El gobierno adelantó siete meses los comicios, que usualmente se realizan en diciembre, para aprovechar el desconcierto y el repliegue de los sectores políticos y sociales opositores, logrado a fuerza de fraude, intimidación, censura y persecución.

Durante los primeros meses de 2025, luego de que Maduro se juramentara como presidente por seis años más, predominó el desconcierto frente a lo que había sucedido, ya que hasta último momento hubo esperanzas de que algo impidiera otros seis años más de dictadura. Es importante recordar que las violaciones de derechos humanos han sido tan graves que han generado la única investigación en el continente por parte de la Corte Penal Internacional. Venezuela atraviesa la peor crisis política, social y económica de su historia contemporánea.

En este contexto, todos los sectores estaban buscando adaptarse a las nuevas circunstancias para sobrevivir. En la sociedad civil, a la que pertenezco, parecía predominar una estrategia de latencia, consistente en preservar capacidades para esperar a que se abriera alguna ventana de oportunidad para el cambio político y social.

Fue precisamente en estas circunstancias que las autoridades intentaron proyectar el proceso electoral como parte de un proceso de normalización y de reconstrucción de una legitimidad severamente cuestionada dentro y fuera del país. Asimismo, buscaron medir su propia capacidad real de convocatoria y movilización, así como la de sus contrarios, para decidir si acelerar o no el anunciado proceso de reforma de la Constitución, que debe aprobarse por referéndum.

La reforma constitucional es el hito político de mayor importancia para las autoridades este año, ya que con ella conseguirá la arquitectura institucional para mantenerse en el poder a pesar del rechazo mayoritario. De hecho, parte de los objetivos buscados en estas elecciones era fracturar a la coalición opositora para que no pudiera oponerse efectivamente a la reforma.

Aunque el proyecto de reforma se ha mantenido en secreto, la evidencia disponible indica que impondrá el llamado “Estado comunal”, un nuevo modelo de Estado que eliminará el sufragio universal, directo y secreto para elegir a los funcionarios. Si se impone, Venezuela seguirá los pasos de Cuba para transformarse en un autoritarismo perenne tolerado por la comunidad internacional.

Significativamente, en medio de la jornada electoral Maduro anunció que el gobierno entregaría la propuesta de reforma constitucional a la nueva Asamblea Nacional que se juramentará en enero de 2026, y que además impulsará un cambio en las leyes electorales para que funcionen a partir de las llamadas “jurisdicciones comunales”. Creo que esto es un reconocimiento de que hubo fallas importantes en su maquinaria electoral, por lo que debe buscar otra forma de garantizar un resultado favorable en el eventual referendo de aprobación de la reforma.

La oposición no logró consensuar una estrategia, evaporando el principal activo político que logró los resultados del pasado 28 de julio.

Un sector apostó a una estrategia de baja confrontación y cohabitación con las autoridades y decidió participar y postular candidaturas, a pesar de que las condiciones electorales habían continuado menguando y la opacidad del proceso era casi total. Este sector esperaba contar con un espacio político –algunas gobernaciones, alcaldías y cargos en el parlamento– y presupuestario para erosionar paulatinamente el liderazgo de María Corina Machado y convertirse en alternativa en las elecciones presidenciales de 2030.

Sin embargo, su discurso para estimular la participación no logró sintonizar con la mayoría de quienes habían perdido la confianza en el voto. Carente de recursos, su campaña se desarrolló básicamente en redes sociales y no logró influir sobre los indignados por el fraude electoral.

El sector de Machado, por su parte, insistió en que mientras no se resuelva el tema central, el fraude electoral del 28 de julio, ninguna decisión de este gobierno de facto tiene validez constitucional. Desde la clandestinidad, con todos sus líderes y cuadros medios en el exilio o perseguidos dentro del país, este sector llamó a la abstención.

Cabe recordar que, en las elecciones primarias de la oposición previa a las presidenciales del año pasado, el 94% de los votantes apoyó a Machado por su coherencia y su actitud de confrontación con las autoridades. Esto hizo que para ella fuera casi imposible convocar a participar de nuevo, inmediatamente, después de semejante fraude electoral.

El primer boletín del Consejo Nacional Electoral (CNE) adjudicó el 82,6% de los votos a los candidatos oficialistas, lo cual significa que retendrían 23 de las 24 gobernaciones en pugna y 40 de 50 escaños en la Asamblea Nacional. Al momento de esta entrevista, aún falta el detalle de los resultados del resto de los curules en el parlamento.

Según el CNE la participación fue de 42%, una cifra que no cuadra con los votos totales según el último registro electoral conocido. Esta cifra solo es plausible si se quita del padrón electoral a los ocho millones de personas en edad para votar que debieron emigrar. Es evidente que hay una manipulación de los resultados.

La oposición que participó estimaba ganar cinco o seis gobernaciones, pero apenas pudo conquistar la del estado Cojedes. Inesperadamente, Manuel Rosales, gobernador opositor del estado Zulia, el segundo en importancia en el país, no logró reelegirse pese a todas las concesiones que realizó para participar en la contienda.

Los diputados opositores electos más conocidos fueron Henrique Capriles, Stalin González y Luis Emilio Rondón, ahora posicionados como los principales voceros de la oposición menos beligerante.

La población venezolana vivió de manera particularmente intensa el proceso electoral presidencial de julio de 2024. A pesar del miedo, acudieron de manera masiva a las concentraciones a favor de Edmundo González, realizaron filas desde la noche anterior para sufragar, cuidaron los centros electorales de irregularidades y permanecieron en las inmediaciones de sus sitios de votación esperando los resultados parciales, que fueron grabados en sus celulares y compartidos intensamente. Posteriormente, en los días que siguieron al fraude, se movilizaron intensamente en barrios de todo el país en rechazo al fraude.

Por tanto, es lógico que después de aquel monumental fraude mucha gente decidiera no volver a participar en lo inmediato, pues el sentido común les decía que nada garantizaba que se contaran los votos de manera transparente y que los resultados fueran respetados. Es importante destacar que la no participación no significa que la gente haya renunciado a sus deseos de cambio, sino que escogió manifestar su descontento de una manera que no la pusiera en riesgo, frente a toda la situación de persecución política y detenciones arbitrarias.

Desde la sociedad civil, creo que estas elecciones dejan una mejor comprensión de los cambios ocurridos en el país a partir de la instalación de un gobierno de facto, y de cómo funcionan los procesos electorales cuando se realizan sin garantías democráticas. Ha sido un aprendizaje doloroso, y todos tendremos que decidir qué hacer bajo estas nuevas circunstancias.

Un segundo cambio ha sido el incremento en el sentimiento de temor de la población como consecuencia de las políticas de miedo e intimidación. En los días previos a la elección, y durante la propia jornada electoral, primó la precaución, lo que se tradujo en la salida forzada del país de nuevos defensores y activistas. Tendremos que trabajar mucho, a nivel comunitario, para revertir el pánico instalado en la sociedad.

A nivel político los resultados ratificaron la ascendencia de Machado sobre la población, el eclipse de la figura de Rosales y el resurgimiento de Capriles y González. Queda por verse el margen de acción que estos últimos tendrán en el parlamento para detener el abuso de poder y las decisiones antidemocráticas. En cuanto a Machado, no puede decirse que saliera victoriosa, pero sí que sigue siendo la que mejor interpreta a un sector muy importante de la población venezolana.