Si hay alguien que trabaja incansablemente por un futuro mejor, es la sociedad civil. Un claro ejemplo de ello es el movimiento climático, que ha llevado sus demandas a las calles, parlamentos, tribunales y sitios de extracción, abogando por los derechos de las generaciones futuras. Lo mínimo que cabría esperar es que la sociedad civil desempeñara un rol central en cualquier proceso internacional que busque mejorar la colaboración para enfrentar los desafíos del futuro. Lamentablemente, no es el caso.

La Cumbre del Futuro, que se celebrará los días 22 y 23 de septiembre en la sede de la ONU en Nueva York, tiene como objetivo reforzar la cooperación para materializar las aspiraciones de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como de varios tratados y acuerdos internacionales. Entre ellos se encuentran el Acuerdo de París sobre el cambio climático y la Agenda 2030, que establece los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los plazos se acercan rápidamente, y la mayoría de estos ambiciosos objetivos van mal encaminados. La Cumbre busca revitalizar la Agenda 2030 y fortalecer el pilar más débil de la ONU: el de los derechos humanos.

Durante la Cumbre, los Estados adoptarán tres documentos finales: el Pacto para el Futuro, un documento orientado a la acción que pretende abordar los desafíos globales desde un enfoque multilateral basado en derechos, y dos anexos, el Pacto Digital Global -que esboza principios, objetivos y acciones para superar la brecha digital, de datos y de innovación- y una Declaración sobre las Generaciones Futuras.

La preparación de la Cumbre ha puesto especial énfasis en la elaboración del Pacto, que incluirá compromisos en cinco áreas: desarrollo sostenible y financiamiento para el desarrollo; paz y seguridad internacionales; ciencia, tecnología e innovación y cooperación digital; juventud y generaciones futuras; y transformación de la gobernanza mundial.

Pese a que siempre son relegadas a los márgenes en los procesos estado-céntricos de la ONU, los y las activistas y organizaciones de la sociedad civil (OSC) abordaron el proceso de la Cumbre con cauto optimismo. Participaron de todas las formas posibles, hicieron valiosas contribuciones a los sucesivos borradores del Pacto y promovieron la apertura de nuevos espacios de influencia para la sociedad civil. Pero el balance del proceso es mixto en el mejor de los casos, y queda por verse hasta qué punto sus resultados reflejarán las contribuciones de la sociedad civil y ofrecerán vías de entrada para su incidencia.

Un proceso de dos años

Aunque la Cumbre solo ocupará dos días a inicios de la semana de alto nivel del 79º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, su preparación llevó al menos dos años. Fue propuesta por primera vez en 2021 como parte del informe Nuestra Agenda Común presentado por el secretario general de la ONU, António Guterres, y luego convocada por los Estados miembros en 2022. En una reunión ministerial de septiembre de 2023 se definió el alcance del Pacto, y su proceso de redacción comenzó en noviembre.

Las consultas y negociaciones de cada documento final fueron cofacilitadas por dos Estados: para el Pacto para el Futuro fueron Alemania y Namibia, para el Pacto Digital Global Suecia y Zambia, y para la Declaración sobre las Generaciones Futuras lo hicieron Jamaica y los Países Bajos.

Los cofacilitadores prepararon los borradores iniciales de cada documento final a partir de las contribuciones escritas recibidas de la sociedad civil y otras partes interesadas, tales como la academia y el sector privado. Estos borradores se distribuyeron a principios de 2024 y luego fueron revisados reiteradas veces. Tras la publicación de cada nuevo borrador, se organizaron consultas virtuales donde las partes interesadas tuvieron la oportunidad de reclamar formulaciones más contundentes.

Los debates más intensos se dieron en torno al Pacto. Su primer borrador carecía de ambición: solo mencionaba superficialmente el rol de la sociedad civil y omitía por completo el espacio cívico, a pesar de que la creciente restricción de las libertades fundamentales representa un gran obstáculo para alcanzar los ODS.

En mayo de 2024, en medio del proceso de negociación, la ONU organizó una conferencia de la sociedad civil en Nairobi, Kenia para recoger sus aportes para la Cumbre. La conferencia, a la que también asistieron cofacilitadores y otros Estados, alentó a la sociedad civil a formar coaliciones en torno a áreas de interés común. Aunque las negociaciones del Pacto llevaban ya tres meses en marcha, la sociedad civil trató de aprovechar el espacio para abogar por compromisos en temas prioritarios como el clima y la justicia de género. Para garantizar que sus voces fueran escuchadas, algunas de las OSC más grandes invitaron a miembros de sus grupos objetivo. Save the Children, por ejemplo, apoyó la participación de niños y niñas de seis países africanos. Tal participación debería haberse dado por descontada en un proceso destinado a marcar el rumbo del futuro, pero se trató de una rara excepción, ya que los niños son sistemáticamente excluidos de los procesos donde se toman las decisiones que afectan sus vidas.

Acceso de la sociedad civil

Las instituciones internacionales, al ser fundamentalmente intergubernamentales, otorgan poder de decisión exclusivamente a los Estados. Si bien la sociedad civil disfruta de variados grados de influencia en muchas de las instituciones, mecanismos y procesos existentes, su capacidad de hacerse escuchar a nivel global sigue siendo limitada. Lamentablemente, el proceso previo a la Cumbre no fue la excepción.

Desde el comienzo, la sociedad civil pidió que se estableciera un proceso abierto, participativo e inclusivo. La iniciativa UNMuteCivil Society, respaldada por más de 300 OSC de todo el mundo y varios Estados, reiteró su llamamiento a que la ONU facilitara la participación mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación, y organizara reuniones híbridas que ampliaran el acceso. Esta campaña subrayó la necesidad de reducir la brecha digital entre el Norte y el Sur global, así como entre hombres y mujeres, clases sociales, y zonas rurales y urbanas, entre otras disparidades. Además, la iniciativa propuso cambios en los procedimientos de la ONU para garantizar que los y las representantes de la sociedad civil tuvieran tiempo y oportunidades reales para realizar aportes, asistir a reuniones y participar en las negociaciones.

Sin embargo, el proceso de la Cumbre fue menos inclusivo de lo esperado. Aunque muchos Estados dijeron valorar a la sociedad civil, pocos gobiernos consultaron a su propia sociedad civil en el período previo a las negociaciones. Algunos gobiernos autoritarios incluso cuestionaron la legitimidad de la participación de la sociedad civil en los procesos de la ONU.

Si bien se organizaron sesiones informativas y consultas virtuales, la sociedad civil señaló que estas sólo se ofrecieron en inglés, lo que tuvo efectos excluyentes. Además, se realizaron en horarios ajustados a la zona horaria del este de los Estados Unidos, lo que dificultó la participación de personas de Asia y Oceanía. En lugar de establecer un verdadero diálogo, el formato de las consultas sólo permitió una sucesión de breves declaraciones.

Con todo, la sociedad civil intentó aprovechar las oportunidades al máximo. Las OSC reunieron las perspectivas de las comunidades a las que representan y las llevaron a las mesas de negociación. Aportaron sus opiniones por escrito e intentaron reforzar el lenguaje del Pacto. Y, para no depender de iniciativas de inclusión ad hoc, siguieron insistiendo en la necesidad de establecer prácticas sistemáticas de participación de la sociedad civil en todos los procesos y mecanismos de la ONU.

Sin embargo, puesto que se trató de un proceso interestatal, las OSC debieron contentarse con presionar a ciertos Estados para que abogaran en su nombre. Las negociaciones fueron opacas: en el caso del Pacto para el Futuro y del Pacto Digital Global, la sociedad civil ni siquiera pudo observar los debates y dependió de Estados aliados para obtener información sobre su desarrollo. Tuvo la posibilidad de observar las negociaciones de la Declaración sobre las Generaciones Futuras, pero éstas tuvieron menos trascendencia, ya que una declaración tiene menor rango normativo que un pacto. Debido a la limitada influencia de la sociedad civil en la toma de decisiones clave, es poco probable que sus propuestas más ambiciosas sean incluidas en los textos finales de la Cumbre.

Reivindicaciones de la sociedad civil

Para la sociedad civil, el proceso que llevó a la Cumbre representó una oportunidad para impulsar compromisos más firmes en materia de derechos humanos, justicia social y medio ambiente.

La sociedad civil también ha planteado demandas transversales importantes, comenzando por el reconocimiento de su rol clave en las luchas por la paz, la democracia, la inclusión, la justicia y la rendición de cuentas. En cuanto a los ODS, la sociedad civil ha dejado clara su indispensabilidad tanto para implementar estos objetivos como para garantizar que los recursos se utilicen de manera eficaz.

Sin embargo, se observa un deterioro alarmante de las condiciones necesarias para que la sociedad civil cumpla sus funciones. Según el CIVICUS Monitor, nuestra iniciativa colaborativa de investigación que analiza el estado del espacio cívico a nivel global, actualmente poco más del 2% de la población mundial vive en países donde el espacio cívico está abierto – es decir, donde se respetan plenamente las libertades fundamentales de asociación, de expresión y de reunión pacífica – mientras que más del 85% de las personas vive en países con graves restricciones del espacio cívico. Esto implica que es cada vez más difícil organizarse, expresarse y movilizarse para lograr cambios económicos, políticos y sociales. Estas tendencias también se manifiestan en la ONU, donde por lo menos 40 Estados recientemente han tomado represalias contra personas y organizaciones por cooperar con los órganos y mecanismos de la ONU.

Por este motivo, en el periodo previo a la Cumbre la sociedad civil buscó compromisos firmes para proteger y ampliar el espacio cívico, un requisito fundamental para que pueda promover cualquier tipo de cambio. Además, la sociedad civil exige que la ONU lidere con el ejemplo, reconociendo su papel en los sistemas de la ONU y reformando las instituciones para que se ajusten a los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. No se trata solamente de una cuestión de democracia e inclusión, sino también de eficacia: sin la plena participación de la sociedad civil, las instituciones de gobernanza mundial no podrán alcanzar su máximo potencial.

Propuestas de reforma de la gobernanza mundial

A pesar de todos sus defectos, la ONU sigue siendo un logro notable de la cooperación internacional. Nacida de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, su Carta establece cuatro aspiraciones fundamentales en nombre de “Nosotros los pueblos”: preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra; reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, la dignidad y la igualdad; crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto del derecho internacional; y promover el progreso social y elevar el nivel de vida.

Sin embargo, frente a las múltiples crisis actuales, que incluyen conflictos violentos, violaciones atroces de los derechos humanos y del derecho humanitario, niveles asombrosos de desigualdad y la aceleración del cambio climático, el impacto de la ONU se ve limitado por las rivalidades entre potencias y su lógica estado-céntrica. La sociedad civil tiene propuestas para cambiar esta situación.

La iniciativa UNMute Civil Society ha lanzado cinco llamamientos para mejorar la participación de la sociedad civil en los procesos de la ONU: ampliar la participación y la inclusión mediante el uso de tecnologías digitales; reducir la brecha digital enfatizando la conectividad de los más excluidos; cambiar los procedimientos y prácticas para garantizar una interacción y una participación efectivas y significativas en todas las etapas; instituir un día anual de acción de la sociedad civil como oportunidad para evaluar los avances en la participación; y nombrar un enviado de la ONU para la sociedad civil.

La propuesta relativamente modesta de designar un enviado de la sociedad civil en la ONU podría servir como primer paso para seguir avanzando. A lo largo de los años, los secretarios generales de la ONU han creado diversos roles de enviados especiales para ayudar a coordinar la acción en torno a un tema y señalar su importancia. Un enviado de la sociedad civil podría, entre otras cosas, promover mejores prácticas de participación de la sociedad civil en toda la ONU, asegurar una participación diversa y promover la vinculación de la ONU con OSC de todo el mundo.

Además de apoyar esta propuesta, la campaña Nosotros los Pueblos, respaldada por más de 200 OSC y más de 100 parlamentarios de todo el mundo, propone implementar una Iniciativa Ciudadana Mundial que permita a la gente movilizarse para recoger firmas con el fin de incluir un tema en la agenda de la ONU. Mediante este mecanismo, se podría asegurar que iniciativas con amplio apoyo de la opinión pública mundial sean consideradas, inclusive en la semana de apertura de alto nivel de la Asamblea General y en el Consejo de Seguridad. Contribuiría a que la ONU aborde cuestiones urgentes, daría más peso a los esfuerzos de los Estados que buscan avances en ciertos temas, y alentaría a la gente a identificarse más con la ONU al verla como una institución capaz de recoger y encarnar sus preocupaciones.

Otra propuesta consiste en crear una Asamblea Parlamentaria de la ONU que complemente a la Asamblea General y otorgue voz a la ciudadanía y no solamente a los gobiernos. Este cuerpo podría funcionar como correctivo de la toma de decisiones estado-céntrica y como fuente de monitoreo y rendición de cuentas por las decisiones que la ONU toma o deja de tomar.

Finalmente, ante la inminente selección de un nuevo secretario general de la ONU, la sociedad civil está impulsando la campaña 1 por 8 mil millones, que aboga por un proceso de selección abierto, transparente, inclusivo y basado en el mérito, que refleje los ideales de la ONU y prevea espacios para que la sociedad civil pueda hacer aportes. Las propuestas de la sociedad civil son realistas, ya que no requieren enmiendas a la Carta de la ONU, pero son ambiciosas. Se resumen en la limitación a un solo mandato no renovable, la presentación de varios candidatos ante la Asamblea General, y la eliminación de los acuerdos a puerta cerrada.

Todas estas propuestas son pasos hacia un sistema de gobernanza mundial más abierto, democrático y centrado en la rendición de cuentas. No son soluciones mágicas, pero podrían ser el comienzo de un camino en esa dirección.

El futuro empieza hoy

La sociedad civil abordó el proceso de la Cumbre con cautela, ya que no tenía ninguna seguridad de que pudiera producir acciones reales. El proceso parecía seguir el patrón de anteriores iniciativas multiactor que no lograron resultados: corría el riesgo de acabar en otro documento de elevadas aspiraciones pero carente de mecanismos claros de implementación y rendición de cuentas.

Lamentablemente, por el momento los temores de la sociedad civil han sido confirmados. Su influencia depende de la voluntad política de los Estados de adoptar sus propuestas y hacer avanzar su agenda, y sencillamente no se la está escuchando lo suficiente.

Pero la sociedad civil no se rinde. Justo antes de la Cumbre, se celebrarán dos Jornadas de Acción que ofrecerán espacios adicionales, tanto físicos como virtuales, para el diálogo entre las partes interesadas. El diálogo continuará durante toda la Cumbre y, a diferencia de lo acostumbrado, todas las OSC que lo deseen, y no solamente las acreditadas ante la ONU, podrán inscribirse y participar.

La sociedad civil seguirá presionando para lograr compromisos claros y firmes, acompañados de estrategias de implementación y mecanismos de rendición de cuentas. También continuará trabajando para incluir temas clave en los documentos finales y, una vez incluidos, encontrará formas creativas de utilizar cualquier lenguaje favorable como palanca para abrir espacio para nuevos cambios. Además, se esforzará por mantener la relevancia de los documentos finales: presionará para que los compromisos se implementen y exigirá que los gobiernos rindan cuentas por ello.

Si existe alguna posibilidad de que la Cumbre y el Pacto marquen una verdadera diferencia, ésta dependerá de que los Estados realmente escuchan a la sociedad civil.

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