“La violencia no desapareció tras el acuerdo de paz: mutó y se volvió más local”
CIVICUS conversa acerca de la reciente ola de violencia política en Colombia con Andrés Preciado, director de Conflicto y Seguridad en la Fundación Ideas para la Paz (FIP), un centro de pensamiento y acción independiente fundado por empresarios colombianos en 1999. FIP es hoy el principal centro de estudios sobre paz y seguridad en Colombia.
Colombia está experimentando un aumento de la violencia política, con más de un centenar de ataques contra líderes políticos en lo que va de 2025, incluidas amenazas, agresiones y asesinatos. Paralelamente, los conflictos sociales se han intensificado, impulsados por demandas laborales, deficiencias en los servicios básicos y la ausencia del Estado en amplias zonas del país. Esta crisis de seguridad y gobernabilidad amenaza con socavar los acuerdos de paz y debilitar aún más la confianza ciudadana en la democracia en vísperas de las elecciones que tendrán lugar en marzo y mayo de 2026.
¿Qué explica la actual violencia política en Colombia?
El asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay durante un mitín político en Bogotá recordó una forma de violencia que Colombia parecía haber dejado atrás: los magnicidios. La política de “paz total” del gobierno de Gustavo Petro buscaba reducir la violencia y mejorar la situación humanitaria, pero tres años después el panorama no ha mejorado: en gran parte del país la seguridad se ha deteriorado y el Estado ha perdido control sobre amplios territorios.
La violencia no desapareció tras el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, sino que mutó debido a factores estructurales y coyunturales. Hay menos grupos armados de carácter político y más organizaciones criminales con intereses locales. La violencia, que antes se concentraba en el ámbito nacional, ahora se siente principalmente en los territorios y se manifiesta en forma de ataques contra líderes sociales, desplazamientos, confinamientos y enfrentamientos entre grupos armados. Ya no se trata de una lucha ideológica, sino de una disputa por el control de economías ilícitas como el narcotráfico y la minería, que generan enormes ganancias.
Aunque la inseguridad ha aumentado, ninguno de los grupos armados actuales posee la capacidad militar que alcanzaron las FARC o los paramilitares en su punto más alto de criminalidad. El principal actor violento es el Clan del Golfo, seguido por las disidencias de las FARC, que pasaron de 38 estructuras dispersas al final del gobierno anterior a cuatro estructuras en proceso de unificación. El Ejército de Liberación Nacional sigue siendo una amenaza importante, mientras que en ciudades como Barranquilla, Bogotá, Cali o Medellín las estructuras criminales también se han fortalecido.
¿Qué riesgos enfrentan los líderes sociales?
Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para quienes defienden el ambiente y los derechos humanos. Desde 2016, los asesinatos de líderes sociales no han dejado de aumentar: en 2024 se registraron 173 y en 2025 ya van 154.
Esta violencia no es aleatoria. Los líderes locales son vistos como una amenaza para los grupos criminales que buscan controlar los territorios. Al proteger a sus comunidades y denunciar abusos, se convierten en sus principales blancos.
La respuesta del gobierno ha sido reactiva: atiende a crisis puntuales, pero no logra prevenirla. Al priorizar las negociaciones con los grupos armados, ha descuidado la protección militar y policial de las comunidades. En regiones como el Catatumbo o Cauca, las comunidades piden una reducción inmediata de la violencia, sin importar quién la genere.
El miedo a las represalias, sumado a la fragmentación de los movimientos sociales y la falta de recursos, ha llevado a la desmovilización y el desencanto ciudadanos. Si bien aún hay algunas marchas indígenas, ambientales y cocaleras, ya no se ven las grandes protestas que marcaron a la administración anterior. Sin embargo, es de esperar que la movilización vuelva a cobrar fuerza en 2026, pues será un año electoral.
¿Cómo están respondiendo la comunidad internacional y la sociedad civil?
La cooperación internacional en Colombia ha disminuido bastante, sobre todo tras la reducción de la ayuda exterior de Estados Unidos y Europa. Esto ha dejado a muchas organizaciones comunitarias, especialmente las vinculadas al acuerdo de paz de 2016, con serias dificultades financieras y algunas incluso corren el riesgo de desaparecer.
El trabajo humanitario se ha vuelto mucho más peligroso. Las agencias internacionales, incluidas las de las Naciones Unidas (ONU), enfrentan serias restricciones para operar en territorios controlados por grupos armados. Entre enero y agosto de este año, los ataques y afectaciones a misiones médicas aumentaron cerca de 400% según información de Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.
En el plano nacional, la sociedad civil también ha tenido que replantear su rol. Parte de ella se identificaba con el gobierno de Petro, lo que ha hecho difícil mantener una postura crítica e independiente. Sin embargo, centros de pensamiento y organizaciones sociales coinciden en que la seguridad y la situación humanitaria han empeorado y exigen que se cumpla el acuerdo de paz de 2016 que sigue siendo clave para el desarrollo territorial y la reconstrucción del tejido social. Aunque la política de “paz total” de Petro no ha dado los resultados esperados, es importante rescatar los elementos que proponían una salida integral a los conflictos y explorar las lecciones aprendidas.
¿Cuáles son los desafíos de cara a las elecciones de 2026?
El principal desafío de cara a 2026 será garantizar que las elecciones legislativas de marzo y las presidenciales de mayo se desarrollen de manera libre, transparente y segura. La violencia y el control territorial de los grupos armados podrían dificultar la apertura de puestos de votación y limitar la participación ciudadana, especialmente en zonas rurales.
Aunque se espera un aumento de incidentes electorales, existe consenso entre las distintas fuerzas políticas sobre la necesidad de preservar la estabilidad democrática y asegurar unas elecciones pacíficas, especialmente tras el asesinato de Miguel Uribe. Para lograrlo, el Estado colombiano debe concentrar sus esfuerzos en garantizar la seguridad y confianza en el proceso electoral.