Aunque fue fundada sobre los principios de la protección de la dignidad humana y la promoción de la igualdad, la ONU nunca ha designado a una mujer para su cargo más alto. Cada año, los delegados de los Estados se reúnen en la Asamblea General en Nueva York para debatir cómo cerrar las brechas de género y empoderar a las mujeres, pero cuando llega el momento de elegir a su secretario general, siguen reproduciendo la misma exclusión contra la que la ONU afirma luchar.

Esto refleja un patrón global: las mujeres siguen siendo ignoradas para los puestos de liderazgo. A nivel mundial, apenas el 27% de los parlamentarios son mujeres. Solo 19 países tienen una mujer como jefa de Estado y 22 cuentan con una mujer al frente del gobierno.

El panorama internacional es algo más alentador: según el seguimiento realizado por GQUAL, una campaña de la sociedad civil que promueve la igualdad de género en organismos internacionales, las mujeres ocupan menos del 44% de los cargos, y su presencia es aún menor en los tribunales internacionales y regionales. Pero en algunos organismos internacionales –en particular aquellos donde los Estados nominan y votan a las personas que ocuparán los puestos de liderazgo– la participación femenina ha avanzado a un ritmo exasperantemente lento, pese a décadas de incidencia.

Durante la sesión de la Asamblea General del año pasado, el actual secretario general de la ONU, António Guterres, calificó de “inaceptable” al desequilibrio de género. Y tiene razón. Pero para romper los techos de cristal no alcanzan las declaraciones: hacen falta cambios concretos.

La sociedad civil se moviliza

Reacia a aceptar otra década de excusas, la sociedad civil se está movilizando a través de la campaña “1 para 8 mil millones”. Esta iniciativa retoma el impulso de su antecesora, “1 para 7 mil millones”, que en 2016 logró imponer reformas cruciales de transparencia en un proceso de selección históricamente marcado por negociaciones a puerta cerrada. Aquellos cambios abrieron el camino para celebrar audiencias públicas y aumentar el escrutinio público sobre las candidaturas.

Hoy, la sociedad civil tiene un objetivo claro: que la ONU elija por primera vez a una mujer como secretaria general. Los grupos de la sociedad civil están instando a los Estados a nominar candidatas feministas y exigen un proceso plenamente transparente, con actualizaciones públicas, divulgación del financiamiento de las campañas y compromisos explícitos de las candidatas de defender los principios de la Carta de las Naciones Unidas y abstenerse de realizar negociaciones políticas.

La campaña viene monitoreando las posturas de los Estados y desarrolló un sistema de clasificación para presionar a los gobiernos y exigir coherencia entre las palabras y los hechos. Las posiciones estatales se consideran “muy favorables” cuando incluyen medidas concretas para garantizar la elección de una secretaria general mujer; “favorables” cuando defienden la igualdad de género sin establecer propuestas específicas; “indirectamente favorables” cuando reconocen la igualdad de género pero no abogan explícitamente por una candidata mujer; y “contrarias” cuando solo apoyan candidatos hombres y se niegan a reconocer la igualdad de género como prioridad.

GQUAL, que desde hace más de una década impulsa la paridad de género en la justicia internacional, se sumó recientemente al comité directivo de 1 para 8 mil millones, junto con otras organizaciones como CIVICUS. Estas campañas reflejan un consenso global creciente: ya es hora de que las mujeres sean reconocidas como tomadoras de decisiones y como líderes en las organizaciones internacionales.

Un proceso de selección arcaico

El proceso de selección del secretario general ha cambiado muy poco con el paso del tiempo. Sigue siendo un procedimiento arcaico, moldeado por décadas de relaciones de poder, que otorga un poder desproporcionado a los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad — China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia —, quienes pueden vetar a cualquier candidato. Esta concentración de autoridad en manos de cinco Estados implica que el secretario general, cuyo mandato es servir a los pueblos de los 193 Estados miembros de la ONU, puede ser bloqueado por el líder de una única gran potencia que actúe según sus intereses políticos. Y como los miembros permanentes del Consejo de Seguridad rara vez coinciden, el resultado puede ser un candidato de compromiso, poco dispuesto a desafiar a ninguno de ellos.

Si bien la campaña de la sociedad civil logró que en 2016 se celebraran audiencias públicas con los candidatos, las deliberaciones del Consejo de Seguridad siguen siendo opacas. El proceso se desarrolla mediante votaciones secretas en las que los miembros permanentes utilizan papeletas de colores que dejan entrever los posibles vetos. Así, candidatos que de otro modo serían altamente cualificados pueden quedar descartados a puerta cerrada por razones que jamás se hacen públicas, lo que socava la legitimidad del proceso.

Otro factor que complica el panorama es el principio informal de rotación regional. Históricamente, el cargo ha rotado entre los cinco bloques regionales de la ONU: África, América Latina y el Caribe, Asia, Europa Occidental y Otros, y Europa Oriental. Sin embargo, esta rotación ha sido inconsistente y objeto de manipulaciones políticas. Europa Oriental es la única región que nunca ha presentado un candidato exitoso, y no ha habido un secretario general latinoamericano desde 1991.

Aunque en teoría la rotación busca garantizar una representación equitativa, en la práctica se ha convertido en una herramienta para las grandes potencias. Su carácter informal y no vinculante permite a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad invocarla selectivamente cuando les resulte conveniente – apelando a la equidad regional para respaldar a su candidato preferido o descartándola como una simple sugerencia cuando se bloquea a candidatos de regiones a las que supuestamente les toca el turno. Esta incoherencia estratégica les permite reducir el número de candidatos viables mientras mantienen una apariencia de compromiso con la diversidad geográfica.

La próxima selección

Una resolución reciente de la ONU fijó el calendario para la próxima selección: la contienda debería comenzar en diciembre de 2025, con un plazo de entre 12 y 15 meses para completar la selección. El nuevo secretario general asumirá el cargo el 1º de enero de 2027.

La resolución también lamenta que nunca haya habido una mujer al frente de la organización y anima enfáticamente a los Estados a nominar candidatas. Su redacción avanza un poco respecto del Pacto para el Futuro aprobado el año pasado, que solo instaba a los Estados miembros a “considerar la nominación” de mujeres. Aun así, sigue sin alcanzar el compromiso claro de garantizar que la próxima persona en ocupar el cargo sea una mujer, como reclama la sociedad civil.

En materia de transparencia, hay algunos avances: por primera vez, las personas candidatas deberán declarar sus fuentes de financiamiento al momento de ser nominadas. Sin embargo, la resolución no ofrece ninguna orientación sobre la participación de la sociedad civil en el proceso. Podría canalizarse a través de reuniones entre la sociedad civil y las personas candidatas en la ONU, una medida que la campaña 1 para 8 mil millones ha defendido de forma reiterada.

Igualdad de género y espacio cívico

El año pasado, el Comité CEDAW –encargado de supervisar la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer– publicó su Recomendación general número 40 tras un proceso de consultas con Estados y sociedad civil. En ella se afirma con claridad que las mujeres deben tener una representación equitativa en todos los espacios de toma de decisiones —públicos, privados, políticos, económicos y digitales— y que la paridad de género debe ser el punto de partida, no una aspiración a futuro.

Pero participar conlleva cada vez más riesgos. Las libertades cívicas de las mujeres están siendo específicamente reprimidas en la mayoría de los países del mundo. Los gobiernos recurren a la violencia, la detención y el acoso para silenciar a mujeres activistas. En muchos países están en auge los políticos y grupos populistas y nacionalistas de derecha que atacan la igualdad de género y los derechos reproductivos, alimentando el odio y la violencia contra las mujeres que se atreven a alzar la voz. En algunos casos, esto ha obligado a mujeres en posiciones de liderazgo a renunciar por temor a represalias contra ellas o sus familias.

La falta de reconocimiento hacia las líderes feministas es una de las razones por las cuales, de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible –ya gravemente atrasados de cara a 2030–, la igualdad de género es el que menos avances registra. En un contexto cada vez más restrictivo, que la ONU elija a una mujer como secretaria general enviaría una señal contundente de que la organización se toma en serio la igualdad de género y está dispuesta a liderar su promoción.

El camino a seguir

Una secretaria general feminista debe ser alguien con un compromiso político claro para enfrentar la discriminación de género y comprender cómo el género se entrecruza con otras capas de exclusión, como la discapacidad, la etnia, la orientación sexual o la clase social. Debe centrarse en las experiencias vividas por mujeres y personas de género diverso que han sido sistemáticamente excluidas de los espacios de toma de decisiones a nivel mundial. Debe desafiar las estructuras de poder en vez de limitarse a navegar dentro de ellas. Y debe entender que la igualdad de género es un elemento fundamental para abordar todos los grandes desafíos que enfrenta la humanidad.

Para avanzar en esta dirección, la ONU debe asegurar que el proceso de selección sea verdaderamente inclusivo, riguroso, transparente y feminista. Esto implica que los Estados solo deberían nominar a candidatas mujeres, compartir la información de manera abierta y en formatos accesibles, y permitir la participación significativa de la sociedad civil. Además, la selección se debe basar en la trayectoria comprobada de las candidatas en la defensa de la igualdad de género y su compromiso con los derechos humanos, el multilateralismo, la paz y el desarrollo sostenible, y se debe nombrar a la candidata más capacitada para ejercer un liderazgo mundial sin riesgo de influencias indebidas o intercambios de favores.

Reformar el proceso de selección requiere enfrentarse al control que ejerce el Consejo de Seguridad. La sociedad civil pide que la Asamblea General, que representa a los 193 Estados miembros, asuma un rol más determinante en el nombramiento. Exige poner fin a las votaciones secretas, garantizar transparencia sobre el uso del poder de veto de los miembros permanentes y establecer mecanismos efectivos de participación de la sociedad civil en todas las etapas del proceso. Sin estas reformas estructurales, incluso una secretaria general mujer podría verse limitada por la influencia de un pequeño grupo de Estados poderosos.

La ONU tiene hoy la oportunidad de superar activamente los prejuicios sistémicos contra las mujeres y dar un golpe duro a las estructuras patriarcales. Además, en un momento en que la propia ONU y los principios más amplios del multilateralismo se ven amenazados por el auge de enfoques abiertamente transnacionales de la cooperación internacional, como los impulsados por la administración Trump, la ONU tiene el potencial de demostrar que el multilateralismo es reformable, que la gobernanza mundial puede volverse más democrática, y que las voces de todas las personas —no solo las de los Estados más poderosos— pueden contribuir a redefinir la cooperación internacional. Lograrlo ayudaría a que la ONU esté mejor preparada para afrontar los enormes desafíos globales actuales.

La selección del(a) próximo/a secretario/a general de la ONU debe romper de una vez el techo de cristal. Solo así la ONU podrá demostrar que es capaz de evolucionar para responder a las crecientes exigencias de un mundo en constante transformación, sin el lastre de 80 años de prejuicios sobre quién debe ejercer el poder y de qué manera.

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