Cuando Donald Trump llegó a la cumbre anual de la OTAN celebrada en junio en La Haya, no se limitó a cuestionar las prioridades presupuestarias de la alianza. Amenazó con redefinir el artículo 5 del tratado, la cláusula de defensa colectiva que establece que un ataque contra un Estado miembro equivale a un ataque contra todos. Desde 1949, este artículo ha sido la piedra angular del compromiso de seguridad de la alianza militar con sus 32 miembros: 30 europeos, más Canadá y Estados Unidos.

Las tácticas intimidatorias de Trump surtieron efecto. La mayoría de los países miembros de la OTAN cedieron ante sus exigencias y se comprometieron a casi triplicar su gasto en defensa hasta alcanzar el 5% del PIB para 2035, a cambio de la promesa de que Estados Unidos acudirá en su ayuda si son atacados. Trump celebró el resultado como una “victoria monumental”.

Tras este giro histórico, los Estados miembros de la OTAN deben enfrentar una cuestión clave: ¿qué recortarán ahora para cumplir su compromiso con Trump? La sociedad civil se encuentra ante el desafío de defender el gasto social mientras intenta exigir que los gobiernos y el sector privado rindan cuentas sobre acuerdos de defensa que, en muchos casos, se negocian con poca transparencia.

Un compromiso de un billón de dólares

El compromiso asumido por la OTAN implica cifras colosales. En conjunto, los presupuestos de defensa de los Estados europeos pasarán de aproximadamente 500.000 millones de dólares a más de un billón anual para 2035. Así, el gasto militar europeo alcanzará niveles comparables con los de Estados Unidos y contribuirá al aumento continuo del gasto militar mundial año tras año. El nuevo objetivo se descompone en un 3,5% del PIB destinado a gasto militar tradicional (tropas y armamento ), y un 1,5% adicional para inversiones más amplias en seguridad, que incluyen desde ciberseguridad hasta la protección de infraestructuras críticas.

El Reino Unido, por su parte, ha asignado alrededor de 1.300 millones de dólares al restablecimiento de capacidades nucleares tácticas con el objetivo de disuadir una invasión rusa a gran escala. La Unión Europea (UE) ha aprobado un fondo de unos 176.000 millones de dólares para financiar proyectos conjuntos de defensa a través de préstamos. Además, se permitirá que los Estados miembros de la UE superen el límite de déficit del 3% del PIB sin que se activen las habituales medidas disciplinarias – una clara señal de que el gasto en defensa ha pasado a ocupar un lugar prioritario.

Estos son cambios inmensos. Algunos miembros de la OTAN dedican actualmente alrededor del 1,2% del PIB al gasto militar tradicional. Llegar al 5% implicará un salto extraordinario. En un contexto donde muchos habitantes de los países de la OTAN enfrentan un aumento en el costo de vida y perciben un deterioro de los servicios públicos por recortes, la remilitarización podría agravar aún más la inseguridad económica. Más recursos para el sector militar también significan menos recursos para la educación, la salud y las políticas de protección social para las poblaciones más vulnerables. El gobierno británico ya anunció que reducirá su presupuesto de asistencia internacional – que en su momento alcanzó el objetivo mundial de 0,7% de la renta nacional bruta – al 0,3% para 2027, a fin de permitir un aumento del gasto en defensa. Otros países están siguiendo su ejemplo.

En términos prácticos, esta decisión implicará una enorme transferencia de ingresos desde los sectores más pobres del mundo hacia grandes corporaciones del sector de defensa con fuerte poder político, muchas de ellas con sede en Estados Unidos. Puede que Trump reciba con agrado esta transformación y que la industria de defensa lo recompense con donaciones aún mayores, pero lo más probable es que empeoren las condiciones que alimentan la inseguridad y los conflictos en buena parte del mundo.

La invasión rusa a gran escala de Ucrania en 2022 devolvió protagonismo a la OTAN y motivó la adhesión de Finlandia y Suecia. Sin embargo, no todos los Estados miembros se han alineado con Trump. España afirmó haber negociado su exención del objetivo de gasto, lo que llevó a Bélgica y Eslovaquia a exigir una flexibilidad similar. En Eslovenia, el gobierno – que no logró aprobar en el parlamento un aumento del gasto militar al 3% para 2030 – anunció la convocatoria de un referéndum consultivo sobre su permanencia en la OTAN, en lo que parece un intento político por reposicionarse frente a la oposición. Trump, por su parte, ha amenazado con tomar represalias en las negociaciones comerciales con aquellos Estados que no cumplan con los nuevos compromisos.

Nuevas oportunidades para la corrupción

Además de las difíciles decisiones en términos de asignación presupuestaria y el impacto probable sobre las personas que ya enfrentan dificultades, existe otro problema de fondo: el aumento del gasto en defensa por parte de la OTAN no incluye requisitos significativos de transparencia ni mecanismos estandarizados de supervisión. Esto puede abrir la puerta a una corrupción masiva.

La contratación pública en el sector de defensa suele desarrollarse en secreto, fuera de los marcos habituales de rendición de cuentas. Las decisiones se toman con total opacidad; las cadenas internacionales de suministro, altamente complejas, dificultan el monitoreo, y los vínculos entre la industria y el gobierno tienden a desdibujar los límites éticos. Las estrechas relaciones entre funcionarios públicos y contratistas alimentan la conocida dinámica de “puerta giratoria”, que compromete la independencia en la toma de decisiones: es habitual que exministros pasen a ocupar puestos lucrativos en empresas o lobbies del sector de defensa. El argumento de la seguridad nacional suele usarse como escudo para decisiones que no soportarían el escrutinio público.

El ritmo acelerado del incremento del gasto agravará los ya existentes problemas de rendición de cuentas. La experiencia de la pandemia dejó claro que los giros abruptos en el gasto público rara vez se ejecutan con transparencia y, en cambio, tienden a generar oportunidades para la corrupción. En la medida en que los gobiernos se apresuren a cumplir con los plazos y la presión por parte de Trump aumente, es probable que opten por procedimientos de contratación exprés, saltándose así los controles más básicos.

La corrupción puede debilitar gravemente la eficacia del gasto en defensa. En las dos décadas de presencia militar estadounidense y aliada en Afganistán, miles de millones de dólares destinados a desarrollar capacidades locales se evaporaron en proyectos ficticios y batallones fantasma. La corrupción redujo la efectividad militar, al generar equipamiento de mala calidad y dañar las redes logísticas. Esta falla sistémica contribuyó directamente al rápido regreso de los talibanes al poder en 2021. El dinero gastado sin rendición de cuentas puede dar la apariencia de seguridad al tiempo que crea nuevas vulnerabilidades.

El caso de Ucrania también ofrece una advertencia clara. Pese al fuerte escrutinio internacional que se intensificó tras la invasión rusa a gran escala, tomó años desbaratar las redes corruptas que capturaban buena parte del presupuesto de defensa. La corrupción interrumpió cadenas de suministro, impidió la llegada de equipamiento crítico a las fuerzas armadas ucranianas y debilitó la capacidad de respuesta de Ucrania.

Mientras tanto, Rusia lleva décadas perfeccionando sus operaciones de influencia maliciosa. Ha utilizado dinero y redes clientelares para debilitar el proceso democrático en varios Estados occidentales, incluidos muchos miembros de la OTAN. Si los nuevos aumentos del gasto militar no van acompañados de salvaguardas adecuadas y rendición de cuentas, terminarán generando nuevas vulnerabilidades que Rusia, otros Estados autoritarios e incluso redes criminales organizadas podrían explotar con facilidad.

La solución democrática

Un estudio reciente sobre la contratación militar en la UE reveló que la transparencia en los procesos de adquisición reduce sistemáticamente los niveles de corrupción. Los países más transparentes logran usar los recursos de forma más eficiente, reducen los sobrecostos y adquieren equipos de mayor calidad.

Sin embargo, uno de los vacíos más preocupantes en el enfoque actual de la OTAN es la exclusión de la sociedad civil de la toma de decisiones sobre defensa. En otras áreas, los ministerios de los Estados miembros han establecido mecanismos, aunque a veces limitados, de consulta a la sociedad civil. Los ministerios de defensa, por lo contrario, siguen adoptando decisiones clave sobre gasto sin contar con la participación de actores capaces de garantizar que esas decisiones respondan a necesidades reales de seguridad humana y se mantengan dentro del marco de los valores democráticos.

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) aportan capacidades fundamentales que a menudo faltan en los gobiernos: independencia para plantear las preguntas necesarias, conocimientos técnicos para identificar señales de alerta en contratos complejos y persistencia para rastrear flujos de dinero que conducen a lugares políticamente sensibles. La seguridad va más allá de las tropas y las armas: también implica construir resiliencia institucional, frenar la desinformación y proteger los sistemas democráticos frente a ataques. En todos estos ámbitos, la sociedad civil tiene un rol insustituible. Excluirla es una decisión miope.

Una supervisión eficaz no exige que los Estados revelen detalles operativos sensibles ni que pongan en riesgo su seguridad. Requiere seguir los flujos financieros, controlar el desempeño de los contratistas y garantizar procesos de licitación competitivos. Los grupos de la sociedad civil han demostrado en reiteradas ocasiones que pueden investigar el gasto en defensa sin comprometer la seguridad nacional.

Antes de que empiecen a ejecutarse los nuevos compromisos presupuestarios, la OTAN debería establecer una iniciativa de transparencia en adquisiciones de defensa que fije estándares mínimos para todos los Estados miembros. Estos estándares podrían incluir la divulgación pública de los valores de los contratos y de los criterios utilizados para seleccionar a los proveedores. Las normas también deberían aplicarse a las adquisiciones, las exportaciones, los acuerdos de compensación y los gastos en inteligencia artificial, capacidades cibernéticas e investigación y desarrollo. Los parlamentos nacionales deben tener la facultad de fiscalizar las decisiones en esta materia, y los organismos de supervisión independientes deben contar con recursos adecuados para seguir el dinero. Ambos deben incorporar la experiencia de la sociedad civil.

Las organizaciones de la sociedad civil deben contar con protección y acceso real a la información que les permita controlar los flujos de gasto en defensa. Además, es necesario reforzar las medidas de protección para los empleados del sector que denuncian irregularidades. A medida que las OSC de todo el mundo enfrentan recortes de financiación – incluido el desmantelamiento de la ayuda internacional por parte de la administración Trump – ningún aumento del gasto en defensa puede hacerse a costa de la democracia ni de los derechos humanos.

La credibilidad de la OTAN y, en última instancia su capacidad para garantizar la seguridad, depende de su capacidad para conciliar la seguridad humana con el respeto a los valores democráticos. Solo podrá lograrlo si la sociedad civil cumple el rol que le corresponde.

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