La revisión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) realizada este año por las Naciones Unidas (ONU) fue un ejercicio de extraordinaria negación de la realidad. Un Estado que actualmente está cometiendo genocidio ocupó el centro de un foro mundial clave sobre el desarrollo para afirmar que defiende el principio de “no dejar a nadie atrás”. El informe de Israel fue un ejemplo contundente de cómo algunos Estados se limitan a invocar los principios de justicia social mientras atacan los derechos humanos.

Diez años después de que todos los Estados miembros de la ONU adoptaran los 17 ODS —un conjunto de objetivos progresistas para mejorar la vida de las personas y proteger el planeta—, representantes de todo el mundo se reunieron en la sede de la ONU en Nueva York, del 14 al 23 de julio, para su encuentro anual y evaluar los avances. En el Foro Político de Alto Nivel (FPAN) participaron 35 Estados que presentaron sus Exámenes Nacionales Voluntarios (ENV), en los que informaron sobre sus logros.

Sin embargo, entre procesos burocráticos y propaganda estatal descarada, las metas progresistas de los ODS quedaron con frecuencia relegadas. Varios de los Estados que presentaron informes este año no respetan los derechos humanos: los suprimen.

El problema de un mecanismo que otorga a los Estados la tribuna para elogiarse a sí mismos quedó en evidencia cuando Israel presentó su informe, en el que aseguraba atender a comunidades marginadas mientras llevaba a cabo lo que un relator especial de la ONU ha calificado como limpieza étnica. Sorprendentemente, también habló de sus esfuerzos para mejorar la seguridad alimentaria, al tiempo que utiliza el hambre como arma de guerra contra la población de Gaza, provocando lo que los funcionarios de la ONU describen como “hambruna catastrófica”.

Fue el caso más flagrante de hipocresía, pero no el único. Bielorrusia, bajo un régimen autoritario y con numerosos presos políticos, proclamó sus logros y atribuyó cualquier carencia a las “medidas coercitivas unilaterales” impuestas por Estados occidentales en represalia por su apoyo a Rusia. El Salvador celebró su “transformación integral” bajo el mando cada vez más autocrático del presidente Nayib Bukele, quien esperó convenientemente a que concluyera la cumbre para anunciar la eliminación del límite al mandato presidencial. India, cuyo gobierno se la pasa vilipendiando a la sociedad civil, afirmó estar “creando estrategias en colaboración con ella”.

La sociedad civil: el socio ausente

El problema va más allá de la hipocresía estatal. La sociedad civil, supuestamente un socio clave para alcanzar los ODS, es sistemáticamente excluida de toda participación significativa.

Los ODS son fruto de años de trabajo de incidencia sostenida por parte de la sociedad civil. El objetivo 17 reconoce el valor de las alianzas con la sociedad civil para lograr todos los objetivos, mientras que el objetivo 16, centrado en la paz, la justicia y las instituciones sólidas, subraya la necesidad de respetar las libertades fundamentales, incluidas las libertades de asociación, expresión y reunión pacífica, que conforman el espacio cívico. Uno de los indicadores del objetivo 16 —el número de personas defensoras de derechos humanos, personal de medios de comunicación y sindicalistas asesinados, secuestrados, desaparecidos, detenidos arbitrariamente y torturados— deja claro por qué las libertades civiles son esenciales.

Aun así, la tendencia mundial es regresiva. En la década transcurrida desde la aprobación de los ODS, el espacio cívico se ha deteriorado en todo el mundo. Más de 70% de la población mundial vive ahora en países donde el espacio cívico es reprimido de forma habitual. De los 35 países que presentaron sus ENV este año, solo cinco mantienen un espacio cívico abierto. En contraste, 24 aplican severas restricciones.

Los ENV solo pueden reflejar de forma veraz los avances en materia de desarrollo si se elaboran mediante procesos de consulta en los que la sociedad civil pueda aportar su visión sobre logros, desafíos y posibles soluciones. Esto es imposible en países donde la sociedad civil independiente se ve habitualmente penalizada por cuestionar al gobierno o criticar su gestión.

Las restricciones al espacio cívico a nivel nacional se reflejan en el papel limitado que tiene la sociedad civil en los procesos de los ODS y en el sistema de la ONU en general. Si bien se considera una buena práctica que los Estados consulten a la sociedad civil antes de redactar sus informes para el ENV e incluyan a representantes de la sociedad civil como expertos independientes en sus delegaciones del FPAN, son muy pocos los que lo hacen.

Barreras de acceso y crisis de financiación

Para la sociedad civil, siquiera llegar a Nueva York ya es un desafío. Los obstáculos incluyen plazos de inscripción muy cortos, costos de viaje elevados, falta de transparencia en la asignación de apoyos de la ONU y dificultades para obtener visados para entrar a Estados Unidos. Efectivamente, el ingreso a Estados Unidos se ha vuelto mucho más complicado bajo la segunda administración Trump, lo cual obliga a activistas a valorar el riesgo de detención o deportación si, por ejemplo, las autoridades revisan su historial en redes sociales a su llegada.

A estas dificultades se suma una crisis de financiación de la sociedad civil que aún no se ha resuelto. Un ejemplo claro es el súbito desmantelamiento, por parte de Trump, de lo que era la mayor agencia de ayuda del mundo. Así, otros Estados donantes que antes apoyaban a la sociedad civil, como los Países Bajos, el Reino Unido y Suecia, también están realizando recortes drásticos, impulsados por la creciente influencia nacionalista y el giro hacia el gasto militar.

Esta retirada de apoyos pone en riesgo el futuro de muchas organizaciones de la sociedad civil (OSC) y dificulta priorizar su participación en eventos internacionales. El resultado es que solo las OSC más grandes y con mayores recursos pueden mantener una presencia constante en Nueva York. Así, cuando representantes de grupos excluidos del sur global logran intervenir, su participación puede parecer meramente simbólica.

Los representantes de la sociedad civil que consiguen estar presentes pueden sufrir hostigamiento. En los últimos años, algunos Estados han tomado represalias contra representantes de la sociedad civil que, en el FPAN, han cuestionado los informes oficiales o presentado datos alternativos. Ha habido amenazas y vigilancia previa a las sesiones. Algunas OSC han tenido que retirarse de los procesos de la ONU ante el deterioro del espacio cívico en sus países. Este año, varios participantes de la sociedad civil expresaron temor a mencionar países concretos en sus intervenciones durante la sesión inaugural. Todo ello alimenta la autocensura y restringe aún más el espacio de la sociedad civil.

La ONU tiene la responsabilidad de impedir estas prácticas. Sin embargo, lejos de facilitar la participación, este año se informó que los agentes de seguridad de la ONU controlaron la vestimenta de las participantes de OSC de derechos de las mujeres y les pidieron que se quitaran los pañuelos que llevaban en señal de protesta simbólica. Además, la sociedad civil denuncia que la ONU no hace lo suficiente para protegerla de represalias.

La crisis de financiación amenaza con reducir aún más los espacios de participación de la sociedad civil. Como parte de los recortes presupuestarios en respuesta al déficit, la ONU ya ha acortado las sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Si bien lo hacen en nombre de la eficiencia, excluir todavía más a la sociedad civil solo puede debilitar la eficacia de los procesos de la ONU.

Los ODS bajo ataque político

La reducción del espacio para la sociedad civil se produce en un momento en que los ODS enfrentan un asalto político sin precedentes. Aunque su cumplimiento está previsto para 2030, el avance es mínimo: solo el 17% de las metas está bien encaminado.

La financiación es uno de los principales desafíos. La reciente reunión sobre financiación para el desarrollo no logró desbloquear avances y dejó fuera las propuestas de la sociedad civil. El déficit anual estimado para alcanzar los ODS oscila entre 2,5 y 4 billones de dólares. Los Estados han incumplido sistemáticamente sus compromisos de financiación.

Estos fracasos revelan problemas políticos más profundos. Las decisiones sobre financiación reflejan la deriva populista y nacionalista en muchos países, lo que impulsa tendencias autoritarias y el retroceso del multilateralismo. La unanimidad con la que se adoptaron los ODS en 2015 ya no existe. A ello se suma el impacto de años de teorías conspirativas y desinformación en Internet que los presentan como parte de un supuesto plan para instaurar un nuevo orden mundial.

Al igual que en materia de financiación, la administración Trump encabeza la ofensiva. En marzo, el gobierno estadounidense declaró que “rechazaba y denunciaba” los ODS, especialmente por su enfoque en el clima y la igualdad de género. Otros gobiernos podrían seguir su ejemplo, lo cual socavaría el carácter universal de los objetivos. En abril, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, firmó un decreto para retirar a su país de los ODS, pero posteriormente su gobierno dio marcha atrás.

Estas tensiones políticas provocaron que, por segundo año consecutivo, la declaración ministerial final del FPAN no se adoptara por consenso, como es costumbre en la ONU, sino mediante una votación controvertida. Israel y Estados Unidos votaron en contra; Irán y Paraguay se abstuvieron. Otros Estados expresaron su desacuerdo con algunos términos de la declaración.

Incluso párrafos que en 2015 habrían sido inofensivos, como el que reconocía la interrelación entre desarrollo, paz, derechos humanos y buena gobernanza, se sometieron a votación. Israel y Estados Unidos votaron en contra y, de forma preocupante, otros 36 Estados se abstuvieron. También fueron objeto de disputa las referencias a los derechos de las mujeres, incluidos los reproductivos, y a los derechos de los trabajadores.

La sociedad civil pide reformas

Ante este escenario, la sociedad civil está impulsando iniciativas para fortalecer la colaboración y la coordinación entre organizaciones. Para superar las barreras a la movilidad, propone que las sesiones se roten en países del sur global con mayor accesibilidad para la sociedad civil y que se amplíen las posibilidades de participación en línea.

Los grupos de la sociedad civil han unido fuerzas en la iniciativa UNMute, que cuenta con el respaldo de más de 50 Estados, y han formulado una serie de recomendaciones prácticas destinadas a mejorar el acceso de la sociedad civil a la ONU. Entre ellas destacan el nombramiento de un enviado especial de la ONU para la sociedad civil, la agilización de los trámites de visado para miembros de la sociedad civil del sur global y la creación de un Día Internacional de la Sociedad Civil.

Pero también son necesarias reformas más profundas a nivel nacional. Las revisiones deben ser mucho más participativas y centrarse en la crítica constructiva y la rendición de cuentas real. Incluso en países con un espacio cívico relativamente abierto, los Estados suelen seleccionar cuidadosamente a quiénes consultan, dejando fuera a grupos de base que están en primera línea del cambio. A menudo, estos grupos ni siquiera saben que las revisiones están en marcha. Una vez publicados, muchos informes quedan en el papel, sin seguimiento ni diálogo efectivo con la sociedad civil para implementar las recomendaciones.

La sociedad civil elabora informes paralelos, pero no existe un espacio oficial para presentarlos. En el mejor de los casos, se comparten en eventos paralelos. No se debe permitir que los Estados se autoevalúen; por ello, la sociedad civil pide que estos informes paralelos se integren en los documentos oficiales.

Es hora de centrar el desarrollo en los derechos humanos

El carácter progresista de los ODS se está diluyendo, ya que muchos Estados adoptan, en el mejor de los casos, enfoques tecnocráticos del desarrollo que privilegian el control vertical sobre la colaboración genuina. Si bien los objetivos se acordaron mediante un proceso consultivo, la forma fundamentalmente estatal en que se aplican y evalúan revela las debilidades de los acuerdos internacionales sin mecanismos adecuados de rendición de cuentas democrática. La sociedad civil, que aporta cooperación y escrutinio desde la base, sigue siendo la pieza faltante.

No hay desarrollo sin derechos humanos. Los Estados pueden imponer programas que generen ciertos beneficios materiales, pero es poco probable que lleguen a los grupos excluidos, y pueden retirarlos arbitrariamente si no están sustentados en derechos. El desarrollo impuesto desde arriba amenaza los derechos humanos cuando los proyectos de infraestructura desplazan a las comunidades y dañan el medio ambiente local, y cuando quienes denuncian estos problemas son reprimidos. En cambio, los esfuerzos de desarrollo prosperan cuando las personas cuentan con un espacio para expresar sus necesidades, cuestionar intervenciones estatales no deseadas y supervisar el destino de los fondos.

Los diez años de experiencia con los ODS confirman la necesidad de forjar alianzas genuinas para el desarrollo que promuevan los derechos humanos y la justicia social, basadas en el respeto a la sociedad civil y al espacio cívico. Los Estados que dicen valorar los derechos humanos deben liderar con el ejemplo y abrir sus procesos de seguimiento de los ODS a la sociedad civil.

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