en caso de falta de consenso. El Grupo Africano propuso que las decisiones se adoptaran por mayoría simple, mientras que otros actores, como la UE, insistieron en que se requiriera consenso, lo que les habría otorgado un poder de veto. El compromiso alcanzado podría dificultar el progreso: las cuestiones sustantivas requerirán una mayoría de dos tercios, mientras que las cuestiones de procedimiento se decidirán por mayoría simple. No obstante, si los Estados del sur global se mantienen unidos, deberían contar con los números necesarios.

La retracción del multilateralismo y el enfoque estrechamente transaccional adoptado por la administración Trump también representan un desafío. Desde su regreso al poder, el gobierno de Estados Unidos ha anunciado que no cooperará con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y ha notificado su retirada del Acuerdo de París y de la Organización Mundial de la Salud. La delegación estadounidense abandonó las negociaciones del tratado fiscal durante la reunión de febrero e instó a otros países a seguir su ejemplo. Hasta ahora, ninguno lo ha hecho.

Es hora de impulsar el cambio

El año pasado, un impulso esperanzador surgió de una fuente inesperada: el G20. Si bien no suele ser un espacio al que la sociedad civil acuda en búsqueda de medidas progresistas, hasta este club de las principales economías mundiales pudo reconocer el problema: los líderes reunidos en la cumbre de 2024 en Brasil coincidieron en la necesidad de gravar a los ultrarricos. Ahora, se debe hacer presión para que traduzcan sus palabras en acciones concretas que pongan fin a la elusión fiscal y garanticen una mayor contribución de los más ricos.

Por sí sola, la convención fiscal propuesta por la ONU no resolverá el problema, pero podría representar un paso crucial. Sobre todo, crearía un sistema de toma de decisiones en materia fiscal más justo para todos los países, incluidos los muchos del sur global que han sido históricamente excluidos de estas conversaciones. La sociedad civil debe trabajar junto a los Estados afines del sur global para impulsar la aprobación de un tratado ambicioso antes de la fecha límite de 2027.

El sistema económico mundial ha alcanzado niveles insostenibles de desigualdad. Mientras que la riqueza de los multimillonarios se dispara y los servicios públicos se deterioran, la justicia fiscal representa tanto una opción política sensata como un imperativo moral. En un mundo marcado por diversas crisis interconectadas, la justicia fiscal es un pilar fundamental para construir un futuro más equitativo para la humanidad.

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