Es mucho lo que se está jugando en Ginebra. Negociadores de más de 170 Estados están reunidos en lo que se prevé como la ronda final de negociaciones para forjar un tratado jurídicamente vinculante y urgentemente necesario con el fin de frenar la descontrolada contaminación por plásticos.

La producción de plástico se ha disparado: alcanzó las 475 megatoneladas en 2022, frente a las 2 megatoneladas al inicio del boom en 1950. Un estudio reciente advierte que esta cifra podría más que duplicarse y llegar a las 1.200 megatoneladas para 2060. Este crecimiento vertiginoso, impulsado principalmente por los plásticos de un solo uso como botellas y envases de comida rápida, ha generado una catástrofe medioambiental. La contaminación por plásticos está presente en todas partes, desde la cima del Everest hasta las fosas oceánicas más profundas.

El plástico supone además una amenaza creciente para la salud humana, con impactos desproporcionados sobre las poblaciones vulnerables y en particular sobre los niños. La crisis está íntimamente ligada al colapso climático: más del 98% de los plásticos se fabrican a partir de combustibles fósiles, y su producción, altamente intensiva en energía, alimenta la emergencia climática al liberar cada año el equivalente a 2.000 millones de toneladas de dióxido de carbono, una cifra que supera las emisiones nacionales de Rusia.

De la alarma científica al estancamiento diplomático

El aumento de estos impactos ha impulsado la creación de normas internacionales para controlar el problema. La campaña comenzó cuando, a inicios de la década de 2000, los científicos marinos documentaron daños sin precedentes en los ecosistemas. Las respuestas iniciales fueron fragmentadas: algunos Estados introdujeron prohibiciones parciales de artículos como bolsas de plástico y microesferas, mientras que los acuerdos regionales intentaban abordar la contaminación marina con resultados limitados.

El gran avance llegó en marzo de 2022, durante la Asamblea de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Medio Ambiente, celebrada en Nairobi, Kenia. En esta ocasión, los Estados acordaron elaborar un tratado jurídicamente vinculante para combatir la contaminación por plásticos, con la meta de concluirlo para 2024. Esta decisión histórica, respaldada por más de 700 organizaciones de la sociedad civil de 113 países que reclamaban medidas contundentes, dio inicio al proceso del Comité Intergubernamental de Negociación (INC), encargado de desarrollar una normativa integral que cubriera todo el ciclo de vida del plástico, desde su producción hasta su eliminación.

El camino desde entonces ha sido muy complejo. La primera sesión del INC, celebrada en Punta del Este, Uruguay en noviembre y diciembre de 2022, definió los grupos de trabajo y los procedimientos. La segunda, en París, Francia entre mayo y junio de 2023, abrió el debate sustantivo sobre el alcance del tratado y las medidas posibles. En la tercera sesión, en Nairobi en noviembre de 2023, se cristalizaron las divisiones fundamentales. La cuarta sesión, que tuvo lugar en Ottawa, Canadá en abril de 2024, intentó salvar esas diferencias y forjar consensos sobre las disposiciones clave. Sin embargo, la quinta reunión, realizada en Busan, Corea del Sur en noviembre y diciembre de 2024, reveló discrepancias aparentemente irreconciliables sobre los elementos centrales del tratado, lo que obligó a suspender lo que debía ser la ronda final de negociaciones.

Tres bloques

Han surgido tres bloques claramente diferenciados, cada uno con enfoques fundamentalmente diferentes.

Lidera la propuesta de una reforma integral la Coalición de Alta Ambición, copresidida por Noruega y Ruanda, que agrupa a más de 100 Estados, incluidos miembros de la Unión Europea (UE), Australia, Canadá y Corea del Sur. En línea con las demandas de la sociedad civil, la coalición persigue tres objetivos estratégicos globales: limitar la producción y el consumo de plásticos a niveles sostenibles, promover una economía circular que proteja la salud ambiental y humana, y garantizar una gestión y un reciclaje adecuados de los residuos plásticos.

En clara oposición se encuentra un grupo que trabaja activamente para frenar cualquier avance significativo, entre ellos grandes productores de petróleo como Arabia Saudita, Irán y Rusia. Estos Estados rechazan la imposición de límites o restricciones a la producción y presentan la gestión de residuos como la principal prioridad, defendiendo enfoques voluntarios centrados en el reciclaje. Utilizan todos los mecanismos procedimentales disponibles para obstaculizar el progreso, mientras sus vastos recursos financieros les permiten ejercer presión e influir en otros Estados.

Un tercer bloque, integrado por importantes productores de plástico como China y Estados Unidos, mantiene una posición ambigua y se alinea ocasionalmente con uno u otro grupo. Estados Unidos ha apoyado tradicionalmente la mejora de la gestión de residuos y la infraestructura de reciclaje, las medidas de transparencia en las cadenas de suministros y la innovación en materiales alternativos. Sin embargo, el regreso de Donald Trump supuso un renovado escepticismo ambiental, con la reversión de políticas de la era Biden que eliminaban el plástico de un solo uso de las operaciones federales. Según Reuters, la administración Trump habría enviado un memorando instando a los demás Estados a rechazar cualquier límite a la producción de plástico durante las negociaciones de Ginebra.

Por su parte, la política de China hace hincapié en la diferenciación de responsabilidades entre países del norte y del sur global, pide fortalecer las capacidades de los países del sur y aboga por una transición gradual para mitigar los impactos económicos.

La sociedad civil considera que este tercer bloque negocia en su mayoría de buena fe y que podría ser persuadido para respaldar un acuerdo ambicioso, con objetivos claros de reducción de la producción y la prohibición de los materiales más tóxicos y de muchos plásticos de un solo uso.

La sociedad civil exige ambición

A pesar de las importantes barreras para su participación, la sociedad civil es una fuerza poderosa que impulsa un acuerdo ambicioso.

La evidencia científica demuestra que es necesario abordar la producción de plásticos, en lugar de centrarnos únicamente en la gestión de residuos. Actualmente, se recicla menos del 10% del plástico: el proceso es costoso, tóxico y solo puede realizarse un número limitado de veces, ya que el plástico se degrada con cada reciclaje.

Respaldada por una declaración de más de 1100 científicos que apoyan la limitación de la producción, la sociedad civil combina investigación, campañas de concienciación pública, acción directa y promoción de políticas estratégicas para influir en las negociaciones y contrarrestar los argumentos de la industria.

La Agencia de Investigación Medioambiental ha señalado la oscura realidad del comercio mundial de residuos plásticos, revelando esquemas ilegales de vertimiento de desechos en países pobres. Los informes anuales de auditoría de marcas del movimiento Break Free From Plastic (“libérate del plástico”) transformaron la narrativa sobre la contaminación al movilizar a miles de voluntarios en todo el mundo para documentar los residuos, lo cual demostró que un pequeño número de empresas multinacionales genera la mayor parte de la contaminación plástica.

El Centro para el Derecho Ambiental Internacional ofrece asesoramiento jurídico sobre los mecanismos de los tratados y realiza un seguimiento de la presión ejercida por la industria. En colaboración con las comunidades de recicladores, la Alianza Global para Alternativas a la Incineración documenta el impacto de la contaminación plástica en las personas excluidas y cuestiona las soluciones falsas, como el reciclaje y la incineración.

Las campañas creativas amplifican el mensaje. La innovación digital ha acercado la problemática a la gente mediante aplicaciones de seguimiento de la contaminación, mapas interactivos sobre los flujos comerciales de residuos y experiencias de realidad virtual. Las campañas en redes sociales han facilitado el acceso a temas políticos complejos, y las imágenes virales de animales marinos atrapados en plásticos han tenido un impacto especialmente fuerte. Campañas como #PlasticFreeChallenge (“desafío libre de plástico”) muestran alternativas prácticas que cualquiera puede adoptar, mientras que #StopShippingPlasticWaste (“dejen de enviar residuos plásticos”) presiona a las principales compañías navieras para que dejen de transportar residuos plásticos a países del sur global.

Las acciones directas también están captando la atención del público. Extinction Rebellion organizó bloqueos de plantas petroquímicas en seis países del mar del Norte. Las giras del Monstruo de Plástico de Greenpeace llevaron residuos en enormes instalaciones artísticas a las sedes de las empresas más contaminantes, mientras que otros activistas de Greenpeace abordaron un buque petrolero cargado de productos químicos plásticos tóxicos en momentos críticos de las negociaciones de Busan.

Localmente se está recurriendo a estrategias creativas, como la colocación de pegatinas con la “fecha de caducidad del plástico” en productos de supermercado o la organización de eventos de devolución de envases de plástico. Entre los esfuerzos de rendición de cuentas corporativa, se encuentra la incorporación de tarjetas de puntuación públicas y campañas de boicot a ciertas marcas. En Australia, la campaña Unwrapped (“desenvuelto”) investigó el uso de envases de plástico en los principales supermercados y abogó por límites estrictos a su producción.

La sociedad civil también está recurriendo a la justicia para frenar la construcción de nuevas plantas de plástico. Greenpeace salió a las calles de Ginebra para exigir una reducción de al menos el 75% de la producción de plástico para 2040, dejando claro que el reciclaje por sí solo no resolverá la crisis.

Las voces de la sociedad civil están siendo escuchadas por algunos miembros del sector privado. En el marco de iniciativas como la Coalición Empresarial para un Tratado Global sobre los Plásticos, alrededor de 300 empresas, incluidas algunas muy grandes, expresaron su apoyo a la reducción de la producción junto con los esfuerzos de reciclaje, y su preferencia por normas mundiales eficaces y vinculantes que eviten tener que aplicar reglas distintas en cada país.

Un momento decisivo

Las conversaciones en Ginebra representan lo que podría ser la última oportunidad real para abordar de manera integral la crisis del plástico. El texto de negociación actual tiene 22 páginas y 32 artículos que cubren todo el ciclo de vida del plástico. Sin embargo, cada vez parece menos probable que se alcance un consenso, lo que ha impulsado la búsqueda de enfoques alternativos.

En junio, cerca de un centenar de ministros firmaron una declaración de “llamado de atención”, en la que manifestaban su disposición a exigir votaciones si las negociaciones no lograban un acuerdo. El consenso es el procedimiento habitual en los procesos de la ONU, considerado como la forma de concretar los compromisos que los Estados se comprometen a cumplir. Pero, como se ha visto una y otra vez en las negociaciones sobre el clima, este mecanismo permite que los Estados bloqueen acuerdos sólidos mediante vetos.

Si no se alcanza un acuerdo, o si se adopta un tratado débil, los Estados más ambiciosos podrían formar un pacto entre ellos, al margen del marco de la ONU. Esto establecería normas internacionales sólidas, alentaría a los Estados pioneros y ejercería presión sobre los demás. Sin embargo, permanecería el mosaico global que dificulta el combate contra la impunidad.

Incluso si se lograra ultimar un tratado firme, el éxito dependerá de algo más que de acuerdos diplomáticos. Será crucial contar con un sistema mundial de monitoreo robusto para supervisar los avances, ya que actualmente no existen métodos coherentes y fiables para medir la cantidad de plástico que termina en el medio ambiente. El papel de la sociedad civil en este seguimiento debe reconocerse como parte integral del proceso.

Incluso si se llega a un acuerdo, queda mucho trabajo por delante. Ese será el siguiente paso. Por lo pronto, lo que ocurra en Ginebra tendrá un impacto decisivo para las generaciones presentes y futuras. Todo está en manos de los negociadores. Deben escuchar a la sociedad civil y utilizar el poder que les ha sido conferido con prudencia.

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