A veces resulta difícil recordar el optimismo de 2015, cuando los líderes de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas (ONU) se reunieron para aprobar la Agenda 2030, un plan mundial para alcanzar la paz y la prosperidad. Con ella se fijaron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), una amplia serie de compromisos para garantizar el progreso social, el avance económico y la sostenibilidad ambiental.

Casi a mitad de camino hacia la fecha límite, una crisis tras otra – la pandemia, las crisis climáticas en aumento, y numerosos conflictos como la guerra de Rusia contra Ucrania, que ha tenido repercusiones económicas mundiales – han hecho retroceder las esperanzas de alcanzar los objetivos. A escala mundial, la pobreza, el hambre y la desigualdad no se están reduciendo, sino que están aumentando.

Los países más afectados son los que ya estaban más rezagados. Esto se pudo ver durante la pandemia: los países ricos utilizaron sus recursos para mitigar los impactos económicos y vacunar a su población a tiempo, mientras que los más pobres simplemente no pudieron hacerlo.

Con el tiempo que se agota, cada vez más los Estados del sur global están exigiendo cambios profundos para desbloquear los recursos necesarios para hacer realidad los ODS.

El financiamiento global en entredicho

La que tomó la iniciativa fue Mia Mottley, la primera ministra de Barbados. En la última cumbre global sobre el clima, la COP27, Mottley ocupó un lugar destacado entre quienes reclamaron una revisión del sistema financiero mundial para aumentar la capacidad de instituciones como el Banco Mundial para financiar la resiliencia climática.

Ahora que la COP27 finalmente se ha comprometido a crear un fondo para compensar las pérdidas y los daños causados por el cambio climático -una vieja reivindicación de la sociedad civil y de los Estados del sur global-, la cuestión de cómo financiar las pérdidas y los daños, así como la adaptación al cambio climático y la reducción de emisiones, se hace cada vez más urgente, sobre todo porque los objetivos en materia de financiamiento climático se han incumplido sistemáticamente.

La elevada inflación mundial actual, que está haciendo subir los tipos de interés, vuelve a la situación aún más urgente. Se trata de un problema grave para los numerosos países del sur global que soportan elevados niveles de endeudamiento, normalmente con prestamistas multilaterales y otros Estados. En la actualidad, 52 países del sur global se encuentran en una situación de crisis de deuda o en alto riesgo de entrar en ella, lo cual significa que son incapaces o potencialmente incapaces de hacer frente a sus compromisos. Según un informe del año pasado, 22 de estos Estados se encuentran en África, y está en esta situación el 40% de los países africanos. Los servicios de la deuda, por no hablar de su pago, pueden implicar recortes en los servicios públicos y políticas de austeridad que afectan sobre todo a los más pobres, lo cual aleja a estos países de la consecución de los ODS.

Tiene que haber otra manera. En abril se lanzó la Iniciativa Bridgetown 2.0, un llamamiento conjunto de la ONU y el gobierno de Barbados en favor de un paquete de estímulo a gran escala para que los países con problemas de deuda y liquidez puedan invertir en los ODS. La iniciativa también insta a una reforma de largo plazo del sistema financiero internacional.

Está cobrando fuerza la idea de replantear las instituciones financieras internacionales, y en particular el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, creados para promover la estabilidad económica y la reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial. Se les acusa de no haber sabido adaptarse a los nuevos tiempos y de obstaculizar, en lugar de facilitar, el desarrollo sostenible. Si fueran puestos al servicio de la lucha contra la crisis climática y de la consecución de los ODS, el impacto podría ser transformador.

Hay mucho margen de mejora. El FMI ha sido criticado durante mucho tiempo por insistir en que los gobiernos adopten políticas de austeridad para recibir préstamos como los concedidos recientemente a Argentina, Sri Lanka y Zambia. El año pasado, Oxfam descubrió que 13 de los 15 programas de préstamos para el COVID-19 del FMI negociados durante el segundo año de la pandemia exigían recortes del gasto o la imposición de impuestos sobre los alimentos o el combustible que afectarían sobre todo a los más pobres. Estas acciones son todo lo contrario de lo que se necesita para alcanzar los ODS.

El Banco Mundial, cuyo presidente saliente, David Malpass, ha sido acusado de negar el cambio climático, sigue financiando nuevos proyectos de combustibles fósiles, burlándose del Acuerdo de París y del ODS 13 sobre la acción por el clima. Se le critica por exagerar su contribución al financiamiento climático y no ofrecer un apoyo adecuado para impulsar energías renovables y favorecer la adaptación al cambio climático. La sociedad civil lleva mucho tiempo pidiendo una reforma del Banco Mundial.

Mientras que los ODS son patrimonio mundial, estas dos instituciones financieras cruciales están dominadas por los Estados más ricos. La desigualdad entre Estados se hace explícita en su liderazgo. Por convención, el gobierno de Estados Unidos nombra al presidente del Banco Mundial, mientras que los Estados europeos eligen al director gerente del FMI. En consecuencia, hasta ahora todos los presidentes permanentes del Banco Mundial han sido ciudadanos estadounidenses y todos los directores del FMI han sido ciudadanos de algún país europeo. La insinuación de que las mejores personalidades para marcar el rumbo necesariamente deben proceder de una minoría de países ricos es un insulto al resto del mundo.

Los nombramientos al frente del Banco Mundial suelen ser de naturaleza partidaria. Malpass fue designado por Trump luego de participar en su campaña electoral. No cuajaba en la administración Biden, por lo cual ésta recientemente propuso su sustitución por Ajay Banga, quien asumirá el cargo el mes que viene. Banga nació en la India pero es, por supuesto, ciudadano estadounidense. Recientemente ha desempeñado un alto cargo en una empresa de capital privado y anteriormente dirigió Mastercard. Aunque el gobierno de Biden ha hablado de un mayor protagonismo del Banco Mundial en la lucha contra el cambio climático, Banga es un experto en finanzas, y no parece ser el candidato del cambio. Su nombramiento se decidió con rapidez y con la acostumbrada falta de consulta. Daría la impresión de que se ha perdido una oportunidad para comenzar a cambiar el rumbo del Banco Mundial.

Tal y como están las cosas, estas instituciones mundiales no están trabajando en interés del mundo en su conjunto, como lo exigen los ODS y el Acuerdo de París. Deberían tomar conciencia de que, cada vez más, los Estados se están inclinando por alternativas como la que ofrece China, que ha pasado a ser el mayor prestamista bilateral del mundo y cada vez más ofrece rescates de emergencia al estilo del FMI. A China se la acusa de usar una “diplomacia de entrampamiento en deudas”, es decir, de conceder préstamos que los Estados tienen dificultades para devolver y utilizarlos con fines políticos. Debería estar claro que se necesitan instituciones que trabajen por los intereses comunes, y no por los de Estados o grupos de Estados concretos.

Una serie de reuniones que se avecinan ofrecen oportunidades de establecer una hoja de ruta hacia el cambio. Ellas incluyen la cumbre sobre un “nuevo pacto financiero mundial” que tendrá lugar en París en junio, la cumbre del G20 en la India en septiembre, dos cumbres de alto nivel -una sobre los ODS y otra sobre la financiación para el desarrollo- en el marco de la Asamblea General de la ONU, también en septiembre, y en noviembre y diciembre la próxima cumbre mundial sobre el clima, la COP28, en la que se prevé la formulación de recomendaciones para implementar el financiamiento de pérdidas y daños. Además, en la Cumbre del Futuro de las Naciones Unidas, que se celebrará en 2024, se debatirá cómo puede el sistema multilateral cumplir las promesas de la Carta de las Naciones Unidas y de la Agenda 2030. Se prevé una cuarta Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo en 2025.

La oportunidad está, y puede aprovecharse o dejarse pasar. Al final de esta sucesión de reuniones, apenas quedarán cinco años para alcanzar los ODS. Los Estados con ideas afines -los que tienen mucho poder mundial y los que tienen poco, los ricos y los endeudados- deben trabajar juntos para aprovechar el momento.

La necesidad de la sociedad civil

Los Estados del Sur global deberían tener mucho más peso en la toma de decisiones y el liderazgo de organismos como el FMI y el Banco Mundial. La reciente resolución de la ONU para iniciar un proceso para establecer un organismo fiscal mundial para no dejar las decisiones sobre fiscalidad a nivel global en manos de los Estados ricos, como ocurre actualmente, demuestra que es posible dar pasos para reequilibrar el poder.

Pero esto no será suficiente. Se necesita el involucramiento de la sociedad civil.

Los ODS surgieron, al menos en parte, de la sociedad civil. La sociedad civil criticó a sus antecesores, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), por considerarlos un proyecto elitista y verticalista. Cuando llegó el momento de avanzar más allá de los ODM para establecer nuevos objetivos, la sociedad civil participó ampliamente. Los procesos de consulta le dieron un margen considerable para organizarse, movilizarse y trabajar conjuntamente para ejercer influencia. Los ODS resultantes están mucho más orientados a los derechos y son más amplios y universales, ya que se aplican a todos los Estados. El objetivo 17 reconoce explícitamente la necesidad de establecer alianzas con la sociedad civil.

Mediante los ODS, los Estados se comprometen a respetar las libertades fundamentales en que se apoya la sociedad civil: el objetivo 16 contiene los compromisos de “garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas” y “proteger las libertades fundamentales”.

La necesidad de habilitar e involucrar a la sociedad civil, reconocida en los ODS, se repite una y otra vez en los compromisos internacionales sobre desarrollo y financiación, y se puso de relieve en el Llamamiento a la acción en favor de los derechos humanos emitido en 2020 por el secretario general de la ONU.

Y, sin embargo, la realidad desde que se acordaron los ODS es de un creciente asalto a las libertades cívicas en muchos países de todo el mundo. Las cifras más recientes del CIVICUS Monitor, nuestra iniciativa de monitoreo de las condiciones del espacio cívico en 197 países, muestran que apenas alrededor del 3% de la población mundial vive en países donde las libertades cívicas son ampliamente respetadas, mientras que el 85% vive en 117 países donde estas libertades están siendo objeto de graves ataques. Entre los ataques típicos se encuentran las restricciones a la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para recibir y utilizar fondos, lo que limita directamente la capacidad de la sociedad civil para contribuir al cumplimiento de los ODS.

En estas condiciones, la sociedad civil no puede desempeñar las funciones que debe cumplir para ayudar a implementar los ODS, monitorear las acciones del gobierno y abogar por un progreso más rápido. La restricción del espacio cívico afecta no solamente a los objetivos 16 y 17, que se refieren específicamente a la sociedad civil y a las libertades cívicas, sino a todos los objetivos, desde la eliminación de la pobreza hasta la protección de los ecosistemas. Sin una sociedad civil habilitada para desempeñar plenamente su rol, no hay esperanza de alcanzar los ODS, especialmente en lo que concierne a los grupos excluidos cuyos derechos defiende la sociedad civil.

La reacción

Además de los del financiamiento y las restricciones que pesan sobre la sociedad civil, el cumplimiento de los ODS enfrenta cada vez más un nuevo desafío. El mundo ha cambiado mucho desde 2015. En muchos países han crecido el populismo y el nacionalismo de derecha. El consenso básico en torno de los valores que sustentan los ODS está siendo cuestionado. Ha proliferado la desinformación, y ahora distorsiona todos los debates. La pandemia empujó a una gran cantidad de gente por el agujero negro de las teorías conspirativas.

Ciertas ideas que la mayoría de la gente apoya, como la de acabar con la pobreza y el hambre o garantizar que todo el mundo disponga de agua potable y saneamiento, son ahora atacadas con violencia por una minoría intensa. Los ODS han pasado a formar parte de teorías conspirativas de gran alcance y en permanente mutación.

La Agenda 2030, así como su precursora, la Agenda 21 sobre el desarrollo sostenible, está siendo caracterizada como parte de un plan para construir un “nuevo orden mundial” que incluiría un gobierno mundial altamente intervencionista, vigilancia totalitaria, la eliminación de la propiedad privada, la destrucción de la unidad familiar, la esclavización de la población y la despoblación masiva. El hecho de que los objetivos fueran acordados mucho antes de la pandemia y se descarrilaran por su causa es cómodamente ignorado: en cambio, se sostiene que los presuntos conspiradores planificaron la pandemia y la consiguiente vacunación como parte de su plan malévolo, a menudo designado como “el gran reseteo”.

Los documentos falsos que circulan ampliamente echan aún más leña al fuego. A veces, estas falsificaciones se basan en distorsiones y reinterpretaciones sesgadas de los textos de los ODS, y otras veces se trata de auténticas falsedades que introducen conceptos y terminología que sencillamente no forman parte de los ODS. Incluso símbolos inofensivos relacionados con los ODS -como la insignia circular multicolor que lucen supervillanos de la teoría de la conspiración como Bill Gates- se incorporan a escabrosas teorías conspirativas.

Por haber participado en el desarrollo de los ODS y salir en su defensa, la sociedad civil también está siendo atacada. Es vilipendiada con la acusación de ser parte de una siniestra élite global que persigue fines perversos.

Hora de poner los puntos sobre las íes

No cabe duda de que existe un círculo de teóricos de la conspiración que nunca se convencerá de la verdadera naturaleza de los ODS. Pero si se quiere convencer a quienes son escépticos pero están abiertos a la persuasión, sin duda el camino a seguir es demostrar que los ODS aportan beneficios tangibles a la vida cotidiana de las personas. Eso no sucederá en ausencia de un financiamiento adecuado o de una sociedad civil capaz de monitorear las decisiones y el financiamiento para el desarrollo y de atender las necesidades de los más postergados.

El hecho de que muchos de los mismos gobiernos que están presionando para lograr avances significativos en la financiación de los ODS repriman a la sociedad civil es un grave error. Es necesario que adopten una perspectiva más amplia y se comprometan a trabajar con la sociedad civil, y que lo hagan antes de que sea demasiado tarde.