La reforma incluyó la destitución de todos los jueces y magistrados para que los cargos fueran ocupados por personas electas por voto popular. Además, dispuso la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal, cuyas atribuciones serán realizadas por dos nuevas instituciones: el Órgano de Administración Judicial, que se encargará de la gestión y gobernanza (manejo de presupuesto, identificación de necesidades de servicio, capacitación), y el Tribunal de Disciplina Judicial, que tendrá amplias facultades para investigar y sancionar funcionarios judiciales involucrados en corrupción o responsabilidades administrativas.

La reforma también redujo de 11 a nueve el número de ministros de la Suprema Corte, que además durarán 12 años en el cargo en lugar de 15. Las atribuciones de la Suprema Corte se ven impactadas, al perder control sobre su presupuesto, que pasa al Órgano de Administración Judicial, y ya no podrá intervenir en procesos disciplinarios, que serán competencia del Tribunal de Disciplina Judicial.

En cuanto a las elecciones, la renovación de la judicatura se realizaría en dos etapas: mediante elecciones extraordinarias el 1º de junio de 2025 y elecciones ordinarias en 2027. Las entidades federativas tienen hasta 2027 para implementar la reforma.

En las primeras elecciones judiciales de la historia de México, a nivel federal la ciudadanía votó por nueve integrantes de la Suprema Corte, cinco magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, 17 Magistraturas del Tribunal Electoral, 464 Magistraturas de Circuito y 386 juzgadores de distrito. A nivel subnacional se celebraron elecciones en 19 estados, que eligieron en total 1.711 jueces y 468 magistrados locales.

Estas elecciones inéditas y complejas se realizaron con recursos insuficientes y plazos muy cortos. Las consecuencias fueron múltiples: fue imposible instalar el número de casillas requeridas; no se pudo recabar el voto de mexicanos en el extranjero ni de personas en prisión preventiva; el amplio número de cargos llevó al diseño de boletas electorales complicadas; hubo poco tiempo para que la ciudadanía conociera a los candidatos; y no hubo claridad sobre el financiamiento de las campañas.

Además, la distribución de secciones electorales rompió con la lógica de representación política. Las personas que habitan en la Ciudad de México eligieron juzgadores que resolverán juicios a nivel nacional, y en las ciudades más pobladas los habitantes votaron por juzgadores especializados, aunque de requerir servicios judiciales no necesariamente serán atendidos por las personas que eligieron, ya que los casos se asignan aleatoriamente entre más de 20 juzgados especializados.

Además, semanas antes de la elección se distribuyeron folletos con tipografía similar a la que utiliza el partido de gobierno, Morena, con listas de los candidatos afines a este partido. No se determinó quién los elaboró y distribuyó, pero acabaron ganando las personas que aparecían en estos panfletos. Problemas como estos son los que erosionan la confianza en las instituciones electorales.

En términos de transparencia, no hubo información clara sobre los criterios y procedimientos de selección de los candidatos. Se desconocen los criterios mediante lo que fueron nombrados los cinco integrantes de cada comité de evaluación, si recibieron remuneración, si tuvieron equipo de apoyo o con base a qué criterios seleccionaron a los aspirantes a cargos judiciales.

Desde marzo, la ciudadanía enfrentó la difícil tarea de conocer más de 3.000 candidatos y comprender las funciones de cada cargo, distinguir entre cargos federales y estatales y entender las complicadas boletas electorales. Aunque el Instituto Nacional Electoral implementó micrositios web con currículos, solo las personas con acceso a internet y conocimiento previo sobre funciones judiciales pudieron usar esa información. Como experta en el poder judicial, demoré dos semanas en definir mi voto y en muchos casos decidí anularlo por falta de información confiable. Las campañas se concentraron en redes sociales y volanteo en plazas públicas, pero fueron insuficientes para poder emitir un voto informado. Al final, los problemas de transparencia favorecieron que las personas votaran guiadas por los acordeones o recomendaciones directas.

Morena presentó a la selección de personas juzgadoras por voto popular como una forma de fortalecer la democracia, al poner en manos de la ciudadanía la responsabilidad de elegir a funcionarios que históricamente se han mantenido aislados del escrutinio público. Lamentablemente, el imaginario social no reconoce la importancia de otros principios democráticos fundamentales como la división de poderes, los contrapesos entre las autoridades políticas, la transparencia y la redición de cuentas.

En ese sentido, en este proceso observamos el regreso de prácticas problemáticas como la falta de deliberación en el Congreso al aprobar reformas estructurales sin discusión técnica profunda. La aprobación de la reforma judicial se caracterizó por la ausencia de una discusión plural y guiada por argumentos técnicos.

La reforma habilitó la intervención directa de los poderes Ejecutivo y Legislativo en la selección de candidatos judiciales a través de los comités de evaluación. Además, al tener posibilidad de reelección, existe el riesgo de que las personas juzgadoras busquen favorecer intereses políticos para garantizar su permanencia. Los mandatos judiciales coincidirán con otros mandatos políticos, de modo que las elecciones judiciales se realizarán conjuntamente con otras elecciones, lo que aumentará la probabilidad de que la ciudadanía elija por filiación partidaria en lugar de evaluar la idoneidad de los aspirantes.

En este primer proceso electoral, la mayoría de las personas electas en los más altos tribunales mantienen vínculos con Morena. Además, la eliminación de la facultad de la Suprema Corte de manejar su presupuesto, que ahora será responsabilidad del Órgano de Administración cuyos integrantes serán propuestos principalmente por el Ejecutivo, implica un sometimiento de facto de la judicatura.

La reforma también impacta la independencia interna, que garantiza que las personas juzgadoras tomen decisiones sin presión de sus superiores jerárquicos. La creación de Tribunales de Disciplina con atribuciones para sancionar juzgadores por el sentido de sus decisiones, evaluar la valoración de pruebas y decisiones contrarias al “interés público”, con capacidad de iniciar investigaciones de oficio, convierte a este órgano en un instrumento para controlar el comportamiento judicial y sancionar a quienes no se ajusten a intereses políticos.

El porcentaje de participación fue de cerca del 13%. En mi opinión, esto se debió a tres factores.

Primero, se trató de una elección sin precedentes. El ejercicio del voto es una práctica que se construye a lo largo de los años, donde las personas van adquiriendo conciencia del impacto de su participación, y en este caso no hubo tiempo para un proceso de aprendizaje.

Segundo, los os plazos cortos, vacíos normativos, falta de presupuesto y amplio número de cargos resultaron en un proceso sumamente complejo. Las personas interesadas en emitir un voto informado tuvieron que invertir tiempo considerable en comprender las boletas y conocer candidatos, y en general carecieron de información suficiente.

Finalmente, un porcentaje de la población decidió no votar porque no estaba de acuerdo con la reforma judicial. Es imposible saber qué porcentaje se abstuvo por razones ideológicas, por desconocimiento o por simple apatía. Habrá que ver qué pasa en 2027, cuando estarán en juego la mitad de los cargos de jueces y magistrados federales, así como más de 1.500 cargos judiciales a nivel estatal.

La respuesta se ha enfocado principalmente en la Suprema Corte. Organizaciones como Equis Justicia para las Mujeres organizaron debates con candidatos, mientras que facultades de derecho y colegios de abogados replicaron ejercicios similares.

Las universidades y organizaciones civiles también instalaron observatorios electorales para documentar el proceso y generar información sobre resultados. En particular he seguido el trabajo de los observatorios del Instituto Tecnológico Autónomo de Monterrey y de la Universidad Iberoamericana.

Asimismo, varias organizaciones de la sociedad civil presentaron de manera conjunta una serie de demandas ante el Instituto Nacional Electoral por irregularidades en el diseño y ejecución del proceso electoral. Denunciaron la existencia de una operación orquestada desde el Estado para colocar a las personas afines a Morena en los cargos más altos de la justicia: la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina y el Tribunal Electoral.

Los esfuerzos de la sociedad civil fueron muy valiosos, pero insuficientes para incidir en el proceso electoral. Siguen generando información sobre los resultados de las elecciones, pero sus acciones se concentran en las altas cortes. Se requiere de mayores esfuerzos para documentar de manera integral los impactos de la reforma judicial, sobre todo a nivel local. Debemos preguntarnos qué podemos hacer ahora para incidir en las decisiones públicas y contribuir para mejorar el sistema de justicia.

Lo primero es la resolución de impugnaciones presentadas tanto por organizaciones civiles como por candidatos afectados. Las autoridades electorales tienen la difícil tarea de resolver controversias relacionadas con la idoneidad de personas electas que no cumplen requisitos constitucionales o tienen denuncias penales.

Las decisiones del Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral serán determinantes para generar confianza. Si toman decisiones que erosionen principios democráticos o favorecen al gobierno sobre la base de argumentos insuficientes o cuestionables desde un punto de vista técnico, darán sustento a los temores de que están sometidos al gobierno de turno. Si mantienen su independencia, corren el riesgo de confrontar con el Ejecutivo y el Legislativo federales.

El 1º de septiembre asumirán sus cargos las personas electas. La incertidumbre es enorme, pero debemos estar atentos a las consecuencias del cambio masivo de titulares de los órganos jurisdiccionales sobre los plazos procesales: es muy probable que haya retrasos derivados de la necesidad de que los nuevos juzgadores se familiaricen con los procesos, organicen a su personal y conozcan los casos. En el corto plazo esto sin duda tendrá un impacto directo en las decisiones judiciales; lo que no sabemos es si el resultado final será un avance o un retroceso para el sistema judicial.

También se deberá monitorear el perfil institucional de la Suprema Corte, su postura ante los derechos humanos y su relación con las autoridades políticas, así como la instalación del Tribunal de Disciplina y Órgano de Administración Judicial, dos instituciones completamente nuevas con amplias funciones de gobernanza y disciplina judicial.

Este ha sido el mayor experimento que algún país haya realizado en sistemas de justicia, y ofrece lecciones importantes para otros países. Una lección clave es la vulnerabilidad de la judicatura frente a los actores políticos. En particular, hemos aprendido que la independencia judicial es un argumento endeble ante las acusaciones de falta de legitimidad y corrupción. Los poderes judiciales en otros países de la región deberían plantearse una agenda para generar cercanía y confianza con la ciudadanía para reducir los riesgos de enfrentar una reforma como la mexicana.

Una vez que las nuevas personas juzgadoras tomen sus cargos, México proveerá evidencia para evaluar ventajas y desventajas de la selección de cargos judiciales por voto popular. Cualesquiera que sean los resultados, otros países contarán con datos y experiencia para decidir cuál es el sistema que más les conviene.